El Tribunal Supremo procesa al Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración de mensajes privados del novio de Isabel Díaz Ayuso

Estamos ante una decisión personal que afecta a un órgano constitucional que forma parte del Poder Judicial. Es cierto que Sánchez no se ha enterado de esto último y considera que es de su «propiedad» como si fuera un ministerio. Esto último está en las antípodas del espíritu constitucional y muestra una deriva autoritaria inaceptable en cualquier democracia. Ni siquiera la Administración Pública es suya, sino que está al servicio de la sociedad. A estas alturas he renunciado a que entienda o acepte conceptos tan deslumbrantes como fundamentales para cualquier demócrata como son el Estado de Derecho y la separación de poderes. Se tendría que preocupar más de su legado que de seguir empeñado en gobernar como un autócrata. Es cierto que ha preferido rodearse de mercenarios y hooligans, salvo excepciones. El magistrado instructor de la causa que afecta al Fiscal General ha decidido enviarla a juicio oral. Por supuesto, han surgido los juristas que nunca han estudiado Derecho o lo han hecho con más suerte que luces descalificando la decisión. En estos tiempos de la justicia populista que promueve el poder, al estilo del régimen autoritario mexicano, a la izquierda solo le gustan las decisiones que perjudican a sus enemigos. En este caso consideran que no hay fundamento y espero ahora leer lo que escriba Pérez Royo, porque no coincidir con él es un síntoma de acierto. Es lo mismo que discrepar de las felonías de Conde-Pumpido, Segoviano, Montalbán, Díez y Balaguer. Por supuesto, el Fiscal General no renunciará tal como hace días lleva diciendo y en esta misma línea se ha expresado La Moncloa. Es un precedente muy interesante, porque la izquierda política y mediática pierde cualquier legitimidad para pedirlo a partir de ahora. No puede ser que en un caso se exija una cosa y en otros no sea así. El daño reputacional para el Ministerio Fiscal es enorme, ya que ver sentado a su máximo responsable en el banquillo de los acusados tiene un gran impacto no solo nacional, sino internacional. Es algo que tendrá que valorar. No hay duda que será uno de los juicios más mediáticos de nuestra historia reciente. A Conde-Pumpido no le importaría el desprestigio, pero no sé si su actual titular podrá aguantar la presión y las críticas que recibirá.

Ya no es un juez Peinado. Ahora es Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo. Y no está solo: cuenta con el respaldo mayoritario de la Sala de lo Penal. Tal y como Miguel Ángel Rodríguez pronosticó, el fiscal general del Estado irá p´alante. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo, a pesar de que no hay ni una sola prueba contra él.

No hay pruebas porque no las puede haber. Porque la filtración no vino de él.

En elDiario.es sabemos perfectamente quién nos pasó esa información de la que acusan a García Ortiz. Sabemos que no fue el fiscal general, ni tampoco Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid que también está acusada. Nunca vamos a revelar nuestras fuentes, pero sí podemos asegurar que ellos no fueron.

Nuestro compañero, José Precedo, así lo testificó ante el Tribunal Supremo, ante el juez Hurtado. No fue el único. Media docena de periodistas de distintos medios –La SER, El País o incluso El Mundo–, han declarado ante el juez en el mismo sentido. Son varios testimonios que exculpan a García Ortiz y que el juez Hurtado ha decidido ignorar.

Y no son solo palabras de periodistas. También hay pruebas documentales. Mensajes y llamadas de varios redactores de El País demuestran que tuvieron acceso a esa información 31 horas antes de que preguntara por ella el fiscal general.

Sabemos, a ciencia cierta, en qué momento Álvaro García Ortiz tuvo conocimiento de esos correos. Ha quedado bastante acreditado en la investigación judicial. Y salvo que tuviera una máquina del tiempo, es imposible que pudiera filtrar la información. Porque llegó a los medios antes de que él la tuviera.

También sabemos que esos correos del abogado de González Amador pidiendo una conformidad los tenían casi un centenar de personas: llegaron a un email genérico de la Fiscalía y también a la abogacía del Estado. De entre todos los posibles sospechosos, el Supremo solo ha decidido investigar a dos.

Pero el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz no solo es aberrante porque el instructor ignore todas las pruebas y testimonios que no cuadran con su acusación. Es aún peor.

Vayamos antes a los hechos que sí ha demostrado la investigación.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es publica en exclusiva el fraude fiscal de Alberto González Amador. Y a partir de ese momento el Gobierno de la Comunidad de Madrid se moviliza para salvar la reputación de Isabel Díaz Ayuso. El encargo de González Amador a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), habla por sí solo. “Haz lo que veas”, le pidió, tal y como él mismo confesó ante el Supremo.

MAR hizo lo que pudo, cómo no.

Al día siguiente, el 13 de marzo a las 21:29, El Mundo publica una intoxicación lanzada por MAR: “El fiscal ofrece un acuerdo a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos”. La verdad era justo la contraria: quien ofrecía un acuerdo era el abogado de González Amador, no la Fiscalía.

Otros medios en la órbita de Ayuso van esa noche incluso más allá en sus acusaciones contra la Fiscalía: aseguran que dicho acuerdo fue bloqueado “por órdenes de arriba”. Era falso: un bulo lanzado por MAR para dar a entender que Ayuso es víctima de una persecución del Estado.

Tras publicarse la noticia de El Mundo, esa misma noche, el fiscal general del Estado se moviliza para conseguir toda la información. Saca de un partido de fútbol al fiscal Julián Salto –el que llevaba ese caso y había recibido los correos–. Pide toda la información y la consigue. Se la mandan a su correo personal de Gmail.

Horas más tarde, a partir de las 23:51, varios medios desmentimos la falsa historia de MAR. Y publicamos la verdad: que era el abogado del novio de Ayuso quien había reconocido los delitos en su nombre y pedía un acuerdo a la Fiscalía. También el famoso correo filtrado: “Ciertamente se han cometido dos delitos”.

Y al día siguiente, el 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado publica una nota de prensa desmontando todas las acusaciones falsas.

Esa nota de prensa, de la que García Ortiz siempre se ha hecho máximo responsable, fue la excusa para llevar este proceso penal al Supremo para imputar al fiscal general. Después el Supremo la ignoró: no hay nada ahí, aseguró. Pero aún así decidió investigar a García Ortiz, para intentar probar que fue él quien filtró esa información a varios medios, la famosa noche.

Han pasado 237 días desde que Hurtado arrancó la instrucción y hoy está exactamente en el mismo sitio en el que empezó. Tiene sospechas. No datos. No ha encontrado una sola prueba de esa acusación: más allá del interés del fiscal general por buscar la información esa noche –algo que el propio acusado admite–, no hay nada más.

No hay pruebas, pero no ha sido por no intentarlo. En los ocho meses de su investigación judicial, Hurtado ha puesto en marcha todas las diligencias posibles para intentar probar su sospecha. Incluso la más extrema y desproporcionada: registrar el despacho del fiscal general del Estado –tal vez el sitio donde se guarda la información más sensible de España– como si fuera la casa de un narco.

Hurtado también ha buscado información en Estados Unidos: ha preguntado a Google, a Meta, a la búsqueda de los mensajes y correos del fiscal general que García Ortiz, con buen criterio, borra regularmente –la directiva de protección de datos le obliga a ello–. Tampoco ha encontrado nada ahí.

Así que la tesis de la acusación está hoy exactamente igual que el primer día. El único indicio que hay contra García Ortiz es su interés en buscar esa información la noche en la que Miguel Ángel Rodríguez propagó un bulo para salvar la reputación de su jefa, Isabel Díaz Ayuso.

Un indicio, que no es lo mismo que una prueba.

Pero la falta de la más mínima lógica jurídica no acaba aquí. Hurtado asegura que el fiscal general hizo todo esto siguiendo “indicaciones recibidas de la Presidencia del Gobierno”. ¿Las pruebas? No hay ninguna. Nada en toda la investigación que sirva para sostener tal gravísima afirmación.

En otro párrafo, Hurtado también asegura que el fiscal general del Estado “envió copia a Pilar Sánchez Acera”, del equipo de Moncloa. ¿Las pruebas de tal cosa? No las hay. Pilar Sanchez Acera tuvo acceso a ese correo, es cierto, pero en un momento en que ya circulaba por varias redacciones de Madrid.

Ante el Supremo, Sánchez Acera declaró exactamente eso: que le llegó de los medios. Una declaración que Hurtado ignora. Al parecer, para este juez del Supremo todos los testigos mienten, menos MAR y González Amador.

Hurtado, legítimamente, puede sospechar que el Gobierno está en el ajo. Pero de ser así, ¿por qué ha parado su investigación? ¿Por qué da esa sospecha como hecho probado sin siquiera investigarlo? ¿Por qué no ha imputado a Sánchez Acera, que fue llamada a declarar como testigo?

¿Debe dimitir el fiscal general? No veo el motivo. No hay nada en la investigación del Supremo que haya demostrado en él ningún comportamiento inadecuado. Es más bien al contrario: tendría que ser el juez Hurtado quien tuviera que dar explicaciones, por sus acusaciones sin una sola prueba. Quienes defienden que está obligado a renunciar para defender las instituciones, ¿han pensado en el peligroso precedente que supondría? ¿Una denuncia de un delincuente confeso y la controvertida instrucción de un magistrado del Supremo son suficientes para hacer caer a un fiscal general?

Durante los ocho meses de anómala investigación, nunca antes vista en España para una revelación de secretos, García Ortiz ha mantenido su incocencia y ahora debería defenderla hasta que haya un veredicto en el juicio. Del contrario, se estará enseñando el camino a quien quiera apartar del cargo a la sexta autoridad del Estado, una figura a la que ni siquiera el Gobierno puede destituir según el Estatuto de la carrera.

Lo que ya sabemos es que nadie en el Supremo se ha planteado dimitir porque ese tribunal nunca rinde cuenta de sus errores. Tampoco sus jueces. ¿Ha dimitido alguno de ellos por los constantes varapalos de Europa a sus sentencias? ¿Alguien dimitió, por ejemplo, tras la derogación de la doctrina Parot?

¿Dimitirá alguien si este caso llega a Europa y se sentencia allí la injusticia? Y si el fiscal general acaba absuelto, ¿cómo reparar el daño?

Hoy toda la presión de los medios exige la dimisión del fiscal general. Son los mismos que jamás exigirán la dimisión de Ayuso, haga lo que haga, pase lo que pase.

Hurtado es el mismo juez que argumentaba que responsabilizar a la dirección del PP de la trama Gürtel era un “salto al vacío”. Exactamente el mismo juez, el único de los que vieron la causa, que se opuso a la condena del partido por aquel caso de corrupción. Esa fue también la razón por la que después fue promocionado al Tribunal Supremo, con los votos de la mayoría conservadora del CGPJ con el mandato caducado.

Toda la instrucción contra el fiscal general ha sido un disparate. El tipo de investigación prospectiva que, lamentablemente, hemos visto ya con el juez Peinado. Sin prueba alguna, solo con suposiciones tan vagas, y pese a las evidencias que lo exculpan ¿se atreverá después el Supremo a condenar al fiscal general? Me parece imposible. Pero en la justicia española, lo imposible ya ocurre a diario. Ahora es costumbre. Pronto será jurisprudencia.

LOS PRIMEROS partes emitidos desde el búnker de Moncloa en defensa de Álvaro García Ortiz deberían terminar en la Galería de las Colecciones Reales. Son obras maestras de lo que Juan Soto Ivars llama el «arte de tomar a tus votantes como auténticos gilipollas». Félix Bolaños ha dicho que García Ortiz es un «servidor público ejemplar», cuando va quedando acreditado que fue un solícito siervo privado del matrimonio Sánchez-Gómez. Óscar Puente, que estos días pasa de manipular pañales a escribir tuits sin solución de continuidad (de ahí que lo mezcle todo), ha insultado al Supremo y a Feijóo en la misma frase agramatical: «El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal». Se empieza deslizando acusaciones de golpismo judicial desde un ministerio de trenes con demora y se acaba colocando comas entre sujeto y predicado. En cuanto a Óscar López, aguardamos expectantes su reacción al auto del juez Hurtado, que sitúa el origen de la filtración en el gabinete de Presidencia del Gobierno. Cuidado, Óscar.

Claro que quizá no se trate tanto de una pérdida colectiva de la razón como de una desesperada profesión de fe. Chesterton explicó que para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, no la cabeza; pues bien, a la iglesia sanchista solo se accede decapitado. Dejemos de lado la venalidad del muerto de hambre de tertulia o de partido que repica la consigna como quien se caga en el convento mientras le dé cobijo. Nos interesa ahora el creyente de base y el fanático de BOE. Ese hombre y esa mujer que se ven a sí mismos como epígonos de Durruti y de Rosario la Dinamitera. Esa peña borracha de mitomanía y ayuna de realidad que jamás se aventura fuera de su burbuja algorítmica y cree a pies juntillas en la Internacional Ultraderechista, el palco del Bernabéu, la conjura de los ultrarricos de las nucleares y la intimidad con Belcebú de Miguel Ángel Rodríguez. Esta feligresía asustadiza descubre una inequívoca llamada a repetir el alzamiento del 36 en estas palabras de Aznar: «El que pueda hacer que haga». ¡Conspiración!

El sanchismo ceba a diario la fe de su pueblo con nuevas visiones del infierno neoliberal, con ruido de sables en la UCO, con jueces que se bordaron un yugo y unas flechas bajo la toga. Ahora les jurarán que la caída de Alvarone es culpa de EL MUNDO. Y mira, en eso tendrán razón.

Al final de la película sobre el impostor Marco su sufrida mujer le espeta: «Primero fueron los anarquistas, luego el sindicato, luego los deportados… ¿Cuál es tu lucha ahora, Enric?». Eso le preguntaríamos al primer fiscal general procesado de la democracia. Y si fuera sincero, respondería: «Pedro vive, la lucha sigue».

EL instructor del caso contra el fiscal general del Estado empieza su descripción de los hechos con esta frase: «A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario EL MUNDO…». Es una mala frase. Ese absurdo gerundio, que incluso puede ser acusado de revelar, sin fundamento, una carga intencional. No tengo más remedio que arreglarla: «Por indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno a raíz de una información publicada en el diario EL MUNDO…». El contenido es problemático. Ante la información publicada por este periódico, el Fiscal podría haberse callado y seguir con sus asuntos -lo mejor- o publicar una sucinta nota que dijera: «La Fiscalía no ha ofrecido un pacto al señor González Amador». Pero por lo que parece saber el instructor, la Fiscalía no solo actuó, sino que lo hizo siguiendo instrucciones de la Presidencia del Gobierno. Cabe esperar que en el previsible auto de apertura del juicio oral el instructor aporte la descripción de los indicios que le han llevado a esta conclusión jurídicamente irrelevante, pero políticamente fundamental. Porque este auto no los incluye.

La manera más segura de sostener o descartar tales indicios estaba en el análisis de las comunicaciones del fiscal general del Estado. Pero el fiscal las borró y es este borrado el que hace profundamente sospechosa su conducta y plausibles las afirmaciones -en cualquier caso imprudentes- del juez instructor. El borrado explica algo más, perfectamente relacionado con el actual momento procesal y con la actitud que el Fiscal debería tomar. El que borró los indicios que, probablemente, lo incriminaban no tenía derecho a hacerlo, porque su conducta entorpeció la investigación judicial y era incompatible con su función de garante de la legalidad. En cambio, el ciudadano Álvaro García Ortiz sí lo tenía, como todo presunto delincuente tiene el derecho de no declarar en su contra y de ocultar aquellos hechos que lo incriminan.

A un paso puramente formal de su procesamiento, García Ortiz no debe sentarse en el banquillo como fiscal general. Y no, como suele argumentarse, por el prestigio de la institución. Por desgracia para el Estado al que juró servir ya lo ha destruido hasta límites inéditos, y no por el supuesto tráfico de secretos, sino por el comprobado borrado de indicios. ¡Por la amnistía de los indicios! Si ha de dimitir de su cargo es por escrupuloso respeto al principio de igualdad. La justicia que el ciudadano merece es, exactamente, la que el Fiscal le impide garantizarse. Álvaro García Ortiz debe poder defenderse con el confort que el Estado de Derecho presta a cualquier presunto criminal.

Quien visite la Feria del Libro de Madrid estos días —si tiene la suerte de encontrar el Retiro abierto, pues están los porteros mareadísimos con tanto abre y cierra la verja— y vea las colas siderales que congregan los instagramers, mientras los mejores escritores de las letras hispánicas apenas asoman la carita en las casetas, puede llevarse la impresión de que la literatura es un anciano que agoniza y no sobrevivirá al próximo golpe de calor. No se dejen llevar por tales apariencias: vivimos una época dorada de la narrativa. La ficción triunfa tanto que ha colonizado hasta el último rincón del mundo, que ya solo existe como cuento. Eso que antes llamábamos realidad se ha rendido al asalto de los fabuladores. Hace tiempo que los hechos son irrelevantes, solo importan el narrador y el punto de vista, como en cualquier novela.

Observen el caso del fiscal general del Estado, por ejemplo. Según quién informe o comente, Álvaro García Ortiz es la víctima de una conspiración judicial o el ejecutor de una conspiración gubernamental. El auto de su procesamiento puede ser también una chapuza grotesca y analfabeta o una obra mayúscula de la jurisprudencia digna de Cicerón. Leo la prensa admirado por la habilidad narrativa de unos y de otros: no sospechaba que el Derecho tuviera la elasticidad interpretativa de una novela experimental y de final abierto, pero, visto lo visto, ser juez o fiscal no es un oficio tan alejado de la crítica literaria, incluso mucho más libre.

Ni en las disputas estéticas más agrias he visto yo a dos críticos con visiones tan enfrentadas. Por mucho que se peleen, hay unos mínimos en los que todos están de acuerdo. Por ejemplo, se podrá discutir si Penélope encarna el valor de la resistencia política o el de la sumisión femenina, pero todos los lectores están de acuerdo en que cose y descose. No hay una escuela de críticos que diga que teje, y otra, que juega a la Play Station. La interpretación literaria tiene sus límites. La judicial, ya lo estamos viendo, no. Y esto a lo mejor es un problemilla para todos, pues las novelas no tienen poder, pero las sentencias y las leyes obligan a las personas, no se pueden dejar a medias ni leerse en diagonal.

Quizá no mentía tanto la fontanera Leire Díez cuando se reclamaba escritora en ciernes. Un mundo donde cada cual lee las cosas a su capricho merece una escritora sin escrúpulos y sin miedo a usar cualquier trampa narrativa, por barata y chabacana que sea. Espero verla firmando ejemplares a toda mecha en la próxima feria.