Juan Lobato forzado a dimitir como líder del PSOE en Madrid por La Moncloa tras insinuar que el Gobierno podría haber filtrado información confidencial del novio de Díaz Ayuso

La citación de Juan Lobato por el magistrado de la Sala Segunda del Supremo que investiga al fiscal general del Estado es la consecuencia normal de la exclusiva que ayer ofreció ABC a sus lectores. Una semana después del registro del despacho de Álvaro García Ortiz –en quien la UCO ve una «participación preeminente» en este caso, en el que cada vez aparecen involucradas más personas del círculo de La Moncloa– Lobato acudió a un notario de Madrid para dejar constancia de la cadena de mensajes cruzados en marzo pasado con la jefa de gabinete de Óscar López, a su vez jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Tales mensajes se referían a los correos remitidos por el abogado de la pareja de Díaz Ayuso a la Fiscalía para abrir una negociación sobre posibles delitos fiscales y a su utilización política por Lobato en una sesión de control parlamentario a la presidenta de Madrid. La versión que ayer dio Lobato en diversos medios, además de no ser cierta, resulta inverosímil. No es cierta porque se reunió con los redactores de ABC responsables de la información y la confirmó en los mismos extremos en los que luego fue publicada. Y es inverosímil porque nadie acude a un notario a hacer manifestaciones si no es por una preocupación grave por su propia responsabilidad. De todas formas, Lobato va a tener la mejor ocasión para aclarar los hechos, porque este mismo viernes, mientras Sevilla recibe a los delegados del Congreso Federal del PSOE, está citado como testigo ante la Sala Segunda, a la que debe presentar el acta notarial. Y tan malo es mentir a dos periodistas que actúan con rigor y lealtad profesional como mentir a un magistrado del Tribunal Supremo.

Juan Lobato ha elegido la peor opción, que es la de montar una ficción en torno a unos hechos que van a ser cotejados con un acta notarial. Habría podido salir de este trance como un político honesto, pero puede que acabe como uno más de la trama de mentiras y falacias tejida para hacer frente a los escándalos que cercan La Moncloa. Lobato sabe que cuando la jefa de gabinete de Óscar López se pone en contacto con él ningún medio había publicado el documento con la negociación entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Había noticias sobre su contenido, pero nadie había difundido aún el documento. Lobato también sabe que su interlocutora, Pilar Sánchez Acera, era, ante todo, la jefa de gabinete de Óscar López, y que este era entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Si Lobato pretende hacer creer al Supremo que Pilar Sánchez Acera intervino por iniciativa propia y como asesora suya en la filtración de un documento que solo la Fiscalía General tenía en su poder, el líder madrileño tiene en baja estima la inteligencia de los instructores del Alto Tribunal. La lógica de los acontecimientos apunta directamente a Óscar López, como superior de Sánchez Acera, y a Pedro Sánchez, como superior de Óscar López.

¿Por qué Lobato, si solo quería conservar la conversación, fue a un notario y no se limitó a unas simples fotocopias de los mensajes? ¿Por qué acudió a un notario él solo y no con Pilar Sánchez Acera, quien habría reforzado su idílica versión? ¿Por qué no ha publicado a estas horas ese acta notarial, si con ella pretendía demostrar que La Moncloa y la Fiscalía no habían filtrado nada? ¿Por qué ni La Moncloa ni el PSOE sabían que Lobato había hecho este acta notarial? ¿Por qué no la ha remitido al fiscal general para que este la use en su defensa? ¿Por qué presumió que la investigación al fiscal García Ortiz hacía necesario que firmara ese acta notarial? Mejor que dar manotazos a la verdad, a Lobato le conviene no mentir más.

EL DESAFÍO que Juan Lobato ha planteado públicamente a Pedro Sánchez es un síntoma de la situación de constante excepcionalidad y quiebra institucional a la que el presidente ha abocado al Gobierno y al PSOE. Tres días antes del 41º Congreso Federal, en el que Sánchez pretende bunkerizar al partido en torno a sí mismo, el líder de los socialistas madrileños no solo anunció que no dimitirá pese al «linchamiento» de sus compañeros, sino que verbalizó la posibilidad de que La Moncloa delinquiera al enviarle información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para que él la mostrara en la Asamblea de Madrid. «Si lo que se me dijo en los whatsapps no fuera cierto, sería bastante grave», afirmó. Es decir: que el mail del abogado de Alberto González Amador pudo proceder no «de los medios», sino de la Fiscalía General del Estado, como investiga el Tribunal Supremo.

El mensaje de Lobato es demoledor para la estrategia del Gobierno de desacreditar como bulo cualquier discrepancia, pues es un barón socialista quien cuestiona la credibilidad de La Moncloa. Pero, además, dinamita un Congreso en el que Ferraz buscaba contener la escandalosa declaración judicial de Víctor de Aldama, e incluso que su ponencia política pasara de puntillas por el evidente desafío de la corrupción.

La convulsión es notable en el siempre dividido PSM y en el partido en su conjunto. Todo indica que fue la voluntad de protegerse personalmente de una posible imputación por revelación de secretos lo que empujó a Lobato a acudir por su cuenta a una notaría para dejar constancia de los mensajes que en marzo le envió, desde Presidencia, la mano derecha de Óscar López, hoy apuesta de Sánchez frente a Lobato. Lo hizo tras saberse que los móviles del fiscal general estaban en manos de la Guardia Civil.

Lo cierto es que la fuente original de los correos, sin marcas de agua, entre el abogado del empresario y el fiscal de Delitos Económicos solo pudo ser la Fiscalía; la duda radica en si La Moncloa los recibió del propio Ministerio fiscal o de un periodista. En cualquier caso, la actuación de Lobato retrata la deriva iliberal de un Gobierno que ha actuado como partícipe, si no líder, de una operación de Estado para dañar a una rival política vulnerando los derechos fundamentales de un particular. La mancha se extiende y afecta a quien se le acerca.

El PSM es un partido de tradición fratricida. En 2015 Sánchez expulsó a su líder, Tomás Gómez. Después impuso a una serie de candidatos breves y fallidos. Desde 2021, Lobato ha dado visibilidad al partido frente a Más Madrid, ha marcado un perfil moderado y se ha distinguido como uno de los pocos dirigentes socialistas en cuestionar decisiones contrarias al interés común como la amnistía o el cupo catalán. Desde hace meses su destino parece dictado por La Moncloa. Su doble cita de este viernes -primero, como testigo ante el Supremo y después, como el barón más desafiante en el Congreso de Sevilla- da la medida del precipicio en el que se encuentra el PSOE.

JUAN Lobato mintió a la opinión pública el pasado lunes cuando comprobó la repercusión de la exclusiva de ABC sobre su gestión de los mensajes que le enviaron desde La Moncloa con información confidencial sobre la situación tributaria del novio de Isabel Díaz Ayuso para que los utilizara en la refriega política de la Asamblea de Madrid. Ante el temor de que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, el secretario general del PSOE madrileño los protocolizó en una notaría de la capital. Ayer, Lobato, que inicialmente negó una parte de los hechos, retrocedió y borró su autojustificación del lunes, cuando intentó encontrar unos argumentos para alinearse con su partido y ser perdonado desde la falsedad. Pero ese alineamiento era ya insostenible, una vez que hay un acta notarial con el presunto delito urdido desde la sede de la Presidencia del Gobierno. El mayor error del dirigente madrileño fue sostener la versión del lunes, cuando sabía que no era cierta, movido por el miedo a la reacción de un sanchismo con el que intentó congraciarse en vano.

El Lobato de ayer es alguien que se ha dado cuenta de que esa concesión a Pedro Sánchez no le ha servido de nada y que, de momento, se revuelve contra las presiones del aparato del partido para que presente su dimisión, tal y como denunció en su breve comparecencia de ayer –en una tremenda soledad, apenas acompañado de una diputada de su grupo–, presiones en las que apuntó directamente a La Moncloa y a Ferraz. Es probable que la carrera política de Lobato haya terminado, toda vez que el viernes tendrá que entregar en el Tribunal Supremo el acta notarial con los mensajes remitidos por Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del hoy ministro Óscar López, que entonces era a su vez jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Visto lo visto, la maquinaria sanchista se va a volcar en su lapidación y no parece probable que el dirigente madrileño pueda sobrevivir más allá del lunes, cuando concluya el Congreso Federal extraordinario que Sánchez ha convocado para, precisamente, sellar su liderazgo ante el turbión de acusaciones de corrupción que le rodean.

Sea cual sea el destino de Juan Lobato en el Partido Socialista, el caso no debe detenerse en la torpe y zigzagueante gestión del secretario general socialista en Madrid. Sus responsabilidades políticas y jurídicas en este asunto no son nada comparadas con las que apuntan a la jefa de Gabinete de López y al propio López, hoy ministro de Transformación Digital y Función Pública, en el momento en que la Justicia conozca esos wasaps, confesando la utilización de los instrumentos del Estado para vulnerar los derechos de un ciudadano particular mediante una maniobra originada en la sede de la Presidencia del Gobierno. Como ayer dijo con toda intención el propio Lobato: «Se intenta que parezca el malo el que no hace las cosas mal». Las propias palabras de Sánchez, un par de horas después de las de Lobato, no dejan lugar a dudas. Y eso en cualquier Estado de derecho que se tenga por tal no puede quedar ahí.

Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, ha metido al Gobierno de Pedro Sánchez en un enredo de difícil explicación e incierto desenlace. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado lo ha citado a declarar como testigo este viernes dentro de la investigación por la supuesta filtración desde la Fiscalía General del Estado de información sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Hurtado ha llamado con inusitada rapidez a Lobato tras leer en una información del diario Abc, confirmada por Lobato, que el líder socialista madrileño acudió hace tres semanas a un notario para levantar acta de unos mensajes que cruzó con su compañera Pilar Sánchez Acera hace ocho meses. Ella era entonces jefa de gabinete en La Moncloa del hoy ministro Óscar López, quien a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Lobato sostiene que acudió al notario porque le preocupó ver que el Supremo investigaba la filtración de un correo electrónico que él recibió en su móvil cuando, meses antes, estalló el escándalo del fraude fiscal de González Amador. El contenido del correo desbarataba una mentira que Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, urdieron para proteger al empresario comisionista.

Según la versión de Juan Lobato, acudió al notario porque quería dejar constancia de que, a las ocho de la mañana del 14 de marzo pasado, dos horas antes de una sesión de control a Ayuso en la Asamblea de Madrid, Sánchez Acera le envió una imagen del citado correo electrónico para que lo utilizará como argumento en su debate con la presidenta. Lobato le preguntó el origen de ese documento, y Sánchez Acera le contestó supuestamente que lo había sacado de los medios de comunicación.

Unas horas antes de ese intercambio, varios medios habían informado ya sobre el contenido de ese correo, aunque su imagen no había sido publicada. Del relato de Lobato se deduce que no había leído nada sobre el tema a esa hora o no se fiaba del origen del documento que recibió en su móvil. Lobato usó el documento aquel día contra Ayuso. Pero casi ocho meses después acudió a levantar acta notarial de la conversación con su compañera para, según él, dejar constancia de que el origen de ese correo electrónico no era ni el Gobierno ni la Fiscalía. No avisó a nadie.

Por el contrario, la visita al notario de Lobato se interpreta en las filas socialistas como una sugerencia directa de que el Gobierno filtró el correo, haciendo de esa manera un uso partidista de una información que solo podía manejar la Fiscalía. La desconfianza del secretario general del PSOE de Madrid en su partido y en su Gobierno pone los focos sobre el Ejecutivo en un asunto que hasta el momento implicaba a la Fiscalía y a la Comunidad de Madrid. Ahora, la interlocutora de Lobato aquella mañana debe dar explicaciones sobre si el Gobierno disponía con anticipación de una copia de la confesión del novio de Ayuso.

Lobato ha pretendido ser un verso suelto dentro de la familia socialista y marcar un perfil propio en una autonomía que gobierna el PP desde hace casi 30 años, pese a sus múltiples escándalos de grave corrupción. Los resultados electorales del líder regional socialista han sido malos: aunque mejoró tres escaños en las últimas elecciones, el PSOE no ha conseguido recuperar la segunda posición tras ser superado por Más Madrid. Su continuidad al frente del PSM estaba en duda, y lo que parecía una trifulca más por el poder en la siempre convulsa federación socialista madrileña ha acabado abriéndole un nuevo frente al Gobierno. Compañeros de Lobato creen que pretendía usar el acta notarial como un elemento de presión para evitar que alguien compitiera con él en primarias. Él insinúa que La Moncloa le mintió.

Cualesquiera que fueran las motivaciones para acudir al notario, la solución a este órdago será traumática. Lobato se niega a dimitir, como piden múltiples voces en su partido, y quiere presentarse a las primarias que se celebrarán en apenas mes y medio. Para entonces, el juez Hurtado habrá avanzado en su investigación con los datos que aporte Lobato, y el Gobierno habrá tenido que explicarse ya sobre esta insospechada derivada de la confesión de dos delitos fiscales para librarse de la cárcel por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

EN UNA especie de ataque, pero poco, contra su partido, pero contra el PP, Lobato amenazó ayer levemente a la mafia a la que pertenece (dice que no es secta), pero evocando los argumentos de Ayuso cuando denunció el gravísimo delito de divulgación de secretos por la Fiscalía y el Gobierno, a cuenta de unas irregularidades fiscales de su novio, cuando aún no lo era, con el doble fin de calumniarla a ella y de tapar la imputación de Begoña. Hace sólo una semana, Lobezno se disfrazó de borreguito de Norit para que Pillafondos pudiera hundir la mano en sus blancos rizos y, jugando con la lana, no explicara su mala fama en la Asamblea de Madrid. No bastó para evitar su defenestración por Sánchez, así que se lanzó a contar el secreto de Polichinela: que La Moncloa le había filtrado esos datos, pero que, temiendo un origen delictivo, no los usó. Bueno, sí, pero sólo cuando le dijeron que venían de «los medios» se lanzó al cuello de la presidenta. Adiós dientes. ¿Y no sabía, ni siquiera sospechaba, que la fuente que le daba esos datos los filtraría a la radio amiga y a un medio estercolado? ¡Amos, quita, moscovita!

Lobato formó parte de la rehala de canis lupus que se lanzó a pedir la dimisión de Ayuso, como si hubiera participado del delito fiscal o se hubiera beneficiado del mismo, como tronó él en la Asamblea. El Señor Uno, despreciando a los votantes madrileños que le hemos dado la mayoría absoluta, lo hizo en el Congreso diciéndole a Feijóo que la echara del PP. El Oscargután y otros ungulados mugían y la Bruja Lola de Hacienda cazalleaba: «¡Tú, ojo! ¡Hay más!». Coces y rebuznos fundados en el delito de la Fiscalía y del Gobierno.

Pero Lobezno tenía dudas. Siete meses sufrió en silencio. Pero fue saber que la UCO había accedido al móvil de Alvarone y de la Fiscalía del cianuro y corrió a un notario «para asegurar lo que le habían dicho». Ya no bastaba que lo hubieran publicado los medios de su cuerda. Y ayer gemía que lo linchaban los suyos por obrar bien. Olvida que fue el primero en obrar mal. Y que Roma, o sea, Sánchez, paga traidores, no borreguitos. En el fondo, este esperpento prueba que el PSOE no tiene remedio. Tampoco la UGT, a cuyo aniversario fue Feijóo a conciliar y le conciliaron un merecidísimo bofetón. La izquierda es incapaz de reformarse y la derecha, de enterarse. Si no lo ficha el PP será porque el PSOE le ha prometido algo. Dominicano.

La comparecencia de Juan Lobato en la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó, punto por punto, la exclusiva que ofreció ABC sobre el acta notarial con los mensajes que se cruzó en marzo pasado con Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, mano derecha de Pedro Sánchez en La Moncloa. Lobato entregó las capturas de pantalla de su móvil con los mensajes, pero hizo algo más y muy importante: entregó voluntariamente al magistrado instructor su teléfono para que comprobase la autenticidad de las comunicaciones. Obviamente, la revisión de ese móvil puede arrojar más datos que los limitados a la conversación con Sánchez Acera.

Este acto de colaboración de quien compareció como testigo, refuerza el crédito de Lobato frente al PSOE y, sin duda alguna, entrega al juez la llave de La Moncloa para entrar a investigar en la Presidencia de Gobierno su relación con la filtración de correos del novio de Díaz Ayuso. Es comprensible, y técnicamente acertado, que el Colegio de la Abogacía de Madrid, institución de derecho público personada como acusación particular, haya pedido la declaración de Sánchez Acera como investigada, sin pasar por la condición previa de testigo. La colaboradora de Óscar López tiene una participación personal en unos hechos investigados como delito de revelación de secretos, por lo que debería de declarar con las garantías procesales de todo investigado, principalmente la asistencia de abogado y el derecho a guardar silencio. Otra cosa es que el juez acuerde también la entrega de su móvil, aunque el tiempo transcurrido desde sus comunicaciones con Lobato juegue en contra de la eficacia de esta prueba.

La cronología de los mensajes aportados por el exlíder socialista madrileño es expresiva, por sí sola, de una estrategia de revelación de secretos, en apariencia ilegal, impulsada directamente desde La Moncloa, en asociación con la Fiscalía General del Estado como fuente de información privilegiada. Esto es lo que se desprende de los mensajes cruzados por los fiscales implicados en el caso, y ya presentados por la Guardia Civil al instructor de la causa, a falta de saber qué contiene en su móvil el todavía fiscal general, Álvaro García Ortiz. Lobato ha aportado el eslabón que enlaza ambas instituciones, la Presidencia del Gobierno y la Fiscalía General, y lo que resta por investigar arrojará luz sobre quiénes fueron los directores últimos de esta maquinación institucional, cuyo finalidad era dañar política a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A estas alturas, ya se ha quedado caduco el discurso cansino del bulo, el fango y la «fachosfera» como réplica a las investigaciones judiciales que se aproximan inexorablemente a Pedro Sánchez. Pura palabrería de nula creatividad, eslóganes vacíos irrelevantes frente a una realidad que se está construyendo con pruebas, informes policiales y resoluciones judiciales, es decir, con las herramientas del Estado de derecho, en las que solo falta la actuación imparcial de la Fiscalía. El Ministerio Fiscal es el gran ausente –y, en ocasiones, el gran obstáculo– en este esfuerzo de los tribunales de Justicia por desentrañar la trama de corrupción desvelada por Aldama, la trama de negocios e influencias de Begoña Gómez y la trama de acoso maquinada por La Moncloa y la Fiscalía General. El PSOE y Sánchez están a la defensiva, han perdido la iniciativa y, sobre todo, carecen del control sobre los acontecimientos, es decir, el peor escenario para un político que sólo busca sobrevivir al día.