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El modus operandi de la asociación consistía en que las madres acusaban a sus ex maridos de 'abusadores' para así impedir que se les permitiera ver a sus hijos

Escándalo de ‘Infancia Libre’: la activista María Sevilla detenida tras saberse que mantenía ‘secuestrado’ a su propio hijo sin escolarizar

HECHOS

El 2 de abril de 2019 se hizo pública la detención de Dña. María Sevilla, presidenta de la asociación ‘Infancia Libre’.

La formación política Podemos, que llevó al Senado a la Sra. Sevilla para que valorara y diera su opinión sobre las políticas feministas, se apresuró en aclarar que esta no era dirigente del partido. La única relación de ‘Infancia Libre’ con Podemos era a través de su federación en Granada.

HASTA TRES MADRES DE ‘INFANCIA LIBRE’ ENCERRARON A SUS HIJOS EN SUS CASAS Y DEJÁNDOLES SIN ESCOLARIZAR

Dña. Patricia Alicia González Arribas fue detenida el 13 de mayo. Al igual que la Sra. Sevilla, ella también había encerrado a su hijo en su propia casa para no compartir la custodia con el marido y dejarlo sin escolalizar.  El 21 de mayo fue detenida una tercera mujer de ‘Infancia Libre’, Dña. Ana María Bayo, acusada también de encerrar a sus propios hijos. Se les investiga por saber si tenían un sistema de utilizar la acusación de maltrato contra sus parejas para retener a sus hijos en sus casas aislados del resto del mundo para que no vieran a su padre. Las tres madres utilizaban a la misma abogada, Dña. Carmen Simón.

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LA INFLUENCER PAMELA PALENCIANO LAS DEFIENDE

Dña. Pamela Palenciano, activista feminista, fue de las pocas que defendió a Dña. María Sevilla considerando que les encerró «para proteger a sus hijos» del machismo, del padre de los hijos. «La conozco, sé que es inocente». Para la Sra. Palenciano estaba claro que todo marido que sea denunciado por maltrato debe ser considerado culpable por la opinión pública desde el primer momento y sin lugar a la duda.

02 Abril 2019

Podemos fichó a la detenida por raptar a su hijo

Quico Alsedo / Pablo Herraz

María Sevilla, la presidenta de la asociación Infancia Libre, detenida el pasado viernes por secuestrar a su hijo S., de 11 años, durante 20 meses, había firmado un convenio de colaboración con Podemos para realizar un estudio sobre abusos sexuales en la población infantil andaluza, un trabajo que confeccionaría su asociación por espacio de tres años.

El documento, fechado el 5 de diciembre de 2016 y al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, evidencia lo que la formación morada desmintió ayer rotundamente al conocerse la detención de la mujer, que mantenía a sus hijos en condiciones infrahumanas ocultos en una finca de Villar de Cañas (Cuenca): que sí hubo relación entre Infancia Libre, la plataforma montada por la detenida, y Podemos.

La propia Sevilla aportó el papel en 2017 en el pleito en el que perdió la custodia de S., con objeto de acreditar que su asociación sí hacía labores reales en favor de los menores y no era un vehículo cosmético, únicamente creado para respaldar sus acusaciones a su ex marido. El juez no la creyó y le dio la custodia a él, mientras Podemos sí lo hizo y poco después la llevó al Congreso de los Diputados y a la Asamblea de Madrid, en sendas comparecencias a petición de la formación –y también al Senado, como invitada–.

En realidad, Sevilla constituyó la asociación tras acusar falsamente a su ex marido de abusar sexualmente del hijo de ambos con la intención de que influyera en su contencioso (la acusación fue descartada en la causa), y después firmó un acuerdo de colaboración con el secretario general de Podemos Granada, Alberto Matarán, según figura en el papel. El objeto del convenio, según reza el propio documento, era «realizar un estudio en toda Andalucía de la población infantil que sufre o ha podido sufrir abuso sexual infantil intrafamiliar».

Los datos recogidos servirían para, posteriormente, sigue el acuerdo, «crear un protocolo piloto y propuesta de ley para la detección, protección y erradicación del abuso sexual infantil intrafamiliar en todos los ámbitos: educativo, sanitario, judicial y policial». Paradójicamente, Sevilla tenía a su hijo sin escolarizar y en dudosas condiciones sanitarias, y le dejaba salir al aire libre únicamente 20 minutos al día, según constató la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Policía Nacional que la arrestó tras tres meses de investigación.

Finalizaba el documento: «Teniendo en cuenta la ausencia de datos sobre el abuso sexual infantil intrafamiliar en todos los ámbitos, el plazo estimado mínimo es de 36 meses prorrogables». María Sevilla firmó el papel por la asociación Infancia Libre, y por Podemos lo rubricó Alberto Matarán, líder de Podemos en Granada hasta marzo de 2018.

El mismo 5 de diciembre de 2016, fecha puesta en el acuerdo, acudió a la Asamblea de Madrid, invitada por Podemos Comunidad de Madrid, como consta en los diarios de sesiones del parlamento madrileño. Aquel día compareció ante la Comisión de Políticas Sociales y Familia, donde habló durante media hora para comentar los casos de menores que trataban en su asociación. Menos de dos meses después, María Sevilla presentaba en el Congreso junto a cuatro diputadas de Unidos Podemos una serie de peticiones al Gobierno para mejorar la protección a la infancia, especialmente en los casos de abusos sexuales sufridos por menores. Podemos dijo ese día que estaba colaborando con Infancia Libre para «recabar información para saber qué están haciendo los juzgados en esta materia y para proponer medidas para que los niños estén protegidos».

El 7 de marzo de 2017, la presidenta de Infancia Libre acudió al pleno del Senado, y ese mismo día desde la cuenta de Twitter de Unidos Podemos Senado le daban las gracias por asistir. Tan sólo una semana más tarde, Sevilla compareció en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso, invitada por el grupo parlamentario Unidos Podemos, como refleja el diario de sesiones de ese día, el 14 de marzo de 2017.

13 Mayo 2019

Cinco años de lucha por vivir con mi hija

Daniel I. Aguirre

Cuando a principios de abril salió a la luz pública la operación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional que localizó a María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) donde tenía secuestrado a su hijo de 11 años en condiciones infrahumanas, recibí un whatsapp de un colega periodista: «Rápido, métete en internet, está en todas las portadas de los periódicos».

Tanto él como yo conocíamos bien esta asociación y los estragos que ha causado en los últimos años. De hecho, mi ex mujer, que ha estado en paradero desconocido junto a mi hija de 10 años desde octubre de 2017 hasta el pasado sábado, pertenece a ella y es una de las personas que aparece en la fotografía que Unidos Podemos Senado publicó en su Twitter el 7 de marzo de 2017, agradeciendo a esta organización el «trabajo» realizado tras acudir ese día al pleno.

En 2011 me separé de la madre de mi hija tras 13 años de convivencia. La niña tenía dos años. El divorcio fue convulso. Yo quería la custodia compartida y dividir la vivienda entre los dos, pero para mi sorpresa la madre se negó: «La casa y la niña me las quedo yo», me dijo por ese orden.

«Si vamos a juicio lo vas a perder, y entonces tendrás que pagar la pensión de alimentos, tu alquiler y la mitad de la hipoteca», me amenazó. Y efectivamente, tras informarme al respecto descubrí que el artículo 92 del Código Civil establecía que cuando las dos partes no estaban de acuerdo en la custodia compartida los jueces de familia sólo la podían dar «de forma excepcional». Afortunadamente Gallardón acabó con esta cláusula «de excepcionalidad» cuando fue ministro de Justicia, y en la actualidad los jueces la pueden otorgar si consideran que es beneficioso para el menor.

Pero en ese momento no, así que acepté un mal acuerdo económico con tal de conseguir un amplio régimen de visitas, ya que mi prioridad era estar con la niña. Por no hablar de que empezó a amenazarme con llamar al 016 si le volvía a mencionar el tema. Le malvendí mi parte de la vivienda por menos de la mitad de lo que yo había invertido en ella y conseguí 10 pernoctas al mes y otros cuatro días a la hora de comer. Algunos pensarán que no era para tanto, pero la otra opción era arriesgarme a que me dieran todavía menos días en un juicio.

Tras superar el lógico bache que supone cualquier ruptura e instalarme en otra vivienda, pude rehacer mi vida y confieso que empecé a disfrutar de una de las etapas más bonitas de mi existencia.

Fue duro combinar un trabajo que implica tanta dedicación como el de ser periodista en un medio de la relevancia de EL MUNDO con el quehacer diario de cuidar a una niña tan pequeña, pero la satisfacción que proporciona el estar y ver crecer a mi hija compensaba todos los esfuerzos. Las madres y padres lo saben bien. Poco me imaginaba en ese momento que la verdadera pesadilla todavía tenía que llegar casi tres años después.

Cuando yo tenía a la niña, la madre me llamaba continuamente. Muchos domingos me pedía venir a casa para estar con ella y se mostraba muy obsesionada con controlar cualquier aspecto relacionado con nuestra hija, pero era algo con lo que podía lidiar.

De hecho, no me pagó la deuda que contrajo conmigo en el divorcio alegando que no tenía dinero, y en ningún momento me planteé tomar medidas legales por no perjudicar a nuestra hija. La niña se adaptó perfectamente al cambio y se la veía feliz. Muchas veces me decía que no quería ir con su madre cuando hacíamos los cambios de régimen de visitas, y supongo que al revés pasaría lo mismo. Pero explicándole que enseguida volveríamos a vernos se le pasaba. Así continuamos hasta diciembre de 2014.

El verano de ese año la madre empezó a decirme que la niña no quería estar conmigo, que deberíamos ir a un psicólogo los tres para descubrir el motivo. Le dije que no estaba de acuerdo, que la niña estaba perfectamente conmigo y que cuando a mí me decía que no quería ir con la madre le explicaba que estaría bien con ella y que no había que darle mayor importancia.

Yo había empezado una nueva relación y, sinceramente, estaba un poco harto de la madre. De hecho le había dejado pasar un desagradable incidente. Estando en mi casa, la niña se había puesto a jugar con la silla de ruedas que tenía frente al ordenador, y cogiéndola por el respaldo daba vueltas sobre sí misma con la mala fortuna de que perdió el equilibrio y al caer arrastró la silla hacia ella, que le pisó con la rueda en los genitales. Llamé a mis dos tías pediatras y me aconsejaron llevarla al médico si le dolía, y que si no, le diese una crema antes de dormir. Como la niña parecía estar bien la metí en la cama con la pomada. Al día siguiente la madre me llamó hecha una furia desde el hospital. La había recogido en el colegio y al ver que tenía un pequeño hematoma me preguntó qué había sucedido. Se lo expliqué y su contestación fue: «Eso es lo que dices tú, ven inmediatamente al hospital a dar explicaciones porque a saber qué le has hecho». Acudí de inmediato junto a mi tía, que vive también en Madrid, y cuando me preguntaron por lo sucedido no tuve más que enseñar mi móvil.

Justo en el momento de la caída la estaba grabando. Efectivamente, comprobaron que la marca que tenía coincidía con la pisada de una rueda y así lo reflejaron en el parte médico. Como comprenderán, aluciné con la reacción de la madre, pero una vez más lo dejé pasar por no tener conflictos. Grave error.

A los pocos meses, estando con la madre, la niña se cayó de su cama y se fracturó el cúbito y el radio, y como comprenderán, no pensé que la madre le había hecho eso queriendo.

Pero sigamos con el relato de los hechos. Yo no quería ir al psicólogo con la madre y sus obsesiones. Tenía una nueva relación y lo que sí hice es reclamarle la deuda de la vivienda. Habían pasado tres años y seguía sin pagar. Y fue en ese momento cuando me disparó una bala de plata.

Ese fatídico fin de semana de diciembre la niña estaba conmigo. Habíamos ido al circo y la madre me dijo que quería venir a mi casa a traerle ropa de invierno. Como cuando acudía a mi domicilio las despedidas con la niña se hacían eternas, pensé que era mejor llevarla a su casa y recogerla al cabo de un par de horas.

Para mi sorpresa me mandó un whatsapp: «La niña no va a volver contigo. Llama inmediatamente». Cuando llamé me soltó que la niña le decía que yo le había mordido en sus partes. «Dile, dile lo que me has dicho», le dijo a mi hija, que en ese momento tenía seis años. «Que me has mordido en el menene y no quiero ir contigo…». A la madre le dije que no dijese más tonterías y que iba a por la niña para pasar el resto del domingo con ella, pero no me la bajó.

Tras llamar a mi abogada, ésta me recomendó que denunciara, y así lo hice. Esa semana no llevó a la niña al colegio, por lo que puse una segunda denuncia.

El sábado siguiente me llamaron del juzgado: «Tiene que venir, le han denunciado por supuesto abuso sexual a su hija». A eso algunos expertos le llaman la bala de plata, porque aunque salgas inocente acaban contigo. Las denuncias se archivaron. A la niña y a la madre las vio un médico forense, a la niña la pusieron conmigo en una sala para ver su reacción, y al verme se abalanzó hacia mí para darme un abrazo. Del juzgado salí con la niña de la mano. Su propia abogada se acercó para decirme que no se creía nada.

Pero la pesadilla sólo estaba comenzando.

En los diferentes juicios que siguieron (petición por mi parte de cambio de custodia, petición por la suya de que no pudiese estar con mi hija, etc.) supe que llevaba a la niña a una psicóloga sin mi consentimiento. Ésta le daba figuritas de madera para que la niña explicase lo que supuestamente yo le hacía.

Tengo audios y vídeos de la niña donde me relata frases tan aterradoras como: «Me daban unos muñequitos y me decían ‘qué te ha hecho tu padre, qué te ha hecho tu padre’, hasta que para que me dejaran en paz me lo inventé», «Le digo a la mamá que quiero ir con papá y se pone a llorar», «Le digo a mamá que es mentira y no se lo cree», «Mamá dice que para que esté con ella tengo que decirle a Beatriz que ya no quiero estar con papá».

Beatriz era la psicóloga del Centro de Atención a la Infancia (CAI) que analizó los supuestos abusos. Al margen del juzgado, la madre acudió a la pediatra de la niña para decir que yo había abusado de ella, por lo que se abrió un protocolo de actuación en el que me piden que voluntariamente me someta a un estudio por parte del CAI.

En las sesiones, la psicóloga me comunicó que le parecía bien que la madre incumpliera las visitas porque lo hacía para proteger a su hija, o me recriminaba aspectos como que mis padres me acompañasen al centro. Emitió un informe en el que decía: «Existen indicios compatibles con la existencia de un abuso sexual intrafamiliar», por lo que derivó el caso al CIASI (Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil).

Finalmente, el CIASI establece en abril de 2016 que «los hechos denunciados no son compatibles con una experiencia de abuso sexual infantil». Durante todo ese proceso la madre incumplía cada vez más el régimen de visitas, y no llevaba a la niña al colegio cuando me tocaba recogerla.

Siempre que sucedía yo ponía una denuncia, y acumulé en estos años unas 200. En agosto de 2015 el incumplimiento del régimen de visitas dejó de estar penado. Hasta ese momento se produjeron varios juicios donde condenaron a la madre, pero a partir de ahí ya sólo podía acudir al juzgado de Familia, donde en las diferentes sentencias se mostraban duros con su actitud, y se lo recriminaban, pero no llegaron a retirarle la custodia.

Por aquel entonces me entero de que la madre lleva tiempo acudiendo con la niña a la asociación Infancia Libre, una organización que «lucha» contra el maltrato y el abuso sexual. Aparece en escena un psiquiatra de Majadahonda que está tratando a mi hija sin mi consentimiento. Éste empieza a emitir informes donde cuestiona las decisiones del juez de Familia, alega que yo no puedo estar con mi hija porque sufre varios trastornos y que le está medicando con psicofármacos por ansiedad. Descubro que Infancia Libre recomienda varios de sus informes y estudios.

El juez de Familia lo aparta de mi hija, estableciendo que si la madre la quiere llevar a un psiquiatra, sea el jefe de Psiquiatría Infantil del Hospital Niño Jesús el que le asigne uno. Mientras, el psiquiatra de Majadahonda sigue viendo a la niña un año más, alegando que «no había entendido la sentencia».

En febrero de 2016, eldiario.es entrevista a la madre (de espaldas, con voz distorsionada y nombre falso) criticando que la Justicia permita que los «abusadores» vean a sus hijos. Los periodistas afirman que «desde diversas asociaciones como Infancia Libre se alerta de que equipos psicosociales y de juzgados están atribuyendo de forma sistemática el síndrome de alienación parental a las denunciantes». Este mismo diario publica al día siguiente una entrevista con María Sevilla bajo el título «El sistema judicial no protege a los menores que denuncian a sus padres por abusos sexuales».

El incumplimiento de visitas es total. La madre ni siquiera acude a los juicios. El magistrado establece que el CAI vigile el régimen de visitas. En su informe de febrero de 2017 este organismo explica que, tras algunas sesiones con la madre, recibe una llamada de la presidenta de Infancia Libre en la que les «informa de la falta de acuerdo con la intervención del CAI y que la madre ha estado grabando las sesiones». No pueden volver a comunicarse con Patricia.

En esos momentos, febrero de 2017, yo tengo por última vez a mi hija. En marzo veo la foto de la madre con María Sevilla en el Twitter de Unidos Podemos Senado. En octubre de 2017 la deja de llevar al colegio, donde a día de hoy sigue matriculada la niña.

La Consejería de Educación hace un informe de absentismo escolar que remite a los juzgados y la Fiscalía. Pongo una querella por sustracción de menores, desacato a la autoridad judicial y denuncia falsa. El juez ordena una averiguación de domicilio por sustracción de menores y la Policía empieza a investigar. Pero la madre está de excedencia, ha alquilado su vivienda y nadie sabe dónde están ella ni la niña. Todas las Comunidades Autónomas contestan al juez que no está matriculada en ninguno de sus centros. Ha perdido dos cursos escolares. No he vuelto a saber de ella hasta este sábado, aunque nunca dejé de luchar por ella.

Cuando en abril se conoció la detención de María Sevilla, conté mi problema a unos compañeros del periódico que me pusieron en contacto con la Unidad Adscrita de Policía Nacional a los Juzgados, que eran los que habían investigado el caso. Han trabajado mucho, han buscado y al final me han devuelto a mi hija con la gran ayuda del Juzgado de Instrucción número 53. Ha habido momentos en que me he desmoronado. Han sido años de angustia y todavía queda un largo camino para vivir con normalidad, pero creo que si tienes la conciencia tranquila, nunca debes dejar de luchar.

22 Mayo 2019

Llevo cinco años viviendo un infierno

José Luis I.

«Llevo cinco años viviendo un infierno. Tenía una relación estupenda con mi hija, algo muy especial, y ahora no sé cómo me la voy a encontrar… Sólo espero que todo vaya bien, que se sienta querida y arropada». José Luis I., nervioso todavía, cuenta esto en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha quedado con su abogada. Acaba de enterarse de la detención de su ex mujer, también de la asociación Infancia Libre, por incumplir el régimen de visitas.

Después de más de un año en busca y captura, la Unidad Adscrita a los Juzgados arrestó ayer en el aparcamiento del hospital de La Paz a Ana María Bayo, que había impedido desde hace dos años a su ex marido ver a su hija de 11 años, aunque sus primeros problemas empezaron en 2015. «Puse más de 300 denuncias, una cada día que yo iba al punto de encuentro o al colegio y no me traían a la niña», recuerda José Luis.

Es el tercer arresto en dos meses de una madre vinculada a esa asociación, y en los tres casos coinciden varios patrones: las tres arrestadas denunciaron a sus ex parejas por abusos sexuales a sus hijos, compartían asociación, abogada y psiquiatra; y las tres incumplieron las resoluciones judiciales que tenían en contra. Tres de las cuatro mujeres que aparecen en la foto del Twitter de Podemos Senado con la camiseta de Infancia Libre que ilustra esta información han sido arrestadas ya.

En el caso de José Luis, además, «algo ha ido mal en todo momento. En uno de los juzgados hubo que recomponer la causa que había desde 2015 contra mi ex mujer porque se perdieron todas las actuaciones. Mis denuncias no sirvieron de nada… Ya estaba desesperado». Él, además, tuvo que sentarse en el banquillo por los presuntos abusos en la Audiencia Provincial. Fue absuelto en abril, pero le pedían seis años de cárcel.

Los informes forenses y la sentencia no dan ninguna credibilidad a los abusos. Una diferencia, sin embargo, es que la madre también amplió la denuncia contra el padre por un «bofetón» que le pegó a su hija, y por eso sí le han condenado, por lo que no se sabe aún en quién puede recaer la custodia de la menor, ya que esa condena implica un alejamiento.

Sin embargo, su abogada ayer pidió en la Audiencia un escrito que afirma que la sentencia no es firme y, por tanto, aún no es ejecutable. Eso podría darle la custodia a José Luis, al menos de momento. El Juzgado de Guardia de detenidos, que puso en libertad a la mujer ayer a mediodía, se declaró no competente sobre ese asunto, por lo que el tema queda a expensas de lo que decida el juzgado de Arganda del Rey que investiga a la mujer por desobediencia. La sentencia, por otro lado, será recurrida.

Hay que recordar que a principios de abril María Sevilla, presidenta de Infancia Libre y asesora de Podemos en temas de infancia, había sido arrestada por secuestrar a su hijo, y un mes después lo fue Patricia González, que hacía dos años que no dejaba a su ex marido, periodista de EL MUNDO, ver a su hija. En estos dos casos, además, los menores estuvieron sin escolarizar durante el tiempo que vivieron ocultos por sus respectivas madres.

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