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JUICIO AL ANTENICIDIO DE 1994

El Tribunal Supremo sentencia que la absorción de la Cadena ANTENA 3 RADIO por parte de la Cadena SER fue ilegal

HECHOS

El 12.06.2000 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anulaba el acuerdo del Consejo de Ministros de 1994 que permitió la absorción de la  Cadena ANTENA 3 RADIO por parte de la Cadena SER en Unión Radio.

SENTENCIA CONTRA EL ANTENICIDIO

El Tribunal Supremo sentencia el 12 de junio de 2000 que la unificación de la gestión de las 344 emisoras emisoras procedentes de la Cadena SER propiedad de D. Jesús Polanco Gutiérrez y la Cadena Antena 3 Radio (ahora Sinfo Radio) de D. Javier Godó Muntañola en mayo de 1994 constituyendo Unión Radio en mayo de 1994 incumplía la norma que prohibía que una persona física o jurídica no pueda disponer de más del 50% de concesiones que coincidan en su ámbito de cobertura ni más de cinco concesiones en un mismo ámbito. El diario El Mundo y los locutores de la cadena COPE D. Luis Herrero-Tejedor Algar y D. Federico Jiménez Losantos presentan en sus medios la sentencia no como algo referido a la concentración de emisoras de mayo de 1994, sino a los cambios de propiedad de las acciones de junio 1992, presentándolo como una censura

  La Sentencia es relativa  la orden del Consejo de Ministros de 1994 que autorizaba a que las empresas propietarias de la Cadena SER (líder en Onda Media) y Cadena Antena 3 Radio (líder en Frecuencia Modulada) que ya compartían accionistas desde 1992 (Grupo PRISA y Grupo Godó) para creación de Unión Radio. Presidía el Consejo de Ministros D. Felipe González Márquez y responsable del Tribunal de Defensa de la Competencia que dio visto bueno a la operación, D. Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ambos considerados próximos a PRISA.

13 Junio 2000

UNA SENTENCIA HISTORICA CONTRA LOS MONOPOLIOS INFORMATIVOS

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

El antenicidio, como se conoció la ocupación de Antena 3 de Radio por el grupo Prisa y su subsiguiente desaparición, tras el pacto de los editores entre Polanco y Godó, ha recibido al fin la respuesta judicial que un puñado de profesionales ha perseguido durante años. Deberá ser corregida la merma de la pluralidad informativa y de la libertad de expresión que supuso aquella adquisición de hecho de la primera cadena de radio por la que entonces era la segunda. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comunicaba ayer su fallo a los periodistas que recurrieron contra la decisión del Gobierno felipista, en mayo de 1994, de legalizar la concentración de Antena 3 y la Ser dentro de Unión Radio. Ese acuerdo del Consejo de Ministros ha quedado anulado por no ser conforme a Derecho, dentro de una sentencia ejemplar que denuncia cómo la desaparición de Antena 3 mermó la libertad de expresión en España.

Hace ocho años, el grupo de Polanco acudió en auxilio del conde de Godó, en minoría, tras adquirir una participación en la empresa. Ese respaldo desembocó en la integración de Antena 3 en el grupo Prisa. La situación de hecho se convirtió un año más tarde en una concentración notificada al Gobierno y concedida bajo la condición de que el grupo Unión Radio se desprendiese de algunas emisoras y de algunos asociados. Pero nueve periodistas, encabezados por Antonio Herrero, encomendaron al letrado Felipe Arrizubieta que denunciase a Prisa por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia, a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y al Tratado de Roma.

Tras un larguísimo y arduo recorrido, el procedimiento desemboca en esta sentencia de 42 folios en la que se da la razón a los recurrentes, no tanto por las infracciones a la competencia en el mercado, sino porque el Supremo ha estimado que los leoninos acuerdos por los que se cedía toda la gestión de Antena 3 a Prisa desembocan en «la asunción (…) del poder de control en la toma de decisiones de una y otra». Es decir: como si Polanco fuese el dueño real de Antena 3, aunque formalmente no lo sea. Y una concentración así, en el terreno de los medios de comunicación, no es que conculque ya el orden económico, sino «el orden político y (…) los principios básicos de una sociedad democrática», que deben ser preservados «con carácter prioritario». Afirma la sentencia: «Así como en otros ámbitos los principios del sistema económico no exigen necesariamente una pluralidad de operadores (…), en el que nos ocupa la restricción de su número acarrea el riesgo de menoscabar el pluralismo político y, con ello, la base misma del Estado democrático».

Quedan acreditadas, con esta histórica decisión judicial y con la reciente solicitud por el Servicio de Defensa de la Competencia de multas a Prisa y Godó por sus dos años de concentración de hecho entre 1992 y 1994, dos afirmaciones que EL MUNDO viene haciendo. Una, que Prisa ha adquirido posiciones monopolísticas, vulnerando la ley de la competencia -y, por cierto, tenemos un nuevo ejemplo reciente- e incluso los preceptos constitucionales sobre pluralidad informativa. La otra, que para hacerlo logró la complicidad activa del Gobierno de Felipe González, que le favorecía a cambio de apoyo editorial, que el pacto trasladó a otros medios.

Sólo en un contexto como el de 1993-94 se entiende el irregular visto bueno gubernamental a aquella abusiva concentración: firme respaldo del pacto a González en las disputadas elecciones de 1993; máxima tensión política en tiempos del «váyase, señor González». El Consejo de Ministros que (a propuesta del Tribunal de Defensa de la Competencia presidido por M.A. Fernández Ordóñez, hoy, cómo no, en la nómina de Prisa) sancionó el antenicidio se reunía a las tres semanas de la huida de Roldán, y justo después de descubrirse la cuenta bancaria secreta de Mariano Rubio. Tampoco se puede hacer abstracción en este contexto de episodios como los ingentes créditos FAD a Eductrade, empresa de Polanco…

Todo demuestra que el imperio mediático que hoy sale a Bolsa se ha construido, no sólo sobre el acierto de sus gestores y el talento de sus profesionales, sino sobre la ayuda de un Gobierno impregnado de corrupción.

Pero al fin tenemos una sentencia esclarecedora y unánime, firmada incluso por jueces con antecedentes felipistas como el ex ministro Fernando Ledesma y el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eladio Escusol. La Justicia es lenta: Antonio Herrero no vive ya… La única compensación a la lentitud sería la efectividad, el restablecimiento del pluralismo. Al actual Gobierno corresponde velar por la ejecución de la sentencia. Los 90 postes emisores de Antena 3 deben ser gestionados de forma totalmente -y no sólo aparentemente: estamos en una situación Microsoft…- independiente de Prisa y de la Ser.

La Comisión del Mercado de Valores tiene también la obligación de exigir que esta sentencia se incluya en el folleto de salida a Bolsa de Prisa como «hecho relevante», ya que afecta a los activos del grupo. Afecta, de hecho, a ocho años de historia de Prisa, de liderazgo de la Ser logrado por la liquidación de Antena 3, y que ha generado beneficios de miles de millones.

13 Junio 2000

Un cadáver exquisito

Luis Herrero-Tejedor

El Tribunal Supremo acaba de exhumar el cadáver de Antena 3. En una especie de autopsia retrospectiva los magistrados forenses han concluido que la muerte no le sobrevino por causas naturales, sino a consecuencia de una trapera puñalada inconstitucional. El fallo (todo acierto tardío lo es) no sirve para reanimar al muerto, por mucho que consuele la sed de justicia de sus deudos, pero debería servir para condenar a los antenicidas que segaron aquel espacio de libertad a golpe de talonario. El dinero suele ser más letal que el cianuro.

En realidad, eso es lo que ocurrió. El grupo Prisa, dueño de la Ser, aprovechó la conjunción astral de junio del 92 para neutralizar a la cadena que le había arrebatado el liderazgo por el expeditivo procedimiento de comprarla. Lo que los chicos de la casa Prisa no pudieron conseguir en la libre competencia del mercado lo obtuvo Polanco a golpe de talonario en uno de los más flagrantes atentados al pluralismo informativo que se cometieron durante la larga agonía del felipismo.

Lo peor de los recuerdos no son los costurones que dejan en la piel, sino la siniestra colección de monstruos fantasmales que convocan. En este caso, la lista es casi interminable. González, cianótico perdido, ya había descubierto para entonces que su poder se evaporaba vertiginosamente por cada respiradero de libertad que conseguía abrirse un hueco en el paisaje informativo. Ni un sólo minuto dejó de trabajar en la tarea de ocluir todos los que pudo. En el caso de Antena 3, Godó fue su cómplice necesario. No aguantó la presión persuasiva del poder político (los tejados de cristal no están diseñados para soportar mucho peso) y vendió su única aportación al condado familiar, la única no heredada, a cambio de impunidad. Asensio, en su papel favorito de caballo de Troya, metió al felipismo en la única televisión que en aquella época no estaba arrodillada ante el dios de la Moncloa. La operación la financió Mario Conde, con dinero que después repusimos todos los contribuyentes al Banesto de la bancarrota a través del Fondo de Garantía de Depósitos, a cambio de retrasar su expulsión del sistema financiero un par de años. Conde creyó que compraba también la impunidad, como su tocayo en minúscula, pero sólo compró tiempo y dosis ingentes de ignominia. Polanco, González, Godó, Conde y Asensio sólo son los actores principales del antenicidio. La lista de los secundarios es demasiado larga y, a lo peor, cabe decir de ellos que tienen la disculpa de la obediencia debida.

El dragón de las dos cabezas, Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión, fue sucesivamente descerebrado en un plazo de siete días por sendos golpes del felipismo, dando paso a la época más lúgubre, o lo que es lo mismo, menos plural, de la historia del periodismo en la democracia. Nunca hubo tanto poder concentrado en tan pocas manos. Al poco tiempo, menos de un año después, el pacto de los editores hizo aflorar a la superficie el móvil del crimen. Se reunieron en la Fundación Santillana, cuartel general de Polanco, además del anfitrión, Conde, Godó y Asensio. En vísperas de las elecciones del 93, los cuatro editores pactaron poner todo el poder mediático que controlaban (menos EL MUNDO y la Cope, casi todo) al servicio de la victoria de Felipe González. No importó mucho que aquella conspiración trascendiera. Ninguno de los controles del sistema hizo el menor gesto de actuar: ni el Tribunal de la Competencia, ni el custodio de la ley -en ninguna de sus versiones judiciales o administrativas-, ni la oposición política, todavía con el póster de Aznar en la rampa de lanzamiento.

Antena 3 Radio significó un modelo hasta entonces inédito de organización del trabajo periodístico. Se abrieron espacios de libertad no necesariamente coordinados entre sí; pequeñas o grandes praderas de libertad donde pastaban periodistas asilvestrados; bocanadas de aire nuevo, lejano a lo políticamente correcto, que supieron satisfacer la demanda de millones de ciudadanos que ejercitaban diariamenteel derecho inalienable a cambiar de dial. Ese es el derecho fundamental que se llevó por delante el antenicidio: no el de unos pocos periodistas empeñados en contar las cosas tal y como las veían, sino el derecho de los oyentes a elegir una radio distinta. En eso consistía, y no en otra cosa, el tan traído y llevado espíritu de Antena 3 que luego esgrimieron algunos apócrifos. Mal puede encarnar aquel espíritu quien gasta dinero a mansalva para comprar medios independientes y periodistas incontrolados o quien acepta el encargo de hacer empresa a cambio de dimitir como persona.

Pertenezco al grupo de periodistas que impugnó ante los tribunales el antenicidio. Lo hicimos con la certeza -Jiménez Losantos lo dejó escrito en una columna de 1994- de que en un par de años algún juez declararía que lo que hicieron González y Polanco era ilegal, sobrepujando el refranero temor de que «a burro muerto, la cebada al rabo». Nos equivocamos en lo primero (no fueron dos años, sino más de seis) y creo que pecamos de optimismo en lo segundo. A pesar de todo, permítanme que hoy levante mi copa por aquel cadáver exquisito.

14 Junio 2000

Polancofilia

Federico Jiménez Losantos

La sentencia del Supremo contra el antenicidio representa un espaldarazo, sin duda involuntario y forzado por la clamorosa evidencia del delito, para los que en un momento de nuestras vidas identificamos nuestra tarea profesional dentro del periodismo como una trinchera desde la que se defendían las libertades cívicas frente al despotismo felipista. Que no era exagerada la pretensión lo prueba que nos costó a todos quedarnos en la calle y perder posiciones de cierto privilegio que en algún caso se han recuperado y acrecentado, pero en la mayor parte, no. Lo que el imperio polanquista llamaba el «sindicato del crimen» es casi un cementerio. Eso sí, de «cadáveres exquisitos», como llamaba aquí ayer Luis Herrero a la propia Antena 3. El triunfo del polanquismo, en ese sentido, ha sido total.

No hace falta decir que ese triunfo lo ha conseguido esencialmente desde las posiciones de ventaja empresarial que le otorgaron los sucesivos gobiernos socialistas a cambio de su complicidad en el encubrimiento de un sinfín de delitos. Pero se debe añadir que lo que remató el espíritu de Antena 3, que como bien decía Luis fue esencialmente el de la libertad asilvestrada, incontrolada, desmandada y anárquica, fue la política de dispersión dictada por Aznar contra esos profesionales. Es verdad que defendíamos básicamente nuestra libertad y con ella la de la sociedad española para informarse, pero fuimos machacados porque también defendíamos la necesidad de la salida del poder de González y la alternativa del PP, pinza con IU incluida. La forma de agradecer esa ayuda objetiva e inestimable, que legitimó a una derecha sin crédito, fue la doctrina de que no había nada que agradecer. Al revés, que convenía dispersar a los independientes recalcitrantes.

El trato personal de Aznar suele ser deferente y amable, afectuoso cuanto esporádico. Pero su política de comunicación, marcada por el nefasto Rodríguez, ha sido implacable. Y la clave, paradójicamente, es la polancofilia, es decir, la búsqueda de un Polanco para amaestrar a la derecha. Asensio y Villalonga han sido sus calamitosas apuestas. Y entre lo que le juntó el PSOE a Polanco y lo que estos dos han comprado con el PP, están dejando la comunicación española como un solar. Dicen que quieren «hacer empresas» de comunicación, pero sin periodistas con ideas propias. Así encadenan pelotazos de golfos sin principios. Un símbolo: la plana mayor de Antena 3 TV reclutada por Villalonga la componían exactamente los mismos que ayudaron a Conde y Asensio a liquidar la Antena 3 de Martín Ferrand. En ese campo no hay bajas. En los medios públicos, tampoco: felipistas reconvertidos y poco más. Sólo Polanco sobrevive a la polancofilia del PP. Natural.

18 Octubre 2002

Sordera judicial

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

Recientes disposiciones del Gobierno, y una sentencia del Supremo respecto a la concentración empresarial entre la cadena SER y Antena 3 Radio, han puesto de actualidad el maremágnum normativo en el que se desenvuelve la actividad de los medios audiovisuales españoles. Hace ya ocho años que el Consejo de Ministros autorizó la concentración de la SER y Antena 3 Radio en los términos recomendados por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Dicha autorización no era preceptiva, pues se trataba de una operación voluntariamente notificada por las partes, y quedó condicionada a una serie de medidas tendentes a salvaguardar la competencia en el sector. Estas condiciones fueron cumplidas en todos sus términos por las empresas afectadas y otros grupos imitaron más tarde el modelo.

Pese a ello, el Tribunal Supremo anuló en junio de 2000 el acuerdo del Consejo de Ministros, mediante una sentencia que interpretaba rocambolescamente la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Dicha sentencia, cuya ejecución ordenó la semana pasada en un auto no menos pintoresco, establece unas limitaciones a la gestión de las empresas radiofónicas e informativas que van contra la actual tendencia de la actividad empresarial en todos los ámbitos de la economía, pero también contra el sentido común y la tutela de derechos fundamentales protegidos en nuestra Constitución.

La década de los noventa será recordada en el mundo de los negocios por los procesos de concentración en busca de una mayor eficiencia. Este proceso de adecuación a la realidad global de los mercados no ha pesado en el ánimo de la sección juzgadora, que preside el ex ministro socialista Fernando Ledesma, devenido así, paradójicamente, en censor de la actividad del último Gabinete de Felipe González. Merece la pena destacar esto, habida cuenta de las presiones mediáticas ejercidas en torno al caso por un grupo de columnistas y tertulianos, adictos al poder cuando el poder les favorece, que se erigieron en demandantes contra el Gobierno. Es como si sus opiniones, no precisamente desinteresadas, hubieran influido más en los jueces que la inseguridad jurídica que genera su decisión. La noticia de que una concentración aprobada por el Gobierno siguiendo un dictamen del Tribunal de la Competencia puede ser anulada ocho años después amenaza con desanimar a muchos inversores que ya saben para qué vale pedir permiso a la autoridad competente en materia de concentraciones o fusiones.

La SER y Antena 3 Radio se vieron obligadas por el Consejo de Ministros a vender 17 emisoras, se desprendieron de activos, tuvieron que modificar multitud de contratos con terceros y se sometieron a un proceso de reestructuración cuyos costes asumieron íntegramente. La anulación de esta autorización concede a las empresas afectadas derecho a reclamar cuantiosas indemnizaciones, que habrán de ser sufragadas con cargo a los contribuyentes. Pero la reparación económica, por importante que sea, nunca sanará el daño infligido a las instituciones y a la confianza empresarial. Tampoco evitará la sospecha respecto a los motivos por los que hoy se permite a los competidores prácticas idénticas a las que se prohíben a la SER.

Desde 1994 hasta ahora el mapa de la radio en España ha cambiado radicalmente. El dial se ha visto incrementado con 18 frecuencias nacionales de radio digital y con la concesión de 350 nuevas emisoras de FM, de las que la SER y Antena 3 fueron prácticamente excluidas, habida cuenta de que ya se les había autorizado la concentración. Mientras, crecía el emporio de las radios públicas y florecían más de 300 emisoras ilegales toleradas. Por eso sonroja la mera suposición de que el pluralismo informativo se haya visto amenazado por la concentración un día autorizada y hoy prohibida. Semejante afirmación sólo habla de la ignorancia o de la sordera de quienes así piensan, y resulta tan ridícula como la que infiere que la pluralidad de empresas garantiza por sí misma la de opiniones, como si no pudiera haber -como se da, de hecho, en la SER- una pluralidad de fuentes, informaciones y opiniones no sólo en la misma emisora, sino en cada uno de sus programas. O como si no fuera cierto que empresas y emisoras diferentes pueden ser manipuladas y sojuzgadas por una sola opinión dominante.

Las alusiones a la existencia de un imaginario oligopolio en las radios concentradas son fruto no del reparto de las frecuencias, sino del fracaso profesional de algunos aprendices. Por lo demás, la SER no es una sola empresa, sino un conglomerado de cerca de cien sociedades, que incluye a pequeñas y medianas emisoras locales o regionales que nada tienen que ver en su propiedad ni en su gestión con el Grupo Godó ni con el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. Éstos vienen haciendo gala -en el caso del primero, desde hace un siglo- de su servicio a la independencia y libertad de expresión, asumiendo riesgos y sacrificios. Los lectores, oyentes y usuarios de sus medios lo saben. Los jueces del Supremo, no.

10 Noviembre 2002

Pluralismo informativo

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

A la mayoría de la gente le parece que en España hay la posibilidad de elegir entre una gama plural de ofertas informativas, especialmente en la radio. Y si ese pluralismo corre algún riesgo, el peligro procede del Gobierno. Por eso es en los medios de titularidad pública donde los españoles echan en falta esa pluralidad informativa. Así lo constata le encuesta de Opina que publicamos hoy. Podría pensarse que es una evidencia que no necesita ser confirmada con encuestas, a la vista del panorama de periódicos, revistas, televisiones públicas y privadas y emisoras de radio de las más diversas empresas propietarias (y tendencias informativas) que se reparten las preferencias del público. Sin embargo, periódicamente, y últimamente sobre todo en relación a una sentencia judicial sobre la concentración entre la cadena SER y Antena 3, aprobada en 1994 por el Consejo de Ministros, aparecen sorprendentes acusadores que denuncian una ausencia de pluralidad que sólo ellos ven.

El aumento de medios audiovisuales que se ha producido desde aquel año hace aún más infundadas esas denuncias. Hay cerca de una veintena de nuevas frecuencias nacionales de radio digital y se han concedido 350 nuevas licencias de radios en FM. Es lógico que la gente no tema por la falta de pluralismo. Pero es que, además, en una sola emisora puede haber más pluralismo, por la elección de sus comentaristas, por ejemplo, que en muchas de ellas cortadas por el mismo patrón ideológico, y casi siempre desde el gubernamentalismo más escandaloso.

La encuesta de Opina confirma que la mayoría (el 84%) escucha la emisora que le apetece, y sólo el 6% dice que no puede elegir; y que se encuentra satisfecho con el pluralismo resultante de la oferta existente en radio y prensa, y no tanto de la existente en televisión. La Constitución ampara la libertad de expresión, y dentro de ella, el de utilizarla para manifestar ideas paranoicas, e incluso a culpar a los otros de los propios fracasos en la lucha por la audiencia. Pero una mentira es siempre una mentira, aunque quede amparada por la libertad de expresión. Y en España nadie puede afirmar sin ruborizarse que no hay una oferta plural en los medios de comunicación.

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