Francisco Camps forzado a dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana ante el inminente inicio de su juicio por el ‘caso de los trajes’, le sucede Alberto Fabra

Al margen de consideraciones oportunistas, es innegable que Francisco Camps ha ofrecido una muestra de responsabilidad política con su dimisión como presidente de la Generalitat valenciana pocas semanas después de haber renovado rotundamente en las urnas la confianza de una gran mayoría de ciudadanos. En efecto, Camps deja el cargo para ejercer en plenitud su derecho a la defensa en el «caso de los trajes», una vez que el juez ha decretado la apertura de juicio oral por un presunto delito de cohecho pasivo impropio. Este «sacrificio personal», dijo ayer el ya ex presidente, tiene como objetivo facilitar que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, una decisión que le honra personalmente frente a la opción de admitir su culpabilidad y pagar una multa para evitar el juicio, como han hecho otros imputados. Sin duda, Camps ha pagado un alto coste personal y político por unas actuaciones cuya calificación penal queda definitivamente en manos de los jueces. Sin embargo, el PSOE no está en condiciones de dar lecciones en esta materia, cuando todavía ayer el nuevo ministro del Interior se negaba en el Congreso a responder las preguntas sobre el «caso Faisán», y el candidato Pérez Rubalcaba no quiere saber nada de un asunto en el que los jueces apuntan hacia graves responsabilidades de altos cargos del departamento. Tampoco hay comparación posible entre la actitud de Camps y el comportamiento de los más altos dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, que no han asumido hasta el momento responsabilidad política alguna por la trama de los ERE falsos, cuya gravedad es infinitamente mayor que el asunto de los trajes.

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Por todo ello, sobra el juego de palabras con doble sentido que utilizaba ayer algún dirigente socialista. Dimitir no significa que Camps reconozca su responsabilidad penal, sino todo lo contrario: es un acto propio de un político responsable que pretende defender su inocencia sin causar daños a su partido y a las instituciones valencianas. En este sentido, la postura prudente y matizada de Mariano Rajoy ha sabido conducir la crisis hacia la situación menos perjudicial para el PP. En el Estado de derecho hay que deslindar los elementos jurídicos y políticos de unos hechos cuya confirmación en vía penal está todavía pendiente. Sea como fuere, el ex presidente ha cumplido su obligación hacia sus electores y ahora, como todos los ciudadanos, tiene perfecto derecho a que se respeten plenamente las garantías procesales.

El ‘molt honorable’ presidente Francisco Camps dimitió ayer por la tarde de su cargo de jefe de la Generalitat valenciana en medio de un mar de cábalas sobre si seguiría el camino de dos de sus colaboradores, imputados en la causa de los trajes con que les obsequió la trama Gürtel, que durante la mañana habían dado su conformidad a la pena más grave prevista en el Código Penal para el delito de cohecho pasivo impropio del que se les acusa. Camps debió de sopesar las ventajas e inconvenientes de cerrar de ese modo el proceso por corrupción en el que está envuelto desde hace dos años y se ha inclinado por la dimisión. Políticamente, es la salida correcta.

Conformarse con la pena implicaba declararse culpable, algo que Camps ha debido considerar insoportable. Para su estima como presidente de la Generalitat resultaba, además, un trago demasiado fuerte acudir personalmente a la sede del tribunal para declararse culpable y admitir a la vista de todos que había mentido: que los trajes no los pagó él de su bolsillo, sino la trama Gürtel, que mantenía estrechas relaciones de negocio con su Administración. De haber asumido esa condición, habría quedado moral y políticamente inhabilitado para seguir al frente de la Generalitat valenciana no solo ante sus votantes, sino ante todos los ciudadanos valencianos. Al condenado siempre le queda la posibilidad de reivindicar su inocencia. Pero si Camps aceptaba su culpabilidad dejaba a quienes han confiado en él en las urnas sin la posibilidad de seguir creyendo en su tan proclamada inocencia. Era un escenario inasumible al que le empujaba la dirección de su partido; y esa era la misión que tenía encomendada Federico Trillo en su viaje a Valencia: convencerle de que asumiera su culpabilidad para evitar el juicio.

Camps ha presentado su dimisión como «una decisión personal a favor de mi partido, que pretende que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno». Seguramente es así, aunque se trate de una decisión obligada. Todo apunta a que en las horas previas a la dimisión se ha librado una batalla, que se presume nada pacífica, entre la dirección nacional del PP y el dimitido presidente para buscar el mejor desenlace a la situación creada tras la decisión del juez Flors de sentar a este en el banquillo. En un lado estaban los intereses del PP en las próximas elecciones generales, y en el otro los más particulares, de tipo personal y político, de Camps.

Rajoy, complaciente hasta el extremo con Camps -ahí quedan frases del estilo «estoy a tu lado, detrás de ti, delante de ti o donde haga falta» o «Camps será el candidato del PP en Valencia, diga lo que diga la justicia»-, solo ha reaccionado cuando ha percibido que la deriva del proceso en que está envuelto podría tener algún riesgo electoral en su camino hacia La Moncloa. En su actuación, nada hay que esté relacionado con los valores más nobles de la política, al contrario. Ha sopesado que electoralmente podría ser menos dañino un presidente que se declara culpable de haber aceptado los trajes que le regala una trama corrupta que el desgaste del espectáculo de un juicio público en plena campaña electoral o en fechas próximas.

Por miedo o convencimiento, Camps no ha seguido el juego. Ha debido de pensar que tenía un coste personal y político inasumible para él, aunque resultara rentable electoralmente para Rajoy. Este último está obligado a dar una explicación creíble de lo sucedido en las últimas horas en Valencia, más allá de seguir insistiendo en «la honorabilidad» de Camps y de ponerse medallas en la gestión de un asunto que ha afectado de manera muy grave a la institución de la Generalitat, al Partido Popular, a la imagen de la Comunidad Valenciana y a la calidad de la democracia. Camps se va insistiendo en que ha mantenido el título de molt honorable en lo más alto. Pero, de nuevo, no es verdad.

Los tiempos de Rajoy a veces son desesperantes, pero terminan por ser eficaces. La conclusión del llamado – por los socialistas – ‘caso Camps’ tiene para Rajoy más ventajas que inconvenientes. La política es la vida pero en peor, por tanto, no hay que buscar justicia en el fin político de Camps. A partir de ahora se abre una nueva etapa en la que los protagonistas están por si gastar. Al PSOE se le acaba la merienda y ya hay que hablar aún más de Bono, Faisán, ERE y demás ceniza del propio fuego rojo. Camps debe terminar siendo inocente y esta será, para ser recordada, su principal virtud humana. Las políticas están a la vista. Valencia no ha sido igual desde que a un golfo idiota le dio por decir que se dedicaba a regalar trajes. La pelota vuelve al tejado agujereado, pútrido en muchas partes del PSOE.

Carlos Dávila

LA DIMISIÓN de Camps era la única salida digna que le quedaba al presidente de la Generalitat valenciana después de que el juez ordenara el viernes sentarle en el banquillo. Él se ha resistido a abandonar el cargo hasta el final. De hecho, había decidido pagar la multa para evitar el juicio y aguantar. Ayer mismo, por la mañana, su abogado estaba esperándole en los juzgados con todos los papeles preparados para aceptar una sentencia de conformidad declarándose culpable, tal y como acababan de hacer otros dos procesados.

Sin embargo, dos circunstancias le hicieron rectificar en el último momento: percatarse de que admitir la condena llevaba aparejada la expulsión del PP, según los estatutos, y una conversación con Rajoy, cuando se dirigía ya a firmar ante el juez, en la que se dio cuenta de que librar al partido de la incomodidad del banquillo no le garantizaba el apoyo de la organización. Ya no había tiempo para reescribir el guión. A esa hora, Víctor Campos y Betoret habían firmado, aceptando que hubo delito y el correspondiente pago de la multa. Y lo habían hecho a instancias del propio presidente valenciano, tras el asesoramiento de Trillo. Todo indica así que el coordinador de Justicia del PP, al aconsejar a Camps que aceptara la condena, le tendió una celada.

Este rocambolesco episodio, las dudas y los amagos de Camps en las últimas horas, el tono melodramático de sus palabras y la prohibición a los medios audiovisuales para ofrecer en directo su última comparecencia como presidente de la Generalitat, conforman un final a la altura del sainete de los trajes. En su despedida se presentó como víctima de un complot para apartarle del Gobierno, para atacar al PP y para menoscabar a la Comunidad Valenciana. Y no dudó en mostrar su gesto como un «sacrificio» para allanar el camino de Rajoy a La Moncloa.

Es comprensible que en una situación así no hiciera autocrítica, pero hay que decir bien claro que él ha sido en todo este enredo su peor enemigo. Camps cometió dos errores imperdonables en política. Uno, dar su confianza a los cabecillas de una trama corrupta y abrirles las puertas de la Administración. Aunque fuera absuelto del delito de cohecho impropio, eso es un hecho incontrovertible, tanto como que llamaba «amiguito del alma» a alguien como El Bigotes. Su segundo fallo fue mentir. No dijo la verdad cuando aseguró que no conocía a algunos de los imputados de la trama Gürtel. Y en la instrucción hay pruebas -ya veremos si suficientes o no para condenarle- de que no pagó los trajes, contrariamente a lo que ha sostenido. Por si ello fuera poco, jamás quiso dar una explicación, ni en el Parlamento autonómico ni a la opinión pública, fiándolo todo a unos tribunales que han decidido abrirle juicio. Ayer mismo, Camps volvió a proclamar su inocencia, pero con la misma falta de argumentos, como si creer en su palabra fuera una obligación o asunto de fe, y no el resultado de ponderar toda la información que conocemos, desde cómo se probaba los trajes en sus visitas a Madrid, a cómo aseguraba pagar en efectivo con el dinero de la caja de la farmacia de su mujer. Su referencia final al hecho de que lleva con orgullo el título de «Molt Honorable» parece una respuesta a nuestro editorial de ayer, pero viene a darnos la razón. Siempre defendimos que, por dignidad, el presidente valenciano no podía sentarse en el banquillo.

Ha acabado el caso Camps y bien está lo que bien acaba. Rajoy ha hecho lo que debía y él también, aunque ha quedado demostrado que, como advertimos en su día, Camps nunca debió presentarse a las elecciones ni Rajoy admitirlo. Un mes ha durado desde su investidura.

El PSOE se frotaba las manos hasta ayer confiado en que podría seguir explotando este vodevil. Pero ahora tendrá que explicar cómo el Jefe de Policía del País Vasco, acusado de colaborar con ETA y en la misma situación procesal que Camps -por hechos infinitamente más graves-, sigue sin ser destituido. Y ahí están también las responsabilidades políticas del ministro Camacho y de Rubalcaba.

En la Comunidad Valenciana, el encargado de devolver las aguas a su cauce es Alberto Fabra, el alcalde de Castellón, un hombre de 47 años ajeno a cualquier escándalo y con recorrido, del estilo de Bauzá. La mejor opción toda vez que Rita Barberá siempre se ha negado a dejar su Alcaldía.