Fracasa el intento de igualer el master de Pablo Casado con los ‘master-fake’ de Cristina Cifuentes y Carmen Montón

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha considerado que existen indicios de responsabilidad penal en la obtención por parte de Pablo Casado, el actual líder del Partido Popular, de un máster de Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. En la exposición razonada del caso sostiene que el catedrático Enrique Álvarez Conde, responsable principal de la trama, utilizaba esta titulación como “regalo o prebenda a determinados alumnos”, que la obtenían “sin mérito académico alguno”. Casado fue uno de ellos y, al estar aforado, la juez ha elevado su causa al Supremo, sugiriendo incluso una serie de diligencias que, obviamente, ella no pudo realizar: oírle como investigado y requerirle toda la documentación que conserve del máster, así como “el ordenador portátil antiguo en el que se encontraban archivados los trabajos presentados para su calificación”.

Pablo Casado se defendió ayer diciendo que hizo las cosas correctamente y que su partido tiene unas “normas que establecen en qué casos hay que asumir responsabilidades y en este caso no se cumple ninguna de ellas”. Ya en su día, cuando saltó la noticia, se apresuró a dar explicaciones en distintos programas de radio y televisión e, incluso, llegó a enseñar los trabajos que había presentado durante el máster. En su exposición motivada, la juez se refiere con detalle a la rueda de prensa que Casado dio el 10 de abril de 2018 y, entre otras cosas, observa una incongruencia cuando el líder del PP explicó que, cuando obtuvo el máster, era “solo un estudiante anónimo, veinteañero”, cuando en realidad trabajaba ya como diputado en la Asamblea de Madrid y presidía Nuevas Generaciones de su partido, que además gobernaba entonces la Comunidad de Madrid.

La idea de regalo es esencial en todo este asunto. Y con la idea de regalo, la introducción de una distinta vara de medir a los alumnos que en un momento dado pretendían conseguir un máster en la URJC. La descripción que hace la juez de las anomalías que el equipo que conducía Álvarez Conde introducía para favorecer a un grupo de elegidos choca de manera escandalosa con lo que deberían ser las reglas de juego, iguales para todos, en un proceso de formación académica. Otorgar sobresalientes a quienes no han dado un palo al agua degrada no solo a la universidad que permite semejante disparate, sino también a quienes se prestan al juego, por mucho que luego no vayan a sacar provecho de la titulación obtenida con tan malas artes.

Los casos de corrupción del PP, que terminaron con el Gobierno de Rajoy, provocaron en los ciudadanos la insoportable impresión de enfrentarse a una doble realidad que nunca coincidía: la que percibían de determinadas conductas y la que defendían los políticos del PP. Mal asunto que su nuevo líder pudiera encontrarse en una situación semejante. Habrá que ver cuál será la derivada penal del caso del máster de Casado. En términos políticos, es inadmisible que el presidente del Partido Popular formara parte de un círculo de privilegiados al que se le regalaban los títulos. En sus manos está aportar todas las explicaciones que ayuden a despejar las gravísimas sombras que enturbian este engorroso asunto, que tanto descrédito ha arrojado ya sobre determinadas prácticas académicas.

La corrupción es, desde hace años, uno de los grandes protagonistas de la política española. Razones ha habido para ello y, además, ¿quién puede defender la corrupción? Ni los que la practican asiduamente en su vida privada se muestran favorables, incluso a veces son quiénes más se escandalizan, hipócritamente, en público.

Sin embargo, es evidente que podemos distinguir entre la gran corrupción, las tramas que sistemáticamente obtienen beneficios valorados en millones de euros, y la pequeña corrupción, la de los simples trapicheos y corruptelas. Entre los primeros encontramos los casos más sonados: Gürtel, familia Pujol, 3%, Lezo, ERE, Rato… Entre los segundos, recientemente destacó el caso Cifuentes y, ahora, el de Casado, ambos relacionados con la universidad. En el bien entendido que muchos de estos casos están pendientes de un fallo judicial definitivo y amparados, en consecuencia, por la presunción de inocencia.

No obstante, la opinión pública —ese ente gaseoso e inconcreto— ha dicho un no rotundo a la corrupción de los políticos, sea grande o pequeña, con valor económico o sin él. No es necesario que exista un delito, la simple irregularidad administrativa o, todavía más, la mentira en el comportamiento de un político, también se considera corrupción. ¿Nos estamos pasando? Creo que no, tras el vendaval de los últimos años pienso que estamos en la buena dirección.

Un político no puede ser acusado por meras sospechas, sin prueba alguna, pero si existen hechos con aroma de corrupción, con razonable apariencia que algo incorrecto se ha cometido, hay que pedirle responsabilidades, aunque no sean jurídicas. No se trata de saber si se ha cometido o no un delito, se trata de que el político, al no demostrar ejemplaridad, ha perdido la confianza.

El político no merece confianza si en el pasado, sin haberlo confesado motu proprio y públicamente, cometió irregularidades menores pero irregularidades al fin. El ciudadano piensa, con razón, que si en un momento de su vida hizo esto, puede repetirlo. Hoy los pícaros no tienen lugar en la política española.

Esto es lo que no ha entendido Pablo Casado. Media carrera en un año, un máster con 18 asignaturas convalidadas entre 22, un curso de Harvard pero cursado durante cuatro días en un campus de Madrid, todo esto, en un currículum, no tiene un pase. Encontrándose en esta situación, el congreso del PP fue imprudente al elegirlo, lo que está pasando tenía que pasar. Casado, con un buen porvenir como político, no estaba en condiciones de asumir un papel estelar, más todavía con el precedente de Cifuentes. Teodoro García, su segundo de a bordo, dijo ayer que en el PP hay presidente para rato y que Casado está para quedarse. Veremos.

Francesc de Carreras

En marzo se difundieron las primeras noticias sobre el máster que la Universidad Rey Juan Carlos regaló a Cristina Cifuentes. Todo parecía indicar que esa inmoralidad afectaba en solitario a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Solo seis meses después, sin embargo, ese foco universitario de corruptelas emponzoña la vida pública, condiciona las estrategias de los principales partidos y hace perder los nervios incluso al presidente del Gobierno.

Los protagonistas han sido los primeros en no percatarse —voluntaria o involuntariamente— de la dimensión del problema. Solo así puede entenderse que la ya exministra Carmen Montón aceptara el cargo en junio cuando había sospechas sobre su máster. De hecho, solo un mes antes había respondido así a una pregunta sobre ese título en el Parlamento valenciano: “Se cumplieron los requisitos establecidos por la Universidad Rey Juan Carlos”.

¿Informó Montón de su techo de cristal a Pedro Sánchez antes de aceptar ser ministra? Si no lo hizo, dejó en La Moncloa una bomba programada que iba a contribuir, como así ha sido, a amplificar el escándalo de los másteres y ensuciar la vida pública. Al aceptar ser ministra, no eligió el camino de la “ejemplaridad y la responsabilidad” que ahora le adjudica el jefe del Gobierno, empeñado hasta el último momento en respaldarla.

La deshonrosa salida de la ministra ha situado a Pablo Casado al pie del precipicio, porque su caso es políticamente más obvio que el de Montón. El líder del PP está siendo investigado por la justicia a raíz de un máster en el que no solo le convalidaron 18 de las 22 asignaturas, sino que jamás asistió a clase.

En contra de toda lógica, sin embargo, Albert Rivera ha entrado en tromba en esta guerra para desviar el tiro, proteger a su supuesto rival electoral en el centroderecha y disparar directamente a La Moncloa. Es lo que ha hecho al exigir que Pedro Sánchez haga pública su tesis doctoral.

Las secuelas del escándalo, por tanto, ya han llegado al palacio presidencial para consuelo de Casado, que dispone de una tregua, y para insomnio del jefe del Gobierno, que difícilmente podrá mantener bajo llave su tesis, a la que solo puede accederse bajo la atenta mirada de un vigilante que impide fotografiarla o fotocopiarla.

Así que el mismo día que en Europa se produce la primera e histórica condena al xenófobo Viktor Orbán, en España son los másteres regalados y una tesis bajo llave lo que envenena la convivencia por encima, incluso, de las amenazas secesionistas. Y esto no ha hecho más que empezar. Porque la universidad, origen del problema por su ausencia de controles, anuncia la publicación de nuevos casos de políticos agraciados. ¿No debieran dimitir antes los afortunados para que el país funcione sin distraerse con más basura?

Goebbels no siempre funciona. Que no por repetir una mentira mil veces acaba infaliblemente convertida en dogma de fe. Pablo Casado es una de las excepciones que confirman la regla. La izquierda socialpodemita intentó vendernos el cuento de que su máster en la Rey Juan Carlos era ful (lo que ahora llamamos imbécilmente «fake» teniendo un acervo lingüístico tan rico). Casualmente, coincidiendo con el inicio de su ascenso a la séptima planta de Génova 13. Cuando comprobaron que no colaba, nos dieron la matraca con su licenciatura en Derecho. Todo valía con tal de que se rompiera la crisma antes de pisar los 8.848 metros de la cumbre de ese Everest político que es Génova 13.

El desiderátum de estos falsarios degeneró en orgasmillo cuando pusieron en solfa hasta su carrera de Empresariales. Juraban y perjuraban que era otro presente de sus rumbosos profesores. Ahora resultaba que las universidades españolas regalaban títulos como si fueran churros. Era un cachondeo al cuadrado la Complu, un cachondeo al cubo la Rey Juan Carlos. Estos pinochos de tres al cuarto quedaron pronto retratados. La Complutense indicó que todo estaba en orden en los estudios de Derecho. «No hay una sola irregularidad», apuntaron dos meses después de que el supuesto denunciante del cohecho en forma de licenciatura afirmara públicamente lo contrario de lo que decían que había dicho en privado. La Rey Juan Carlos sentenció lo mismito el viernes sobre el título de Empresariales.

Entre tanto, consiguieron que el máster se judicializase. Como si fuera un vulgar émulo de la falsaria Cifuentes o de la plagiaria Montón. El presidente del PP recibió ante-anteayer otra buena noticia: el escrito de la Fiscalía solicitando el archivo de la causa enviada al Supremo por el «no» caso máster. El ministerio público pega un repasito a la instructora, Carmen Rodríguez-Medel, asegurando que la acusación estaba basada en «meras conjeturas y sospechas» y era fruto de «una investigación prospectiva», estrictamente prohibida en nuestra legislación. La cacería ha terminado con el elefante vivito y coleando. Antes pesaba 3.000 kilogramos y desde el viernes está en las seis toneladas. El orgasmo que vaticinaban sus inquisidores ha degenerado en gatillazo. De bien nacidos es ser agradecidos, Pablo. Dales las gracias porque estabas a 10 kilómetros de Moncloa y te han puesto a 100 metros. Ciertamente, han conseguido que el 21-S sea un día para la historia.

Aunque el Tribunal Supremo no haya apreciado indicios de delito en la concesión de un título de máster al diputado y líder del PP Pablo Casado, el escándalo no ha concluido y sigue afectando gravemente a la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos y, por extensión, a todo el sistema universitario español. El Supremo ha decidido no imputar a Casado por un delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio alegando que no había indicios del primer delito y el segundo, si existiera, habría prescrito. Pero ha dejado serias dudas sobre la forma en que el líder del PP obtuvo el máster al indicar que hay indicios de que recibió un trato de favor. En coherencia con esta decisión del Supremo respecto de uno de los implicados, que es aforado, la juez ha decidido archivar la causa para todos los demás, alegando que el argumento vincula a todos y no se puede dar un trato diferente por los mismos hechos a los que no están aforados. Pero en la instrucción practicada por la juez, otras dos alumnas habían reconocido irregularidades y una de ellas admitió que se le había dado el título sin hacer nada previo acuerdo con el director.

El caso no está cerrado porque la propia universidad ha presentado recurso contra el archivo. Al margen del devenir judicial que finalmente tenga, lo peor que podría pasar es que el asunto se cerrara sin que las irregularidades que ya se han demostrado tengan consecuencias y el fraude cometido en la expedición de algunos de los títulos quede impune. Supondría un escarnio para quienes han obtenido el máster después de asistir a clase y entregar todos los trabajos, que otros alumnos que no han hecho los méritos necesarios y han obtenido el título sin esfuerzo puedan seguir exhibiéndolo como legítimo.

Lo ocurrido atenta contra uno de los principios de la vida académica, que es la meritocracia. Los estudios de posgrado sirven para capacitar profesionalmente a quienes los cursan y no tienen sentido si solo sirven para exhibir un título que no acredita haber alcanzado los conocimientos que se imparten. Dejar este asunto sin respuesta agravaría el descrédito que ya ha causado al conjunto del sistema universitario. Tampoco ayuda a restablecer ese crédito el que un escándalo posterior haya desvelado que se produjo una convalidación masiva de títulos a abogados italianos a cambio de un precio.

Parte de las irregularidades se produjeron cuando aún no se habían extendido los controles inherentes al nuevo sistema de estudios surgido del plan Bolonia. El hecho de que en el nuevo sistema una parte importante de los ingresos de la universidad dependa de los títulos de postgrado debe hacer extremar la vigilancia sobre los contenidos y la forma en que se imparten los 3.540 másteres que ofrecen las universidades españolas.

El prestigio perdido solo podrá recuperarse redoblando los esfuerzos de control y transparencia y exigiendo responsabilidades por las irregularidades cometidas. La Universidad Rey Juan Carlos suspendió la investigación interna al abrirse diligencias judiciales. Al margen de cómo se resuelva el recurso presentado, debe reabrir el expediente y depurar las titulaciones fraudulentas.

Yo tengo el máximo respeto por las decisiones judiciales. Esto dice todo el mundo. Pero como les sucede con los arbitrajes en el fútbol, lo correcto sería añadir: siempre y cuando me den la razón. El respeto, de verdad, consiste en tolerar que te lleven la contraria, siempre y cuando unos y otros se sometan a la discusión razonable. Ha tenido que ser el propio poder judicial el que nos enseñe que, para empezar, entre los propios jueces hay discrepancias radicales. El último ejemplo ha sido el caso abortado de investigación sobre el máster presuntamente regalado a Pablo Casado. Gracias a su condición de aforado, el Tribunal Superior vino a decirle a la juez de instrucción que todo su trabajo carecía de sentido y que dejara de enredar. La juez entendió que este varapalo la obligaba a suspender las investigaciones sobre los otros dos o tres alumnos que se sacaron el título sin ir a clase ni hacer trabajos. Ya que hay privilegios, que lo sean para todos, ¿no?

Este episodio causa daños irreparables a las instituciones judiciales en los últimos años. El intercambio de bofetones entre la juez instructora y la fiscalía da para una tesis doctoral. ¿Qué está pasando? Por si faltaba algo, la propia Universidad ha reclamado que no se cierre la investigación. ¿Por qué? Pues muy sencillo: resulta hiriente que un mismo título lo obtengan alumnos esforzados que asistieron a clase y alumnos recomendados que ni asomaron las barbas por el aula. ¿Y qué va a ocurrir? Nada, que es lo que sucede cuando las fuerzas en discordia están parejas. Pero volvamos al asunto principal. Los jueces discrepan de los jueces. La semana pasada, un tribunal europeo negó amparo a una de las reclamaciones de los independentistas catalanes y ha fallado en favor del Tribunal Constitucional español que los multó por formar parte del comité electoral del referéndum secesionista. En esta ocasión nos hemos ahorrado las críticas feroces que sufrieron los tribunales belgas, suizos y alemanes que se negaron a extraditar a los políticos catalanes fugados. Algunos llegaron a maldecir la eficacia de la euroorden de detención y entrega y vaticinaron el fin de la unión de países europeos. Pero se trata tan solo de discrepancias profesionales.

En las mismas fechas en que España se llevaba estos disgustos, en nuestro país se decidía no extraditar al contable Hervé Falciani a Suiza. Pese al esfuerzo de la banca helvética por meter en prisión a quien osó filtrar una lista internacional de evasores fiscales, España se ha negado a entregarlo. Poco antes, también negó a Turquía la extradición de un periodista crítico con el Gobierno de Erdogan. No vio justificada la orden de detención de Interpol y liberó al profesional para que regresara a su exilio en Suecia. El derecho de asilo, que es la potencia del anfitrión para decir con voz rotunda que en su casa manda él, prima sobre otros intereses. Es dudoso que España extraditara a un par de políticos separatistas flamencos que se hubieran rebelado contra el Gobierno belga y tampoco parece muy probable que los jueces españoles mandaran esposado de vuelta a su país a un rapero francés que se hubiera cagado en los muertos de De Gaulle. Si de verdad tuviéramos un enorme respeto por las decisiones judiciales, quizá lo que deberíamos hacer es empezar a esforzarnos por entender las complejidades de su labor. El respeto está por encima de la democracia numérica, porque consiste en atender a las razones del otro incluso cuando podemos derrotarlo.