El Tribunal Supremo procesa al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz por desvelar mensajes privados del novio de Isabel Díaz Ayuso para estigmatizarle como ‘delincuente confeso’

La Fiscalía Provincial de Madrid ha trasladado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid un ofrecimiento formal para que se declare culpable de la comisión de dos delitos fiscales.

La propuesta, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, ha sido remitida por correo electrónico tras estallar el caso y ocho meses después de que Alberto González Amador pusiera a disposición de la Agencia Tributaria un total de 400.000 euros para regularizar su situación fiscal y zanjar el procedimiento por la vía administrativa mediante una conformidad.

El fiscal encargado del asunto, Julián Salto, se puso en contacto por escrito el pasado martes a las 8.50 horas con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en los siguientes términos: «Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa». Horas antes eldiario.es había desvelado la denuncia del Ministerio Público.

«Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto», añadía el representante fiscal, aunque este miércoles la denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid.

«Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible», insistió el fiscal de Madrid.

La propuesta del acusador público consiste en la admisión por parte de González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de una multa y una pena de prisión que no implique su cumplimiento efectivo, es decir, el ingreso en la cárcel.

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitió, durante la Inspección de la Agencia Tributaria a la que ha sido sometido desde hace dos años, que incorporó como gasto de manera irregular a la contabilidad de sus empresas dos facturas correspondientes a proyectos fallidos en México y Costa de Marfil. La primera ascendía a un total de 620.000 euros y la segunda, a unos 900.0000 euros.

En el marco de las comprobaciones tributarias, el empresario ha explicado que fue «un error» que atribuye a que tenía previsto abonar dichas cantidades por proyectos sanitarios en ambos países que finalmente no cristalizaron. Anuló dichos recibos en la contabilidad de ejercicios posteriores.

Sin embargo, y tras comunicar su voluntad de cerrar el asunto como una discrepancia tributaria, Hacienda acordó finalmente el pasado mes de septiembre atribuir a González la comisión de dos delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. En total, le atribuye un fraude que asciende, como consecuencia de la incorporación de las referidas facturas, de 350.951 euros.

A la vista de las conclusiones de la Agencia Tributaria, la Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra este consultor sanitario, que ejerce su profesión desde hace más de dos décadas, por dos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil.

«El contribuyente, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, ha presentado autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros del año 2020 y 195.951 euros de 2021 en el erario público», arguye la Fiscalía.

Durante la citada inspección, González Amador ha defendido que los proyectos que desarrolló en México y Costa de Marfil fueron reales, en contra de lo que estima Hacienda, y ha aportado justificantes de sus viajes, de las reuniones mantenidas así como fotografías de los encuentros. Pese a todo ello, Hacienda califica de ficticias ambas operaciones empresariales.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo en el que reconocía los delitos para evitar el juicio. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, envió un correo a la Fiscalía a través de su abogado el pasado 2 de febrero: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

El correo, avanzado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, está firmado por Carlos Neira, el abogado que representa a González Amador en este caso. En él puede leerse que el letrado asegura que es conocedor de que la Fiscalía ha recibido una denuncia por parte de la Agencia Tributaria en relación a dos posibles delitos fiscales cometidos en los ejercicios de 2020 y 2021.

“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”, sostiene el abogado de la pareja de Ayuso, que reconoce que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y expone su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria.

Ese email desmiente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que este miércoles aseguró que su pareja está bajo “una inspección de Hacienda sacada de quicio”, que “es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros” y que es Hacienda quien le debe a él 600.000 euros: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.

La confesión que su pareja envió a la Fiscalía choca absolutamente con el relato de la presidenta madrileña, que se ha presentado como la víctima de “una persecución política escandalosa”. González Amador, lejos de presentarse como una víctima o negar los hechos, ha intentando reconocer los delitos para evitar un juicio y rebajar la condena con un pacto. Ayuso ha llegado a decir que la investigación a su pareja tiene que ver con la utilización de “todos los poderes del Estado” contra ella.

El email también desmiente al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha asegurado que fue la Fiscalía quien se dirigió por mail a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para ofrecerle el pacto. No es cierto, fue la defensa del empresario quien tomó la iniciativa de ponerse en contacto con la Fiscalía para ofrecer un pacto, que por ahora no se ha aceptado.

La Fiscalía no aceptó el ofrecimiento y presentó la denuncia el pasado 5 de marzo. El escrito ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que ahora tiene que decidir si, como pide el Ministerio Público, imputa a Alberto González Amador y a otros cuatro empresarios que le habrían ayudado con el falseamiento de las facturas.

González Amador ha sido denunciado por dos delitos contra Hacienda cometido en los ejercicios 2020 y 2021, que en total suman 350.000. Además, la denuncia añade un delito más de falsedad documental por haber intentado pagar menos impuestos presentando facturas por trabajos que no se realizaron nunca. El presunto fraude se cometió para pagar menos impuestos por los casi dos millones de euros que González Amador había ingresado por hacer de intermediario en una compraventa de mascarillas.

El informe de la Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.

En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.

Las posibilidades de un acuerdo

El Código Penal y la normativa tributaria recogen varias opciones para que un defraudador fiscal pueda evitar el banquillo o, al menos, ver reducidas sus condenas de manera sustancial. Por el momento, según Hacienda, Alberto González Amador no ha cumplido ninguno de esos requisitos.

Uno de ellos, ya fuera de su alcance, es pagar la deuda antes de saber que se está siendo investigado. En este caso, las indagaciones de la Agencia Tributaria le fueron notificadas a él y a sus empresas en mayo de 2022 sin que, hasta la fecha, haya regularizado su situación, a tenor de lo recogido en los informes del caso.

Otro camino es el de reconocer tanto el delito como pagar la deuda antes de que empiece un hipotético proceso penal. El artículo 305.6 del Código Penal establece que los jueces podrán imponer la condena “inferior en uno o dos grados” siempre que antes de que pasen dos meses desde su citación judicial como imputado el acusado pague su deuda tributaria y “reconozca judicialmente los hechos”.

Alberto González Amador todavía no ha sido imputado. Un juzgado de Madrid, tal y como ha explicado este miércoles elDiario.es, ha recibido la denuncia de la Fiscalía contra él por fraude fiscal y falsedad documental, a la espera de que en las próximas semanas tome una decisión sobre si abre o no una causa y le imputa, tal y como pide el Ministerio Público. Todas estas posibilidades de beneficios penales afectarían a su acusación de delito fiscal, formulada por la Fiscalía en concurso con otro ilícito de falsedad documental por la supuesta falsificación de hasta 15 facturas.

Ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación en relación con la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid contra D. Alberto González Amador, debe ponerse de manifiesto lo siguiente:

1.º El día 23 de enero de 2024 la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito-denuncia remitido por la Agencia Tributaria en la que ponía en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que podrían ser constitutivos de delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

2.º El día 2 de febrero de 2024 el letrado defensor de D. Alberto González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid (12:45 horas) para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal.

Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021”.

3.º El día 7 de febrero de 2024 el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto dictó Decreto de conclusión de las diligencias de investigación incoadas para esclarecer los hechos denunciados por la Agencia Tributaria. En este Decreto se acordó la interposición de denuncia contra el Sr. González Amador y otros por “delitos de defraudación tributaria y falsedad documental”.

4.º El día 12 de febrero de 2024 (11:34 horas) el fiscal contestó por correo electrónico al letrado defensor del Sr. González Amador y le manifestó que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”, sin que considere que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.

5.º El día 13 de febrero de 2024 el fiscal encargado del asunto interpuso la denuncia contra el Sr. González Amador y otros cuatro individuos, así como contra ocho sociedades mercantiles, por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, y un delito de falsedad en documento mercantil.

6.º El día 20 de febrero de 2024 la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta contra el Sr. González Amador y otros al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid.

7.º El día 5 de marzo de 2024 el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registró la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal.

8.º El día 12 de marzo de 2024 el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado del Sr. González Amador “para facilitarle el derecho de defensa” y le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal.

En definitiva, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024.

LA INFORMACIÓN que hoy publicamos sobre la investigación judicial que sitúa a Álvaro García Ortiz al borde de la imputación retrata el comportamiento de un fiscal general que se conduce como un actor político. Los insistentes mensajes que durante 34 minutos del pasado 14 de marzo estuvo enviando a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que ésta difundiera la insólita nota de prensa con datos reservados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso denotan una voluntad de intervenir políticamente en el debate público impropia de su cargo. «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (…). Es imperativo sacarla», escribió García Ortiz ante las reticencias de la fiscal a revelar los detalles de la negociación que Alberto González Amador mantenía con la Fiscalía de Delitos Económicos.

La función de un fiscal general es garantizar la legalidad, no construir relatos políticos. Tampoco combatirlos. Aunque lo más grave es que, desde el prisma de García Ortiz, ese objetivo justificara un exceso tan evidente como el de atacar el derecho de defensa de un ciudadano particular desde una institución pública y nuclear como es la Fiscalía.

La decisión del fiscal general supuso su intervención directa en la batalla para tratar de desprestigiar a una rival del Gobierno. Tras el nerviosismo que plaga los mensajes que ahora desvelamos subyacen también una pulsión autoritaria y una obsesión personal. «Nos están dejando como mentirosos», «Almudena, no me coges el teléfono», «Hay que sacarla [la nota], si tardamos se impone un relato que no es cierto». Otra vez la reveladora mención al relato.

El caso está abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a dos fiscales por revelación de secretos. Las presiones de García Ortiz se produjeron después de que EL MUNDO informara de que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un pacto para que admitiera dos delitos fiscales. Nuestra exclusiva fue impecable: recogía también que el empresario había reconocido los hechos y que había mostrado su voluntad de alcanzar un pacto de conformidad con el pago de 400.000 euros a Hacienda. Como evidencian sus whatsapps, García Ortiz puso todo su empeño personal en aclarar que fue la defensa del novio de Ayuso quien buscó el acuerdo.

Quién sea el primero –el investigado o la Fiscalía– que propone un pacto de conformidad es irrelevante desde el punto de vista procesal. Aun así, y si García Ortiz consideraba realmente importante informar a la opinión pública de que la iniciativa había partido de González Amador, era absolutamente innecesario reproducir entrecomillados de su abogado en los que el empresario asumía los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El exceso es indudable; la Justicia decidirá si también es delito.

Estamos ante una decisión personal que afecta a un órgano constitucional que forma parte del Poder Judicial. Es cierto que Sánchez no se ha enterado de esto último y considera que es de su «propiedad» como si fuera un ministerio. Esto último está en las antípodas del espíritu constitucional y muestra una deriva autoritaria inaceptable en cualquier democracia. Ni siquiera la Administración Pública es suya, sino que está al servicio de la sociedad. A estas alturas he renunciado a que entienda o acepte conceptos tan deslumbrantes como fundamentales para cualquier demócrata como son el Estado de Derecho y la separación de poderes. Se tendría que preocupar más de su legado que de seguir empeñado en gobernar como un autócrata. Es cierto que ha preferido rodearse de mercenarios y hooligans, salvo excepciones. El magistrado instructor de la causa que afecta al Fiscal General ha decidido enviarla a juicio oral. Por supuesto, han surgido los juristas que nunca han estudiado Derecho o lo han hecho con más suerte que luces descalificando la decisión. En estos tiempos de la justicia populista que promueve el poder, al estilo del régimen autoritario mexicano, a la izquierda solo le gustan las decisiones que perjudican a sus enemigos. En este caso consideran que no hay fundamento y espero ahora leer lo que escriba Pérez Royo, porque no coincidir con él es un síntoma de acierto. Es lo mismo que discrepar de las felonías de Conde-Pumpido, Segoviano, Montalbán, Díez y Balaguer. Por supuesto, el Fiscal General no renunciará tal como hace días lleva diciendo y en esta misma línea se ha expresado La Moncloa. Es un precedente muy interesante, porque la izquierda política y mediática pierde cualquier legitimidad para pedirlo a partir de ahora. No puede ser que en un caso se exija una cosa y en otros no sea así. El daño reputacional para el Ministerio Fiscal es enorme, ya que ver sentado a su máximo responsable en el banquillo de los acusados tiene un gran impacto no solo nacional, sino internacional. Es algo que tendrá que valorar. No hay duda que será uno de los juicios más mediáticos de nuestra historia reciente. A Conde-Pumpido no le importaría el desprestigio, pero no sé si su actual titular podrá aguantar la presión y las críticas que recibirá.

Ya no es un juez Peinado. Ahora es Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo. Y no está solo: cuenta con el respaldo mayoritario de la Sala de lo Penal. Tal y como Miguel Ángel Rodríguez pronosticó, el fiscal general del Estado irá p´alante. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo, a pesar de que no hay ni una sola prueba contra él.

No hay pruebas porque no las puede haber. Porque la filtración no vino de él.

En elDiario.es sabemos perfectamente quién nos pasó esa información de la que acusan a García Ortiz. Sabemos que no fue el fiscal general, ni tampoco Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid que también está acusada. Nunca vamos a revelar nuestras fuentes, pero sí podemos asegurar que ellos no fueron.

Nuestro compañero, José Precedo, así lo testificó ante el Tribunal Supremo, ante el juez Hurtado. No fue el único. Media docena de periodistas de distintos medios –La SER, El País o incluso El Mundo–, han declarado ante el juez en el mismo sentido. Son varios testimonios que exculpan a García Ortiz y que el juez Hurtado ha decidido ignorar.

Y no son solo palabras de periodistas. También hay pruebas documentales. Mensajes y llamadas de varios redactores de El País demuestran que tuvieron acceso a esa información 31 horas antes de que preguntara por ella el fiscal general.

Sabemos, a ciencia cierta, en qué momento Álvaro García Ortiz tuvo conocimiento de esos correos. Ha quedado bastante acreditado en la investigación judicial. Y salvo que tuviera una máquina del tiempo, es imposible que pudiera filtrar la información. Porque llegó a los medios antes de que él la tuviera.

También sabemos que esos correos del abogado de González Amador pidiendo una conformidad los tenían casi un centenar de personas: llegaron a un email genérico de la Fiscalía y también a la abogacía del Estado. De entre todos los posibles sospechosos, el Supremo solo ha decidido investigar a dos.

Pero el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz no solo es aberrante porque el instructor ignore todas las pruebas y testimonios que no cuadran con su acusación. Es aún peor.

Vayamos antes a los hechos que sí ha demostrado la investigación.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es publica en exclusiva el fraude fiscal de Alberto González Amador. Y a partir de ese momento el Gobierno de la Comunidad de Madrid se moviliza para salvar la reputación de Isabel Díaz Ayuso. El encargo de González Amador a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), habla por sí solo. “Haz lo que veas”, le pidió, tal y como él mismo confesó ante el Supremo.

MAR hizo lo que pudo, cómo no.

Al día siguiente, el 13 de marzo a las 21:29, El Mundo publica una intoxicación lanzada por MAR: “El fiscal ofrece un acuerdo a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos”. La verdad era justo la contraria: quien ofrecía un acuerdo era el abogado de González Amador, no la Fiscalía.

Otros medios en la órbita de Ayuso van esa noche incluso más allá en sus acusaciones contra la Fiscalía: aseguran que dicho acuerdo fue bloqueado “por órdenes de arriba”. Era falso: un bulo lanzado por MAR para dar a entender que Ayuso es víctima de una persecución del Estado.

Tras publicarse la noticia de El Mundo, esa misma noche, el fiscal general del Estado se moviliza para conseguir toda la información. Saca de un partido de fútbol al fiscal Julián Salto –el que llevaba ese caso y había recibido los correos–. Pide toda la información y la consigue. Se la mandan a su correo personal de Gmail.

Horas más tarde, a partir de las 23:51, varios medios desmentimos la falsa historia de MAR. Y publicamos la verdad: que era el abogado del novio de Ayuso quien había reconocido los delitos en su nombre y pedía un acuerdo a la Fiscalía. También el famoso correo filtrado: “Ciertamente se han cometido dos delitos”.

Y al día siguiente, el 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado publica una nota de prensa desmontando todas las acusaciones falsas.

Esa nota de prensa, de la que García Ortiz siempre se ha hecho máximo responsable, fue la excusa para llevar este proceso penal al Supremo para imputar al fiscal general. Después el Supremo la ignoró: no hay nada ahí, aseguró. Pero aún así decidió investigar a García Ortiz, para intentar probar que fue él quien filtró esa información a varios medios, la famosa noche.

Han pasado 237 días desde que Hurtado arrancó la instrucción y hoy está exactamente en el mismo sitio en el que empezó. Tiene sospechas. No datos. No ha encontrado una sola prueba de esa acusación: más allá del interés del fiscal general por buscar la información esa noche –algo que el propio acusado admite–, no hay nada más.

No hay pruebas, pero no ha sido por no intentarlo. En los ocho meses de su investigación judicial, Hurtado ha puesto en marcha todas las diligencias posibles para intentar probar su sospecha. Incluso la más extrema y desproporcionada: registrar el despacho del fiscal general del Estado –tal vez el sitio donde se guarda la información más sensible de España– como si fuera la casa de un narco.

Hurtado también ha buscado información en Estados Unidos: ha preguntado a Google, a Meta, a la búsqueda de los mensajes y correos del fiscal general que García Ortiz, con buen criterio, borra regularmente –la directiva de protección de datos le obliga a ello–. Tampoco ha encontrado nada ahí.

Así que la tesis de la acusación está hoy exactamente igual que el primer día. El único indicio que hay contra García Ortiz es su interés en buscar esa información la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez propagó un bulo para salvar la reputación de su jefa, Isabel Díaz Ayuso.

Un indicio, que no es lo mismo que una prueba.

Pero la falta de la más mínima lógica jurídica no acaba aquí. Hurtado asegura que el fiscal general hizo todo esto siguiendo “indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”. ¿Las pruebas? No hay ninguna. Nada en toda la investigación que sirva para sostener tal gravísima afirmación.

En otro párrafo, Hurtado también asegura que el fiscal general del Estado “envió copia a Pilar Sánchez Acera”, del equipo de Moncloa. ¿Las pruebas de tal cosa? No las hay. Pilar Sanchez Acera tuvo acceso a ese correo, es cierto, pero en un momento en que ya circulaba por varias redacciones de Madrid.

Ante el Supremo, Sánchez Acera declaró exactamente eso: que le llegó de los medios. Una declaración que Hurtado ignora. Al parecer, para este juez del Supremo todos los testigos mienten, menos MAR y González Amador.

Hurtado, legítimamente, puede sospechar que el Gobierno está en el ajo. Pero de ser así, ¿por qué ha parado su investigación? ¿Por qué da esa sospecha como hecho probado sin siquiera investigarlo? ¿Por qué no ha imputado a Sánchez Acera, que fue llamada a declarar como testigo?

¿Debe dimitir el fiscal general? No veo el motivo. No hay nada en la investigación del Supremo que haya demostrado en él ningún comportamiento inadecuado. Es más bien al contrario: tendría que ser el juez Hurtado quien tuviera que dar explicaciones, por sus acusaciones sin una sola prueba. Quienes defienden que está obligado a renunciar para defender las instituciones, ¿han pensado en el peligroso precedente que supondría? ¿Una denuncia de un delincuente confeso y la controvertida instrucción de un magistrado del Supremo son suficientes para hacer caer a un fiscal general?

Durante los ocho meses de anómala investigación, nunca antes vista en España para una revelación de secretos, García Ortiz ha mantenido su incocencia y ahora debería defenderla hasta que haya un veredicto en el juicio. Del contrario, se estará enseñando el camino a quien quiera apartar del cargo a la sexta autoridad del Estado, una figura a la que ni siquiera el Gobierno puede destituir según el Estatuto de la carrera.

Lo que ya sabemos es que nadie en el Supremo se ha planteado dimitir porque ese tribunal nunca rinde cuenta de sus errores. Tampoco sus jueces. ¿Ha dimitido alguno de ellos por los constantes varapalos de Europa a sus sentencias? ¿Alguien dimitió, por ejemplo, tras la derogación de la doctrina Parot?

¿Dimitirá alguien si este caso llega a Europa y se sentencia allí la injusticia? Y si el fiscal general acaba absuelto, ¿cómo reparar el daño?

Hoy toda la presión de los medios exige la dimisión del fiscal general. Son los mismos que jamás exigirán la dimisión de Ayuso, haga lo que haga, pase lo que pase.

Hurtado es el mismo juez que argumentaba que responsabilizar a la dirección del PP de la trama Gürtel era un “salto al vacío”. Exactamente el mismo juez, el único de los que vieron la causa, que se opuso a la condena del partido por aquel caso de corrupción. Esa fue también la razón por la que después fue promocionado al Tribunal Supremo, con los votos de la mayoría conservadora del CGPJ con el mandato caducado.

Toda la instrucción contra el fiscal general ha sido un disparate. El tipo de investigación prospectiva que, lamentablemente, hemos visto ya con el juez Peinado. Sin prueba alguna, solo con suposiciones tan vagas, y pese a las evidencias que lo exculpan ¿se atreverá después el Supremo a condenar al fiscal general? Me parece imposible. Pero en la justicia española, lo imposible ya ocurre a diario. Ahora es costumbre. Pronto será jurisprudencia.

LOS PRIMEROS partes emitidos desde el búnker de Moncloa en defensa de Álvaro García Ortiz deberían terminar en la Galería de las Colecciones Reales. Son obras maestras de lo que Juan Soto Ivars llama el «arte de tomar a tus votantes como auténticos gilipollas». Félix Bolaños ha dicho que García Ortiz es un «servidor público ejemplar», cuando va quedando acreditado que fue un solícito siervo privado del matrimonio Sánchez-Gómez. Óscar Puente, que estos días pasa de manipular pañales a escribir tuits sin solución de continuidad (de ahí que lo mezcle todo), ha insultado al Supremo y a Feijóo en la misma frase agramatical: «El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal». Se empieza deslizando acusaciones de golpismo judicial desde un ministerio de trenes con demora y se acaba colocando comas entre sujeto y predicado. En cuanto a Óscar López, aguardamos expectantes su reacción al auto del juez Hurtado, que sitúa el origen de la filtración en el gabinete de Presidencia del Gobierno. Cuidado, Óscar.

Claro que quizá no se trate tanto de una pérdida colectiva de la razón como de una desesperada profesión de fe. Chesterton explicó que para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza; pues bien, a la iglesia sanchista solo se accede decapitado. Dejemos de lado la venalidad del muerto de hambre de tertulia o de partido que repica la consigna como quien se caga en el convento mientras le dé cobijo. Nos interesa ahora el creyente de base y el fanático de BOE. Ese hombre y esa mujer que se ven a sí mismos como epígonos de Durruti y de Rosario la Dinamitera. Esa peña borracha de mitomanía y ayuna de realidad que jamás se aventura fuera de su burbuja algorítmica y cree a pies juntillas en la Internacional Ultraderechista, el palco del Bernabéu, la conjura de los ultrarricos de las nucleares y la intimidad con Belcebú de Miguel Ángel Rodríguez. Esta feligresía asustadiza descubre una inequívoca llamada a repetir el alzamiento del 36 en estas palabras de Aznar: «El que pueda hacer que haga». ¡Conspiración!

El sanchismo ceba a diario la fe de su pueblo con nuevas visiones del infierno neoliberal, con ruido de sables en la UCO, con jueces que se bordaron un yugo y unas flechas bajo la toga. Ahora les jurarán que la caída de Alvarone es culpa de EL MUNDO. Y mira, en eso tendrán razón.

Al final de la película sobre el impostor Marco su sufrida mujer le espeta: «Primero fueron los anarquistas, luego el sindicato, luego los deportados… ¿Cuál es tu lucha ahora, Enric?». Eso le preguntaríamos al primer fiscal general procesado de la democracia. Y si fuera sincero, respondería: «Pedro vive, la lucha sigue».

EL instructor del caso contra el fiscal general del Estado empieza su descripción de los hechos con esta frase: «A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario EL MUNDO…». Es una mala frase. Ese absurdo gerundio, que incluso puede ser acusado de revelar, sin fundamento, una carga intencional. No tengo más remedio que arreglarla: «Por indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno a raíz de una información publicada en el diario EL MUNDO…». El contenido es problemático. Ante la información publicada por este periódico, el Fiscal podría haberse callado y seguir con sus asuntos -lo mejor- o publicar una sucinta nota que dijera: «La Fiscalía no ha ofrecido un pacto al señor González Amador». Pero por lo que parece saber el instructor, la Fiscalía no solo actuó, sino que lo hizo siguiendo instrucciones de la Presidencia del Gobierno. Cabe esperar que en el previsible auto de apertura del juicio oral el instructor aporte la descripción de los indicios que le han llevado a esta conclusión jurídicamente irrelevante, pero políticamente fundamental. Porque este auto no los incluye.

La manera más segura de sostener o descartar tales indicios estaba en el análisis de las comunicaciones del fiscal general del Estado. Pero el fiscal las borró y es este borrado el que hace profundamente sospechosa su conducta y plausibles las afirmaciones -en cualquier caso imprudentes- del juez instructor. El borrado explica algo más, perfectamente relacionado con el actual momento procesal y con la actitud que el Fiscal debería tomar. El que borró los indicios que, probablemente, lo incriminaban no tenía derecho a hacerlo, porque su conducta entorpeció la investigación judicial y era incompatible con su función de garante de la legalidad. En cambio, el ciudadano Álvaro García Ortiz sí lo tenía, como todo presunto delincuente tiene el derecho de no declarar en su contra y de ocultar aquellos hechos que lo incriminan.

A un paso puramente formal de su procesamiento, García Ortiz no debe sentarse en el banquillo como fiscal general. Y no, como suele argumentarse, por el prestigio de la institución. Por desgracia para el Estado al que juró servir ya lo ha destruido hasta límites inéditos, y no por el supuesto tráfico de secretos, sino por el comprobado borrado de indicios. ¡Por la amnistía de los indicios! Si ha de dimitir de su cargo es por escrupuloso respeto al principio de igualdad. La justicia que el ciudadano merece es, exactamente, la que el Fiscal le impide garantizarse. Álvaro García Ortiz debe poder defenderse con el confort que el Estado de Derecho presta a cualquier presunto criminal.

Quien visite la Feria del Libro de Madrid estos días —si tiene la suerte de encontrar el Retiro abierto, pues están los porteros mareadísimos con tanto abre y cierra la verja— y vea las colas siderales que congregan los instagramers, mientras los mejores escritores de las letras hispánicas apenas asoman la carita en las casetas, puede llevarse la impresión de que la literatura es un anciano que agoniza y no sobrevivirá al próximo golpe de calor. No se dejen llevar por tales apariencias: vivimos una época dorada de la narrativa. La ficción triunfa tanto que ha colonizado hasta el último rincón del mundo, que ya solo existe como cuento. Eso que antes llamábamos realidad se ha rendido al asalto de los fabuladores. Hace tiempo que los hechos son irrelevantes, solo importan el narrador y el punto de vista, como en cualquier novela.

Observen el caso del fiscal general del Estado, por ejemplo. Según quién informe o comente, Álvaro García Ortiz es la víctima de una conspiración judicial o el ejecutor de una conspiración gubernamental. El auto de su procesamiento puede ser también una chapuza grotesca y analfabeta o una obra mayúscula de la jurisprudencia digna de Cicerón. Leo la prensa admirado por la habilidad narrativa de unos y de otros: no sospechaba que el Derecho tuviera la elasticidad interpretativa de una novela experimental y de final abierto, pero, visto lo visto, ser juez o fiscal no es un oficio tan alejado de la crítica literaria, incluso mucho más libre.

Ni en las disputas estéticas más agrias he visto yo a dos críticos con visiones tan enfrentadas. Por mucho que se peleen, hay unos mínimos en los que todos están de acuerdo. Por ejemplo, se podrá discutir si Penélope encarna el valor de la resistencia política o el de la sumisión femenina, pero todos los lectores están de acuerdo en que cose y descose. No hay una escuela de críticos que diga que teje, y otra, que juega a la Play Station. La interpretación literaria tiene sus límites. La judicial, ya lo estamos viendo, no. Y esto a lo mejor es un problemilla para todos, pues las novelas no tienen poder, pero las sentencias y las leyes obligan a las personas, no se pueden dejar a medias ni leerse en diagonal.

Quizá no mentía tanto la fontanera Leire Díez cuando se reclamaba escritora en ciernes. Un mundo donde cada cual lee las cosas a su capricho merece una escritora sin escrúpulos y sin miedo a usar cualquier trampa narrativa, por barata y chabacana que sea. Espero verla firmando ejemplares a toda mecha en la próxima feria.

Este artículo no va dirigido a quienes, legítimamente, consideran culpable al fiscal general del Estado de un delito de revelación de secretos. Si uno llega a esa conclusión, la única opción razonable es exigir a Álvaro García Ortiz su renuncia.

Sucede que la única forma en democracia de establecer que esa es la verdad reside en los tribunales: en este caso, el Supremo, que juzga, y también los competentes para decidir sobre eventuales recursos, ya sea el Constitucional o la justicia europea. Así que pese a todo lo que se lee se va a escribir estos días, para que la Justicia determine si García Ortiz es culpable o inocente falta mucho todavía.

Ni siquiera el tribunal se ha puesto de acuerdo en la necesidad de sentarlo en el banquillo. Dos magistrados, Julián Sánchez Melgar, fiscal general nombrado por el PP, y Eduardo de Porres, con vínculos familiares directos en ese mismo partido, defienden que hay indicios sobrados para juzgar al fiscal general. Un tercero, Andrés Palomo, de perfil conservador pero no adscrito a ninguna asociación judicial, alega que no existen indicios y por eso ha firmado un extenso voto particular en desacuerdo con sus compañeros.

En elDiario.es sabemos ya que no es culpable porque conocemos de primera mano las fuentes de la exclusiva que publicamos el 12 de marzo de 2024: La pareja de Díaz Ayuso defraudó 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Este periódico jamás va a pedir la dimisión de un inocente. Cuando dos periodistas fuimos citados por el Supremo como testigos, facilitamos toda la información a nuestra disposición, salvo aquella que podía comprometer a nuestras fuentes: no solo es un derecho constitucional, es el primer mandamiento de esta profesión.

Este artículo, insisto, está dirigido a quien no conozca la intrahistoria de la exclusiva que puso al descubierto las actividades ilícitas y los negocios con el grupo Quirón de la pareja de Díaz Ayuso, a quien la prensa afín había presentado como un “técnico sanitario”.

La pregunta ahora, una vez conocido el polémico auto de procesamiento de la Sala del Tribunal Supremo, es si puede permitirse una institución como la fiscalía tener a su máximo representante sentado en el banquillo de los acusados.

El sentido común diría que no. Por varias razones: un fiscal general a punto de ser juzgado está incapacitado para ejercer, pierde parte de su autoridad en la carrera y además puede comprometer la independencia del subordinado que tenga que acudir al tribunal donde se juzga a su jefe. Esa situación anómala puede además contagiar al resto de la institución y sumirla en una parálisis fruto de estar descabezada en la práctica.

Son razonamientos legítimos y sin duda resultarán suficientes para que mucha gente, incluso desde ámbitos progresistas, solicite la marcha de Álvaro García Ortiz.

Hay también argumentos para defender que el fiscal general continúe en su puesto, por anómala que sea la situación, y para pedirle que defienda su inocencia hasta el final. De entrada, ni la propia sala del Supremo se ha puesto de acuerdo en que haya indicios suficientes para juzgar al fiscal general por revelación de secretos. La Sala desbarata en un par de líneas una de las afirmaciones más polémicas del magistrado instructor, Ángel Hurtado. Aquella en la que sin aportar ninguna prueba decía que el Fiscal General filtró esa documentación perjudicial para Ayuso por órdenes de Moncloa. Semejante afirmación, sin ninguna base probatoria, fue objeto de titulares y editoriales en los medios de comunicación. La Sala del Supremo reconoce ahora en un párrafo de su último auto que no hay ninguna base para sustentar semejante afirmación.

Pero al margen del controvertido auto, hay otras razones para sostener que el fiscal general debe continuar en su puesto hasta que haya un veredicto.

Inciso: antes de entrar de lleno en el debate, conviene relativizar ese mantra de que el aforamiento supone un privilegio para los investigados. Se repite mucho y no es exactamente así. Cuando un acusado es denunciado ante los tribunales ordinarios, se pone en marcha un mecanismo judicial con muchos equilibrios: se pronuncia el juzgado de primera instancia o de lo penal, pero luego se puede recurrir ante las audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de cada comunidad autónoma.

En cambio, cuando alguien es investigado en el Supremo, todas las decisiones recaen sobre el mismo tribunal, primero sobre el juez instructor y los recursos, ante la Sala. Es habitual que un investigado llegue a sentarse en el banquillo sin que haya intervenido ningún otro tribunal. En definitiva, los investigados por el Supremo dependen de una única instancia judicial: ahí no opera el juego de contrapesos entre tribunales. El primer recurso lo resuelve el mismo juez, y el segundo, la Sala del mismo tribunal.

En el caso del fiscal general, tras la denuncia presentada contra él por el defraudador confeso Alberto González Amador, ha intervenido el magistrado Ángel Hurtado, conocido por haber ascendido al tribunal gracias a la mayoría conservadora después de firmar un voto particular que pretendió, sin éxito, exculpar a la dirección del Partido Popular en el caso Gürtel. También ha participado la sala, que ha respaldado la gran mayoría de las polémicas decisiones de Hurtado, incluida la incautación de los dispositivos electrónicos de la sexta autoridad del Estado para investigar un delito de revelación de secretos. No había sucedido nunca en España, a pesar de que las filtraciones son continuas en los tribunales, también en el Supremo y especialmente en la Sala de lo Penal.

Esa sala compuesta por esos tres magistrados ha decidido ratificar, por dos votos a uno (el de un exfiscal general nombrado por el PP y un segundo magistrado cuyo hijo formó parte de una candidatura del partido en Villaviciosa de Odón, donde luego fue nombrado asesor por el alcalde del PP), la decisión de Hurtado de sentar al fiscal general en el banquillo.

Lo hacen tras descartar declaraciones de media docena de periodistas (de diferentes medios de comunicación, entre ellos el firmante de este texto) que afirmaron ante el Supremo haber tenido conocimiento del correo de la confesión antes de que el documento llegase a manos del fiscal general. Esa tesis desbarataría la investigación puesto que el mismo tribunal decretó hace unos meses en el mismo caso (en una querella presentada contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero) que si la información ya circulaba por las redacciones (aunque no haya sido publicada) ya no puede considerarse secreto. Los dos magistrados del Supremo rechazan dar credibilidad a los periodistas alegando que no pueden ser contrastadas ya que todos se acogieron a su derecho constitucional a proteger sus fuentes.

El magistrado Andrés Palomo no solo concede verosimilitud a los testimonios de los profesionales de la información, sino que, en contra de sus compañeros de tribunal, advierte: “Negar por un órgano judicial eficacia a ese testimonio porque, pudiendo identificar la fuente, no lo hacen, aparte de un indebido entendimiento del proceso judicial que precisa acreditar la inocencia, es una exigencia de renuncia a un derecho con previsión constitucional, difícilmente comprensible”.

Así que si tras el controvertido auto de la Sala del Supremo, el Fiscal General dimitiese, solo habrían hecho falta dos cosas: la denuncia de un defraudador fiscal y la controvertida instrucción de un magistrado del Supremo avalada por dos magistrados de la sala (ni siquiera hubo unanimidad) para acabar con la sexta autoridad del Estado, una figura blindada por el legislador, al que ni siquiera el Gobierno puede cesar.

¿Sería razonable que eso sucediese? Si el caso prospera y el fiscal general dimite antes de tener una condena, ¿no se estaría abriendo la vía para que otros delincuentes (los hay con muchos medios, económicos y de todo tipo) presenten denuncias contra el siguiente fiscal hasta lograr que lo imputen y aprovechar para apartarlo?

En la investigación al fiscal general se da, además, una paradoja diabólica.

Aquí va el segundo inciso. La imputación en el Derecho Penal está planteada como una figura garantista que permite al acusado acudir a los procedimientos con abogado y le da la posibilidad de mentir para defenderse.

Desde el principio, en el caso del fiscal general se ha pretendido invertir esa figura para que su condición de investigado se convirtiera ya en una condena, con una pena mayor o igual que la que acarrearía una sentencia en su contra: la dimisión como máximo representante del ministerio público.

De aceptarse este planteamiento, se establecería un peligroso precedente.

Si un grupo mafioso o cualquier otra organización criminal urde un plan para apartar al fiscal general a través de denuncias coordinadas hasta lograr su imputación, ¿sería defendible que el máximo representante de la Fiscalía renunciase también?

¿Se defiende mejor la institución cuando se dimite tras una imputación o un procesamiento? ¿O cuándo se defiende la inocencia hasta el final en los tribunales?

Esa es la pregunta última que debe responder el fiscal general, sobre el que, en cualquier caso, va a recaer en las próximas semanas toda la presión mediática y política.

En las últimas semanas han surgido voces defendiendo la necesaria renuncia de García Ortiz pese a creer en su inocencia, ¿No se trata de un planteamiento amoral? ¿Se puede exigir semejante sacrificio a alguien sobre el que consideras que solo ha cumplido con su deber?

Y en caso de que resultase inocente, ¿cómo y quién le resarciría?

Vayamos ahora al resto de argumentos de quienes defienden (son mayoría en el debate) su dimisión.

En cuanto a la independencia de la persona que represente a la fiscalía en el juicio a García Ortiz, solo cabe confiar en su honestidad. Porque la presión para ella va a ser similar, dimita o no el fiscal general: el país entero va a estar pendiente del banquillo en el que va a sentarse el máximo representante del ministerio público o el que lo había sido precisamente hasta que estalló este caso. No había sucedido nunca en democracia. El representante de la fiscalía no notará mucha diferencia al sentarse ante ese tribunal.

En cuanto a la parálisis de la Fiscalía, ¿alguien cree que en caso de dimitir, el siguiente nombramiento del Gobierno va a tener una tregua? De García Ortiz se publicó una información falsa el mismo día en que asumió el puesto: una supuesta reunión con un imputado de la banca andorrana que nunca tuvo lugar. El encuentro lo desmintieron por separado los dos protagonistas, que ni se conocen ni se habían visto nunca. El diario ABC ignoró los desmentidos y publicó durante varios días seguidos sobre una reunión inexistente y solo rectificó meses después, obligado por una sentencia judicial.

Otra periodista de El Mundo publicó falsamente que García Ortiz ordenó cambiar un informe para no acusar de terrorismo a Carles Puigdemont. Lo desmintió el fiscal general y también el aludido. La información sigue publicada.

En la Cope, Carlos Herrera definió a García Ortiz como un lacayo del PSOE que quiso imputar a los altos cargos del Gobierno de Aznar por la gestión del Prestige. La verdad es exactamente la contraria. Por ello recibió entonces bastantes críticas desde la izquierda.

En la prensa conservadora de Madrid se llegó a atribuir a García Ortiz una supuesta colaboración con terroristas de ETA, por mediación de Bildu. Todo ello sin ninguna prueba… Hasta que llegó la cacería final por parte de un defraudador confeso y el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, quien fue adelantando una a una las decisiones del Supremo.

Así que para aquellos bienpensantes que crean que su dimisión podría apaciguar el debate público: ¿Ven alguna garantía de que su sucesor vaya a recibir un trato diferente por parte de la oposición y la prensa de derechas que ni siquiera considera a Sánchez un presidente legítimo?

De haber podido preguntar a Marchena con libertad, este periódico hubiera planteado preguntas así: ¿Debe el magistrado al que el Partido Popular pretendía aupar a la presidencia del Supremo para “controlar desde atrás la sala segunda” participar en el tribunal del juicio más importante que ha vivido la política española en los últimos años?

¿Le inhabilita de alguna manera para formar parte del tribunal el enfrentamiento abierto que mantiene con el fiscal general tras haber dictado García Ortiz la instrucción a toda la carrera para aplicar la ley de amnistía, de la que Marchena y otros miembros del Supremo, están radicalmente en contra?

Una duda final: ¿En caso de que el fiscal general acabe sentado en el banquillo, va a formar parte del tribunal Manuel Marchena, el magistrado al que el Partido Popular pidió encumbrar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo para “controlar desde atrás” la sala Segunda del Supremo, aquella que juzga los casos de corrupción?

Marchena se autoexcluyó de aquella terna para el Consejo del Poder Judicial cuando se publicaron los mensajes de un portavoz del PP al resto de senadores. Cuando renunció, ya sabía que en ningún caso el PSOE, que en un principio estaba dispuesto a apoyarlo, podría respaldar ya su candidatura con aquellos mensajes en toda la prensa.

El propio Marchena cuenta el episodio a su manera en su último libro publicado, La Justicia AMENAZADA (Editorial Espasa), en el que olvida citar que aquel candidato al que el Partido Popular pedía apoyar con esas oscuras intenciones se llamaba Manuel Marchena. elDiario.es renunció a pedirle una entrevista cuando la editorial del libro estableció que tendría que ser a través de un cuestionario y que no cabían las repreguntas. Una docena de medios la publicaron sin especificar a sus lectores que se trataba de un cuestionario sin posibilidad de réplica.