1 diciembre 1989

Desde que ocupa el cargo de decano - desde 1973 - Pedrol Rius se ha mantenido en el cargo de manera indiscutible

Elecciones Colegio de Abogados de Madrid 1989 – Antonio Pedrol Rius es reelegido frente al catedrático Manuel Jiménez de Parga

Hechos

El 1.12.1989 el escrutinio para la elección del decano del Colegio de Abogados de Madrid dio la mayoría a la candidatura de D. Antonio Pedrol Rius.

Lecturas

DERROTA DE ‘COPITO DE NIEVE’ EN SU INTENTO DE SER DECANO

Jimenez_de_Parga D. Manuel Jiménez de Parga, ex ministro de Trabajo en el Gobierno de D. Adolfo Suárez y accionista de referencia de ANTENA 3 RADIO y ANTENA 3 TV, era el candidato alternativo, considerado en aquellos días próximo al PSOE.

29 Noviembre 1989

Votar para que gane el colegio

Ana Palacio

(De la candidatura de Antonio Pedrol Rius)

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Mañana, los abogados de Madrid eligen junta de gobierno. Parece que la gran cuestión que se plantea, cuyo diferente enfoque y alcance habrían de determinar la candidatura ganadora, es la reforma estatutaria.

Sin cuestionar la indudable importancia de la normativa interna colegial, entiendo -y confío en que el fallo de las urnas confirme que una mayoría de compañeros y compañeras comparten un planteamiento afín en cuanto a los problemas reales del colegio y su orden de prioridades- que, del reto que todo mandato democrático entraña, en el que conferirá el colectivo colegial al equipo vencedor destacan dos focos de atención preferente, bien distantes de la autonormación: la administración de justicia y los colegiados de reciente incorporación.Capacidad, por una parte, de afrontar con eficacia la defensa inmediata de los colegiados (mediatamente de toda comunidad) frente a una administración de justicia caótica, generadora de inseguridad jurídica, hoy por hoy en crecimiento exponencial, que entraña el riesgo de convertir las garantías constitucionales definidoras del Estado de derecho en meras declaraciones programáticas y afecta, por ende, a la sociedad entera, a la par que connota el ejercicio diario de la profesión de abogado de heroicidad y sordidez en partes iguales.

Capacidad, por otra parte, de apoyar, de facilitar la incorporación real de las nuevas promociones al ejercicio de la profesión, no sólo paliando las deficiencias de formación práctica que caracterizan -salvo excepciones- los actuales estudios de licenciatura en Derecho, sino complementando además las redes de relación imprescindibles para el desenvolvimiento -aún embrionario- de la actividad del abogado.

A partir de estos presupuestos me incorporé -como candidata al cargo de diputado noveno- a la lista de Pedrol.

Queda la anécdota personal; mi primera entrevista, cuando mi nominación no pasaba de ser una mera posibilidad y yo regresaba de una, por habitual no menos desalentadora, infructuosa visita ea determinado juzgado de la plaza de Castilla, del que, ante el ingente número de expedientes atrasados, en los últimos dos años han huido varios jueces titulares -el último, por el momento, sólo ha pedido una baja temporal- y en el que la secretaria, llena de buena voluntad y al borde de la crisis nerviosa, me había expuesto, sin convicción alguna, la enésima explicación de por qué no prosperaba el sencillo trámite de mi interés que, pendiente desde hace meses, tiene paralizada la división horizontal de un bloque de viviendas, con los consiguientes perjuicios para un gran número de familias.

Mi interlocutor, a la par que insistía en el compromiso que adquiriría, caso de aceptar, de dedicar un número importante de horas de trabajo al colegio, contestó con una tajante «prioridad absoluta» a mi pregunta sobre el programa de la candidatura en materia de administración de justicia. Respecto de las nuevas promociones, me informó de la próxima disponibilidad de los recursos económicos destinados hasta ahora a la compra y acondicionamiento de la sede del colegio en la calle de Serrano, que ha puesto fin al peregrinar, siempre de prestado, desde un convento, en su fundación, en 1956, hasta su última ubicación en estrechas dependencias del Palacio de Justicia; y a partir de aquella, me esbozó un programa de becas, cursos, subvenciones y ayudas en general dirigido a quienes se incorporan a la profesión; programa ambicioso y ajustado a la realidad gracias a la experiencia obtenida en anteriores iniciativas colegiales.

Desde otro punto de vista, Pedrol representaba, con una larga Esta de triunfos en contiendas de similares características, y pese al inevitable desgaste de 16 años al frente del colegio, una buena apuesta en términos absolutos, y la mejor, sin duda, en términos relativos, para abanderar una vez más la causa de la sociedad contra el Estado. En cuanto al resto de los integrantes de la candidatura, conocía de varios de ellos tanto su capacidad de trabajo como su buen hacer, por haber coincidido en asuntos profesionales, ya como oponentes, ya en colaboración.

Hoy, tras la lectura de las tres circulares programáticas emitidas bajo el lema «Si vota usted, ganamos» por la única candidatura adversa que se dibuja en los sondeos con posibilidades de triunfo, y después de haber seguido de cerca el desarrollo de la campaña en los medios de comunicación, me reafirmó en mi apuesta.

«Nuevo espacio colegial» _

De las referidas misivas programáticas destaca en primer lugar la vaguedad y naturaleza retórica de todas las propuestas que no se refieren al proceso reformador que se define enfáticamente como constituyente.

Mientras a las letradas se nos «invita», en carta especial, a «crear un nuevo espacio colegial» en el que «compartir» con la junta «nuestros problemas e iniciativas», otra, dirigida a «los jóvenes abogados», proclama que «un colegio profesional ha de saber captar las ondas nuevas que predominan en el ambiente».

El contexto de estas hueras afirmaciones se construye sobre la contraposición de dos grupos de categorías: lo positivo, lo deseable -nuevo, renovación, modernidad, participación, abierto, democrático- se predica de la candidatura autora de los panfletos; paralelamente, fluyen con idéntica machaconería las asociaciones negativas, tanto respecto de la junta anterior como de la actual candidatura encabezada por Pedrol, y muy en particular de éste: viejo, inercia, inmovilismo, cerrado, corporativista, antidemocrático. Esta carencia de objetividad y mesura en la utilización de tan burdo procedimiento de desmerecimiento del contrario, característico de contiendas políticas en clave demagógica, que en sí ya bordea los más laxos límites de la buena fe, se ha visto potenciada por determinadas declaraciones del señor Jiménez de Parga a diferentes medios de comunicación: comparación con Pinochet, etcétera. Así pues, con expresiones que reflejan -y hasta en algún caso reproducen literalmente- las utilizadas por el PSOE en las elecciones de 1979 y 1982, se asocia a Pedrol con la dictadura anterior y se pide del colegiado el voto por el «cambio».

Marco normativo

En cuanto al repetido hasta la saciedad «carácter constituyente», un catedrático de Derecho Político no puede desconocer que un proceso reformador así calificado cobra una naturaleza diferente, al presuponer la subversión de los principios, de las normas que sustentaban el ordenamiento -en el sentido acuñado por Santi Romano- a cuya crisis pone fin. Cabe predicar carácter constuyente de la reforma estatutaria acometida por las cajas de ahorro tras la publicación de la Ley 31/1985 y normas autonómicas, que significó una auténtica revolución de la regulación general del gobierno de estas instituciones. En el caso que nos ocupa, por el contrario, no se ha producido modificación alguna del marco normativo de los colegios profesionales que justifique otra cosa que un mero proceso de reforma estatutaria (y este carácter tienen, pese a su pomposa adjetivación, las propuestas programáticas 2, 4, 10, 12, 13, 14 y 15, así como las 7 y 8, estas dos con matices). Y en este punto del razonamiento, la memoria no puede dejar de asociar algunos pronunciamientos del programa que nos ocupa (puntos 5 y 6, en particular) con el abortado intento, por parte del mismo partido político hoy en el Gobierno de la nación -sobre cuyas afinidades con la candidatura que nos ocupa, caben pocas dudas-, de reformar, en 1983, la normativa general de colegios profesionales; proyecto combatido por el colectivo afectado, en el que destacó, sin lugar a dudas, la eficaz intervención de Antonio Pedrol. Cabe, pues, la razonable inquietud de que la candidatura que proclama, con tanto énfasis como carencia de fundamento jurídico, el carácter constituyente de su mando se revelase, en el caso de que los votos le abrieran las puertas del colegio, como un caballo de Troya, significando el comienzo de la transformación de estas corporaciones en dóciles apéndices del poder público.

Pues la eficacia de la labor de la junta de gobierno, en particular en el prioritario problema de la administración de justicia, será, en última instancia, proporcional al respaldo numérico que arrojen las urnas, y para que, so capa de reforma estatutaria de carácter anunciadamente constituyente, no se cercene su independencia es preciso acudir a votar el día 30, a votar para que gane el colegio.

Ana Palacio

28 Noviembre 1989

Anquilosarse o renovarse

Jacobo Echeverría-Torres Tovar

(De la candidatura de Manuel Jiménez de Parga)

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Para el autor del artículo, la candidatura de la que forma parte pretende abrir puertas y ventanas para la propia profesión de los abogados, como para que se establezca una mejor comunicación con las aceleradas reformas e inquietudes sociales.

Dos candidaturas principales se enfrentarán finalmente en el Colegio de Abogados de Madrid para conseguir el apoyo en las urnas de los letrados madrileños: las encabezadas, respectivamente, por don Antonio Pedrol Ríus y don Manuel Jiménez de Parga. Y el significado fundamental, no hay que engañarse, de la contienda electoral remite precisamente a la disyuntiva que da título a estas líneas: los abogados podrán -y deberían, en mi opinión-optar entre personas, ideas y formas de proceder contrastadas durante los más de tres lustros anteriores en que, con algunas variantes personales, ha gobernado el colegio el decano Pedrol Ríus o avalar con su voto la moderada renovación que suponen las personas y programa con que concurre la candidatura alternativa del señor Jiménez de Parga.No es mi intención desarrollar aquí las líneas argumentales más relevantes de los programas de las candidaturas contendientes, que serán difundidas ampliamente -ésa es al menos la intención de aquella en la que me integren los próximos días, sino realizar alguna consideración global acerca del punto del que se parte y de las deformaciones interpretativas más notables que, en mi opinión, ya se han puesto de manifiesto a través de los medios de comunicación, aun antes de conocer la composición personal y programas de las candidaturas en liza.

Procedente de ámbitos cercanos al fuerte poder colegial detentado por nuestro decano tradicional, se consigue filtrar y hacer calar en periodistas -Y, por tanto, en lectores- la sutil amenaza de la horrible apropiación posible por los partidos políticos de las riendas de corporación tan importante caso de no producirse una nueva e inquebrantable adhesión a la eterna roca que nos salva constantemente de este -y aun de otros menores- peligro.

Estricta neutralidad

La idea, por ser noticiable, encuentra alborozada recepción en los profesionales de la información, que se hacen lenguas una y otra vez de los tremendos pactos de Estado que los partidos -especialmente el del Gobierno tienen rubricados con unos y otros candidatos alternativos y aun con la candidatura de renovación entera.

Yo, sin embargo, desde la perspectiva de quien no pertenece a partido político alguno… por el momento, quisiera subrayar, no ya sólo ni principalmente lo totalmente inexacto de tales bulos -me consta la estricta neutralidad declarada respecto de estos comicios tanto por el Partido Popular cuanto por el socialista-, sino muy principalmente que tal idea constituye, a mi juicio, importante manifestación de lo que suelo llamar tics franquistas que acosan inevitablemente a Antonio Pedrol y su entorno, y de los que, dada su avanzada edad fisica y mental, no podrá ya, entiendo desprenderse.

Se presenta subliminalmente, en efecto, a los partidos políticos como condensadores de todos los males y merecedores, por tanto, de nuestro rechazo y desprecio tanto en nuestra calidad de ciudadanos como en la de abogados. Y, como es obvio, de ahí a sentir y decir que con Franco y sin partidos -y sin democracia- vivíamos mejor no hay sino un paso… que algunos traspasan frecuentemente. Y si se tiene en cuenta, por fin que el único que ha practicado pactos directos con partidos, según fórmula absolutamente anacrónica, a mi juicio, en el Colegio de Abogados, es precisamente el señor Pedrol, como es notorio, la marrullería y contradicción que estos manejos contienen quedan completamente a la intemperie, la cual es suficientemente deslegitimadora por sí sola.

Por eso, cuando el señor Pedrol se presenta a sí mismo y a sus acompañantes como la candidatura profesional mi carcajada podría oírse hasta en Andalucía si no fuera porque me parece un insulto a la inteligencia que me incomoda, y declaro que me considero tan profesional al menos, como el señor Pedrol y todo su séquito, con independencia de que, además, me interesa la democracia para mi país bastante más que la dictadura, contra la que luché desde que recuerdo.

Miserable filosofía

Desde otro corner, sin embargo, llega la noticia de que algunos abogados -y algunos amigos, de entre ellos- consideran denigrante participar en los presentes comicios, que deben ser desligitimados desde la abstención. Hago encomiables esfuerzos para superar mi inicial estupefacción, ante todo, por la procedencia de la idea -de compañeros que han compartido conmigo la crítica incesante a los modos de proceder de nuestro sempiterno decano, sin ir más lejos, y, por ejemplo, con motivo del Congreso de Palma, y les digo que si lo que expresan es una repugnancia u objeción de carácter moral, nada tengo que alegar en contra, pero que si lo que manifiestan es una opinión de otra naturaleza están, en mi criterio, practicando una miserable -en el sentido etimológico de pobreza extrema- filosofía, en cuanto se contienen en ella, al menos, dos elementos rechazables de plano: que todos somos lo mismo -y esta equiparación me molesta incluso personalmente- y que hay que ayudar y apuntalar a Pedrol por el tiempo que quiera y para que prepare a su antojo la sucesión de sí mismo, lo que se comenta por sí solo.

Frente a la extrema incongruencia, pues, de este tipo de razonamiento -por nominarlo de modo generoso- y frente a la extrema antigüedad del discurso y modos de proceder de nuestro decano y sus incondicionales, nosotros, modestamente, peleamos y ofrecemos nuestro esfuerzo de apertura de puertas y ventanas tanto para que los abogados podamos debatir en nuestro serio -cuestión casi prohibida hasta el momento- cuanto para que los ecos de una sociedad en proceso de aceleradas reformas pueda acceder a nuestros oídos y entre muchos -no de la exclusiva mano de un salvador de antiguo corte- pongamos nuestra variada profesión al servicio real -de los reales intereses de la mayoría de nuestros ciudadanos.

Ésta es, parafraseando una de nuestras viejas fórmulas de estilo, la opinión de quien suscribe, que somete con gusto a cualquier otra mejor fundada.

24 Octubre 1989

Pedrol y sus bases

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

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LA RECIENTE dimisión de Antonio Pedrol como decano del Colegio de Abogados de Madrid para presentarse, a sus 79 años, a la reelección en el cargo sería un suceso de escasa relevancia pública -aunque significativo en la vida interna de una corporación profesional- si la personalidad de su protagonista, y sobre todo la trascendencia de la función de un colectivo de más de 20.000 abogados, no requiriera la atención de la sociedad. La estructura fuertemente conservadora de la profesión de abogado, numéricamente incontestable, pone las cosas fáciles a Pedrol si lo que desea es terminar su mandato con el exclusivo respaldo de los votos de este signo. Pero esta posibilidad, que estuvo siempre al alcance de su mano, fue reiteradamente descartada en aras de la unión. profesional que, mejor o peor, es uno de los logros del decano dimisionario, quien en sus sucesivos gobiernos de concentración compartió el poder con los representantes más o menos oficiosos de los grandes partidos del arco parlamentario. Ponerla ahora en práctica tiene todos los visos de ser una huida hacia adelante como mejor modo de evitar las ineludibles y elementales reformas que necesita la abogacía española y que sus sectores más dinámicos reclaman desde hace años.La clave de este cambio de actitud se encuentra en que, desde la afloración de los sectores críticos producida a partir del congreso de Palma, la presencia en lajurita de gobierno de los partidos vinculados con la minoría progresista de la abogacía se ha hecho cada vez más insostenible. Por lo que parece, la democratización interna de la vida colegial no entra en los cálculos de Pedrol, y ha considerado llegada la hora de regresar a sus bases y prescindir del beneficio que hasta ahora le ha rendido el apoyo de los partidos. Si fuera posible confundir la democracia con la estadística, la solución sería irreprochable. Lo que ocurre es que una mayoría conservadora pura y dura al frente de los abogados, sin la corrección de la presencia en la junta de gobierno de sectores minoritarios pero más sensibles a la mayoría social y política, constituye una amenaza para los usuarios de la abogacía y significa apostar definitivamente por la ruptura profesional. De ahí que, desde esta perspectiva, que socialmente es la que importa, la nueva reelección de Pedrol puede ser una mala noticia. Y, en todo caso, sería deplorable que una trayectoria que ha tenido como norte la unión de la abogacía culmine con la siembra de la semilla de su división.

01 Diciembre 1989

Pedrol gana por rechazo al PSOE

Editorial (Director: Pedro J. Ramírez)

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Según las primeras noticias del escrutinio, Antonio Pedrol tiene garantizada la reelección como decano del Colegio de Abogados. Su contrincante, Jiménez de Parga, no ha sido capaz de eludir la un tanto exagerada etiqueta de candidato apoyado por el PSOE y esa ha sido su perdición. Ha podido mucho más el rechazo de los colegiados a una posible injerencia gubernamental que cualquier consideración sobre la edad o las triquiñuelas de Pedrol. Aparecer vinculado al PSOE empieza a convertirse, a ciertos niveles, en un auténtico estigma. La rotunda victoria de Pedrol queda, sin embargo, innecesariamente empañada por la forma en que la Junta Provisional, colocada por él, organizó la votación como más le favorecía. Alertados por la encuesta de EL MUNDO que señalaba que una mayor participación beneficiaría a Jiménez de Parga, los amigos de Pedrol sólo abrieron cinco urnas, de manera que se formaron largas colas que obligaban a los colegiados a esperar hasta hora y media. El «viejo zorro» de Reus sigue haciendo, pues, honor a su leyenda.

30 Noviembre 1989

Es necesario participar

Cristina Almeida

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Los colegios profesionales padecen desde hace tiempo el desinterés de los colegiados en la participación en las elecciones de sus juntas de gobierno, aun cuando en los últimos momentos del franquismo, y ante la llamada «que vienen los rojos», se logró, con distintos resultados, revitalizar la participación y hacer de ellos unos pequeños cotos de ejercicio democrático, con todas las limitaciones existentes.

La transición política supone casi un giro de 180 grados en la vida de los colegios profesionales más influyentes en la sociedad, abandonándose prácticamente la participación en los mismos y utilizándolos única y exclusivamente en su esfera asistencial o en la solución de problemas entre profesionales, o entre éstos y sus clientes, a veces con marcada parcialidad. Esta ya excesivamente larga situación ha conllevado, en la práctica, dejar en manos de unos pocos señores corporaciones que, en algunos casos, detentan un poder de influencia real en la sociedad, desvertebrando más, si esto es posible, la vida asociativa de la misma.

En este estado de cosas, no cabe la menor duda de que ha existido una responsabilidad de los partidos políticos, que quizá han dejado por comodidad que la situación siguiera como estaba, ante el miedo a que estos colegios, y en concreto el colegio de abogados, se convirtiera en un posible foco desestabilizador de la democracia.

En este marco se produce el II Congreso General de la Abogacía en Palma de Mallorca, que supuso un aldabonazo y una llamada de atención, empezándose a pensar a distintos niveles que las cosas no podían seguir como estaban y que el aislamiento del colegio en el conjunto de la sociedad no debería permitirse en una sociedad democrática.

El malestar real que afloró no fue otro que la toma de conciencia de la ausencia de democracia en la forma de gobierno de los abogados, no sólo en su dirección personal sino en las gravísimas deficiencias del marco jurídico por el que nos regimos, ley de Colegios Profesionales y Estatuto General de la Abogacía.

El II Congreso desata una crisis en el Colegio de Madrid y en el Consejo General, ambos dirigidos férreamente por Antonio Pedrol, situándole por primera vez en muchos años en una situación delicada que le obliga a dimitir, y su legitimidad como decano del Colegio de Madrid y como presidente del Consejo General se ha quebrado fuera y dentro de ambas instituciones.

Conviene no olvidar que la crisis final se produce, como ha reconocido el propio Pedrol, por no querer asumir una reforma pactada con las asociaciones del llamado sector crítico del Estatuto General de la Abogacía, donde, entre otros puntos, se pedía la modificación del sistema electoral cambiando el sistema de representación mayoritario actualmente vigente por un sistema proporcional que permita la presencia de las minorías en los órganos de dirección de los colegios. De haber accedido a esta negociación, le hubiera supuesto haber terminado su mandato al frente del colegio y del consejo con un colofón brillante, al haberse erigido no sólo en lo que ha presumido ser, el pacificador de la vida colegial, sino también en el democratizador de las estructuras de gobierno y participación de los abogados.

En lugar de ese camino, ha optado por convocar elecciones desde una posición de ventaja y en la creencia de que había posibilidades reales de que el llamado sector crítico no iba a ser capaz de aglutinarse en una candidatura que además abarcara todo el espectro democrático y profesional del colegio.

Se ha conseguido esa candidatura, con problemas y con la ausencia de algunos compañeros que han entendido que no se puede participar en estas elecciones por no ser democráticas y suponer la participación una legitimación de las mismas y de Antonio Pedrol, que se garantiza de esta manera el triunfo.

Lealtad

No compartimos esa visión, creo que la mayoría de los abogados. Porque sería difícilmente entendible que después de haber propiciado una crisis no fuéramos capaces de competir democráticamente aun cuando se haya de estar de acuerdo en la cuestionable naturaleza democrática no sólo del sistema de elección, sino de la lealtad de la convocatoria. Porque propiciando la abstención se vota a Pedrol, que, estamos totalmente convencidos, aunque ahora se convierta en adalid reformador, no va a democratizar las estructuras colegiales y, lo que muchas veces se olvida, las del consejo general, afectando en consecuencia el resultado de estas elecciones a todos los colegios de las distintas nacionalidades y regiones, algunos de ellos esperan expectantes el resultado para plantear o no cuestiones que pueden suponer un desmembramiento innecesario y dañoso a nivel estatal, recordando la declaración del Colegio de Abogados de Barcelona de antes del verano.

Porque creemos que es necesaria la participación en todos los niveles de la sociedad, ya que de esta manera se contribuye al fortalecimiento del sistema democrático, y aun perdiendo la candidatura unitaria encabezada por Manuel Jiménez de Parga, cosa que no va a ocurrir, se sabrá que hay un sector cuantificado del colegio que no apoya la gestión de Pedrol y que se va a convertir en oposición vertebrada, leal, pero inflexible, para conseguir la democratización del colegio y presionar para que los abogados, como corporación, exijan y contribuyan a la mejora de la Administración de justicia y, en definitiva, para aportar nuestro trabajo en la conquista del Estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución de manda.

Conservar o renovar

Se ha teñido por Pedrol a esta candidatura de politizada, afirmación que seguro que produce la radical repulsa de todo el colectivo de abogados, ya que se lanza como una crítica a la credibilidad de una candidatura la presencia en la misma de personas pertenecientes a grupos políticos, convirtiendo el compromiso en arma arrojadiza, y además por una persona que ha pactado con todos los partidos del arco parlamentario para mantenerse y reforzar su poder, pretendiendo hacer creer a un colectivo pensante que el profesional carece de ideología o que si, por ejemplo, apuesta por la defensa del poder económico, no está ejercitando un compromiso político. Siendo los colegios profesionales órganos de participación social y colectiva, siempre serán políticos, sean conservadores de una situación o renovadores y populares de una situación más avanzada, que es lo que dialécticamente se está debatiendo: el conservadurismo como opción política profesional o la renovación y el cambio democrático para el futuro de una corporación política y profesional.

La abstención, supone en esta convocatoria una llamada a la no participación en la vida de las instituciones, en algún caso defendida, creemos que contradictoriamente, por algunos sectores que se han destacado notablemente en la participación en el colegio desde una posición crítica y en momentos que, como antes hemos señalado, prácticamente había dejado de existir. Al igual que parece poco discutible que la abstención de sectores críticos a la gestión de Antonio Pedrol supone concederle el voto e identificarse con los sectores menos comprometidos, más desidentificados de la vida colegial, que choca frontalmente con ese compromiso crítico del que dimana su abstención.

Se podrá perder, se podrá ganar, pero situarse fuera del juego democrático, por muy desigual que éste sea, es perder parte del compromiso. De quien gane o de quien pierda siempre habrá responsables identificados y comprometidos. De los que no participan, siempre quedará el vacío de su falta de compromiso y la interrogante de su responsabilidad. Ante estas distintas situaciones, prefiero apostar por el compromiso participativo, renovador y democrático, con el derecho a perder y ganar, pero con La conciencia de que «tenemos que participar».