Filtración Wikileaks: Cinco periódicos publican documentación secreta de la diplomacia de los Estados Unidos de América

La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton calificó ayer de ataque a la comunidad internacional la publicación de los documentos de su departamento filtrados a Wikileaks y cuya difusión iniciaron ayer cinco diarios de referencia de Europa y Estados Unidos, entre ellos EL PAÍS. Fue Wikileaks, organización creada con el objetivo de dar a conocer informaciones de interés público que poderes diversos pretenden mantener ocultas, quien obtuvo y divulgó filtraciones relacionadas con las guerras de Afganistán e Irak que las autoridades norteamericanas consideraron secretas.

The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y EL PAÍS iniciaron ayer la publicación, sometida a cautelas deontológicas en algunos casos, de hasta 250.000 informes del Departamento de Estado y comunicaciones con sus embajadas en todo el mundo obtenidos por Wikileaks en los que se revelan informaciones y opiniones de indudable interés para el público. Las filtraciones anteriores de Wikileaks ya habían dejado al descubierto las razones últimas de algunas de las principales decisiones adoptadas por Washington, haciendo inteligibles movimientos internacionales que carecían de explicación.

De acuerdo con la Convención de Viena, las embajadas están autorizadas a obtener cualquier información de los Estados ante los que se encuentran acreditadas siempre que sea a través de medios lícitos. La información contenida en los documentos ahora conocidos no prueba que Estados Unidos haya cometido ninguna ilegalidad; dependerá de los medios que haya empleado para obtenerla. Pero en las instrucciones cursadas desde el Departamento de Estado se reclaman a las Embajadas estadounidenses datos de difícil o imposible acceso mediante procedimientos aceptados. Los documentos conocidos demuestran una excesiva tendencia de los organismos oficiales de Estados Unidos, y probablemente también de otros países, a clasificar como reservadas o secretas informaciones que no deberían serlo. La transparencia es la principal garantía contra la arbitrariedad en el comportamiento de los poderes públicos, incluida la corrupción. Las relaciones diplomáticas no deberían convertirse en un reducto al margen de la exigencia de transparencia.

Uno de los asuntos más relevantes de los documentos aflorados está relacionado con la estrategia de Estados Unidos y sus aliados frente al desarrollo del programa nuclear iraní. Gracias a la filtración se ha tenido constancia de que las monarquías petroleras del Golfo comparten los temores de la comunidad internacional. El problema es que también Teherán ha podido conocer las intenciones y los sentimientos que albergan sus vecinos ante su creciente hegemonía en la región, de la que el programa nuclear es uno de los principales instrumentos pero no el único. El alineamiento de hecho de las posiciones de algunos Gobiernos árabes y las de Israel puede tener un alto coste político interno para aquellos, al margen de que exigirá perfilar mejor la estrategia seguida frente a Teherán.

La proliferación nuclear en el Golfo no es un asunto regional, sino que afecta a la seguridad mundial. Los documentos dejan constancia de que todas las partes involucradas se están decantando por opciones que parecen descartar la desnuclearización completa de la región. Aunque difícil, se trata de la única opción que obligaría a buscar un arreglo general para conflictos que, como el de Israel y Palestina, han pasado a un injustificable segundo plano. Junto al escenario asiático, el de Oriente Próximo tiene un alto potencial desestabilizador para la seguridad internacional. Los documentos conocidos y relativos a otras regiones, como América Latina y Europa, dejan sobre todo constancia del grave deterioro del liderazgo político mundial.

Si de algo podemos dar testimonio los periodistas es de cómo a lo largo de los últimos años la información, las noticias, nuestro trabajo, se ha ido haciendo cada día más difícil debido a la opacidad, la falta de transparencia, el gusto por el secretismo y la creciente capacidad de manipulación de los datos exhibida por organismos oficiales y entidades privadas. En algunos países se ha intentado poner freno a ese tsunami a través de leyes que obligaran a los organismos oficiales a difundir parte de la información de que dispone o que manejan, las llamadas Freedom Information Acts (inexistente todavía en España). Aun así, millones de documentos han quedado fuera de esas leyes al aplicárseles, muchas veces de manera rutinaria y poco razonada, la categoría de «clasificados» o de «secretos».

La aparición de Wikileaks ha venido a cambiar radicalmente ese panorama. Creada en 2006 y presidida por el australiano Julian Assange, tiene por objetivo proporcionar a los ciudadanos noticias e informaciones importantes que consigue gracias a filtraciones a las que, mediante un imponente esfuerzo tecnológico, ofrece total anonimato. Personas que tienen acceso a informaciones que consideran de relevante interés público pueden ahora depositarlas en una «caja electrónica» que garantiza una total protección de la fuente. Pero Wikileaks no se limita a recoger esa información y lanzarla después a la web, sino que la somete a un serio escrutinio para verificar su autenticidad y, posteriormente, a la investigación de periodistas que trabajan de acuerdo con principios profesionales y éticos y que se encargan de su comprobación y análisis, facilitando la comprensión y el contexto de todo ese material inicial. Los responsables de Wikileaks y los periodistas que acceden a esas informaciones están comprometidos profesional y voluntariamente a eliminar o posponer detalles que puedan poner en peligro la vida de personas o la integridad de las fuentes.

La primera gran filtración de Wikileaks fue el video que demostró como soldados norteamericanos mataron a un fotógrafo de Reuters, a su ayudante y a nueve personas más, sin que en ningún momento ninguno de ellos hubiera hecho el menor gesto que pudiera ser interpretado como una amenaza por la tripulación el helicóptero agresor. La agencia Reuters había pedido reiteradamente ese video, sin que las autoridades competentes hubieran aceptado la obligación de proporcionarlo.

Poco después, el 25 de junio de este año, los diarios The New York Times y The Guardian y el semanario Der Spiegel difundieron un conjunto de informaciones relacionadas con 92.000 documentos sobre la guerra de Afganistán facilitados por Wikileaks y el 22 de octubre se hicieron públicos casi 400.000 documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionados con la guerra de Irak, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009. Por primera vez, se constató que las autoridades norteamericanas conocían el uso sistemático de la tortura, que las víctimas en Irak se cifraban oficialmente en 109.032 muertos y que el 63% eran civiles.

La principal acusación que se formula siempre contra periodistas y medios que publican documentos clasificados como secretos por los Gobiernos de países democráticos es que se pone en peligro la vida de personas, o la propia seguridad del Estado. Fue la misma acusación que se formuló contra The New York Times o The Washington Post cuando publicaron, en 1973, los famosos Papeles del Pentágono, el exhaustivo análisis encargado por el propio Secretario de Defensa Robert McNamara sobre la implicación de Estados Unidos en el conflicto de Indochina.

En aquella ocasión, el Tribunal Supremo norteamericano emitió una sentencia histórica, apoyando el derecho de publicación y afirmando que era la Administración la que debía demostrar en cada caso y en cada artículo que existía realmente ese riesgo. «Todo sistema de censura previa del que conozca este Tribunal tiene una fuerte presunción de estar viciado de inconstitucionalidad», afirmaba el Supremo. Ninguna de aquellas informaciones publicadas por el New York Times o por el Washington Post puso nunca en peligro la vida de personas, ni la seguridad nacional de un Estado democrático. En aquel caso, como en los suscitados ahora por las filtraciones de Wikileaks, ocurrió exactamente lo contrario. La información ayudó a salvar vidas inocentes y a mejorar la salud de las democracias fortaleciendo su transparencia y su responsabilidad.

«La publicación (de estas informaciones) mejora la transparencia, y esa transparencia crea una mejor sociedad para todo el mundo. Una mejor vigilancia permite reducir la corrupción y hacer más fuertes a todas las instituciones de la sociedad, incluidos los Gobiernos, corporaciones y todo tipo de organizaciones. Unos medios periodísticos vibrantes, sanos e inquisitivos juegan un papel vital en alcanzar esos objetivos. Somos parte de esos media», asegura la carta de presentación de Wikileaks. Quienes participamos ahora de esta historia compartimos la creencia de que los medios de información responsables deben intentar no solo responder a las preguntas que se hacen los ciudadanos sino, sobre todo, ayudarles a formular las preguntas correctas, esenciales precisamente para su comportamiento cívico. La primera de esas preguntas es siempre «¿Quién decide por mí? ¿Cómo ha llegado a esta decisión? ¿Qué datos maneja y qué objetivos persigue en mi nombre?». La nueva filtración de Wikileaks supone un gran avance en ese aprendizaje.

¡Vaya pedrada le ha dado en la frente el pequeño David que es Wikileaks al Gran Hermano que todo lo sabe y controla! Se entiende que el Gobierno de Estados Unidos intente minimizar los daños. También que le sigan otros Gobiernos amigos, así como alguno de los medios que no han podido acceder al torrente documental aportado por la organización de Julian Assange. Pero cuantas más noticias vayan surgiendo de esta mina de información más difícil será ocultar el interés público de sus contenidos, así como el parte de abolladuras y averías que produce la revelación de unos secretos celosamente guardados.

De entrada, hay que señalar que la diplomacia norteamericana sale dañada de este envite, tal como explicaba ayer Robert Baer, un ex agente de la CIA, en las páginas del Financial Times. Baer centra su evaluación de desperfectos en los canales de comunicación especiales que muchos jefes de Estado, sobre todo de países árabes, establecen con el presidente de EE UU, normalmente una persona de confianza del mandatario extranjero. Assange ha pulsado el botón reset y ahora Washington tendrá que empezar desde cero en este capítulo. Quien más sabe de estos asuntos en nuestro país, que es Javier Solana, ya ha indicado que esta filtración obligará a los diplomáticos a cambiar de métodos y hábitos de trabajo, algo que afecta también a numerosos ciudadanos, empresarios, periodistas, jueces o políticos, que deberán aprender una nueva cultura de la cautela en sus contactos con diplomáticos de todos los países. En la observación de Solana hay una crítica implícita a usos que no corresponden a la época en que vivimos. No se trata solo de una mala utilización de las comunicaciones y de un pésimo blindaje por parte de una superpotencia que imparte lecciones sobre las ciberguerras del futuro; sino del estilo periclitado e impropio del nuevo mundo globalizado y multipolar con que todavía se mueven algunos diplomáticos.

De momento, la publicación simultánea de las primeras noticias surgidas del archivo de Wikileaks ha forzado a todo el Departamento de Estado a movilizar todos sus recursos para amortiguar el impacto y prepararse para las revelaciones sucesivas. Este es el cuarto cañonazo dirigido hacia EE UU, en un bombardeo que va aumentando en intensidad: el primero fue el vídeo Asesinatos colaterales, con voz e imágenes del ametrallamiento en Irak de un grupo de civiles desde un helicóptero militar estadounidense; el segundo y el tercero fueron 90.000 y 400.000 documentos de las guerras de Afganistán e Irak, respectivamente.

Advertidos con varios días de antelación de la envergadura del cuarto disparo, las embajadas y consulados en todo el mundo realizaron una acción de amortiguación preventiva mediante contactos a todos los niveles con los amigos y socios afectados por las revelaciones. Una vez se abrió la espita por donde fluyen las noticias se han producido simultáneamente dos reacciones contradictorias: una minimizadora y otra amenazadora. Pero la reacción más importante, que será discreta e incluso desconocida por el gran público, será la reparación del vehículo diplomático dañado. Hay todavía una avería política mayor de reparación más difícil, y es la que afecta al desplazamiento del poder en el mundo, así como al futuro de la superpotencia americana.

El caudal de credibilidad y de prestigio internacionales que EE UU había recuperado gracias a Obama y que formaba parte del capital político más apreciado de esta presidencia, está escapando a ojos vista por la vía de agua abierta por Wikileaks. Vuelven los peores estereotipos, cultivados durante la guerra fría y recrudecidos con la presidencia de Bush, a través de esta brecha informativa que nos ilustra sobre la mentalidad, las formas de presión e incluso las sonrojantes expresiones de arrogancia de algunos diplomáticos norteamericanos, así como la deferente actitud de sus contrapartes de los distintos países, españoles incluidos.

El Gran Hermano, en crecimiento constante en EE UU y Europa, tiene una versión mucho peor y más fiel al modelo totalitario de la guerra fría que inspiró a George Orwell, el creador del personaje literario. Está en países como China, donde el hipercontrol cibernético y audiovisual del ciudadano se suma a los controles policial y militar tradicionales en una dictadura clásica. Que la grieta no alcance todavía a esta versión aún más tenebrosa y totalitaria no es argumento para descalificar las revelaciones sobre EE UU ni significa que no deban llegar hasta China algún día. La tecnología y la globalización pondrán también de su parte, esperemos que pronto. También lo harán, sin duda, los nuevos poderes o contrapoderes emergentes no estatales, surgidos de la sociedad civil global y tecnológica, de los que Wikileaks es solo el primer y más espectacular ejemplar.

Es difícil evitar la hipótesis fuerte de que la detención ayer en Londres de Julian Assange, por acusaciones de coacción, violación y acoso sexual procedentes de Suecia, tiene algún tipo de motivación en la profunda inquina que los estamentos oficiales de Estados Unidos han proyectado sobre el fundador de Wikileaks por el empeño de sacar a la luz los secretos de su diplomacia. La última filtración de más de 250.000 documentos reservados y confidenciales del Departamento de Estado, cuyo impacto se ha acrecentado por la labor de sistematización y contextualización llevada a cabo por cinco periódicos de referencia mundial, ha provocado reacciones furiosas en Washington, comprensibles en algunos casos, pero absolutamente disparatadas en otros, como exigir que se trate a Assange como un terrorista y a la organización que dirige como incursa en le legislación sobre terrorismo puesta en pie en EE UU tras el 11-S.

Las acusaciones que se han formulado en Suecia contra Assange tienen relación con delitos comunes y no con su actividad profesional. De momento, EE UU está estudiando cómo formular una acusación que, partiendo de la revelación de los secretos de sus guerras en Irak y Afganistán y de su diplomacia, así como del daño que se le ha podido infligir por ello, termine por llevar al fundador de Wikileaks ante la justicia norteamericana. No lo tienen fácil los fiscales estadounidenses, pero están en ello.

Frente a las denuncias que se han presentado en Suecia, Assange tiene menos defensa política -y habrá que ver si también jurídica- que frente a la que le pudiera venir por su actividad en Wikileaks. Esas denuncias se admitieron primero, se descartaron luego y se reabrieron después por la fiscalía, para acabar llevando a la petición de extradición del fundador de Wikileaks a Reino Unido. A Assange no le queda, pues, otra opción que colaborar con la justicia para defenderse de acusaciones que considera falsas y evitar una condena que daría un excelente pretexto a sus enemigos para acabar con su organización, sometida ya a un acoso informático y financiero sin precedentes.

La detención de Assange y su puesta a disposición judicial augura un proceso de extradición que llevará su tiempo y en el que la justicia sueca tendrá que precisar los hechos y los delitos de los que se acusa a Assange ante unos jueces británicos estrictos y puntillosos, como se mostraron con el caso del dictador Pinochet.

Si sale bien librado de las denuncias, a Assange le corresponderá seguramente enfrentarse a una acusación mucho más grave: la que le puede llegar de EE UU por revelar los secretos de su diplomacia. Sería más grave en virtud del poder de quien puede formularla, pero muy difícil de articular en los tribunales -Assange no es funcionario, ni tiene la nacionalidad estadounidense; tampoco es el autor de la filtración sino su divulgador- y ante la que cabe esperar una recia defensa política y jurídica.

Dos semanas después de haberse publicado los primeros documentos confidenciales del Departamento de Estado norteamericano, el asunto se ha convertido en un gran tsunami informativo cuyas últimas consecuencias estamos aún lejos de poder calibrar. La publicación simultánea del contenido de los documentos facilitados por Wikileaks en cinco grandes medios de referencia en el mundo, entre ellos EL PAÍS, ha abierto un gran debate que no ha dejado indiferentes a los lectores de este diario. Algunos de ellos, como Peter Harvey, para expresar su total oposición a la publicación de estos documentos. Otros, como Félix Díaz Sacristán, por considerar desmesurado el tratamiento que se le ha dado. A Francisco G. González le parece «excelente destapar acciones ilícitas o aspectos oscuros de la política nacional o internacional, pero no que se eleven a la categoría de titular frases o datos de conversaciones privadas que no han sido contrastadas». Otros alertan sobre los efectos colaterales que la información puede tener en la imagen de algunas personas. El periodista chileno Pedro Armendáriz cita el caso de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a cuyo descrédito cree que contribuye además la foto elegida por este diario para ilustrar la información.

EL PAÍS ha dado ya respuesta a muchas de las objeciones y dudas . Las cinco cabeceras que participaron en esta exclusiva mundial -The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y EL PAÍS- publicaron una nota editorial sobre las razones de su decisión. El director de EL PAÍS, Javier Moreno, respondió también a las preguntas que le formularon los lectores , y otros responsables y analistas del diario han abordado estas cuestiones, entre ellos Soledad Gallego-Díaz , que fue Defensora del Lector, y el director adjunto Lluís Bassets .

Lo que piense o haga la diplomacia de la potencia que aspira a ejercer un papel hegemónico en el tablero mundial es siempre noticia. También lo es, en mi opinión, la falta de concordancia entre la política oficial y la real, entre lo que algunos políticos dicen que hacen y lo que hacen realmente. Pero si además esos cables contienen información sobre injerencias, presiones, acuerdos secretos y actuaciones cuestionables en asuntos que han ocupado portadas de diarios y telediarios, el interés público del asunto está fuera de toda duda. Resulta sobrecogedor comprobar que en la mayoría de los asuntos desvelados, incluso con los sesgos de subjetividad e interés de parte, la versión confidencial de los hechos se acerca más a la verdad que su versión oficial. Lo que la filtración de Wikileaks ha mostrado es que el rey está desnudo y la imagen de su desnudez vuela por el ciberespacio sin que nadie lo pueda ya cubrir. A partir de ahora, todos saben que todo lo que hagan o digan puede un día ser del dominio público en toda su desnudez.

Algunos lectores valoran la publicación y el esfuerzo periodístico, pero plantean dudas metodológicas. «Mi enhorabuena por ayudar a que sepamos algo más sobre la realidad oculta de la diplomacia internacional», escribe Juan Manuel Fernández, de Collado Villalba. «Pero la publicación de estos documentos precisa aún de muchas explicaciones».He recogido las dudas que este y otros lectores me han planteado y las he trasladado al director, Javier Moreno. A continuación les transcribo las cuestiones planteadas y las respuestas del director:

1. La mayor parte de los cables contienen impresiones subjetivas de los diplomáticos norteamericanos. Esas impresiones pueden no ajustarse a la realidad. Por ejemplo, los embajadores pueden hacer ver que han tenido más influencia o mejores resultados de lo realmente obtenido. ¿Cómo se ha tratado el elemento subjetivo?

Javier Moreno: Es un algo que resulta necesario tener cuenta. En algunos hemos comprobado que lo que afirman los diplomáticos se corresponde con la realidad. En todos los textos hemos procurado dejar claro que, efectivamente, se trata siempre de la versión de una parte. Y en los casos en los que han existido dudas razonables (como la historia sobre el contrato de motores para helicópteros en el que el Gobierno, supuestamente, favoreció a la estadounidense General Electric frente a la británica Rolls Royce) hemos ofrecido las dos versiones, la de la embajada y la de un portavoz de La Moncloa. En todo caso, hemos considerado que incluso aquellas observaciones o descripciones totalmente subjetivas sobre personas o situaciones tenían interés público. Se trata del punto de vista de la embajada, cuyos datos y opiniones, sesgadas o no, se utilizan para la elaboración de la política oficial de Washington sobre España y otros países.

2. En el primer artículo sobre las revelaciones dijeron que EL PAÍS se sometería a los pactos que hubiera establecido el NYT con el Departamento de Estado con relación a la protección de fuentes o informantes. ¿Qué restricciones han aceptado?

J. M.: No fue exactamente así: nunca dijimos que aceptaríamos sin más cualquier petición de la Casa Blanca. El NYT escuchó las consideraciones del Departamento de Estado sobre los cables cuya publicación estaba prevista. Las peticiones del Gobierno de EE UU se centraron en proteger algunas fuentes de información citadas en esos cables u otros datos y detalles cuya revelación podía amenazar, en su opinión, la vida o la seguridad de ciertas personas o arruinar un determinado canal de operaciones. El PAÍS conoció esas peticiones. Algunas las aceptamos y otras no, según nuestro criterio. Lo mismo hizo el NYT.

3. ¿En qué han consistido los acuerdos de publicación entre los medios? ¿Han pagado por el material? ¿Cómo se han comprobado los datos? ¿Se ha dejado de publicar algo por no poder contrastarlo?

J. M.: El único acuerdo consiste en compartir la información y acordar fechas de publicación. No hay más. Cada periódico ha enfocado las historias como ha considerado más apropiado. Y las ha publicado o no en función de su propio criterio editorial. En los cables de España hemos considerado que no se ponía en peligro la vida de nadie, naturalmente, y por tanto no se ha omitido nada. La publicación parcial de cables solo se ha utilizado para aquellas zonas del planeta en las que no rige el Estado de derecho como lo entendemos en las democracias avanzadas o está en vigor la pena de muerte. EL PAÍS no paga por informaciones. Por esta tampoco. No ha habido ningún tipo de contraprestación económica. Hemos contrastado donde hemos creído necesario hacerlo. Y sí, ha habido informaciones que no hemos publicado porque las fuentes en las que se basaban los cables no nos parecían lo suficientemente sólidas.

4. En las informaciones aparecen referencias a personas cuya imagen puede resultar injustamente erosionada. ¿Qué medidas adopta el diario para minimizar este tipo de «daños colaterales»?

J. M.: En el caso que nos ocupa, en España al menos, no veo este tipo de «daños colaterales». Todas las personas citadas ocupan cargos de responsabilidad pública y emitieron sus opiniones de forma libre. Si lo que opinan en sus conversaciones con los diplomáticos estadounidenses coincide con lo que afirman en público, entonces no hay ningún problema. En caso contrario, creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer las dos versiones y el periódico, la obligación de publicarlas. En la mayor parte de las ocasiones las citas y datos han permitido reconstruir episodios muy importantes en la vida política de este país y conocer aspectos que permanecían entre sombras. Esa ha sido la gran aportación de los cables de Wikileaks.

Esta Defensora ha observado que conforme se ha ido conociendo el contenido de los cables, las dudas sobre su interés se han ido disipando y hasta algunos analistas de renombre, como Gideon Rachman, del Financial Times , han rectificado su valoración inicial a la vista de las reacciones suscitadas, la deriva judicial del caso y el pulso que se está librando en el ciberespacio.

Un nuevo escenario emerge ante nosotros. Es difícil calibrar cómo evolucionará, pero lo que el tsunami Wikileaks ha dejado claro es la necesidad de un periodismo responsable, solvente y riguroso. En este mundo complejo y acelerado, no basta con tener acceso al material en bruto. Ese material necesita del trabajo de periodistas bien formados, capaces de contrastar, contextualizar y valorar, desde la experiencia profesional, los datos y las versiones. Y una evidencia: no por atacar al mensajero, la verdad será menos verdad. Lo que crea desconfianza no es la revelación, sino lo revelado.

Miembros del Gobierno español mantuvieron un discurso diferente en público y en privado sobre los vuelos secretos de la CIA, las torturas a ciudadanos españoles en Guantánamo, la muerte de José Couso o las relaciones con Marruecos. Algunos de ellos, por otra parte, dejaron patente ante el embajador de EE UU las querellas internas del Ejecutivo, ofreciendo en busca de beneficios políticos y de imagen personal informaciones que podían debilitar la defensa de los intereses generales del país. Todo ello forma parte del balance aún provisional de las revelaciones sobre España contenidas en los documentos filtrados por Wikileaks.

Ante los datos anteriores no puede seguir imponiéndose el silencio, ni entre el Gobierno ni entre la oposición. Los documentos del Departamento de Estado norteamericano ahora conocidos ponen de manifiesto hechos graves e influencias indebidas de Estados Unidos que en última instancia suponen un deterioro del espacio público.

El pacto que parece haberse establecido entre Gobierno y oposición para no pedirse cuentas por los hechos que se describen en esos documentos es una manera de seguir degradando ese espacio, hurtando a los ciudadanos las explicaciones que merecen y evitando depurar las responsabilidades políticas que en última instancia puedan corresponder. Algunas de las dobleces y falsedades de las que dan cuenta los documentos fueron sostenidas en el Parlamento.

No pocos de los hechos relatados agotaron sus efectos en el pasado, por más que continúen pendientes la explicación y la asunción de responsabilidades. Otros siguen proyectándose sobre el presente, y el Gobierno está obligado a aclarar cuál es su posición actual ante ellos. Las recientes tensiones con Marruecos se entienden mejor tras conocer la apuesta de la diplomacia española por la solución autonomista para el Sáhara, por más que en su día se negara en público. La ruptura de la neutralidad en el conflicto acarreó como primer resultado un brusco enfriamiento de las relaciones con Argelia; después, un recrudecimiento de la tensión con Marruecos y, en definitiva, el completo desmantelamiento de una política coherente con el Magreb, ya gravemente deteriorada por la diplomacia de Aznar.

Producen rubor las comprometidas confesiones de algunos responsables políticos ante el embajador de Estados Unidos. La legación diplomática de la primera potencia mundial no es el lugar para solventar las luchas en el seno del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tendido a evitar la homogeneidad de sus equipos, en muchas ocasiones interviniendo en el nombramiento de segundos escalones gubernamentales por encima de la voluntad de los ministros. Más allá de la ya conocida descoordinación que esto ha supuesto en ocasiones clave, los documentos revelan ahora nuevos efectos indeseados de esta forma de gobernar.