Estados Unidos: George W. Bush logra colocar al juez conservador John G. Roberts Jr. como nuevo presidente del Tribunal Supremo ante el fallecimiento de William H. Rehnquist

El presidente George W. Bush ha propuesto a un magistrado conservador republicano, John Roberts, para reemplazar a la juez Sandra Day O’Connor en el Tribunal Supremo de EE UU, máximo catalizador de las actitudes sociales de ese país. El nombramiento de Bush, primero que hace para la más alta instancia judicial, desatará presumiblemente una batalla partidista antes de su confirmación tras las preceptivas audiencias del Senado. Y no será el único, dada la grave enfermedad del anciano presidente del Supremo, el juez William Rehnquist.

Desde que se conoció la renuncia de O’Connor, una conservadora moderada, Washington se convirtió en escenario de una frenética batalla de influencias. Bush ha sido sometido antes de su anuncio a un intenso cortejo por las dos alas de su partido. Se calcula que diferentes lobbies gastarán entre 50 y 100 millones de dólares para hacerse oír a favor y en contra, antes y durante las audiencias de confirmación de Roberts.

Los republicanos más ultramontanos exigían al presidente -que ha pasado por encima de su amigo Alberto Gonzales, el fiscal general, y tampoco ha escuchado a quienes le pedían el nombramiento de una mujer- utilizar la vacante para volcar hacia la extrema derecha la suprema instancia judicial. Los más moderados querían a alguien capaz de inclinar la balanza entre las ramas conservadora y liberal del tribunal de nueve miembros, un papel arbitral muchas veces ejercido por la juez O’Connor, que fue nombrada por Ronald Reagan.

El nombramiento de jueces para el Supremo es un momento trascendental de la vida política estadounidense y la decisión interior más importante del segundo mandato de Bush. El alto tribunal es por antonomasia la institución que moldea el perfil del país y sus miembros vitalicios acaban imponiendo valores retrógrados o progresistas sobre el conjunto de los ciudadanos. De ahí la decisiva importancia del equilibrio interno de esta institución. Además de tener la última palabra sobre todos los temas legales, es el foro de resolución de las más enconadas cuestiones sociales, desde el aborto a la pena de muerte o la separación Iglesia-Estado. En los próximos años pasarán previsiblemente por sus salas las uniones homosexuales o la investigación con células madre. El Supremo es el único brazo del poder que los conservadores no controlan todavía.

Poco se sabe sobre las capacidades para el cargo de John Roberts, de 50 años, cuya aprobación presumiblemente pondría el sello de Bush en el alto tribunal durante décadas. A juzgar por las primeras reacciones demócratas, sin embargo, parece que el juez, pese a controvertidos puntos de vista sobre el aborto, encajaría sin problemas en la derecha civilizada. El Senado tiene ahora por delante el cuidadoso escrutinio de su currículo y de sus actitudes básicas respecto a los valores primordiales estadounidenses.

Siempre se había dicho que Bush tendría su mayor ocasión de dejar una impronta duradera de su conservadurismo con el nombramiento de dos o más jueces del Tribunal Supremo. La posibilidad se ha convertido en realidad. La muerte del conservador presidente de esta corte, William H. Rehnquist, tras 19 años en el cargo, ha llevado a Bush a mover rápidamente su peón. John G. Roberts Jr., su candidato para suceder a la juez dimisionaria Sandra Day O’Connor, pasa ahora a convertirse en aspirante a la presidencia del tribunal que deja vacante Rehnquist. Roberts, con 50 años, se convertirá en el más joven de los nueve integrantes del Supremo. De momento, y si el Senado confirma el nombramiento, los difíciles equilibrios ideológicos se mantienen en la institución, pues O’Connor seguirá en su sillón hasta tener un sucesor. Sobre la mesa, para este mismo otoño, hay temas candentes como la eutanasia, el aborto y los derechos de los gays.

Bush ha sorprendido doblemente. No ha esperado siquiera a los funerales de Rehnquist y ha nombrado a una persona de su confianza y joven, en vez de arriesgarse a escoger algún juez tradicionalista de más peso propio como Antonio Scalia o Clarence Thomas. Nadie duda de la capacidad de Roberts, pero sí de su experiencia para el cargo, y ahora el Senado querrá conocer mejor sus posiciones sobre materias conflictivas como el papel de la religión en la vida pública, la discriminación positiva en favor de minorías étnicas o mujeres y -cuestión central estos días tras la catástrofe del huracán Katrina- el reparto de competencias entre Washington y los Estados federados. Muchas de estas actitudes pueden estar reflejadas en documentos que preparó cuando asesoraba a Ronald Reagan en la Casa Blanca y que la actual Administración se resiste a publicar.

Los nombramientos de las vacantes en el Tribunal Supremo son una de las potestades centrales del presidente de EE UU. Bush se guarda el nombre de quién propondrá en lugar de O’Connor. Y aún puede tener en los años que le quedan en la Casa Blanca la posibilidad de designar a otros miembros de la corte. Si en los sesenta el Supremo fue un baluarte del progresismo en ese país, desde los ochenta se ha convertido en una institución conservadora. Bush quiere asegurar esta línea, dada la edad de Roberts, para varios lustros