El Tribunal Supremo expulsa de la carrera al juez Estevill por prevaricación, apartándolo del Consejo General del Poder Judicial

El caso del juez Pascual Estevill se había convertido, por la tolerancia de unos y la impotencia de otros, en un escándalo de orden institucional. Que alguien sospechoso de ejercer la judicatura como mínimo a su antojo y probablemente en provecho propio, siguiera como si nada, formando parte del órgano de gobierno de los jueces, era algo difícilmente soportable para un Estado. que merezca tal nombre y una afrenta fiara los ciudadanos. Pero ni el Consejo del Poder Judicial, por causa de. su división interna, ni el Parlamento, por su manifiesta desidia, fueron capaces de acabar en su momento con esta vergüenza institucional.La primera virtud que cabe atribuir, pues, a la sentencia de la Sala Segunda del Supremo que condena al juez Pascual Estevill a seis años de suspensión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales es la de haber puesto fin a esta situación escandalosa. Su destitución era un imperativo ético, además de legal, que la comisión permanente del Consejo se ha apresurado a cumplimentar. Actuar de otro modo hubiera constituido un acto claro de connivencia y de amparo corporativos absolutamente condenables. El escándalo -uno más- habría sido mayúsculo.

Pero la decisión del Supremo ha tenido también otro efecto no menos importante: liberar a la judicatura de un caso paradigmático de lo que no debe ser un juez. Los hechos por los que ha sido condenado Pascual Estevill -prevaricación y detención ilegal- son los más antagónicos con la función de juzgar. Muestran de manera fehaciente el grave error que se cometió al permitir que este antiguo abogado, involucrado en oscuras operaciones financieras, accediera a la judicatura en su madurez por la vía del cuarto turno. La sentencia del Supremo deja claro lo que el abogado Pascual Estevill comenzó a hacer nada más transmutarse en juez: vulnerarlas derechos del justiciable, corvertir a su antojo a testigos en, imputados, echar mano sin razón alguna y de manera abusiva de la prisión preventiva… Es decir, todo lo contrario de lo que la Constitución manda hacer a un juez, que es tutelar los derechos de las personas. Al apartar a Pascual Estevill de la circulación judicial, el Supremo ha hecho algo elemental y digno de agradecer. Constituye un acto de estricta justicia con sus víctimas.

Pero cabe también una pregunta final: la suspension por seis años, ¿es una pena adecuada a los hechos que la sentencia declara probados? Si la ley no prevé castigos más severos para estas conductas, habrá que reformar la ley. Porque los ciudadanos no entenderán seguramente que un juez pueda enviar a alguien a la cárcel, a sabiendas de que su decisión es injusta, sin que con ello se juegue nada más que una suspensión temporal de su cargo.

Difícilmente cabe mayor ignominia en un juez que tomar decisiones injustas a sabiendas en el ejercicio de su cargo. Y peor aún si éstas llevan a prisión a personas inocentes. Exactamente por esto -por prevaricación continuada y detención ilegal- ha condenado el Tribunal Supremo al juez Pascual Estevill a seis años de suspensión para ejercer como juez o magistrado y funciones análogas, así como a pagar una indemnización de 11 millones de pesetas. Ha sido la primera sentencia firme del rosario de causas que este personaje tiene abiertas. La condena hizo ayer a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destituir a Estevill como vocal. Esto fue aprovechado por Pascual Sala para lanzar dardos envenenados contra el sector conservador, que hasta ahora había impedido la destitución del juez. La lección que brinda este caso es la necesidad de hacer una reforma legislativa que obligue a los miembros del CGPJ implicados en causas judiciales a cesar en el cargo mientras dure su juicio.

LA CONDENA del juez Pascual Estevill y su obligada expulsión del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) han dejado en muy mal lugar a quienes le propusieron para este cargo y le mantuvieron en él contra viento y marea cuando había razones más que suficientes para haberlo destituido. Pero en lugar de reconocer el error cometido, sus padrinos y defensores han pretendido ocultarlo o diluir responsabilidades.Convergéncia i Unió, formación política que propuso en 1994 al entonces juez Pascual Estevill como vocal del Poder Judicial, ha optado por repartir las culpas entre todas las fuerzas parlamentarias. Pero si alguien debe asumir las responsabilidades por aquella decisión tan disparatada es, en primer lugar, CiU. Pascual Estevill era su candidato dentro del nefasto sistema de cuotas con el que los partidos han pervertido la elección parlamentaria de los vocales del Consejo.

Pujol dice ahora que el resto de los partidos podrían haber bloqueado ese nombramiento. Todos los partidos que participaron en la renovación del Consejo votaron en bloque a todos los candidatos previamente consensuados. Pero ¿cómo habría reaccionado CiU si le hubiesen tirado por tierra a su candidato y negado su parte alícuota de influencia en el órgano de gobierno de los jueces? Sus dirigentes, con Pujol a la cabeza, habrían puesto el grito en el cielo.

Pujol no ha explicado por qué la coalición que dirige propuso para vocal del Consejo Judicial a un antiguo abogado de inquietante trayectoria profesional, convertido en su madurez en un juez de perfiles aún más inquietantes. Ésa es una explicación que se sigue echando en falta por su parte y que no puede descargar sobre otros. Más aún cuando en el momento de proponerle como candidato ya tenía abierto un sumario por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, causa por la que acaba de condenarlo el Supremo. CiU lo presentó a pesar incluso del rechazo mostrado en medios empresariales de Barcelona que ya habían sido víctimas de las prácticas de extorsión de este juez. Duran i Lleida reconoció ayer que la propuesta de nombrar a Pascual Estevill fue un error. Algo es algo. Pero además de reconocer el error habría que explicar por qué se cometió.

Parecida actitud esquiva -como si el asunto no fuera con ellos- ha tenido el sector -del CGPJ que ha permitido que Estevill formara parte de esta institución más tiempo del debido. El todavía vicepresidente del Poder Judicial, José Luis Manzanares, abanderado de la minoría de vocales conservadores que hizo causa común con Pascual Estevill en contra de su destitución como vocal, ha optado esta vez por el silencio. Lo mismo ha hecho la ex, vocal del Consejo y actual ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, firme defensora también de Pascual Estevill. En el caso de Manzanares esa actitud podría incluso ser tenida por prudente en alguien dado a la facundia verbal y a las declaraciones incendiarias sobre la responsabilidad de los políticos. Pero en esta ocasión su deber como el de Mariscal de Gante- era dar alguna explicación. No la han dado. Y mucho menos ha habido el menor atisbo de autocrítica por parte de estos dos antiguos compañeros de Estevill en el Consejo. Su fulminante destitución tras la condena del Supremo no basta para saldar lenidades anteriores frente a quien estaba procesado por prevaricación y había realizado serios intentos de prevalerse de su cargo de vocal en provecho propio.

Unos y otros -CiU, por proponer a Pascual Estevill como vocal, y el grupo de vocales que le han defendido a ultranza- deben todavía una explicación a los ciudadanos sobre su comportamiento en un asunto que ha causado un serio deterioro institucional. No es de recibo que traten de diluir en los demás las responsabilidades propias.