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El empresario Opus Deista protesta por considerar que la indemnización debería ser de 3.600 millones

El Tribunal Supremo condena al Estado español a indemnizar con 518 millones de pesetas a Calvo Serer por el cierre del Diario MADRID

HECHOS

  • La Sala Tercera del Tribunal Supremo concluyó en junio de 1983 el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante el que será fijada la indemnización debida por cierre del diario MADRID decretado por el Gobierno presidido por el General Francisco Franco el 25 de noviembre de 1971.

El 8.06.1983 la Sala Segunda del Tribunal Supremo hizo pública la indemnización por daños y perjuicios a la empresa editora del diario MADRID: 518.271.506 pesetas.

La antigua redacción del Diario MADRID que lideraban D. Miguel Ángel Aguilar y D. José Oneto se desvincula de las aspiraciones económicas de su antiguo empresario.

07 Junio 1983

Un patrimonio moral

Miguel Ángel Aguilar

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha concluido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante el que será fijada la indemnización debida por cierre ilegal del diario MADRID decretado por el Gobierno franquista el 25 de noviembre de 1971.Se dará así cumplimiento a la sentencia de esa misma sala, de fecha 25 de octubre de 1976, recaída en el recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Consejo de Ministros de aquel régimen de 7 de enero de 1972. Esa resolución del Gobierno de El Pardo, invalidada por el Supremo, desestimaba el recurso de alzada contra la orden de cierre que dictó el Ministerio de Información y Turismo, regentado a la sazón por Alfredo Sánchez Bella. Con toda insolencia, después del solemne fallo judicial aquí referido, que declaró ilegal su acción, Sánchez Bella, en la revistaBlanco y Negro correspondiente al 10-16 de agosto de 1977, se declaraba orgulloso de su proceder y dispuesto, en plena exaltación del desacato, a repetir su fechoría por la que no se le han exigido responsabilidades.

El trámite de ejecución de sentencia ha tenido un desarrollo accidentado. La vista se inició el 20 de enero pasado, con asistencia de más de 150 redactores y trabajadores del diario MADRID. El abogado de la empresa, Ramón País, expuso las bases de su demanda, que en aquella fecha ascendía a la cantidad de 3.644 millones de pesetas, donde se incluyen sumandos como el de gastos del exilio sufrido por Rafael Calvo Serer, presidente de la sociedad propietaria de MADRID, fijados en 40 millones de pesetas, y daños morales -aflicciones, disgustos, marginación social y conjunto de daños morales sufridos como consecuencia de su enfrentamiento con el Gobierno, y daños a su fama y honor como consecuencia del exilio sufridos por Rafael Calvo Serer- evaluados en 50 millones que se aducen justificados por notoriedad.

Aquel proceso de ejecución de sentencia quedó en suspenso tras la intervención del abogado del Estado, que argumentó de forma memorable y aplicó en su oferta una drástica rebaja hasta situar la indemnización en 70 millones de pesetas. El abogado del Estado aportó equivocadamente las declaraciones de la renta de un catedrático ya fallecido, confundiéndole con uno de los abogados de Calvo Serer. En cuanto a los trabajadores del MADRID, que defendieron las libertades democráticas y se encontraron en el paro, según el representante de la Administración, una vez proclamada la democracia han conseguido aquello por lo que luchaban y ninguna deuda queda con ellos. El abogado del Estado creyó reforzar su argumentación aportando una prueba certifica da de la Secretaría de Estado para la Información en relación con la plantilla de redactores del diario MADRID. Pero ese certificado vino a probar, por el contrario, que dos años después del cierre del diario sólo dos redactores había conseguido trabajo fijo en algún medio informativo. Da empleo a los náufragos del MADRID equivalía, en aquellos tiempos difíciles, a granjearse las iras gubernamentales.

Días después hubo otro simulacro de terminar el proceso de ejecución de sentencia, pero un oportuno certificado médico paró de nuevo el reloj para que la empresa y la Administración pudieran negociar un acuerdo. Fuentes cercanas al Gobierno, las únicas que han dado información a los trabajadores, afirman que los términos del pacto suponen la entrega de 600 millones, la asignación de un edificio para la edición del periódico y la apertura de conversaciones para la concesión de créditos en las instituciones oficiales. Los trabajadores, que apostaron en la defensa de la libertad su único patrimonio -el puesto de trabajo-, que no fueron aceptados como parte en el proceso por informe contrario del sindicato vertical, han recordado en recientes asambleas los compromisos pactados por la empresa y han reclamado su cumplimiento. Defraudarles ahora arruinaría el patrimonio moral acumulado con tanta generosidad.

08 Junio 1983

Calvo Serer

Emilio García Meras

  • – En el plazo de cuatro días el Tribunal Supremo decidirá la indemnización por el cierre del diario MADRID. Don Rafael Calvo Serer, principal accionista de la empresa, reclama por este concepto la cantidad de tres mil seiscientos cuarenta y cuatro millones, el abogado del Estado ofrece setenta y un millones.
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  • – Je, je… Si hemos de hacer caso a don Miguel Boyer, va a salir más barato expropiar Rumasa. ¡3.665.122.105 pesetas, que barbaridad…!
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  • – Huy, y eso perdiendo dinero el señor Calvo Serer. Recuerdo que reclama para sí cuarenta millones de pesetas del año 81 por ‘gastos de exilio sufridos a lo largo de cinco años”. Otros cincuenta millones por ‘aflicciones, disgustos, marginación social y conjunto de daños morales sufridos como consecuencia de su enfrentamiento con el Gobierno y daños a su familia y honor – que conste que estoy copiando directamente del documento presentado en la sala de lo contencioso-administrativo del TS, no bromeo – como consecuencia del exilio sufrido’. Y dieciséis millones setecientos mil pesetas más ‘por la pérdida de sueldos’.
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  • -Parodiando un famoso titular del MADRID, hay que ver lo que vale ‘exiliarse a tiempo’.
28 Octubre 1976

El caso "Madrid"

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián Echarri)

DESPUES DE permanecer cinco años en la cárcel por orden gubernativa, el preso es absuelto por la Justicia. El más alto tribunal decreta su liberación; a la salida de la cárcel le espera una sonriente comisión gubernativa con este mensaje: le indemnizaremos por la desagradable temporada que le hemos hecho pasar.Esta escena, de indudable sabor kafkiano, es la que acaba de producirse tras la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo por la que se declara nulo de pleno derecho el decreto que canceló, en 1971, el permiso de publicación del diario Madrid. No se trata aquí de una persona, sino de un periódico. No ha habido cárcel, sino su equivalente: el silencio forzoso, subrayado con la simbólica voladura del edificio del diario.

La historia es harto conocida, y vuelve hoy a la actualidad en los titulares de la prensa. En medio de una complicada lucha entre las distintas familias del franquismo, en plena descomposición del Régimen, un hombre y un equipo de periodistas se hacen con el periódico, con la hostilidad de los tecnócratas de Carrero, los falangistas, los autoritarios, de diverso signo. Rafael Calvo Serer, antiguo integrista y miembro activo del Opus Dei, entonces dominante en el Gobierno, emprende desde el diario conquistado por él la primera campaña ideológica para sustituir al franquismo, improrrogable a su entender después de Franco. La reacción no se hizo esperar: el almirante Carrero declaró la guerra total y decidió la pura y simple desaparición del Madrid. El agente de la liquidación fue el entonces ministro de Información, Alfredo Sánchez Bella, antiguo miembro de las Brigadas Internacionales y hermano del consiliario general del Opus Dei en España. La inscripción registral fue anulada, por orden del ministro, el 25 de noviembre de 1971. Calvo Serer iniciaría entonces una campaña de denuncia contra la arbitrariedad del sistema, que le llevó al procesamiento y al exilio, donde ha permanecido hasta este año.

¿Qué se deduce de toda esta historia? Varias cosas, pero algunas de urgente recordación.

En primer lugar, que la ley de Prensa debe ser abolida o seriamente transformada, a fin de que las sanciones de la Administración, máxime cuando son tan graves, no puedan ser efectivas hasta que exista una sentencia firme de los tribunales de Justicia.

En este, como en otros puntos, la ley de 1966 es rica en peligrosas lagunas, que dejan a los periódicos a merced de la incompetencia, el mal humor, el afán meritorio o la parcialidad de un ministro, circunstancias las cuatro que venían la coincidir infelizmente en el que decretó la suspensión del Madrid.

Ahora una elevadísima suma en concepto de daños y perjuicios será reembolsada a los titulares de las acciones del periódico dinamitado. ¿Pero es reparable el daño moral inferido a un periódico al que se fuerza a desaparecer durante un lustro? Y sobre todo, ¿quién indemnizará a los lectores, verdaderos propietarios del derecho a la información, que se vieron privados de la noche a la mañana de su periódico? Por último: ¿Quién cargará en cualquier caso con la indemnización al Madrid? Los paganos del estropicio seremos los contribuyentes españo les. ya que de nuestros bolsillos saldrá al final una cuantiosa cifra con la que compensar, al menos en parte, la irresponsabilidad de un ministro, al que ahora no cabe pedir ninguna suerte de responsabilidades. Eso sí, el ministro en cuestión y el director general de turno que llevaron a cabo tan brillante gestión, hoy ostentan: sendas presidencia de bancos del Estado. Sin ningún tipo de animadversión personal, hay que decir que ya está bien, caramba.

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