Los GAL asesinan en Francia a los etarras Vicente Perurena y Ángel Gurmindo, este último mano derecha del capo Iturbe ‘Txomin’

Hoy comienza oficialmente, en medio de la crispación y del miedo, la campaña electoral para los comicios que renovarán, el próximo 26 de febrero, el Parlamento de la comunidad autónoma vasca. Abundan síntomas de que el camino hacia las urnas será obstaculizado por manifestaciones violentas de diverso signo. Mientras los recientes crímenes de ETA y de los GAL amenazan con oscurecer todavía más el sombrío panorama del País Vasco, los primeros enfrentamientos verbales entre el PNV y el PSOE, con el telón de fondo de la radicalización de Herri Batasuna, hacen temer que la campaña esté cargada de peligrosas tensiones.La lucha contra la violencia terrorista se encuentra en un momento crucial, cuyo desenlace dependerá en buena medida del talento del Gobierno para no deshacer con una mano los aciertos que consiga con la otra. Los extrañamientos y las deportaciones de miembros de las distintas ramas de ETA, decretados por el Gobierno francés a cuentagotas tras largos años de tolerancia permisiva, han deteriorado la infraestructura de esas organizaciones en el exterior, pero no parecen constituir -y nunca lo parecieron- eseprincipio del fin que el portavoz del Gobierno anunció apresurada e irresponsablemente. El asesinato del teniente general Quintana Lacaci prueba que ETA Militar conserva capacidad operativa para golpear en la propia capital del Estado.

La inteligente estrategia iniciada por Juan José Rosón, a fin de posibilitar la reinserción social de antiguos miembros de las bandas terroristas, siempre que estén dispuestos a enterrar las armas y a acatar la legalidad democrática, inquieta a la organización terrorista. El asesinato de Mikel Solaun y el vil comunicado con que ETA Militar ha tratado de justificar su crimen -«aviso» para quienes abandonen el camino de la violencia movidos por el «egoísmo individual» y la «pérdida de la conciencia revolucionaria»- muestran también que, contra lo que la derecha autoritaria opina, las fórmulas orientadas a facilitar el desistimiento de las personas vinculadas a las bandas armadas son vistas con enorme temor por los dirigentes terroristas, primeros convencidos de la eficacia de esa política para debilitar los apoyos a las bandas armadas. No debe olvidarse que la bandera de los presos y detenidos ha sido, junto con la denuncia de las torturas, el arma utilizada por los terroristas para conseguir adhesiones emocionales en la sociedad vasca.

Los atentados perpetrados en suelo francés por otra banda armada, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), contra militantes de ETA indicaron, el pasado mes de diciembre, que la llamada guerra suciahabía pasado ya de la fase de los comentarios imprudentes a la etapa del crimen organizado. El asesinato en Hendaya de Vicente Perurena y Ángel Gurmindo, presumible réplica a los crímenes de ETA durante las pasadas semanas, debilita la hipótesis de que las anteriores acciones sangrientas de los GAL trataran exclusivamente de forzar al Gobierno francés a tomar medidas en el departamento de los Pirineos Atlánticos. La polémica sobre la identidad de los terroristas de los GAL y sobre las gentes que financian, organizan y amparan esas acciones criminales corre el riesgo de moverse entre la autocensura hipócrita y la acusación desprovista de pruebas. En cualquier caso, el terrorismo de los GAL es tan abominable como el de ETA, y quienes lo amparan verbalmente -el señor Olarra incluido-, tan culpables del mantenimiento de la violencia en Euskadi como Herri Batasuna lo es. El Estado y sus instituciones deben manifestarse inequívocamente contra esta nueva especie de asesinos que añaden muerte sobre muerte y violencia sobre violencia, arrojando el problema vasco hacia una espiral de más difícil salida cada día.

Hasta ahora, la violencia asesina de ETA había sido combatida por los aparatos de seguridad del Estado. Con independencia del rechazo moral que cualquier forma de violencia exige, quienes tengan en sus manos la posibilidad de detener o de impedir las criminales actuaciones de los GAL están todavía a tiempo de hacer una reflexión política sobre las imprevisibles consecuencias de esta estrategia suicida para la paz en el País Vasco. Un Estado de derecho no sólo debe combatir los crímenes terroristas mediante la aplicación de las leyes por la policía y los jueces, sino que también está obligado a velar por el orden público -un invento de las sociedades civilizadas- y a impedir lá ruptura de éste por obra de bandas armadas que traten de conseguirpor las malas los objetivos que no puedan alcanzar por las buenas los cuerpos de seguridad. Una vez abierta la caja de Pandora del desprecio hacia la legalidad, la dinámica interna de las fuerzas desatadas resulta incontrolable y puede socavar la estabilidad de las instituciones democráticas.

La evidente crispación de la campaña electoral que ahora se inicia no podría explicarse sin ese trasfondo de muerte y dolor que la terrible espiral de la accilón-represión-acción ha acumulado en la memoria del pueblo vasco durante los últimos años. A quienes no hayan padecido esas traumáticas experiencias les parecerá casi irreal que el PNV y el PSOE se tiren verbalmente a degüello entre sí, cuando no resulta descartable -aunque sea por ahora improbable- que el veredicto de las urnas o el desarrollo de los acontecimientos les fuercen algún día a restablecer sus viejas alianzas del exilio y de las primeras elecciones generales.

Se puede criticar al PNV por su tendencia a patrimonializar las instituciones de autogobierno y a mantener posiciones que implícitamente identifican al pueblo vasco con la comunidad nacionalista, con olvido del carácter plural de esa sociedad en los ámbitos políticos, ideológicos y culturales. Se puede también criticar al PSE-PSOE por su vacilante trayectoria de los últimos años, que le ha llevado a énfasis innecesarios a la hora de abrazar sus nuevas posiciones, por su recién estrenada insensibilidad respecto a los derechos humanos de los detenidos y por carecer de un modelo autonómico alternativo al que ofrece el PNV. Pero ambas formaciones políticas están condenadas a entenderse no sólo para erradicar la violencia terrorista y velar por los derechos humanos, sino también para acometer los planes de reconversión industrial y sentar las bases definitivas de una autonomía recién creada.

La Guerra Sucia del Norte hay que contemplarla con la mayor objetividad posible, por más difícil que pueda resultar la asepsia dialéctica en una materia tan dolorosa. ETA, antigua aliada del partido de la mayoría del Gobierno, ETA que mueve sus peones en un alucinante tablero político-ideológico, ETA que cuenta incluso con un sistema de autodefiniciones (ETA militar, ETA- VII Asamblea, Comando Liberado, Comando Legal, etc.) es sujeto ahora de la acción de otro grupo terrorista: el GAL. LA Guerra Sucia del Norte se endurece, pero ¿es esa la fórmula idónea para resolver tan trágico conflicto? Lo diré deprisa y sin rodeos: Los GAL – según parece Grupos Antiterroristas de Liberación – se oponen al terrorismo por el procedimiento de ejercerlo. Eso sólo sucede en las comunidades primitivas o en las sociedades en franco periodo de descomposición. EL ojo por ojo, la Ley del Talión, el adivina quien te dio, limita con la barbarie. Estar contra ETA no debe equivaler a estar con los GAL, porque estar contra ETA es estar a favor de la ley, de la justicia, de la sensatez y del derecho de todo ciudadano a sentirse protegido y a no ser sujeto de coacciones, amenazas, extorsiones o víctimas ensangrentada de unos desalmados.

Desconozco la mano que mueve a los GAL, pero creo que, en el mejor de los casos son la réplica desesperada a una situación que tienen muy claras soluciones, con las fuerzas de Seguridad del Estado y en los Tribunales de Justicia. Donde no está la solución es en las excarcelaciones. SI el Gobierno ,sea cual fuere su titularidad ideológica, está dispuesto a acabar con el terrorismo, acabará con el terrorismo. Si para acabar con el terrorismo ha de recurrir a procedimientos de excepción – contemplados por las leyes – o a ser taxativo en la interpretación de la letra y el espíritu de la Constitución, que lo sea. Lo que no puede hacer es dejar que resuelvan a tiros sus litigios las bandas y banderías en que se divide hasta la tragedia, un pueblo. El terrorismo es una forma de bandidaje, ¡allá quienes lo idealizan, quienes creyeron en él, quienes le apoyaron para salir de una y otra coyuntura political.

El terrorismo es bandidaje, como el atraco, la violación, el asesinato y tantas y tantas otras lacras que hoy constituyen, Dios me perdone, el pan nuestro de cada día. Que los joyeros tengan que repeler a tiros a los atracadores o que un hombre tenga que defender a su mujer a navajazos frente a un intento de violación resulta tan deprimente como el que unos ciudadanos, cuya identidad desconozco tengan que ejecutar sentencias no dictadas o contestar al crimen con el crimen, a la muerte con la muerte. Esa es una tarea para el Gobierno, que tiene medios para que concluya esta orgía de sangre, este desolador panorama sin que cada individuo se crea en el derecho con el deber de tomarse la justicia por su mano. Cuando los hombres tienen que recurrir a este procedimiento, la sociedad organizada no tiene razón de existir, se ha suicidado. No quiero herir el dolor de quien ha sufrido en su carne y en su alma el zarpazo doloroso del terrorismo o del bandidaje, estoy tratando de explicar que no es a un voluntarioso caballero andante a quien le corresponde establecer el principio de la Ley, el imperio de la Justicia… Si el Gobierno no sabe hacerlo o no quiere hacerlo, que dimita.

Antonio Izquierdo