4 julio 1996
Ordenó encarcelamientos contra Joaquín Modesto González Mestre, Pedro Olabarria y Luis Fernando Romero, a pesar de que no había el más leve indicio de cargo contra ellos
El Tribunal Supremo expulsa de la carrera al juez Estevill por prevaricación, apartándolo del Consejo General del Poder Judicial
Hechos
- El 4.07.1996 se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al juez D. Luis Pascual Estevill (vocal del CGPJ) a 6 años de cárcel por prevaricación en una sentencia dictada por los jueces D. José Augusto de Vega, D. Joaquín Delgado y Sr. Martínez Pereda.
Lecturas
El 4 de julio de 1996, la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó al magistrado Luis Pascual Estevill a seis años de suspensión del ejercicio de funciones judiciales por un delito continuado de prevaricación en concurso con dos delitos de detención ilegal, al considerar probado que había ordenado arbitrariamente el encarcelamiento de tres empresarios en septiembre de 1994. Los perjudicados fueron Joaquín Modesto González Mestre, Pedro Olabarría y Luis Fernando Romero, que permanecieron 52 horas en la prisión Modelo de Barcelona como consecuencia de una querella presentada por Banesto, entidad presidida por Alfredo Sáenz Abad, por presuntas irregularidades financieras. La acusación sostenía que detrás de aquellas decisiones judiciales existía una antigua venganza personal. Enrique Marugán y Lorenzo Rosal Bertrand, vinculados al grupo empresarial de Olabarría, habían mantenido relaciones profesionales con Estevill cuando este ejercía como asesor jurídico y financiero del grupo Bertrand durante los años setenta. Según los testimonios, Marugán había propiciado la salida de Estevill de aquella empresa después de unas operaciones financieras ruinosas, privándole de una remuneración que oscilaba entre 700.000 y 900.000 pesetas mensuales. Marugán y Rosal figuraban inicialmente como testigos en la causa promovida por Banesto, pero el magistrado los convirtió en imputados, extendiendo las actuaciones judiciales a personas contra las que no existían indicios suficientes. Para el fiscal, Estevill había aprovechado el procedimiento contra aquel círculo empresarial para ajustar cuentas con quienes consideraba responsables de su antiguo despido. Sin embargo, el Tribunal Supremo, aunque declaró ilegales las decisiones judiciales y condenó al magistrado, no consideró suficientemente acreditado el móvil concreto de la venganza. La sentencia impuso asimismo indemnizaciones por un total de 11 millones de pesetas a los perjudicados. El fallo no condenaba al presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, cuya eventual responsabilidad en la presentación de la querella constituía una cuestión distinta. Tampoco cerraba los problemas judiciales de Estevill, investigado en otros procedimientos por presuntos sobornos y extorsiones a empresarios, algunos de ellos relacionados con el abogado barcelonés Joan Piqué Vidal, conocido por su vinculación profesional con el entorno de Jordi Pujol durante el caso Banca Catalana.
LOS JUECES DEL CASO:
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MESES DE ENFRENTAMIENTOS EN EL CGPJ
La condena provocó una crisis institucional porque Estevill seguía siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que había accedido en noviembre de 1994 a propuesta de Convergència i Unió, la formación presidida por Jordi Pujol. Durante meses, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Pascual Sala Sánchez, había reclamado su destitución ante la gravedad de las acusaciones, pero sus iniciativas habían tropezado con la resistencia de un sector conservador encabezado por el vicepresidente José Luis Manzanares Samaniego, al que se habían sumado Andrés de la Oliva Santos y Margarita Mariscal de Gante y Mirón, esta última ya convertida en ministra de Justicia del Gobierno de José María Aznar. Sus defensores alegaban que las investigaciones pendientes no constituían por sí solas causa legal suficiente para destituir a un vocal y que debía respetarse su presunción de inocencia. La controversia había alcanzado su momento más delicado en febrero de 1996, cuando el vocal Gregorio García Ancos denunció que Estevill le había ofrecido conseguir un empleo estable para uno de sus hijos en La Caixa, en un plazo de 48 horas, a cambio de que no votara a favor de su cese. García Ancos rechazó el ofrecimiento, que también fue denunciado públicamente por el vocal Ignacio Sierra, mientras Estevill negó haber intentado comprar su voto. El 20 de marzo de 1996, nueve vocales votaron a favor de destituirlo, cinco lo hicieron en contra y otros dos se abstuvieron, sin alcanzar la mayoría exigida de once votos, por lo que Estevill pudo permanecer en el cargo. El Consejo remitió a la Fiscalía la denuncia sobre el presunto ofrecimiento, sin que ello supusiera que el soborno hubiera quedado judicialmente acreditado. Finalmente, la sentencia del Supremo del 4 de julio hizo inevitable su salida y la Comisión Permanente del CGPJ acordó apartarlo de sus funciones. Pascual Sala lamentó públicamente las resistencias que habían impedido resolver antes aquella situación, mientras Manzanares, aunque defendió su interpretación jurídica, reconoció que Estevill nunca debió formar parte del Consejo. La caída del magistrado no ponía fin al escándalo: continuaban abiertas investigaciones por presuntos delitos de cohecho, extorsión, irregularidades fiscales y movimientos de fondos en cuentas suizas, que hasta entonces se habían tramitado ante el Tribunal Supremo por su condición de aforado. La condena planteaba así una cuestión que trascendía las actuaciones del propio Estevill: cómo un juez que había cometido delitos en el ejercicio de su cargo había conseguido incorporarse al órgano encargado de gobernar la judicatura y permanecer en él hasta que una sentencia penal hizo insostenible su continuidad.
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EL BANQUERO ALFREDO SAENZ EN ENTREDICHO
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JAVIER NART ASEGURA QUE CiU LLEVÓ A ESTEVILL A CGPJ CUANDO SE SABÍA QUE ERA CORRUPTO
En la tertulia del 8.07.1996 de ‘Protagonistas’ en ONDA CERO, el tertuliano y abogado D. Javier Nart intervino para asegurar que CiU (que propuso el nombramiento del Sr. Estevill) y el PP que lo apoyó no podían decir que desconocían l
05 Julio 1996
Mal juez, buen juicio
El caso del juez Pascual Estevill se había convertido, por la tolerancia de unos y la impotencia de otros, en un escándalo de orden institucional. Que alguien sospechoso de ejercer la judicatura como mínimo a su antojo y probablemente en provecho propio, siguiera como si nada, formando parte del órgano de gobierno de los jueces, era algo difícilmente soportable para un Estado. que merezca tal nombre y una afrenta fiara los ciudadanos. Pero ni el Consejo del Poder Judicial, por causa de. su división interna, ni el Parlamento, por su manifiesta desidia, fueron capaces de acabar en su momento con esta vergüenza institucional.La primera virtud que cabe atribuir, pues, a la sentencia de la Sala Segunda del Supremo que condena al juez Pascual Estevill a seis años de suspensión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales es la de haber puesto fin a esta situación escandalosa. Su destitución era un imperativo ético, además de legal, que la comisión permanente del Consejo se ha apresurado a cumplimentar. Actuar de otro modo hubiera constituido un acto claro de connivencia y de amparo corporativos absolutamente condenables. El escándalo -uno más- habría sido mayúsculo.
Pero la decisión del Supremo ha tenido también otro efecto no menos importante: liberar a la judicatura de un caso paradigmático de lo que no debe ser un juez. Los hechos por los que ha sido condenado Pascual Estevill -prevaricación y detención ilegal- son los más antagónicos con la función de juzgar. Muestran de manera fehaciente el grave error que se cometió al permitir que este antiguo abogado, involucrado en oscuras operaciones financieras, accediera a la judicatura en su madurez por la vía del cuarto turno. La sentencia del Supremo deja claro lo que el abogado Pascual Estevill comenzó a hacer nada más transmutarse en juez: vulnerarlas derechos del justiciable, corvertir a su antojo a testigos en, imputados, echar mano sin razón alguna y de manera abusiva de la prisión preventiva… Es decir, todo lo contrario de lo que la Constitución manda hacer a un juez, que es tutelar los derechos de las personas. Al apartar a Pascual Estevill de la circulación judicial, el Supremo ha hecho algo elemental y digno de agradecer. Constituye un acto de estricta justicia con sus víctimas.
Pero cabe también una pregunta final: la suspension por seis años, ¿es una pena adecuada a los hechos que la sentencia declara probados? Si la ley no prevé castigos más severos para estas conductas, habrá que reformar la ley. Porque los ciudadanos no entenderán seguramente que un juez pueda enviar a alguien a la cárcel, a sabiendas de que su decisión es injusta, sin que con ello se juegue nada más que una suspensión temporal de su cargo.
05 Julio 1996
La condena de Estevill y la condena del CGPJ
Difícilmente cabe mayor ignominia en un juez que tomar decisiones injustas a sabiendas en el ejercicio de su cargo. Y peor aún si éstas llevan a prisión a personas inocentes. Exactamente por esto -por prevaricación continuada y detención ilegal- ha condenado el Tribunal Supremo al juez Pascual Estevill a seis años de suspensión para ejercer como juez o magistrado y funciones análogas, así como a pagar una indemnización de 11 millones de pesetas. Ha sido la primera sentencia firme del rosario de causas que este personaje tiene abiertas. La condena hizo ayer a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destituir a Estevill como vocal. Esto fue aprovechado por Pascual Sala para lanzar dardos envenenados contra el sector conservador, que hasta ahora había impedido la destitución del juez. La lección que brinda este caso es la necesidad de hacer una reforma legislativa que obligue a los miembros del CGPJ implicados en causas judiciales a cesar en el cargo mientras dure su juicio.
10 Julio 1996
Explicación pendiente
LA CONDENA del juez Pascual Estevill y su obligada expulsión del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) han dejado en muy mal lugar a quienes le propusieron para este cargo y le mantuvieron en él contra viento y marea cuando había razones más que suficientes para haberlo destituido. Pero en lugar de reconocer el error cometido, sus padrinos y defensores han pretendido ocultarlo o diluir responsabilidades.Convergéncia i Unió, formación política que propuso en 1994 al entonces juez Pascual Estevill como vocal del Poder Judicial, ha optado por repartir las culpas entre todas las fuerzas parlamentarias. Pero si alguien debe asumir las responsabilidades por aquella decisión tan disparatada es, en primer lugar, CiU. Pascual Estevill era su candidato dentro del nefasto sistema de cuotas con el que los partidos han pervertido la elección parlamentaria de los vocales del Consejo.
Pujol dice ahora que el resto de los partidos podrían haber bloqueado ese nombramiento. Todos los partidos que participaron en la renovación del Consejo votaron en bloque a todos los candidatos previamente consensuados. Pero ¿cómo habría reaccionado CiU si le hubiesen tirado por tierra a su candidato y negado su parte alícuota de influencia en el órgano de gobierno de los jueces? Sus dirigentes, con Pujol a la cabeza, habrían puesto el grito en el cielo.
Pujol no ha explicado por qué la coalición que dirige propuso para vocal del Consejo Judicial a un antiguo abogado de inquietante trayectoria profesional, convertido en su madurez en un juez de perfiles aún más inquietantes. Ésa es una explicación que se sigue echando en falta por su parte y que no puede descargar sobre otros. Más aún cuando en el momento de proponerle como candidato ya tenía abierto un sumario por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, causa por la que acaba de condenarlo el Supremo. CiU lo presentó a pesar incluso del rechazo mostrado en medios empresariales de Barcelona que ya habían sido víctimas de las prácticas de extorsión de este juez. Duran i Lleida reconoció ayer que la propuesta de nombrar a Pascual Estevill fue un error. Algo es algo. Pero además de reconocer el error habría que explicar por qué se cometió.
Parecida actitud esquiva -como si el asunto no fuera con ellos- ha tenido el sector -del CGPJ que ha permitido que Estevill formara parte de esta institución más tiempo del debido. El todavía vicepresidente del Poder Judicial, José Luis Manzanares, abanderado de la minoría de vocales conservadores que hizo causa común con Pascual Estevill en contra de su destitución como vocal, ha optado esta vez por el silencio. Lo mismo ha hecho la ex, vocal del Consejo y actual ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, firme defensora también de Pascual Estevill. En el caso de Manzanares esa actitud podría incluso ser tenida por prudente en alguien dado a la facundia verbal y a las declaraciones incendiarias sobre la responsabilidad de los políticos. Pero en esta ocasión su deber como el de Mariscal de Gante- era dar alguna explicación. No la han dado. Y mucho menos ha habido el menor atisbo de autocrítica por parte de estos dos antiguos compañeros de Estevill en el Consejo. Su fulminante destitución tras la condena del Supremo no basta para saldar lenidades anteriores frente a quien estaba procesado por prevaricación y había realizado serios intentos de prevalerse de su cargo de vocal en provecho propio.
Unos y otros -CiU, por proponer a Pascual Estevill como vocal, y el grupo de vocales que le han defendido a ultranza- deben todavía una explicación a los ciudadanos sobre su comportamiento en un asunto que ha causado un serio deterioro institucional. No es de recibo que traten de diluir en los demás las responsabilidades propias.
El Análisis
El juez que nunca debió llegar al CGPJ
La condena de Luis Pascual Estevill plantea un interrogante que va mucho más allá de sus seis años de suspensión: ¿cómo es posible que, entre tantos juristas y magistrados españoles, Convergència i Unió eligiera precisamente a este hombre para representar su propuesta en el Consejo General del Poder Judicial? La pregunta resulta especialmente inquietante porque las prácticas que ahora condena el Tribunal Supremo se produjeron antes de su nombramiento en noviembre de 1994. Cabe preguntarse si Estevill fue designado pese a unos comportamientos que sus promotores desconocían o si su particular manera de ejercer la autoridad judicial le había proporcionado apoyos en determinados círculos políticos y empresariales. La segunda hipótesis es demasiado grave para darla por demostrada sin pruebas, pero la primera tampoco exime a sus patrocinadores de explicar qué comprobaciones realizaron antes de elevarlo a una institución encargada de velar por la independencia de los jueces. Jordi Pujol y los responsables de CiU deben una explicación política, como también la deben quienes contribuyeron a mantenerlo en el cargo cuando las denuncias ya eran públicas. El vicepresidente José Luis Manzanares, Andrés de la Oliva y la actual ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se opusieron a su destitución, enfrentándose al presidente Pascual Sala, que reclamaba apartarlo para proteger el prestigio institucional del Consejo. Es cierto que la presunción de inocencia constituye una garantía indispensable y que no puede destituirse a un vocal simplemente porque resulte políticamente incómodo. Pero también es cierto que el gobierno de los jueces necesita una credibilidad incompatible con la tolerancia indefinida de comportamientos que suscitan sospechas tan graves.
La paradoja es todavía mayor al recordar que Estevill participaba en decisiones sobre la independencia de otros magistrados: cuando Marino Barbero, instructor del caso Filesa, solicitó amparo frente a las críticas del presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Estevill votó a favor de concedérselo. Quien ahora ha sido condenado por vulnerar los derechos de ciudadanos privados de libertad intervenía, al mismo tiempo, en la defensa institucional de las garantías judiciales. Y la sentencia del 4 de julio no pone fin a sus problemas: permanecen abiertas investigaciones por presuntos sobornos, actuaciones relacionadas con el abogado Joan Piqué Vidal, irregularidades fiscales y operaciones financieras en Suiza. El escándalo no consiste solamente en que un juez haya cometido delitos, sino en que las instituciones encargadas de controlar a la judicatura hayan sido incapaces de impedir que ese mismo juez llegara a gobernarla. La pregunta más incómoda ya no es qué hizo Estevill, sino quiénes lo promovieron, qué sabían de sus actuaciones y por qué lo protegieron durante tanto tiempo.
JF