Guerra de cartas abiertas entre Felipe González y Artur Mas en el diario EL PAÍS por la independencia de Catalunya

Hace casi dos décadas que salí de la presidencia del Gobierno de España. No tengo responsabilidades institucionales ni de partido. He recuperado la sencilla condición de ciudadano, aunque en todo momento comprometido con nuestro destino común. Por ese compromiso con España, espacio público que compartimos durante siglos, me dirijo a los ciudadanos de Cataluña para que no se dejen arrastrar a una aventura ilegal e irresponsable que pone en peligro la convivencia entre los catalanes y entre estos y los demás españoles.

Siempre he sentido gratitud por vuestro apoyo permanente y mayoritario para la tarea de gobierno. Siempre, incluso cuando este apoyo era declinante en el resto de España. Y gracias a esta sintonía he podido representaros con orgullo, como a todos los españoles, en Europa, en América Latina y en el mundo. Con vuestra confianza hemos progresado juntos, durante muchos años, superando la pesada herencia de la dictadura, consolidando las libertades, sentando las bases de la sociedad del bienestar y reconociendo, como nunca antes en la historia, la identidad de Cataluña y su derecho al autogobierno.

He creído y creo que estamos mucho mejor juntos que enfrentados: reconociendo la diversidad como una riqueza compartida y no como un motivo de fractura entre nosotros. Para mí, España dejaría de serlo sin Cataluña, y Cataluña tampoco sería lo que es separada y aislada.

La idea de “desconectar” de España, como propone Artur Mas, en un extraño y disparatado frente de rechazo y ruptura de la legalidad, tendría unas consecuencias que deben conocer todos:

He creído y creo que estamos mucho mejor juntos que enfrentados
— Desconectarían de una parte sustancial de la sociedad catalana, fracturándola dramáticamente. Ya se siente esa fractura en la convivencia, y se empiezan a oír voces de rechazo a los que no tienen “pedigrí” catalán. Esos ciudadanos catalanes se sienten hoy agobiados porque se está limitando su libertad para expresar su repudio a esta aventura, porque le niegan o coartan su identidad —catalana y española— que viven como una riqueza propia y no como una contradicción.

— Desconectarían del resto de España, rompiendo la Constitución, y por ello el Estatuto que garantiza el autogobierno, y la convivencia secular en este espacio público que compartimos. En el límite de la locura, empiezan a ofrecer ciudadanía catalana a los aragoneses, valencianos, baleares y franceses del sur. Hemos pasado épocas de represión de las diferencias, de los sentimientos de pertenencia, de la lengua, pero desde hace casi cuatro décadas, con la vuelta de Tarradellas, entramos en una nueva etapa de reconocimiento de la diversidad y de construcción del autogobierno más completo jamás habido en Cataluña.

— Desconectarían de Europa, aislando a Cataluña en una aventura sin propósito ni ventaja para nadie. ¿Imaginan un Consejo Europeo de 150 o 200 miembros en la ya difícil gobernanza de la Unión? Porque ese sería el resultado de la descomposición de la estructura de los 28 Estados nación que conforman la UE. ¿Imaginan al Estado francés cediendo parte de su territorio para satisfacer este nuevo irredentismo? Nadie serio se prestará a ello en Europa y, menos que nadie, España, que tanto luchó por incorporarse y participar en la construcción europea, tal como es, con su diversidad y, por cierto, con el máximo apoyo de Cataluña.

— Desconectarían de la dimensión iberoamericana (que tanto valor y trascendencia tiene para todos) y especialmente de Cataluña porque este vínculo se hace a través de España como Estado nación y de la lengua que compartimos con 500 millones de personas —el castellano—, como saben muy bien los mayores editores en esta lengua, que están en Barcelona.

El desgarro en la convivencia que provoca la aventura de Mas afectará a nuestro futuro
Naturalmente afirman lo contrario: “Solo queremos desconectar de España”. ¿De qué España? ¿La que excluye también Aragón, Valencia y Baleares? Los responsables de la propuesta saben que lo que les estoy diciendo es la verdad, si se cumpliera ese “des-propósito”. En realidad tratan de llevaros, ciudadanos de Cataluña, a la verdadera “vía muerta” de la que habla Mas, en un extraño “acto fallido”.

Vivimos en la sociedad más conectada de la historia. La revolución tecnológica significa “conexión”, “interconexión”, todo lo contrario a “desconexión”. Cada día es mayor la interdependencia entre todos nosotros: españoles de todas las identidades, europeos de la Unión entre 28 Estados nación, latinoamericanos de más de 20 países, por no hablar de nuestros vecinos del sur o del resto del mundo. Pregunten a sus empresas, las que crean riqueza y empleo por esta desconexión.

La propuesta que hace esa extraña coalición unida solo por el rechazo a España, sea cual sea el resultado de la falseada contienda electoral, puede ser el comienzo de la verdadera “vía muerta”. ¿Cómo es posible que se quiera llevar al pueblo catalán al aislamiento, a una especie de Albania del siglo XXI? El señor Mas engaña a los independentistas y a los que han creído que el derecho a decidir sobre el espacio público que compartimos como Estado nación se puede fraccionar arbitraria e ilegalmente, o que ese es el camino para negociar con más fuerza. Comete el mismo error que Tsipras en Grecia, pero fuera de la ley y con resultados más graves.

¿Qué pasó cuando se propuso a los griegos una consulta para rechazar la oferta de la Unión Europea y “negociar con más fuerza”? Después de que más del 60% de los griegos lo creyeran, Tsipras aceptó condiciones mucho peores que las que habían rechazado en referéndum, con el argumento, que sabían de antemano, de que no tenían otra salida. ¿Sabían que no había otra salida y engañaron a los ciudadanos?

¿Cómo es posible que se quiera convertir a Cataluña en una especie de Albania del siglo XXI?
Pueden creerme. No conseguirán, rompiendo la legalidad, sentar a una mesa de negociación a nadie que tenga el deber de respetarla y hacerla cumplir. Ningún responsable puede permitir una política de hechos consumados, y menos rompiendo la legalidad, porque invitaría a otros a aventuras en sentido contrario. Todos arriesgaríamos lo ya conseguido y la posibilidad de avanzar con diálogo y reformas.

Eso es lo que necesitamos: reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales sin romper ni la igualdad básica de la ciudadanía ni la soberanía de todos para decidir nuestro futuro común. No necesitamos más liquidacionistas en nuestra historia que propongan romper la convivencia y las reglas de juego con planteamientos falsamente democráticos.

Si la reforma de la ley electoral catalana no ha podido aprobarse porque no se da la mayoría cualificada prevista en el Estatuto, ¿cómo se puede plantear en serio la liquidación del mismo Estatuto y de la Constitución en que se legitima, si se obtiene un diputado más en esa lista única de rechazo? ¿Cómo el presidente de la Generalitat va en el cuarto puesto, como si necesitara una guardia pretoriana para violentar la ley?

Es lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado. Pero nos cuesta expresarlo así por respeto a la tradición de convivencia de Cataluña. El señor Mas sabe que, desde el momento mismo que incumple su obligación como presidente de la Generalitat y como primer representante del Estado en Cataluña, está violando su promesa de cumplir y hacer cumplir LA LEY. Se coloca fuera de la legalidad, renuncia a representar a todos los catalanes y pierde la legitimidad democrática en el ejercicio de sus funciones.

No estoy de acuerdo con el inmovilismo del Gobierno de la nación, cerrado al diálogo y a la reforma, ni con los recursos innecesarios ante el Tribunal Constitucional. Pero esta convicción, que estrecha el margen de maniobra de los que desearíamos avanzar por la vía del entendimiento, no me puede llevar a una posición de equidistancia entre los que se atienen a la ley y los que tratan de romperla.

No creo que España se vaya a romper, porque sé que eso no va a ocurrir, sea cual sea el resultado electoral. Creo que el desgarro en la convivencia que provoca esta aventura afectará a nuestro futuro y al de nuestros hijos y trato de contribuir a evitarlo. Sé que en el enfrentamiento perderemos todos. En el entendimiento podemos seguir avanzando y resolviendo nuestros problemas.

El domingo 30 de agosto, Felipe González publicaba en EL PAÍS su artículo-carta A los catalanes. Le tengo afecto personal y siempre le he agradecido su respeto y atención. Es lógico que no coincidamos en todo. En el propio artículo me parece sobrante la alusión a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado. Además de poner en bandeja la crítica fácil y permitir fijar la atención en el dedo y no en la luna que este señala, hiere innecesariamente sentimientos de muchos, incluidos los míos. Por cierto, hace menos de un mes que un miembro del Gobierno de Mas dijo que España era como la desaparecida Alemania comunista, y nadie le criticó. Pero las posiciones e ideas del expresidente del Gobierno cuentan en España, en Europa, en América Latina y en otras partes del mundo. De ahí la importancia de sus opiniones sobre el delicado momento que vive Cataluña con la apuesta de una parte de ella por la ruptura y desconexión con España.

Por ello me propongo comentar algunas de sus reflexiones desde el recordatorio de mi genética política. La dimensión de Felipe González hace innecesario recordar la suya. Soy, por encima de cualquier otra circunstancia, alguien formado en las ideas del personalismo comunitario. No hay nación sin personas. Ante todo sitúo la persona, su dignidad y su razón de ser colectiva. Desde esa primera base me siento modestamente orgulloso de haber contribuido aunque sea mínimamente al progreso económico, político y social de Cataluña y de toda España. Una España que me gustaría distinta en muchos ámbitos. Entre otros, desearía que el reconocimiento de la diversidad como riqueza compartida, a la que se alude en el citado artículo, permitiera una plasmación real de su pluralidad nacional, cultural y lingüística. Llevo el proyecto europeo en mis entrañas políticas y precisamente por ello, si antes nunca fui independentista, ahora, cada día que pasa, soy más consciente de las interdependencias a las que Cataluña debe adaptarse desde las interconexiones que impone la globalización.

Y finalmente, y no por ello menos importante, he procurado hacer del diálogo la divisa principal de la política. Felipe González habla en su artículo de entendimiento. Este siempre es necesario y ahora más que nunca. Diálogo, pacto y transacción. Tras la muerte de Franco, ¿no fuimos capaces de entendernos? ¿Estamos ahora en peor posición de salida? Sinceramente, creo que no. Durante años he sumado mi voz a lo que fue Convergència i Unió para reiterar que con la Constitución de 1978 y la aplicación de nuestro primer Estatuto, Cataluña ha vivido los años de mayor progreso económico, social y de autogobierno desde su milenaria existencia. Nunca me he arrepentido de defender y votar ese marco institucional. ¿Ha habido cambios significativos? Sí. No pocos errores de unos y de otros han hecho posible que la situación haya mutado notablemente. Un cambio en el terreno de las realidades. Y también en el de las percepciones a menudo manejadas por los sentimientos y no por la razón.

La voladura del catalanismo moderado que representaba CiU es malo para toda España

Siempre he dicho que nos equivocamos con el nuevo Estatuto. No lo hicimos bien en Cataluña. Fue un error hacerlo sólo con una de las Españas. También el PSOE se equivocó. Ya antes nos equivocamos gravemente al garantizar la última legislatura del presidente Pujol con el apoyo de un PP que tenía mayoría absoluta en las Cortes. Pero el error más grave lo protagonizó el PP con su campaña en contra. Un cúmulo de errores que concluyó con la sentencia del Tribunal Constitucional y especialmente con el sainete vivido en el seno de esa alta magistratura a raíz del bloqueo político para la renovación de algunos de sus miembros. Pero de hecho, y eso es lo que hoy cuenta, en el imaginario catalán sólo permanece la realidad de una sentencia, que la mayoría no ha leído pero ha sido esgrimida como la prueba del algodón de la exclusión y ruptura del marco constitucional.

En este sentido, cobra fuerza la dialéctica acerca de quién dejó a quién: ¿la Constitución a Cataluña o Cataluña a la Constitución? Esto ha sido amplificado en los últimos cuatro años por leyes como la que hizo José Ignacio Wert, procesos de recentralización, discriminación en inversiones y una financiacion injusta. Ahora mismo la reforma exprés otorgando capacidad sancionadora al TC no va a resolver el problema de fondo. Duele en el corazón de quienes buscamos diálogo oír del candidato del PP que se acabó la broma. ¡Por Dios, que no estamos en un salón del viejo Oeste a la espera de quien levanta más la voz! Por eso no puedo permanecer insensible cuando leo elogios al artículo de González de quienes practican el inmovilismo que él denuncia y acuden a los tribunales presentando recursos ignorando que la política no se hace a golpe de sentencias o interlocutorias.

El camino es llegar a reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales

En su carta-artículo, el que fuera presidente del Gobierno advierte de los riesgos y costes de la independencia. Conviene dejar claro —en contra de tesis sostenidas por quienes, instrumentalizando la unidad o la secesión, sólo reconocen efectos adversos para los otros— que la independencia es negativa para todos. ¿Para Cataluña? Sí. ¿Para España? Por supuesto, ¡también! ¡Y para la Unión Europea! Llevo tres años reclamando la atención del presidente del Gobierno en sede parlamentaria advirtiendo que llegaría la Declaración Unilateral de Independencia. Esta no tendrá efectos jurídicos en el marco europeo o internacional, pero sí efectos económicos y sociales para todos. ¿O acaso el repunte de la prima de riesgo sólo afecta a los catalanes? Todos los españoles deberían exigir diálogo de sus gobernantes, que es lo que Felipe González llama entendimiento. Hace pocos meses los independentistas aplaudieron una declaración del Parlamento de Dinamarca sobre Cataluña. Simplemente instaba al Gobierno de Cataluña y al del Estado a dialogar democráticamente y llegar a un acuerdo. Ese y sólo ese es el camino: llegar a reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales.

Felipe González no cree en la ruptura de España. Tampoco yo creo que Cataluña se rompa. Pero sí me preocupa el desgarro en una y otra. Y el que se produzca entre ambas. Nos conviene una masa crítica que orille a la insignificancia a quienes desde España hacen irresponsablemente votos para que los catalanes se vayan de una vez y a quienes, desde Cataluña, desprecian al resto. La voladura del catalanismo moderado que representaba Convergencia i Unió es una mala noticia para toda España. Por eso, algunos, contra viento y marea, intentamos reducir al máximo posible el alcance de la orfandad.

Lamentablemente, confrontar Cataluña con España o a esta con Cataluña da réditos electorales. Sólo veo una manera de avanzar, y es superando la ignorancia en este debate. E ignorancia no es no conocer o saber de las cosas: la ignorancia que permite esos réditos es la que no quiere conocer o saber esas cosas. A Felipe González y a todos los españoles incumbe acabar con ella.

Josep Antoni Duran i Lleida

Para dar lecciones de democracia a los catalanes hay que tener mucha audacia. Pero para despacharse evocando lo peor que ha sacudido Europa, equiparando soberanismo a nazismo, para arremeter así contra la expresión más ilusionante, firme, masiva, cívica y democrática que se está viendo en esta misma Europa hay que ser muy poco responsable; tamaña provocación indica hasta qué punto hemos llegado. Eso es lo más triste del libelo incendiario que firma todo un expresidente del Gobierno español como Felipe González.

Valdría para la ocasión aquello de “a palabras necias, oídos sordos”, qué duda cabe si no fuera que no se trata de un mandatario de un partido de rancio abolengo democrático. Ocurre, sin embargo, que quién suscribe el texto es un ilustre que en su día fue presidente del partido que representa la alternancia en España al Partido Popular. Ahí radica lo más preocupante de la situación: los principales partidos españoles comparten discurso y estrategia para con Catalunya. La misma receta, la de siempre, sin tapujos.

Catalunya ha amado España y la sigue amando. Catalunya ha amado la solidaridad y la fraternidad con España y con Europa. Y en el caso de España lo ha hecho a pesar de la ausencia de reciprocidad, procurando, siempre, fomentar una economía racional y productiva, unas infraestructuras al servicio de las necesidades económicas, al servicio de la gente, de la prosperidad, impulsando tenazmente una mejora de las condiciones de vida fomentada en una sociedad más libre y más justa.

El 27 de setiembre va de decidir si queremos forjar una Catalunya que rija su destino
Catalunya ha amado la libertad por encima de todo, con pasión; tanto la ha amado que en varias fases de nuestra historia hemos pagado un precio muy alto en su defensa. Catalunya ha resistido tenazmente dictaduras de todo tipo, dictaduras que no sólo han intentado sepultar la cultura, la lengua o el conjunto de las instituciones del país. Catalunya se ha alzado siempre contra las injusticias de todo tipo, contra la sinrazón. Catalunya ha amado a pesar de no ser amada, ha ayudado a pesar de no ser ayudada, ha dado mucho y ha recibido poco o nada, si acaso las migajas cuando no el menosprecio de gobernantes y gobiernos. Y pese a ese cúmulo de circunstancias, el catalanismo -como expresión mayoritaria contemporánea- ha respondido, una y otra vez, extendiendo la mano y encauzando todo tipo de despropósitos por parte de gobiernos y gobernantes. Catalunya ha persistido en ofrecer colaboración y diálogo frente a la imposición y ha eludido, pese al hartazgo, responder a los agravios acentuando el desencuentro.

Catalunya hace siglos que busca un encaje con el resto de España. Casi se puede decir que esta búsqueda forma parte de nuestra naturaleza política. Pero cuando un tribunal puso una sentencia por delante de las urnas. Cuando durante cuatro años se ofendió la dignidad de nuestras instituciones. Cuando se cerraron todas las puertas, una tras otra, con la misma y tozuda negativa, la mayoría de catalanes creyó que hacía falta encontrar una solución.

No hay mal que cien años dure ni enfermo que lo resista. Así no se podía seguir, por el bien de todos. Por eso ha eclosionado en Catalunya un anhelo de esperanza, que ha recorrido el país de norte a sur, de este a oeste, una brisa de aire fresco que ha planteado el reto democrático de construir un nuevo país, de todos y para todos, si es que ese es el deseo mayoritario que expresa libremente la ciudadanía catalana. De hecho, ese es el test democrático que comparte con naturalidad la inmensa mayoría de la sociedad catalana, dilucidar el futuro de Catalunya votando, en las urnas, y asumiendo el mandato ciudadano sea cuál sea este. Y si así lo manifiestan los ciudadanos, crear un nuevo estado que establezca unas relaciones de igualdad para con nuestros vecinos, especialmente con España.

Afortunadamente Catalunya es una sociedad fuerte, plural y cohesionada. Y lo va a seguir siendo pese a los malos augurios expresados con saña en otras latitudes. Cataluña es, a su vez, un modelo ejemplar de convivencia, tanto como ha demostrado ser, sin lugar a dudas a lo largo de su historia, una sociedad integradora, dinámica, creativa, que ha contribuido como nadie al progreso de España.

El problema no es España, es el Estado español que nos trata como súbditos
Catalunya es y va a seguir siendo una sociedad democrática, que respeta la voluntad de sus ciudadanos. La tradición democrática viene de lejos, incluso en épocas pretéritas fue también así, como narraba emocionado, con lágrimas en los ojos, un anciano Pau Casals ante Naciones Unidas, recordando el arraigo de nuestra tradición parlamentaria. O subrayando, en un emotivo y célebre discurso, las asambleas de Pau i Treva, que establecían períodos de paz frente a la violencia que sacudía la sociedad feudal.

Insistimos, la base del acuerdo es una relación entre iguales, el respeto mutuo. Y ahí nos van a encontrar siempre, con la mano tendida, ajenos a todo reproche, dispuestos a colaborar y a estrechar todo tipo de lazos. Pero que nadie se lleve a engaño. No hay vuelta atrás, ni Tribunal Constitucional que coarte la democracia, ni Gobiernos que soslayen la voluntad de los catalanes. Ellos van a decidir sin ningún género de dudas. Y tan democrático es volver a las andadas como recorrer un nuevo camino. Ante eso sólo cabe emplazar a todos los demócratas a ser consecuentes y asumir el mandato popular. De eso va el 27 de setiembre, de decidir si queremos forjar una Catalunya que se asemeje a Holanda o Suecia, que rija su destino con plena capacidad, o seguir por los mismos derroteros.

Se trata de decidir nuestra relación con el conjunto de España. Porque con España no solo nos une la historia y la vecindad sino también y especialmente el afecto y vínculos familiares e íntimos. En este nuevo país que queremos se podrá vivir como español sin ningún problema, mientras que ahora es casi imposible ser catalán en el Estado español. El problema no es España, es el estado español que nos trata como súbditos. Somos pueblos hermanos pero es imposible vivir juntos sufriendo insultos, maltratos y amenazas cuando pedimos democracia y que se respete nuestra dignidad.

Desde hace casi cuatro décadas es habitual en EL PAÍS publicar polémicas, controversias y opiniones dispares respecto a la línea editorial del periódico o contradictorias entre sus colaboradores. Los únicos límites que hemos puesto a dichos debates son el mutuo respeto a los pronunciamientos ajenos y una mínima corrección (cuando no calidad) argumental en los artículos.

Ninguna de estas dos premisas reúne la carta A los españoles que hoy aparece en nuestras páginas firmada por los integrantes más conocidos de la lista Junts Pel Sí que se presenta a las elecciones autonómicas de la comunidad catalana del próximo día 27. Ni respeta la opinión del otro cuando se refiere al artículo que quiere rebatir como un “libelo incendiario” (nuestro periódico no publica en ningún caso libelos), ni su argumentación —que reproducimos literalmente— resiste el más ligero análisis razonado o una crítica literaria por benévola que sea. Y lo decimos con asombro y pesar porque entre los firmantes hay profesores de universidad, políticos de recia estirpe y hasta un poeta y cantautor de reconocida altura. Si de todas formas hemos decidido ponerlo en conocimiento de nuestros lectores es por rendir tributo a la pluralidad que siempre hemos practicado y por el indudable interés político que la misiva encierra.

No vamos a insistir en nuestros pronunciamientos sobre el fondo de la cuestión debatida (las elecciones pretendidamente plebiscitarias y los reclamos de independencia) sobre los que hemos comentado y comentaremos en el futuro sobradamente. Pero hay que poner de relieve el considerable abuso que constituye el hecho de que los firmantes del artículo se permitan hablar en nombre de Cataluña, como si solo ellos la representaran, la identificaran y la defendieran. También se arrogan, contra lo que critican, el papel de poseedores de la verdad democrática, olvidando una regla de oro de la misma, el respeto a la ley, y negando una realidad incuestionable: la Generalitat forma parte del Estado español y su presidente es el primer representante del mismo en esta comunidad autónoma.

Las elecciones del próximo día 27 las ha convocado el señor Mas con arreglo a un Estatuto y una Constitución a los que ha jurado fidelidad y que está obligado a cumplir y a hacer cumplir. Es por eso incongruente que el president acuse al Estado que él mismo representa de tratar a los catalanes como súbditos, y se presente a estas elecciones, participe en la campaña, y firme manifiestos sin tener la decencia de presentar previamente su dimisión, y poniendo los medios y el dinero público a disposición de su particular y sectaria posición política. Como ciudadano y como político es libre de pensar, proponer y promover lo que quiera. Como jefe del Gobierno constitucional de la Generalitat de Cataluña, y de los catalanes todos, independentistas o no, está obligado a respetar la norma.

Por muy grande que sea su amor a Cataluña, a España y a Europa.