El Tribunal Supremo condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz por revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso y le condena a dos años de inhabilitación

LO MÁS humillante para el ciudadano común en el juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo es permitir que se instalase en el estrado como una reina que vigila el trajín de las abejas togadas. Hasta que han aparecido unos zánganos que se dicen periodistas. El desprestigiado gremio, desde la aparición de la también periodista Leire Díez y la irrupción de los dos moralistas, tendrá que redefinir sus funciones: o siguen ingresando con las tertulias o se presentan como número cómico en el Circo Price.

Supongamos que me llamo Postcedo, porque Precedo ya está cogido, y me llama Bolaños para ofrecerme su autoimputación por alguno de sus delitos a cambio de que yo, antes de Navidad, diga en el Supremo que Begoña es inocente. Y yo, navideño, voy y le digo a Martínez Arrieta:

-Señor presidente, tengo la obligación moral de decirle que están juzgando a una persona que sé, con toda seguridad que es inocente.

-O sea que, según usted, todos los jueces de todas las instancias que han actuado en los casos de corrupción que se le achacan han prevaricado.

-No. Creo que han obrado de buena fe, pero les faltaba un dato fundamental. Han hecho su trabajo, pero a ciegas.

-¿Y qué es eso tan importante que sabe usted y no ha aparecido en las investigaciones de la policía judicial o en las declaraciones de los testigos?

-Eso no se lo puedo decir.

– ¿Cómo que no?

-Como que no. Yo tengo un gran dilema moral, señoría.

-¿Y qué dilema es ese, señor Postcedo?

-Podría declarar lo que sé, que exoneraría a Begoña, pero no puedo, por respeto a mis fuentes.

-Perdone la franqueza, señor Postcedo, pero al Supremo le importa muy poco la relación con sus fuentes. Si sabe algo que ayude a la Justicia, dígalo.

-Pero es que yo tengo un dilema moral. Conozco desde hace muchos años a Begoña. Una vez me invitó a un kebab.

-Pero, vamos a ver, ¿usted tiene datos que no se han publicado?

-Vaya si los tengo. Hace tiempo.

-Y no los ha publicado, como hacen los periodistas.

-No. Por respeto a mis fuentes.

-¿Pero usted no es periodista?

-Sí. Pero valgo más por lo que callo que por lo que publico.

-Se le deducirá testimonio. Por falsedad y obstrucción a la Justicia.

-¡Pero es que Begoña es inocente!

-Pero usted no va a decirnos por qué.

-No, ya le digo que es por el dilema que tengo.

-El mío es mandarlo a la cárcel o dictar orden de alejamiento. ¡Periodista, dice! ¡Periodista!

La derecha ha derruido la confianza en instituciones como el Tribunal Supremo y la UCO. Tensar tanto la goma tiene el riesgo de que se rompa y te salte los dientes. Jueces como Manuel Marchena, que se las veían muy felices viendo a su archienemigo Álvaro García Ortiz ante un juicio oral que creyeron que le haría dimitir, ahora tiene el marrón de condenar sin pruebas, con los revolcones que vendrán de Europa después, o absolver dejando a los pies de los caballos a su propio tribunal y a la unidad de la Guardia Civil que investiga estos casos y que hasta ahora todo lo que decía se tomaba como grabado en piedra. Nada que decida el Tribunal Supremo dejará indemne a la propia institución. La erosión ya es imposible de evitar, cuando se hacen chirriar los resortes del Estado corres el riesgo de hacerlo gripar.

Me resulta totalmente inconcebible que con lo visto en el juicio del Tribunal Supremo se pueda establecer una condena con las pruebas, y falta de ellas, que se han podido presenciar y presentar. Más aún con la tormenta de testificales exculpatorias que han sido imposibles de superar por las acusaciones a pesar del voluntarismo de la UCO, que ha enseñado la patita de manera indisimulada para ir contra el Gobierno y a favor de los intereses del novio de Isabel Díaz Ayuso y de todos que han querido cobrarse las deudas personales con el fiscal general del Estado.

La declaración de la UCO en el juicio es la muerte de su credibilidad como unidad de élite. A partir de hoy cualquier informe que haga habrá que tomárselo con cautela y distancia, aunque ya se venía haciendo por los que leíamos de manera crítica cada papel que sueltan, viendo el escaso rigor con el que trabajan sin entender ni lo que significan las palabras que utilizan. Es comprensible que no quieran que los juicios en los que intervienen se emitan en directo porque acabarían despreciados intelectualmente por cualquiera que haya logrado la ESO.

El teniente coronel Antonio Balas, al ser preguntado sobre el hecho de que no hayan investigado la posibilidad de que la filtración estuviera a cargo de alguna de las más de 500 personas que tuvieron acceso al expediente y el correo tanto en las diversas fiscalías como en la abogacía del estado, dijo que ellos no hacen investigaciones prospectivas provocando la carcajada en la sala. Es escandaloso que el Guardia Civil que dirige la unidad de élite de la benemérita no sepa lo que signifiquen las palabras ni el papel de quien tiene la obligación de investigar y obviar que su responsabilidad es investigar el hecho y no buscar la culpabilidad en alguien previamente señalado. Si existen más de 500 personas con acceso a la información filtrada su obligación es investigar el hecho y buscar quién cometió el delito entre todos los que tuvieron acceso. Descubrir quién cometió el delito, vamos. Sea quien sea, y no buscar si ha sido el que te cae mal.

Otro de los momentos bochornosos sucedió cuando a Antonio Balas se le preguntó si pidió permiso al juez para volcar los datos más allá de lo expresado en el auto de instrucción para el registro del despacho del fiscal general del Estado. Es decir, si la UCO se saltó la orden del juez de ceñir el volcado de los datos a un periodo de siete meses vulnerando los derechos fundamentales del investigado. Antonio Balas respondió que no se acordaba si había pedido permiso al juez. Que no se acordaba.

Asusta ver cómo la unidad de élite de la Guardia Civil actúa al margen de los mandatos judiciales en lo que respecta a los derechos fundamentales de los investigados. Es la costumbre. De hecho, la Fiscalía que ahora se queja, con razón, de este proceder validó esa vulneración de derechos fundamentales en otros casos en los que se hizo un registro por elevación como por ejemplo el registro en el despacho de Gonzalo Boyé en el caso en el que se le acusa de blanqueo de patrimonio de Sito Miñanco.

El juicio al fiscal general del Estado nunca se habría tenido que celebrar porque en la instrucción ya quedó claro que no había agua en la piscina. El problema de origen es que todo estaba intoxicado por el interés político de todos los resortes del estado profundo por salvar a Ayuso a través de su novio. El poder en Madrid está viciado y sometido a la necesidad que el PP nunca dejé de gobernar la capital al precio que sea, porque no podemos olvidar que toda la causa ha venido inducida por la mentira de Miguel Ángel Rodríguez que estaba interesado por motivaciones políticas en verter una sospecha sobre la actuación de Álvaro García Ortiz para vengarse y buscar la nulidad del proceso contra Alberto Quirón. La democracia está herida porque tenemos a un Tribunal Supremo al servicio de un ciudadano particular por el simple hecho de compartir ático con una política pepera muy particular.

El desprecio por el periodismo profesional que ha mostrado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es intolerable. El periodismo no es un oficio basura ni sus profesionales, los únicos ciudadanos españoles cuyo testimonio no vale en sede judicial y, sin embargo, esa ha sido la actitud adoptada por la Sala, hasta el extremo de que el presidente, Andrés Martínez Arrieta, llega a advertir a un periodista que no le “amenace” cuando este le muestra el dilema moral en que se encuentra. Afirma que su fuente no fue el fiscal general del Estado, pero el secreto profesional le impide revelar ante el tribunal al auténtico filtrador, porque así lo establece el artículo 20.1.d de la Constitución. ¡La reacción del juez es atajar cualquier posible testimonio o simple aclaración, acusando al periodista de querer hacerle algún mal, a él, al juez!

Es la actitud de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que está causando un daño intencionado al periodismo, un daño grave y perverso. Los periodistas, como cualquier otro ciudadano, se encuentran sometidos a las leyes y están obligados a decir la verdad ante sede judicial. Y, si algún juez estima que ese periodista está mintiendo intencionadamente, tiene la obligación de abrirle el correspondiente procedimiento penal. ¿Qué sucederá en el caso hipotético de que el tribunal condene al Fiscal General por revelación de secretos? Ante el tribunal, todos los periodistas que declararon como testigos y afirmaron que podían asegurar que no fue García Ortiz el autor de la filtración habrían mentido. Pero el periodista no puede mentir ante un juez en su condición de testigo. De ninguna forma. Lo único a lo que está autorizado es a mantener el secreto de su fuente, un elemento esencial para la protección de informaciones delicadas.

Lo que ha hecho la Sala de lo Penal tendrá repercusiones muy serias en el ejercicio del periodismo y en la relación entre el periodismo profesional y determinados estamentos de la Justicia. La Sala ha abierto un proceso contra el periodismo, negando todo el crédito a los testigos periodistas. Debemos ser los propios periodistas los que aclaremos de una vez por todas que el ejercicio del periodismo no autoriza la mentira. Y que los jueces no pueden negarnos el prestigio en la misma condición que a la de cualquier otro testigo. Años y años de ejercicio profesional escrupuloso no pueden quedar barridos en un instante, destrozando la reputación de personas que han demostrado que ejercen su actividad con capacidad y aplicación relevantes. Años y años de lucha por mantener altos estándares del periodismo profesional no pueden quedar hundidos en unos pocos días por la falta de respeto de algunos jueces por un oficio que cada día necesita más la sociedad para sortear uno de los grandes peligros de nuestra época: inculcar en los ciudadanos la idea de que no existe la verdad.

(Preciado, muy) Me deshago con los vahídos de la prensa socialdemócrata -Grijelmo y Gallego-Díaz- respecto a un periodista y su secreto, llamados uno Precedo y el otro Preciado, que trabajan para un dazibao. Precedo está transido, obsérvese: «Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel, que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente». O sea: Precedo dice saber cuál es la fuente seminal del pacto a la Fiscalía que ofreció un ciudadano llamado Alberto González Amador. Dice saber que la fuente no es el fiscal general del Estado y concluye sentencioso que es inocente. Dejaré al margen que la hipotética existencia de esa fuente seminal es compatible con la culpabilidad del fiscal. Lo que me interesa es el secreto, Joselito. Y su uso espurio. La primera vez que le dijo que no iba a revelar su fuente, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, mantuvo un breve coloquio con el testigo: «Una cosa es que no la diga [la fuente], pero otra cosa es que nos amenace con que la sabe». Se equivocó de verbo el magistrado. No era amenace, sino engatuse.

Como todo es posible en España, Precedo ya se ha convertido en un héroe odontológico del periodismo. ¡Cómo reluce su secreto! Y lo que reluciría si fuese él mismo y no otro al que encarcelaran por mantenerlo. Lo que hizo Precedo -y muy obscenamente: no era momento ni lugar para enseñar la puntita- fue utilizar su supuesto secreto para opinar con pretensiones fácticas sobre la inocencia del procesado. Su conducta incumple dos preceptos odontológicos mayúsculos. El primero es que nunca se ha de restregar la cara del lector diciéndole que uno sabe cosas que él no sabe, elis, elis. El segundo es que las fuentes anónimas se usan para describir hechos y no opiniones. Lo moralmente preciado (y qdmp) hubiese sido callar el secreto o desvelarlo. ¡Eso es un héroe! Pero es bien sabido que la más sucia pasión socialdemócrata es tener siempre un pie en los dos lados de la calle.

(Euthynai) Siguiendo la febril costumbre contemporánea, el abogado general Dean Spielmann no sabe de lo que habla. Solo alguien dotado de esta ignorancia sería capaz de iniciar así su alegato sobre la amnistía ante el Tribunal de Justicia Europeo: «Por las cosas pasadas nadie podría vengarse de nadie, excepto de los Treinta, de los Diez, de los Once y de los que mandaron en el Pireo; y ni de estos, si rendían cuentas». En la Constitución de los atenienses, Aristóteles refiere así la voluntad explícita de reconciliación política que acompañó a la restauración de la democracia en Atenas en el año 403 a. C. tras la tiranía de los Treinta. El contenido de aquella amnistía tenía una dimensión institucional de primer orden. Para restablecer la paz civil, los demócratas restaurados proclamaron una amnistía general de todos los actos cometidos bajo el régimen oligárquico, quedando no obstante excluidos de ella algunos responsables políticos (los Treinta, los Diez, los Once y los gobernadores del Pireo). Aun así, estos podían beneficiarse de la amnistía si aceptaban someterse al procedimiento de rendición de cuentas (euthynai)».

Euthynai, dice Spielmann, sin atisbar la soga en la casa del ahorcado. Volverá unos párrafos más adelante: «Aunque tenía carácter general, la amnistía solo se aplicaba a los antiguos dirigentes con la condición de que se sometieran a la rendición de cuentas (euthynai)». La palabra significa literalmente «enderezamiento», «corrección». La polis dictaminaba que los dirigentes del régimen debían superar un examen sobre su conducta pasada si querían volver a las instituciones. La amnistía ateniense combinaba la reconciliación y la responsabilidad.

Es una broma que el luxemburgués solo debe de permitirse ante españoles el invocar el concepto para justificar la amnistía a unos sujetos que nunca se arrepintieron de su conducta sediciosa, que declararon repetidamente que lo volverían a hacer en cuanto la ocasión se diera y que negaron a los tribunales su legitimidad para juzgarles. La amnistía no les hizo comprometerse con un marco común. El choque de legitimidades está donde estaba. Nada hay que «enderezar». Y la amnistía no cierra un ciclo, sino que prepara su reanudación. Euthynai. Esta detallada ignorancia del abogado Spielmann es la que más adelante, en el punto 90 del alegato, le permite escribir: «El examen que se ha llevado a cabo muestra que esos estándares [jurisprudenciales] requieren, de modo general, que toda medida de amnistía se adopte en un contexto real de reconciliación política y social. Pues bien, así parece suceder en el presente caso, como sugiere la propia finalidad de la LOA, expresada en su título oficial: «Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña». La prueba de la intención ceñida al título oficial de la ley está muy bien traída, cabe reconocerlo. Muy otra cosa sería este título, desde luego: «Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social de Pedro Sánchez Pérez-Castejón».

La ausencia de reconciliación política y social en Cataluña no es el resultado de ninguna interpretación sociológica sofisticada y más o menos partidista. Simplemente no hay reconciliación ni puede haberla porque los delincuentes no han reconocido sus delitos; y qué vas a perdonar y olvidar si el reconocimiento no existe. Es más: si los delincuentes nacionalistas exigieron la amnistía fue para que el Estado reconociera que su violento ejercicio del derecho de autodeterminación no era delito. El perdón y el olvido ya lo tenían concedido con los indultos previos, un extremo que Spielmann ignora, no se sabe si por estulticia o por malicia. Si por malicia fuera, podría el abogado reivindicar su derecho a ser uno más en el Tribunal Constitucional, que fingió desconocer el clamoroso precedente del indulto en su sentencia sobre la constitucionalidad de la amnistía para poder enfatizar el olvido, el perdón y demás falsas sentimentalidades reconciliadoras. No podría soltarle el tobillo a este párrafo sin reconocer que Spielmann muestra una relativa prudencia cuando inserta en la tesis de la reconciliación el sensato verbo parecer: «Así parece suceder en el presente caso…». Sensatísimo y tan estrafalario como el abogado que dijera en su alegato final sobre su defendido: «Parece que no mató a la víctima».

El abogado tiene razón al negar el carácter de autoamnistía al texto. Pero su falta de destreza le pone otra vez la soga al cuello: «No se deduce que las personas que se benefician de la amnistía sean miembros o representantes del Gobierno o del poder legislativo que promovieran la aprobación de la ley, de modo que no existe un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida». Qué necesidad, Spielmann. Bastaba con decir que la ley no la firman ni Carles Puigdemont ni su abogado, sino el Rey y el presidente del Gobierno. La carcajada española ante la deducción de que la amnistía no beneficia al Gobierno resuena en cada rincón del Pequeño Gran Ducado. Y complica intelectualmente las cosas al abogado general, por más que se trate de una evidencia sin trascendencia jurídica. Los mayores beneficiados de la amnistía no fueron ni Puigdemont ni Junqueras ni ninguno de estos malparidos atenienses. Fue el presidente del Gobierno, y sigue siéndolo, y los beneficios -comparados- de los delincuentes son irrelevantes. Para una mirada distraída la amnistía catalana es un extraño caso. Una amnistía dictada por los vencidos. Pero si se mira atentamente, la cruda verdad asoma. La dictaron los vencedores y en su colosal beneficio. Su rareza es otra. Y es que en relación con los propósitos que inspiran la cíclica necesidad política de paz, piedad y perdón no habrá habido -apréndelo Spielmann – amnistía más impostora, falaz y bastarda.

(Ganado el 15 de noviembre, a las 11:36, oyendo sobre los muy supuestos safaris de hombres de Sarajevo aquellas palabras de Svetlana Aleksiévich sobre los nuevos ricos rusos: «Hay algunas distracciones que no se anuncian en los folletos turísticos… Cosas que se llevan con el máximo secreto… Por ejemplo, es posible participar en la cacería de un hombre. Se coge a algún pobre indigente, se le dan mil dólares en mano, que es más de lo que habrá visto en su vida, y se le dice que esos billetes verdes son todos suyos. A cambio, se le pide actuar durante unas horas como un animal salvaje. Si consigue salir con vida de la experiencia, el dinero será suyo. Pero si le pegan un tiro, se jode. ¡Todo a las claras!»; oyéndolo, ay, con la sospecha de la ficción cernida sobre aquel relato del Homo sovieticus, hecho ahora carne de fiscalía a la milanesa)

CONVIENE recordar. Mucho antes de que comenzara la vista oral, incluso antes de que hubiera un auto de procesamiento, cuando las informaciones sobre la actuación general del fiscal general del Estado empezaron a resultar demasiado comprometedoras, cuando empezó a advertirse su implicación en una operación política contra Ayuso, cuando todavía ningún periodista había aludido al secreto profesional, justo cuando se confirmó el borrado de los móviles, se empezó a ensayar una estrategia de defensa moral que asumía como inevitable la culpa penal. Se pretendía justificar el comportamiento de Álvaro García Ortiz por la perentoria necesidad de combatir un bulo. La conclusión era que los entrecomillados por los que se filtraba un secreto que el fiscal general del Estado tenía que custodiar eran la respuesta necesaria a una maniobra de intoxicación de Miguel Ángel Rodríguez.

De alguna manera, sin duda lesiva para los intereses de la defensa del fiscal, se revivió ese momento en la sala donde se sentó como acusado. La reminiscencia más impudorosa fue esa sandez pretendidamente poética de que «la verdad no se filtra, la verdad se defiende». Durante su declaración, el acusado fue incapaz de sustraerse a la vanidad del martirio heroico y pronunció esta frase en la que arriesgaba una autoinculpación.

Que esto de que «la verdad no se filtra, la verdad se defiende» lo diga alguien que ha hecho desaparecer su móvil para poner fuera del alcance de la instrucción judicial las verdades allí contenidas da la medida de su hipocresía. Es un deslizamiento cómico en esta tragedia. El fiscal sabe que hay verdades que, ante todo, él ha de custodiar. Es recurrente compararlo con la divulgación por parte de un médico del expediente clínico que confirma la enfermedad venérea de una celebridad sobre la que se especula en los medios. No hay duda de que una forma de llevar a una verdad profunda a un tipo que vaya por ahí diciendo que el fuego no quema es rociarlo de gasolina y prenderlo con una cerilla. Hay demasiados indicios de que, en el caso del fiscal general, él mismo se ha propuesto como sujeto de experimentación y se ha volcado un bidón de combustible de la cabeza a los pies antes de prenderse fuego con una flamígera nota de prensa. Él tenía encomendada la custodia de una verdad cuya revelación vulneraba los derechos de un ciudadano, con el agravante de que podría haber desmentido las informaciones que considerase inexactas sin necesidad de abrasarse con la divulgación de los detalles confidenciales.

El pecado original de García Ortiz es el haberse creído que puede actuar como un jefe de gabinete y entrar al juego político con las mismas armas y lenguaje que Miguel Ángel Rodríguez. Con tal celo se metió en el papel que se arremangó y le dictó a la directora de Comunicación de la Fiscalía, tal y como ella ha reconocido en el juicio, los párrafos cruciales de una nota en la que se revela textualmente la siguiente información: «Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de ‘dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021’». ¿Cuántas veces, en toda la historia de la institución, un fiscal general del Estado se habrá prestado a una labor semejante? Probablemente sea este un hecho inédito, lo cual confiere al escrito un gran valor. Un valor probatorio.

Álvaro García Ortiz tuvo que elegir entre comportarse como un fiscal general del Estado o como un fontanero al servicio de la estrategia de un Gobierno. La elección no puede ser impune. García Ortiz sólo puede reclamar ahora la supuesta gloria por el sacrificio en favor de una causa. Gloria incompatible con la absolución.

Esto siempre será una presunción, pero es muy posible que sea la contemplación de este triste espectáculo lo que haya excitado la mala conciencia de unos periodistas que se han implicado en este proceso como si tuvieran alguna responsabilidad en el destino de García Ortiz. Tras la declaración de José Precedo, de elDiario.es, escribí una columna que mereció su reproche en X. Ahora, con más espacio, me puedo extender sobre lo allí escrito, en lo que me reafirmo.

Hay algo peor que el hecho de que los periodistas reclamen para sí una presunción de veracidad y es que ese blindaje sea, encima, selectivo. En el juicio también prestó declaración Esteban Urreiztieta, y contestó a las preguntas con una entereza, sobriedad y precisión encomiables, después de haber sido sometido a un descrédito injusto por parte de quienes hoy sollozan porque no se asume su testimonio como prueba de descargo. Qué decir de una Ketty Garat cuya pretensión de defender a la fuente en una información veraz, la empresaria Carmen Pano, se presentó de inmediato como la prueba de su mendacidad. La era de los manifiestos contra el golpismo mediático arroja decenas de ejemplos.

Yo no me atrevería a afirmar que un testigo, periodista o no, ha mentido en sede judicial y, además, en este caso sería un ejercicio absurdo por innecesario. Debatir sobre la veracidad de un testimonio irrelevante es algo ocioso. Ni un periodista protegido por el derecho profesional puede reclamar al tribunal un acto de fe ni mucho menos puede sentenciar la inocencia de un acusado. Si Precedo, como asegura, dijo verdad ante el tribunal, no tendría ninguna responsabilidad en una eventual condena de Álvaro García Ortiz. No sé si esto servirá para descargar su conciencia del dilema moral, pero debiera. Que él hubiera accedido antes a la información sin haberla divulgado no excluye la posibilidad de que el fiscal faltara a su deber de custodia.

El testimonio de los periodistas en este juicio, tal y como advirtió con acierto el instructor, es fútil para el tribunal. No para la política. Con su habitual sentido de la oportunidad y en un nuevo alarde de su vertical disciplina, el oficialismo se apresuró a transformar el proceso en una causa contra el secreto profesional. Lo hizo con la teatralidad que el planteamiento requiere. Con drama, conciencia escénica, sentido de la ficción, pura emocionalidad. Prestigiados exponentes del periodismo se han dejado querer, con esa querencia por la épica gremial que caracteriza al negocio. Así, un artículo reciente de la ex directora de El País, Soledad Gallego-Díez, en el que se presenta al periodismo como víctima del poder, cuando lo que se juzga en esta causa es si el poder puede utilizar la información confidencial de un ciudada-no para «ganar un relato». Es decir, si el poder puede servirse del periodismo para destruir a una adversaria mediante la divulgación de secretos de su pareja. Nadie ha propuesto siquiera una sanción para los medios que han publicado una información que consideran de interés para sus lectores. Nadie ha cuestionado la pertinencia de sus primicias. Nadie ha pretendido que revelen cómo las han obtenido. Su secreto profesional ha sido respetado con cuidado exquisito. Un fiscal general del Estado tampoco es un redactor jefe ni un adjunto al director, por más que a este le haya dado por editar notas de prensa noticiosas.

LA MAYORÍA de las condenas tienen como base exclusiva la prueba indiciaria, porque normalmente no hay prueba directa. Puede que el Supremo no considere que el cúmulo de indicios reunidos en este caso constituya una prueba indiciaria. El canon es estricto. Eso no debería hacer olvidar la ansiedad con la que García Ortiz se implicó en esta operación y le hizo actuar como un jefe de gabinete enloquecido. La jerga apparatchik del fiscal general delata la vocación política de su intervención. Más delatora aún que su alusión al relato es otra que deja escrita en la angustiosa noche en la que a Julián Salto le arruinaron un emocionante partido de Champions. «Hola, nos falta el mail que el 5 de marzo le manda Julián [Salto] al abogado», escribió el fiscal general a su subordinada Pilar Rodríguez, instándola a conseguirlo. El fiscal general insistió: «En cuanto lo tengas [mándamelo]», y agregó: «Lo necesitamos para cerrar el círculo».

Lo importante no era establecer quién se había dirigido a quién para alcanzar un acuerdo de conformidad, sino airear que en un momento dado del intercambio, el abogado de Alberto González Amador había ofrecido reconocer dos delitos para sellar el pacto. Eso es lo que permitiría, aunque de forma insidiosa, que desde entonces, toda la maquinaria gubernamental, incluidos los medios orgánicos, se refirieran al novio de Ayuso como un delincuente confeso.

El fiscal general no puede aspirar a ser a la vez paladín de la verdad y vigilante de la legalidad. Eligió lo primero y presumió de ello. No se puede tener todo en esta vida. Desde su cargo, la verdad se puede filtrar y, si se ha de defender, será asumiendo las consecuencias.

Rafa Latorre es periodista y columnista de EL MUNDO

Cuando el hermano de Isabel Díaz Ayuso pegó el pelotazo de las mascarillas, el primero en caer fue el líder del PP, Pablo Casado. Con el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, el primer condenado ha sido el fiscal general.

Es parte de una larga tradición. El primer condenado por el caso Gürtel fue el juez Baltasar Garzón.

La condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha llegado con inusual velocidad. Apenas ha pasado una semana desde que el juicio terminó. Sus señorías han sido tan rápidos que la sentencia aún está por escribir. Literalmente, está “pendiente de redacción”, como informó el Tribunal Supremo en una nota de prensa enviada a las 14:01 de hoy, 20 de noviembre. Ni siquiera han tenido empacho en hacer pública su decisión en esta simbólica fecha. Cincuenta años de una democracia ejemplar.

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para ejercer su cargo por “un delito de revelación de datos reservados”, según el fallo anunciado este jueves tras solo una semana de deliberación. La sentencia está pendiente de redacción, por lo que el fiscal general queda, por un lado, obligado a cesar en su puesto, y por otro, sin capacidad de contestar públicamente a una resolución cuyos argumentos no conoce mientras quienes le han atacado celebran el fallo como una victoria política. La sentencia no tiene efecto hasta que se notifique.

El fiscal fue denunciado originalmente por publicar una nota de prensa en la que se detallaba la secuencia de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía sobre un posible pacto por un presunto fraude fiscal. Con esa nota, García Ortiz quería defender al ministerio público de un bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, sobre cómo habían comenzado y cómo se habían articulado esas negociaciones.

Al inicio de ese procedimiento, el propio Supremo dictó que el contenido de la nota sobre los correos no era secreto, pues había sido publicado antes por la prensa. La instrucción derivó entonces a la filtración original de la información publicada. Ni la instrucción ni el juicio oral han mostrado pruebas concluyentes de que fuera García Ortiz quien lo filtró. Los periodistas que tenían la información, y él mismo, han negado expresamente que fuera él la fuente. La responsabilidad de García Ortiz fue apuntada de forma indiciaria por la Guardia Civil y por algunos testigos.

El fallo anuncia que García Ortiz ha cometido un delito de revelación de información reservada, pero hasta que no se publique la sentencia no se sabe qué información, ni de qué manera ha sido revelada ni por qué él es el culpable. Esto acrecienta las dudas, pero, por la misma razón, es imprescindible llamar a la prudencia y el respeto mientras no se conozca la argumentación del Supremo, la secuencia de hechos probados y su encaje penal. El Gobierno dijo respetar pero no compartir el fallo. El PP pidió elecciones anticipadas.

Lamentablemente, el tribunal ha sido incapaz de buscar un consenso entre los siete magistrados, de los cuales cinco son de sensibilidad conservadora y dos, del ámbito progresista. Las dos magistradas consideradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, han anunciado votos particulares. La división y la sensación de prisa hacen un pésimo servicio a la imagen del poder judicial. Este caso tuvo una raíz política evidente desde su origen, pues fue promovido desde la Comunidad de Madrid contra un alto cargo judicial tomado como si fuera un miembro del Gobierno. Una sentencia por unanimidad, de una claridad incontestable para que la entiendan los ciudadanos, podía haber contribuido a mitigar la sensación generalizada de politización en la justicia. El caso continuará en el Tribunal Constitucional si, como es previsible, García Ortiz recurre en amparo.

La condena penal contra un fiscal general del Estado en ejercicio es una sacudida institucional sin precedentes en España. Es posible que una dimisión (para evitar la tensión institucional, no como reconocimiento de culpa) hubiera atemperado este vendaval, pero en cualquier caso quienes celebran hoy una victoria política deben pensar en el precio que van a pagar las instituciones. Los precedentes creados por este caso, desde la falta de pruebas de cargo hasta una instrucción más que dudosa, afectarán a todo el sistema de justicia español durante mucho tiempo.

La condena impuesta por la Sala Segunda del Tribunal a quien era fiscal general del Estado puede calificarse como moderada en su extensión y coherente con el resultado del juicio oral. Una rotunda mayoría de cinco magistrados frente a dos ha considerado que Álvaro García Ortiz reveló indebidamente datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso y le impone dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador. La Sala ha descartado las penas de cárcel que pedían las acusaciones y limita el mayor reproche punitivo a una inhabilitación para su cargo, que solo será revisable por el TC mediante recurso de amparo. Los magistrados han gestionado con prudencia sus deliberaciones, evitando filtraciones y dando a conocer solo el fallo de la futura sentencia en cuanto se constató que la ponente, la magistrada Susana Polo, optaba por la absolución y se quedaba en manifiesta minoría. El nuevo ponente de la sentencia será el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta. La condena confirma que fue una temeridad del Gobierno mantener al fiscal en su puesto mientras se sentaba en el banquillo, proyectando una penosa y bochornosa imagen de la Justicia y de la separación de poderes en España.

Las reacciones del PSOE y de sus socios de izquierda han dado continuidad a la campaña de difamación sistemática que estaban desarrollando contra la Justicia, en general, y contra los jueces que investigan la corrupción del entorno de Sánchez, en particular. El caso de García Ortiz es también corrupción, no económica, pero sí institucional, porque aprovechó su autoridad como máximo responsable del Ministerio Público para enfangarse en la táctica política del Gobierno contra la presidenta de Madrid. Para desmentir una noticia nunca hubiera hecho falta que el mismísimo fiscal general del Estado, a altas horas de una noche, reclamara el expediente de González Amador y el correo que semanas atrás había enviado su abogado a la Fiscalía con una propuesta de conformidad por delitos fiscales. Habría bastado una sencilla nota con el desmentido de que dicha propuesta nunca partió de la Fiscalía. Pero no fue así porque, como dejó por escrito Ortiz, había que «ganar el relato», asumiendo el lenguaje del Gobierno al que servido hasta verse arrastrado por sus fobias.

El texto de la resolución expresará cómo los magistrados de la mayoría han valorado la prueba para llegar a la conclusión de que García Ortiz es responsable de un delito de revelación de secretos; y cómo las magistradas en minoría justifican sus votos particulares. Nada que no sea propio del funcionamiento del Estado de derecho, en el que los jueces juzgan con independencia de criterio y formulan sus discrepancias de forma motivada. Sin embargo, la espera por la sentencia no aplaza las responsabilidades políticas por este caso, que señalan directamente a Sánchez, quien tuvo la desfachatez de preguntarse quién iba a pedir disculpas a García Ortiz cuando la UCO reveló que había borrado sus mensajes. Pocos indicios más claros de culpabilidad que el empeño en no dejar rastro de unas comunicaciones que, supuestamente, le habrían exonerado. Entre las pruebas claras ofrecidas por testigos y el informe policial sobre la secuencia de hechos que acaba con la revelación del secreto en una emisora de radio, poco ha podido hacer la movilización extravagante de determinados medios y periodistas, que asumieron, sin precedentes de comparación, la defensa de un cargo de confianza del Gobierno, hasta el extremo de considerar su fallido testimonio exculpatorio como una prueba vinculante para los jueces. Ocasión propicia para una reflexión sobre el papel de los medios como actores de una democracia deliberativa basada en el respeto a la opinión pública.

El PSOE y sus socios oscilan entre «morderse la lengua», acusar a la Sala Segunda de «golpismo» o tachar la sentencia de «asesinato civil». Este tremendismo de la izquierda contra los jueces es el propio de unos grupos que han optado por la ruptura con los principios constitucionales de separación de poderes y de respeto a la ley. De nuevo los jueces han asumido su compromiso. Lo único que no ha funcionado en toda esta historia ha sido el fiscal condenado y un Gobierno que debe aceptar su responsabilidad política por confiar en García Ortiz y convocar elecciones. Esta legislatura es ya un insulto a la democracia.

El fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados, previsto en el artículo 417.1 del Código Penal. La sentencia, acorde con la entidad del delito, supone la inhabilitación especial para el cargo durante dos años, amén de una multa de 12 meses y una indemnización a la víctima de la filtración de 10.000 por daños morales.

Se podrá disentir de la naturaleza de la condena, por su poca o mucha severidad, pero lo cierto es que se ha impuesto en el plano jurídico lo que a todas luces había sido una actuación impropia de la Fiscalía General, con un fondo partidista y de seguidismo de consignas exógenas, absolutamente indecoroso para el prestigio de una institución llamada a la defensa de la legalidad y del interés público, que nunca debió confundirse con el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya facundia a la hora de abordar el caso, en plena vista oral, también debería incluirse entre los damnificados por la sentencia.

Sin duda, los medios gubernamentales se agarrarán a los dos votos particulares para desautorizar la actuación del Supremo y sostener la existencia de una conspiración judicial contra el Ejecutivo, pero la opinión pública –que está al cabo de la calle de la animadversión que profesa el inquilino de La Moncloa hacia la figura de Isabel Díaz Ayuso, convertida en bestia negra del Gabinete social comunista y objeto de una campaña sostenida de insidias–, entiende que cuando una institución independiente, estrechamente vinculada al Estado de derecho y a la administración de la Justicia, como es el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid impulsa una causa en los tribunales, es porque existía la convicción y los indicios de que se había atentado gravemente al derecho de defensa, fundamental en cualquier ordenamiento jurídico democrático.

Por otra parte, la sentencia no sólo repara el daño sufrido por un particular sometido a juicio popular por el poder político, algo inaudito en una democracia, sino que demuestra a la ciudadanía que los jueces en España no se someten fácilmente a presiones externas, por muy intensas y de fuentes poderosas que sean, a la hora de aplicar las leyes vigentes, garantía fundamental en la preservación de nuestras libertades. Y ello reza, también, para las magistradas discrepantes, que, aunque en franca minoría, han hecho lo que les dictaba su conciencia y su particular apreciación de los hechos. Por último, pero no menos importante, rogar al presidente del Gobierno que, dado su cargo institucional, se abstenga en un futuro de profetizar el sentido de las sentencias que le afecten política o familiarmente, entre otras cosas, para no alentar a quienes extienden la idea de la parcialidad de la Justicia, que es siempre uno de los caballos de batalla más requeridos cuando se trata de desprestigiar a los sistemas democráticos.

El 14 de marzo de 2024, el subdirector de EL MUNDO Esteban Urreiztieta publicó una información en la edición digital titulada así: La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso. Uno de los subtítulos rezaba: El empresario ya había admitido los hechos un mes antes y había mostrado su voluntad de pactar. En la edición impresa, el subtítulo fue otro, pero el reconocimiento de los hechos estaba recogido en el cuerpo del texto. La noticia respondía a lo que había sucedido en realidad: Alberto González Amador quería resolver el conflicto por sus actividades supuestamente delictivas de forma apresurada, el fiscal le decía a su abogado que la vía administrativa estaba agotada y le ofrecía liquidar el asunto mediante un acuerdo previo al juicio. Punto.

El periodismo no es una ciencia exacta, cualquier información es perfectible y, posiblemente, el mismo contenido exclusivo en manos de otro medio se hubiera titulado de manera distinta sin faltar a la verdad. Sucede todos los días. Lo extraordinario es que, durante un año, el ecosistema de medios más afín al Gobierno haya tachado esa pieza de «bulo». Así, por las buenas. Y que lo siga haciendo, pues las cajas de resonancia no se quiebran tan fácilmente. De hecho, algunas duran toda la vida.

En el juicio que ha acabado con la condena al fiscal general del Estado hubo un momento intrascendente para la materia que se trataba, pero singular para analizar el estado del periodismo. José Precedo, de elDiario.e s, declaró tener un dilema moral y le dijo al Supremo ni más ni menos cuál debería ser el fallo que tenía que concluir: «Es inocente».

La ex directora de El País Soledad Gallego- Díaz, profesional de larguísima trayectoria, conocimiento profundo de la política y referente para periodistas como el que firma, se llamó a escándalo por la respuesta desabrida del presidente de la sala, que consideró una «amenaza» lo que era una intromisión en su trabajo. «Un desprecio intolerable al periodismo», lamentó Gallego, y pasó por alto algo más obvio. Precedo se había arrogado la potestad de dictar sentencia en los mismos términos que haría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tres días después en su periódico: «El fiscal general del Estado es inocente».

Cuando los periodistas cierran filas con el poder algo puede estar fallando en su misión fiscalizadora. En el largo proceso al fiscal general, muchos no sólo han empleado los mismos argumentos y han asumido las funciones que no les corresponden, sino que han utilizado hasta las idénticas palabras que salen todos los días perfectamente embaladas del laboratorio de agitprop del Palacio de la Moncloa.

La RAE define «bulo» como «noticia falsa propalada con algún fin». Absolutamente nada de esa palabra tiene que ver con la noticia de EL MUNDO. El uso machacón que hace de ella el presidente del Gobierno atañe a los marcos mentales, no a la semántica. En este caso, al muro mediante el que quiere mantener a los españoles a salvo de las hordas manipuladoras de Trump, Ayuso y Franco revivido. Y que no es más que la pequeña almena en la que resiste habiendo perdido las elecciones, podrido por la corrupción, sin apoyo del Parlamento y alineando como arqueros a todos los resortes del Estado.

Tampoco es cuestión de ponerse estupendos, ni de presumir de inmunidad frente a sesgos o presiones, ni de atribuirse la exclusiva del sacerdocio de la verdad. Los informadores llegamos adonde podemos con nuestros limitados medios y pequeñas armas, que son las palabras. Si éstas son indistinguibles de las que fabrica quien manda, el desprecio intolerable al periodismo lo practica, afectadísimos compañeros, el propio periodista.