El dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, se entrega a las tropas de Estados Unidos que habían invadido el país

El general Manuel Antonio Noriega sabe demasiado. Ésta es al menos la impresión que se tiene en Estados Unidos, donde se teme que el juicio del hasta hace poco hombre fuerte panameño pueda dejar al descubierto algunos trapos sucios del Gobierno norteamericano. George Bush, sin embargo, dice que no tiene miedo de las denuncias que pueda formular Noriega en un eventual juicio, pero su fotografía junto al general panameño, cuando ambos eran los jefes de los servicios de espionaje de sus respectivos países, no le beneficia en absoluto.

Existen informaciones oficiales que demuestran que Noriega trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mientras Washington conocía perfectamente las vinculaciones de tipo comercial que el general mantenía con los narcotraficantes colombianos.Washington también sabía que Noriega era un déspota mucho antes de que losmarines encontraran cocaína, dinero en efectivo, fetiches, una foto de Hitler y material pornográfico en uno de sus refugios panameños.

Un informe de uno de los subcomités de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, fechado el pasado mes de abril, un mes antes del pucherazo del general Noriega, señala que la Administración del ex presidente Ronald Reagan conocía las actividades del general. El informe señalaba, asimismo, que la CIA también tenía constancia de sus escaramuzas.

Colaboración

William Casey, el director de la agencia durante el proceso del Irangate,declaró que la relación del general Noriega con los narcotraficantes no se denunció porque el general panameño «facilitaba una valiosa ayuda» en la política de EE UU «,en América Central y en especial en Nicaragua». Casey murió el 6 de mayo de 1987 y se llevó a la tumba muchos secretos sobre Noriega.

La conexión norteamericana de Manuel Antonio Noriega se inició hace mucho tiempo, antes de que el general se convirtiera en la bestia negradel presidente George Bush. Ahora su pasado podría servir al militar panameño, que se refugió en la nunciatura de la capital, para involucrar en su juicio a la Administración estadounidense.

Dos jueces de Tampa y Miami, en el Estado de Florida, le acusan de narcotráfico, de blanquear el dinero de los barones de la droga de Colombia y de aceptar sobornos.

George Bush, por su parte, se ha apresurado a declarar que no teme el juicio de Noriega, ni tampoco lo que el general pueda declarar para no hundirse solo. «El sistema [judicial norteaniericano] funciona y las cortinas de humo no le servirán de nada», ha declarado el presidente.

Noriega y Bush se conocieron en un almuerzo celebrado en Washington en 1976. El actual presidente norteamericano dirigía en aquel momento la CIA y el general estaba al mando de los servicios de espionaje panameños.

El general Noriega estaba considerado entonces como uno de los mejores especialistas en espionaje del continente americano. Se le conocen relaciones con Managua y La Habana y al mismo tiempo su presencia en el esquema ideado por Oliver North para suministrar armas a la contra parece más que probado.

La relación de Noriega con los norteamericanos viene de lejos. En uno de sus muchos viajes a Estados Unidos visitó Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde llevó a cabo con éxito un cursillo de psicología militar.

En aquella época, ni Noriega ni los propios militares norteamericanos podían imaginar que soldados entrenados y equipados en Fort Bragg serían los que le derrocasen del poder en Panamá.

Richard D. Gregorie, que en el año 1988 dirigió una investigación judicial sobre Noriega y que se dedica a la abogacía privada desde el pasado mes de enero, ha declarado que nunca consiguió la autorización para acceder a los documentos sobre Noriega que están en poder del Pentágono o la Agencia Central de Inteligencia.

Una vieja relación

Según Gregorie, cuando solicité a la CIA información sobre el general Noriega de forma reiterada, los funcionarios de la agencia le entregaron una carpeta con recortes de periódicos referidos al general y otros materiales de escaso interés. Gregorie cree que la relación entre Noriega y Washington se inició a principios de los años setenta.

Este investigador afirma que Noriega, jefe absoluto del servicio de espionaje panameño -el G-2-, recibió dinero procedente de la Agencia Central de Inteligencia por sus informaciones a las agencias norteamericanas sobre Cuba y operaciones militares én América Central.

Lawrence Barcella, un fiscal federal que logró procesar a un ex jefe operativo de la CIA, Edwin P. Wilson, cree que la CIA jamás revelará su relación con el general Noriega, porque la agencia preserva los nombres de sus contactos del mismo modo que hace con sus operaciones.

Pero Noriega aún no ha caído en las manos de sus antiguos amigos. El general continúa encerrado en la Nunciatura de Panamá. El Vaticano le protege y la legislación panameña impide su extradición a Estados Unidos. El presidente Bush sigue reclamando su envío a Miami y sigue asegurando que no le teme.

Los tribunales de justicia de Miami alegan que Noriega, el hombre que sabe demasiado, ha recibido más de 4,6 millones de dólares (unos 500 millones de pesetas) procedentes de los narcotraficantes colombianos, mientras que en Tampa le acusan de haber aceptado sobornos por valor de un millón de dólares. Ahora la cuestión no es probar esas acusaciones sino detener al sospechoso y sentarle en el banquillo de los acusados.

CON EL apresamiento de Noriega por, las tropas norteamericanas no se pone fin a nada. Las condiciones en que se ha producido no hacen sino subrayar hasta qué punto la invasión de Panamá ha sido, desde la perspectiva política, jurídica y moral, una chapuza Vergonzosa para EE UU. El presidente Bush ha proclamado con satisfacción que «el objetivo ha sido cumplido». Pero ¿a qué precio? Las tropas norteamericanas han empleado, para invadir un país sin capacidad defensiva, los métodos propios de la III Guerra Mundial: sus aviones supermodernos han arrasado barrios densamente poblados, causando cientos o quizá miles de muertos. ¿Son ésos los nuevos procedimientos militares de que tanto ha alardeado el Pentágono y que debían reducir al mínimo las víctimas humanas? ¿O acaso se computa sólo como víctimas humanas los soldados norteamericanos? Resulta lamentable que ni siquiera se conozca el número total de bajas. Y toda esa muerte y destrucción ¿para llevar a un solo delincuente ante la justicia?El Gobierno de EE UU y las nuevas autoridades de Panamá acusan al dictador Noriega de delitos de diversa índole: falsificar las elecciones, violar las leyes, asesinar a ciudadanos panameños, aparte del narcotráfico. Si hubiese una democracia en Panamá -objetivo proclamado de la invasión de EE UU-, lo lógico seria que Noriega fuese juzgado primero en su país, y se tramitara posteriormente su comparecencia ante los tribunales de EE UU. Ello no ha ocurrido por una razón obvia: porque la invasión norteamericana no ha establecido la democracia en Panamá; lo que ha hecho es colocar en los edificios oficiales a un Gobierno de legitimidad tan discutible tras la invasión como indiscutible en su origen electoral.

Los últimos momentos de la estancia de Noriega en la nunciatura se hallan rodeados de circunstancias poco claras. El Vaticano, después de una actitud valiente en defensa del derecho de asilo, ha acabado comportándose a lo Poncio Pilato: lavándose las manos y dejando que las tropas ocupantes impongan su ley. Por otra parte, la llegada a Panamá de una importante personalidad de la Administración de EE UU como Lawrence Eagleburger permite pensar que Noriega pactó en cierto modo su salida de la nunciatura. No puede olvidarse que el presidente Bush, al menos en la etapa en que fue jefe de la CIA, tuvo contactos y sin duda colaboró con el depuesto dictador. Es natural que tenga sumo interés en impedir que éste pueda utilizar la plataforma de un tribunal, sea en Miami o en Panamá, para sacar a la luz aspectos de su pasado que sean comprometedores. Ya los abogados que llevan el caso en EE UU se quejan de la negativa oficial a darles acceso a documentos importantes. Hay, pues, indicios de que EE UU saca a Noriega de Panamá para llevarle a un juicio por narcotráfico, pero con cierto arreglo previo para evitar que hable demasiado.

Pero no creemos que la razón última de la invasión pueda ceñirse a la detención del jefe de Gobierno panameño. Ni tampoco al deseo de restablecer la democracia, como dice el Gobierno de EE UU. Si fuese así, ¿por qué no invadió Chile para echar a Pinochet, en vez de ayudar a éste a derribar un poder democráticamente elegido como el de Allende? Prostituir la palabra democracia hasta tal extremo supera las dosis de cinismo acostumbradas en la vida internacional. El objetivo esencial de la invasión era colocar en Panamá un Gobierno obediente a los deseos de Washington. Pero eso es un capítulo más de una historia ya larga. Bush ha tirado por tierra el inicio de un nuevo tipo de cooperación, más equilibrada, que se plasmaba en el Tratado Carter-Torrijos.

El presidente Bush afirmó, después de una experiencia que él considera brillante, que todo ello no es sino una advertencia a los narcotraficantes del mundo. Las consecuencias de esta actitud pueden ser graví simas para todos. En el momento en que Europa entierra con las revoluciones del Este la doctrina de Breznev, ¿se puede aceptar que una nueva versión de dicha doctrina sea válida para los países de Centroamérica? Sería la ley del embudo: por parte de la URSS, no; para Europa, no. Pero por parte de EE UU, y para América Latina, sí.

Por eso ha sido tan importante -y elogiable- la actitud que España ha mantenido en la Asamblea de las Naciones Unidas votando con la mayoría y con los principales países latinoamericanos una resolución que «deplora» la invasión de EE UU. Pero es muy gra ve que los otros miembros de la CE hayan rechazado esa resolución. No se trata de que España tenga inte reses especiales en esa parte del mundo. Está en juego un principio fundamental: la misma razón de ser de la ONU. Si la CE guarda silencio cuando EE UU pisotea el derecho internacional, poco cabe esperar de la «política exterior coordinada» iniciada a raíz del Acta Única. Es un doble juego, cuando menos, hipócrita.

ESTADOS Unidos culminó ayer, con la entrega y captura del general Manuel Antonio Noriega, todos los propósitos de su intervención militar en Panamá, que no ha sido, de principio a fin, sino un gran despropósito. Contra toda norma del Derecho Internacional, contra todo acuerdo de Naciones Unidas, contra la opinión publica internacional, contra el nuevo clima de distensión extendido en el mundo y contra el respeto debido al principio de soberanía nacional, Estados Unidos ha ido contra Noriega, abriéndose paso a bayonetazos y pisoteando todo lo que se le ponía por delante. La operación norteamericana ha llevado el sangrante nombre de «Causa Justa», justificando lo injustificable con la fmalidad de restablecer en Panamá el estado de derecho que las atrocidades de Noriega -y particularmente su desprecio a la voluntad popular manifestado por no reconocer la victoria de Guillermo Endara en las últimas elecciones- habían dinamitado. Pero malamente ha podido escudarse la Administración Bush en el noble nombre del derecho cuando una intervención como la suya es en sí misma una violación del derecho internacional y cuando la muy privada intencionalidad de capturar a Noriega desbarata lo que tendría que haber sido un proceso del propio pueblo panameño contra el dictador. Entrar en un país a tiro limpio, llevarse por delante a civiles y militares, bombardear barrios enteros, allanar embajadas, bandolear por edificios de entidades y empresas y echar un pulso a la Santa Sede para raptar -se puede emplear la palabra- a un individuo que, para colmo, ha crecido en su ignominia de narcotraficante a los pechos de la CIA -en su momento dirigida por George Bush- es ir mucho más lejos de lo justificable y de lo tolerable. Añádase a todo ello que ni lo hecho es admisible ni la coartada que vanmente pretende difuminarlo es creíble. Porque Estados Unidos tiene intereses geostratégicos y económicos en Panamá y su Canal, de modo que sería ingenuo, a estas alturas, no ver en todo este episodio, mucho más que la causa justa de la devolución a un país de su soberanía popular y de su estatuto democrático, la fagocitación de un territorio vecino y la manipulación de un gobierno, el de Endara, de paja. Si antes Panamá era una finca de Noriega, ahora es una finca de los Estados Unidos. Aunque las tropas norteamericanas se retiren en los próximos días -menos de sus bases habituales, por supuesto, el inmenso mal ya está hecho: un gobierno, el de Endara, que pierde credibilidad a los ojos internos y externos, el germen sembrado de un previsible rebote nacionalista violento -no se olvide que el caudillismo de Noriega tenía muchos seguidores- y la tensión en toda la zona subida de tono. Y otra vez la desazón infinita de ver cuanto se parece el «sheriff» justiciero al vil cuatrero que entra en corral ajeno a robar «sus» gallinas con el pretexto de que perturban el sueño del granjero.