Estalla caso ‘Cesiones de Crédito’: Ruiz Mateos obliga a Emilio Botín (Banco Santander) a afrontar un largo proceso judicial

Lecturas

El 19 de junio de 1992 el presidente del Banco Santander, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, comparece durante más de dos horas ante el juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras Caballero como presunto inculpado en la investigación sobre las denominadas cesiones de crédito. Junto a él declaran el consejero delegado Rodrigo Echenique Gordillo y el responsable de la asesoría fiscal Julio Banacloche Pérez. Moreiras deja a los tres en libertad sin imponerles fianza. Botín sostiene al salir que las cesiones eran un instrumento financiero perfectamente legal y afirma que no le consta que se hubiesen producido irregularidades, aunque admite la posibilidad de algún «exceso de celo o alguna negligencia» en determinadas oficinas.

El 19 de junio de 1992 el eurodiputado José María Ruiz-Mateos apareció disfrazado de pirata a las puertas de la Audiencia Nacional. En esta ocasión no por el caso Ibercorp, sino por el caso cesiones de créditos por el que se investigaba al Banco Santander. El día que comparecía Emilio Botín, Ruiz Mateos apareció con un catalejo pidiendo ayuda para encontrar «el tesoro perdido» con el dinero robado por Botín.

Las cesiones de crédito eran un producto mediante el cual el banco cedía a un inversor todo o parte de un crédito que previamente había concedido a un tercero. El cliente entregaba dinero al Santander y recibía a cambio el derecho a percibir durante determinado periodo los rendimientos correspondientes al crédito cedido. El producto no era delictivo por sí mismo. El problema surgió por su opacidad fiscal: durante los años 1987-1989 el Santander había realizado decenas de miles de operaciones —posteriormente se contabilizarían 42.274 por unos 432.965 millones de pesetas y aproximadamente 3.500 titulares— y Hacienda pretendía conocer quiénes eran los verdaderos inversores y si habían tributado por los rendimientos obtenidos. Aparecieron operaciones asociadas a identidades que despertaban sospechas, incluyendo personas de capacidad económica difícilmente compatible con las cantidades invertidas e incluso personas fallecidas.

La investigación intentaba determinar, por tanto, dos cosas distintas. Una era si determinados clientes habían ocultado a Hacienda rendimientos obtenidos mediante aquellas inversiones. Otra, mucho más comprometida para Botín y la dirección del Santander, era si las anomalías detectadas en diferentes sucursales respondían a actuaciones aisladas o a una estrategia conocida o promovida desde la dirección del banco para garantizar la opacidad fiscal de los clientes. En aquel momento se investigaban posibles delitos contra la Hacienda Pública y falsedades documentales; la querella presentada por José María Ruiz-Mateos Jiménez había añadido también la imputación de estafa.

El procedimiento había recibido un fuerte impulso precisamente de Ruiz-Mateos, antiguo propietario de Rumasa y declarado enemigo de Botín después de la expropiación y posterior reprivatización de empresas del grupo. En marzo de 1992 presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra los administradores del Santander por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y delito fiscal. Ruiz-Mateos acabaría retirándose posteriormente de la acusación popular, pero para entonces la investigación judicial ya tenía vida propia. Paralelamente, la Inspección de Hacienda había remitido información a la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre las anomalías detectadas.

El primer resultado de la comparecencia es favorable a Botín. Sólo tres días después, el 22 de junio, el juez Moreiras hace saber que las diligencias practicadas no permiten afirmar que las irregularidades detectadas constituyesen una estrategia general del Santander conocida e impulsada por sus máximos directivos, ni que éstos hubieran dado instrucciones para entregar datos fraudulentamente alterados a Hacienda. La defensa recuerda además que de unas 44.000 operaciones únicamente se estaban investigando entonces unas 47. Eso no cerrará el caso: las cesiones de crédito terminarán convirtiéndose en uno de los procedimientos judiciales más largos de la historia reciente de la banca española.

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QUINCE AÑOS DEL CASO DE LAS CESIONES DE CRÉDITO

1991-1992. La Inspección de Hacienda detecta anomalías relacionadas con las cesiones de crédito. En marzo de 1992 José María Ruiz-Mateos Jiménez presenta su querella. El juez Miguel Moreiras Caballero registra los servicios centrales del Santander y obtiene documentación e información informática sobre las operaciones.

19 de junio de 1992. Declaran Emilio Botín, Rodrigo Echenique y Julio Banacloche. Quedan en libertad sin fianza. Tres días después Moreiras manifiesta que lo investigado hasta entonces no acredita que las irregularidades respondieran a una estrategia ordenada por la dirección del Santander.

Años siguientes. La instrucción continúa bajo la magistrada Teresa Palacios Criado. Ruiz-Mateos abandona la acusación popular. El procedimiento va concentrándose en determinar si los responsables bancarios habían cooperado con clientes concretos en delitos fiscales y falsedades mediante la ocultación o sustitución de las verdaderas identidades de los inversores.

1997. Un informe del fiscal Jesús Santos Alonso considera que existían elementos para investigar la responsabilidad de Botín, Echenique y miembros de la comisión ejecutiva por la ocultación de titulares. Posteriormente la posición del Ministerio Fiscal cambia y la Fiscalía termina solicitando el archivo.

1998-2003. Teresa Palacios mantiene viva la investigación. La controversia acaba centrándose en decenas de supuestos delitos fiscales y falsedades. En 2003 la Fiscalía vuelve a solicitar formalmente el sobreseimiento; también la Abogacía del Estado, que representaba a la Hacienda potencialmente perjudicada, se había mostrado favorable al archivo. Las acusaciones populares continúan sosteniendo la existencia de responsabilidades penales.

2003-2006. La causa llega a encaminarse hacia juicio contra Botín y otros directivos. Las acusaciones populares —fundamentalmente la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), relacionada con Rafael Pérez Escolar, e Iniciativa per Catalunya Verds— mantienen acusaciones muy graves por delitos fiscales y falsedad documental. ADIC llega a solicitar para Botín penas que sumaban 180 años de prisión. Ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado sostienen, sin embargo, esa acusación.

20 de diciembre de 2006. La Audiencia Nacional sobresee el procedimiento. Y aquí está el matiz fundamental: no celebra un juicio completo y dicta una sentencia absolutoria sobre el fondo. Considera que, en un procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral únicamente por iniciativa de una acusación popular cuando ni el Ministerio Fiscal ni el perjudicado directo —Hacienda, representada por la Abogacía del Estado— formulan acusación.

3 de diciembre de 2007. El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma por mayoría el archivo. De esta resolución nace la expresión «doctrina Botín»: la acusación popular no puede, bajo aquellas circunstancias procesales, llevar por sí sola al acusado a juicio cuando Fiscalía y acusación particular no acusan. El caso queda definitivamente archivado después de unos quince años de recorrido judicial.