Estalla el ‘caso Bardellino’: Fuga de un mafioso gracias a un permiso concedido por el juez Varon Cobos de la Audiencia Nacional

Antonio Bardellino, de 38 años, jefe de la Nuova Familia, uno de los dos planes de la Camorra, mafia napolitana, ha huido de la justicia española, después de que fuera puesto en libertad provisional, bajo fianza de cinco millones de pesetas, por el juez Ricardo Varón Cobos, magistrado de la Audiencia Nacional. La decisión del juez provocó una ola de protestas en Italia, donde Bardellino, considerado como un delincuente muy peligroso, estaba condenado por los tribunales. El Gobierno de Roma había solicitado su extradición, y la Interpol, que seguía sus pasos desde 1980, considera que es uno de los eslabones más importantes en la distribución internacional de drogas. Bardellino fue detenido en Barcelona en noviembre del año pasado.

El juez Varón, Cobos concedió la libertad provisional, que sorprendió en todos los medios jurídicos, porque al parecer no conocía suficientemente la personalidad del mafioso. A Varón Cobos no le correspondía, en principio, el caso Bardellino, ni el de los otros tres mafiosos junto a los que había sido detenido. El caso pertenecía al titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Francisco Castro Meije, pero éste se encontraba enfermo, y sus funciones al frente del juzgado fueron asumidas por Varón.Cuando el titular del juzgado, Francisco Castro, se enteró de la puesta en libertad del delincuente, se reincorporó al juzgado, aún no recuperado de su afección, y citó a Bardellino para que compareciera a su presencia.Igualmente, ordenó al grupo de investigación y vigilancia de la Audiencia Nacional que vigilara el domicilio en Madrid de Bardellino. La vigilancia se realizó, pero el mafioso ya, había huido. La compañera del italiano, Rita Da Vita, que todavía permanecía en la residencia, informó a los policías de que Bardellino no se encontraba allí, que había salido y que no sabía si volvería.

Orden de búsqueda

Ante la incomparecencia del capo camorrista, el juez ha revocado el auto de libertad provisional y ha dictado orden de busca y captura contra él. El abogado de Bardellino, Darío Fernández, considera que no se podía revocar la libertad provisional, porque el italiano tenía de plazo hasta el día 15 para presentarse al juzgado, y el expediente ya estaba cerrado a la espera de que se celebrara la vista, y por tanto el juez instructor ya no era competente en la materia.

Bardellino fue detenido en Barcelona el 2 de noviembre de 1983 junto con uno de sus guardaespaldas, Raffaele Scarnato, y dos de sus hombres, Pasduale Pirolo y Roberto Ferrara.

Bardellino y Scarnato se negaron a ser entregados a las autoridades italianas para ser juzgados, aunque no ocurrió lo mismo con sus sicarios, que sí aceptaron, volver a Italia para hacer frente a la justicia.

Contra Bardellino pesa una orden de captura internacional y otras seis de la magistratura italiana, por sus actividades como jefe de la Camorra.

Antonio Bardellino está considerado en Italia como uno de los jefes de la Nuova Familia, el clan que se enfrenta a la Nuova Camorra,de Raffaele Cutolo, informa Juan Arias desde Roma. Estos dos clanes rivales han mantenido durante años una guerra despiadada por el control del mercado de la droga. En 1982 llegaron a una tregua para repartirse el mercado. En medios policiales italianos se atribuye a Bardellino el control del tráfico de droga suramerica hacia Europa. Romano Argenio, comisario jefe de la brigada criminal de la policía de Nápoles, afirmó en el momento de la detención de Bardellino que «este general de la Camorra pagaba los estupefacientes con armas compradas en Alemania Occidental y Bélgica».

La libertad provisional concedida en Madrid al capo camorrista ha sido muy criticada por la prensa y las autoridades italianas. El magistrado Tullio Grimaldi, presidente de la séptima sección penal de Nápoles, ha señalado que la puesta en libertad de Bardellino puede esconder una tupida red de protecciones.

Agregó que calificar de «desconcertante» la libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas «es un eufemismo». El jefe de policía de Nápoles, Aldo Monarca, calificó la decisión como «increíble».

Bardellino está condenado en Italia a cinco años de cárcel. Los jueces dicen que se trata de un hombre muy astuto que durante el proceso de Nápoles, donde fue juzgado con otros 50 camorristas de su grupo, hizo prácticamente imposible la búsqueda de pruebas por parte de los magistrados.

Y el proceso acabó con 20 absoluciones y sólo cinco años de condena al peligroso camorrista.

Encarnación Reaño -compañera del presunto camorrista Raffaele Scarnato-, que fue testigo de excepción en el proceso de la irregular puesta en libertad del jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, ha manifestado a EL PAIS que Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cohos, magistrados ambos, y los intermediarios Luis Plana Terraza, El Catalán, y Josefa Suárez, la Pepa, se repartieron, a cambio de conseguir la libertad del mafloso, 10 millones de pesetas que les fueron facilitados en liras, francos suizos, francos franceses y dólares, además de pesetas.

La extradición a Italia de Scarnato -considerado por la policía como lugarteniente de Bardellino- fue concedida ayer por la Audiencia Nacional. Encarnación Reaño ha afirmado que se ha decidido a declarar la verdad debido a su falta de confianza en la Justicia española, ya que, según ella, Scarnato sólo tenía relación de amistad con Bardellino, «no era su lugarteniente como se ha dicho, porque entonces estaría en libertad» y le van a enviar a Italia por razones políticas, no jurídicas.Encarnación Reaño añadió que recientemente se ha denegado la extradición para otros italianos que estaban reclamados por asociación para delinquir, el mismo delito imputado a Scarnato. Los otros delitos de los que se acusa a Scarnato (hurto de automóvil, estragos y tenencia de explosivos), corresponden a un mismo hecho, que se produjo en Salerno (Italia), del que ya ha sido absuelto en ese país, según la documentación aportada por el defensor en el juicio.

La compañera de Scarnato ha manifestado que fueron pagadas 200.000 pesetas a un fiscal que intervino en el caso por estampar su firma, y que Rodríguez Hermida recibió, además del dinero, una pulsera de oro que costó 185.000 pesetas.

Rita de Vita, la mujer de Bardellino, destruyó, según Encarnación Reaño, todas las pruebas que guardaba en casa -consistentes en cambios de dinero, y recibos que implicaban a todos ellos- cuando se enteró de que se había revocado la libertad de Tonino.

La propuesta de libertad de Bardellino, siempre según la compañera de Scarnato, llegó por Luis, El Catalán. Éste les dijo que en otras ocasiones ya había sacado a más gente de la cárcel por el mismo procedimiento, que era legal, y que Bardellino no tendría que huir. Se necesitaban 15 millones y tenía que hacerse de forma muy rápida.

El dinero fue traído de Italia de forma clandestina por varias personas, vía Ginebra y Francia. Venía en francos suizos y franceses liras y dólares. Todo en billetes grandes. Parte, alrededor de ocho millones, fue cambiada a pesetas, y cinco de ellos sirvieron para pagar la fianza.

Cinco millones en las botas

El resto (otros diez millones), en dos entregas previas a la libertad de Bardellino, se confiaron a la Pepa y a El Catalán para que lo repartieran entre ellos y los jueces. La primera de las entregas se hizo dos o tres días antes de la puesta en libertad de Bardellino en la peluquería de la Pepa. Rita, la mujer de Bardellino, llevaba los cinco millones camuflados dentro de la botas. La segunda entrega se hizo el mismo día de la libertad, cerca de una hora antes, en uno de los pubs de la zona de ópera (se refiere a Nico’s y Don Galo).

Siempre según Encarnación Reaño, Rita de Vita le confirmó que los dos magistrados estaban complicados y que se esperó a que el juez encargado del caso estuviera ausente. «El juez encargado tar daría unos días en volver, tenía que hacerse en una semana, y por eso se precipitaron tanto las cosas y se trajo el dinero lo antes posible».

La compañera de Bardellino, Rita de Vita, estuvo cenando en dos ocasiones con Rodríguez Hermida y con la Pepa. En la primera, según afirma Encarnación Reaño, Rodríguez Hermida le dijo que no se preocupara por nada, y de hecho, cuando fueron a solicitar la Iibertad en el juzgado, ya estaba todo listo. A la segunda cena asistió también Bardellino, ya en libertad. Fue en un restaurante de cuatro tenedores.

Previamente, la tarde anterior, Encarnación acompañó a Rita a comprar un regalo para el juez. Adquirieron una pulsera de oro en la joyería Sanz, de la Gran Vía de Madrid. La joya hace un dibujo tipo herradura, costó 185.000 pesetas y le fue entregada al magistrado en la cena.

Contrabando de tabaco

Encarnación Reaño ha explicado que Bardellino durmió en el domicilio de la Pepa y el Catalán la noche en que cuatro policías fueron a buscarle a su propia casa, cuando ya se encontraba libre, para que firmara unos documentos. Esto era una simple disculpa, puesto que, como ya se había revocado la orden de libertad provisional, intentaban detenerle. Posteriormente, Encarnación lo trasladó fuera de Madrid.

La compañera de Scarnato afirmó también que Bardellino se dedicaba en Italia al contrabando de tabaco y a realiiar coacciones sobre posibles compradores de inmuebles para poderlos obtener posteriormente con beneficios más elevados.

Por otra parte, la Audiencia Nacional acordó ayer conceder a las autoridades italianas la extradición de Raffaele Scarnato. Esta decisión puede ser recurrida en súplica.

Raffaelle Scarnato podrá ser juzgado en Italia únicamente por los supuestos delitos de pertenencia a asociación creada para delinquir, hurto de automóvil, estragos y tenencia de explosivos.

Previamente, Scarnato deberá ser juzgado en España por el delito de falsedad en documento de identidad, ya que, cuando fue detenido en Barcelona el 2 de noviembre de 1983, portaba documentación falsa. Si resultara condenado, habría de cumplir la pena antes de ser entregado a las autoridades italianas, pero probablemente con el tiempo que lleva en prisión preventiva tendrá cumplida con creces la pena que le pudiera corresponder.

La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta a disposición de las autoridades italianas de los 10.800 dólares (1.620.000 pesetas), los 5.000 cruceiros (algo más de 4.000 pesetas), los dos relojes y la cadena de oro que le fueron ocupados en el momento de la detención.

LA QUERELLA por desacato interpuesta por el ministerio público contra Encarnación Reaño -relacionada con Raffaelle Scarnato, implicado en el caso Bardellino- y el director y un redactor de EL PAÍS recoge, al parecer, como presuntos hechos delictivos unas declaraciones publicadas en este periódico el pasado 31 de mayo, en las que la encausada afirmaba que dos magistrados y un fiscal habían recibido dinero a cambio de la irregular puesta en libertad bajo fianza del presunto jefe de la Camorra napolitana. La celosa y acelerada reacción del ministerio público al interponer la querella resulta tanto más sorprendente cuanto que el Tribunal Supremo había admitido ya a trámite la querella del fiscal general del Estado contra los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos -acusados, respectivamente, de prevaricación y cohecho y de prevaricación- por su presunta participación en la irregular excarcelación de Bardellino. Las declaraciones de Encarnación Reaño confirman que Rodríguez Hermida se lucró por sus gestiones en favor del procesado y añaden que también Varón Cobos y un fiscal recibieron dinero a cambio de la libertad bajo fianza del capo mafioso.La fulminante querella del ministerio público -tal vez favorecida por la mención de la compañera de Raffaelle Scarnato a la participación en este feo asunto de un miembro de la carrera fiscal, supuestamente beneficiado por un pago de 200.000 pesetas a cambio de una firma- fue decidida con tan inusitada rapidez que su anuncio precedió en pocas horas a la declaración formulada en calidad de testigo por Encarnación Reaño ante el juez delegado por el Supremo para instruir el sumario. Resulta así que la fiscalía se ha interferido de hecho en las diligencias procesales mediante la intimidatoria presentación de una querella criminal contra unas declaraciones a la Prensa transformadas de inmediato en declaración testimonial ante los jueces. De esta manera, Encarnación Reaño, en vez de ser alentada por el ministerio público a contar su versión de los hechos, ha sido acusada de desacato por el fiscal precisamente por exponer -con acierto o con error- los datos y las informaciones que su privilegiada posición en la historia le había permitido recabar. En el hipotético supuesto de que Encarnación Reaño hubiera faltado dolosamente a la verdad, por motivos tan difíciles de adivinar como peligrosos para su propia seguridad, el delito cometido sería, pensamos, un falso testimonio ante los jueces, y no un desacato.Todavía más sorprendente es que la querella del ministerio público se haya dirigido contra un redactor y contra el director de EL PAÍS. La autoría de las declaraciones publicadas en este periódico el pasado 31 de mayo corresponde, evidentemente, a la persona que las realizó y que posteriormente se ratificó sobre su contenido ante el juez de instrucción pertinente. ¿Qué razón procesal puede justificar la inclusión de los periodistas en esa extraña querella? La imprecisa figura penal del desacato -por la que el director de EL PAÍS fue condenado hace cuatro años en el Tribunal Supremo a tres meses de prisión con motivo de un comentario editorial sobre la situación de la Administración de justicia en España- castiga a quienes «calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren de hecho o de palabra, en su presencia o en escrito que les dirijan», a ministros o autoridades en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo ajustar dentro de ese laxo tipo delictivo el hecho de que un periodista recoja y publique las declaraciones de un testigo de excepción en un proceso abierto por prevaricación y cohecho contra miembros de la carrera judicial?

El incidente producido por esta extraña querella no puede por menos de replantear las difíciles y desparejas relaciones entre el Poder Judicial y el ejercicio de la libertad de expresión y de información que posibilita la existencia de un Prensa independiente, veraz y responsable. En los eventuales conflictos entre Poder Judicial y medios de comunicación, resulta improbable que la fortuna se incline a favor de los periodistas, irremediablemente enfrentados -mientras no se promulgue la ley del jurado- con quienes, por definición, son por ahora juez y parte en el litigio. El propio magistrado Varón Cobos, acusado ahora de prevaricación y suspendido en el ejercicio de sus funciones, dio lugar, en el pasado, a juicios contra periodistas acusados de mancillar su buen nombre y su honorabilidad.

Lo más curioso es que la operación de la irregular puesta en libertad bajo fianza del camorrista Bardellino no fue sacada a la luz ni por la inspección de los tribunales ni por el ministerio fiscal (a quien corresponde, entre otras cosas, «velar por la independencia de los tribunales y velar ante éstos la satisfacción del interés social»). Fue la Prensa la que aventó el escándalo y la que puso en la pista de los hechos al fiscal y al Consejo General del Poder Judicial. Y es bien posible que si la Prensa no hubiera denunciado el caso, éste hubiera ido a parar a la nómina de astillas de lujo. Pues, tan celoso de la legalidad como se muestra el fiscal, no estaría de más se preocupara por la permanencia de esta institución de la propia astilla en nuestra Administración de justicia. El buen nombre y la respetabilidad de ésta, dañados por su escandalosamente mal funcionamiento y por sucesos como el caso Bardellino, deben mucho precisamente a plumas como las del redactor de tribunales de este periódico, José Yoldi, ahora bajo la sospecha legal de desacato. Por eso la querella es para enrojecer de vergüenza.

LA SALA Segunda del Supremo ha dictado auto de procesamiento contra Jaime Rodríguez Hermida, magistrado de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y Ricardo Varón Cobos, juez central de instrucción de la Audiencia Nacional, acusados de un delito de prevaricación. El fuero que ampara a estos dos jueces exigía que fuese precisamente el Supremo la instancia competente para adoptar la medida. Resulta innecesario subrayar que los magistrados de la Sala Segunda, al dictar su resolución, se han visto obligados a actuar contra dos compañeros de carrera, uno de los cuales, de añadidura, forma parte del propio Supremo. Decisiones de esta índole ayudan decisivamente a que los miembros de la magistratura se ganen la confianza de la sociedad española. Por lo demás, fueron periodistas (en EL PAÍS y en Diario 16) quienes sacaron a la luz los hechos que han dado lugar a este auto de procesamiento. Esta historia confirma que las denuncias de la Prensa sobre los comportamientos irregulares de los miembros de cualquier institución, lejos de significar -como los demagogos del gremialismo suelen afirmar- un ataque a la institución misma, constituyen una valiosa contribución a la legitimación de los aparatos del Estado frente a los ciudadanos y a la erradicación de las corrupciones. El procesamiento reconstruye los procedimientos mediante los cuales el mafioso Bardellino, en prisión en España y reclamado por la justicia italiana para responder de sus delitos, fue puesto en libertad. Aprovechando que el magistrado titular del Juzgado Central número 5, que había decretado la prisión incondiconal de Bardellino, se hallaba ausente por enfermedad, Ricardo Varón Cobos, actuando como suplente, resolvió concederle la libertad bajo una fianza de cinco millones de pesetas, pese a que el ministerio fiscal había solicitado ya la elevación de las actuaciones de este procesó de extradición pasiva a la Audiencia Nacional.

Existen indicios de que esa puesta en libertad, decisión procesalmente injustificable, encaja en el tipo delictivo de la prevaricación, que el artículo 356 del Código Penal reserva para «el juez que, a sabiendas, dictare auto injusto». De acuerdo con el auto, el irregular comportamiento del juez Varón Cobos estuvo influido por las recomendaciones de Rodríguez Hermida, magistrado en activo del Supremo, quien le sugirió incluso el ardid («un medio que pudiera tener visos de legalidad») para excarcelar a Bardellino, dado inmediatamente a la fuga. De esta forma, «influyendo el uno (Rodríguez Hermida), de forma decisiva y hasta buscando un arbitrismo con visos de legalidad, y dictando el otro (Varón Cobos) un auto de libertad», ambos incurrieron en un presunto delito de prevaricación. El auto subraya que los dos magistrados «hicieron caso oiniso» de la normativa vigente sobre extradición pasiva -«cuyo desconocimiento no es ni tan siquiera presumible dadas las condiciones personales de ambos como peritos y versados en derecho»- y facilitaron, «con apariencia seudolegal, el único camino que podía usar Bardellino para huir y sustraerse a la acción de la justicia».

Aunque el fiscal acusaba también a Rodríguez Hermida de cohecho, como consecuencia de los presuntos regalos que le habrían sido entregados por ta amante de Bardellino, el Supremo no se pronuncia sobre ese extremo y declara que «no ha lugar, por ahora, a decretar el procesamiento de cualesquiera otras personas». Una explicación de esa ausencia pudiera ser la inexistencia de pruebas sumariales suficientes. Pero también hay que recordar que sólo incurren en cohecho los funcionarios públicos que aceptan sobornos por actos relativos al ejercicio de sus cargos; y que tal vez podría ínterpretarse que Jaime Rodríguez Hermida no se hallaba en el desempeño de sus funciones como magistrado del Supremo al presionar a su compañero de carrera. En cualquier caso, el delito de prevaricación continúa siendo el mismo aunque la motivación no sea el dinero sino una arbitrariedad dolosa, una relación sentimental o un amiguismo clientelista. Y el procesamiento de ambos jueces puede abrir una etapa de verdadera autocrítica sobre el propio comportamiento de la magistratura.