No toda la información que llega a un periódico se publica. Y ello por la sencilla razón de que no se puede contrastar o viola la intimidad de las personas o carece de interés público. Esto es elemental para cualquier periodista, pero es desconocido probablemente para muchos lectores. Nuestra obligación es siempre sopesar la relevancia de la información en relación al respeto de la privacidad y el honor de las personas, que también son derechos fundamentales.

Esta reflexión previa viene a cuento de la exclusiva publicada ayer por nuestro periódico, en la que revelábamos la existencia de informes policiales que acusan al CNI de encubrir una hipotética cuenta del Rey Juan Carlos en Suiza. Naturalmente nosotros no podemos determinar si el Monarca tuvo una cuenta en Suiza, de lo cual no tenemos ninguna prueba, pero lo cierto es que esas notas policiales existen y han sido entregadas al juez De la Mata que investiga a la familia Pujol.

Esos informes han sido redactados por el comisario José Manuel Villarejo, que acaba de jubilarse, y fueron entregados en el juzgado por el dueño de la agencia de detectives Método 3, cuyos empleados cobraron de los fondos reservados por trabajos para la Policía.

Para quien lo ignore, Villarejo no es un comisario cualquiera. Ha tenido altas responsabilidades en la Policía Nacional y su labor fue defendida en el Congreso por el ministro del Interior. Y, además, colaboró en la investigación judicial sobre los Pujol, lo que no significa que demos por bueno lo que dice en esas notas.

Si hemos optado por difundir la existencia de esos informes de Villarejo es sencillamente porque obran en poder del juez, porque son relevantes informativamente y porque su origen puede provocar la nulidad de parte de la investigación sobre los Pujol. Eso son los temores del juez y de la fiscal de la Audiencia Nacional, que, como hoy publicamos, interrogaron a los policías que han participado en el caso.

En el trasfondo de este oscuro affaire se halla la cuenta Soleado, abierta en Crédit Suisse en febrero de 1995, en la cual Francisco Correa, cabeza de la trama de Gürtel, depositó al menos 18 millones de euros. La cuenta estaba administrada por Arturo Fasana y se sabe que en ella había otros políticos y empresarios españoles, de los cuales se desconoce la identidad.

Hay que insistir en que pueden existir sospechas, pero que no hay ni la menor prueba de que el Rey Juan Carlos sea uno de los titulares de la cuenta. Pero nos ha parecido relevante publicar que esto es lo que sugiere en sus notas el comisario Villarejo, que apunta hacia el Monarca sin citarle expresamente.

Hay otro elemento muy importante en la información que publicábamos ayer: laguerra entre un sector de la Policía y el CNI, que, sea por las razones que sean, es algo cierto y de lo que tenemos una absoluta constancia. Esto también debe ser conocido por la opinión pública, lo cual no significa que dudemos de la honorabilidad y el afán de servicio del general Félix Sanz Roldán.

Pero lo que no es de recibo es que la investigación a la familia Pujol, que se demora sin motivo desde hace mucho tiempo, haya degenerado en un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad del Estado y entre los policías y los jueces.

El comisario Villarejo ha formulado graves acusaciones contra el CNI y lo ha hecho por escrito. Sus informes están el sumario. Y el CNI ha respondido a las preguntas de este periódico, subrayando que las notas de Villarejo son falsas e injuriosas. Fuentes del Centro han dejado claro que no van a permanecer con los brazos cruzados ante lo que consideran insidias del antiguo dirigente policial.

Pues bien, ha llegado el momento de que la Justicia tome cartas en este asunto y proceda a investigar -como ya ha empezado a hacer el juez De la Mata- la veracidad de las notas de Villarejo. No hay término medio: o Villarejo miente y hace un grave daño a las instituciones o dice la verdad, con todas las consecuencias que ello comporta.

Lo que no debería pasar es que este asunto fuera objeto de comentarios y polémicas que, pasados unos pocos días, quedaran relegados al olvido. Necesitamos saber la verdad y sólo el poder judicial está en condiciones de esclarecer la veracidad de esas notas y de investigar hasta el fondo la trama de los Pujol.

Las guerras entre policías son uno de los cánceres que sufren las democracias y España se ha visto envuelta en un conflicto de esas características, que el Gobierno anterior toleró y hasta alentó. El comisario jubilado José Manuel Villarejo y un grupo de policías y periodistas de su órbita han desenterrado viejas historias que afectan al rey Juan Carlos y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras sugieren que les sobra arsenal con el que hacer temblar a las instituciones. Villarejo tiene un interés directo en este asunto, que es el de protegerse contra una imputación judicial por el caso conocido como el del Pequeño Nicolás.

Este comisario recibió el máximo apoyo del anterior responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, y del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, sobre la base de los “importantes servicios para el Estado” prestados por aquel, que no explicaron. Se sabe que el origen del problema es el grupo de policías patrióticos que se ofreció o fue requerido para fabricar dosieres contra personajes públicos de Cataluña. Una trama en cuyo centro se situaba aparentemente Villarejo, apoyado por un grupo de policías instalados en altos cargos y que posteriormente quedó enfrentado a otros. De esas presuntas actuaciones irregulares surgieron fiascos como la acusación al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tener una cuenta bancaria en Suiza.

Sin embargo, el exministro del Interior pareció perder el control de la situación al sufrir la grabación de una conversación con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, una vez más en busca de materiales contra el independentismo. Se ignora quién grabó exactamente ese encuentro, pero se sabe que fue una intromisión realizada con la suficiente impunidad como para convertir en inseguro el despacho oficial del responsable de la seguridad interior de España. Extrañamente, el Gobierno no ha tenido interés alguno en explicar lo sucedido a la opinión pública, pese al escándalo.

Lo primero es comprobar si el desentierro de viejas historias y la sugerencia de que se puede amenazar con más madera se trata efectivamente de un chantaje. En caso de que en las informaciones puestas ahora en circulación haya algo que investigar, que se investigue. Pero el Estado no puede dejarse chantajear por parte de antiguos servidores como Villarejo, al que se le ha permitido compaginar sus negocios privados con las atribuciones que le daba el uso de placa y pistola.

Los ciudadanos deben saber que la policía está para protegerles y no para enzarzarse en luchas paralelas. Indiscutiblemente las operaciones paralegales en Cataluña han sido un desastre. Hay que desacreditar y desarticular toda la estructura para que no se convierta en una máquina de chantaje.

La Policía Judicial entregó ayer al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un nuevo pendrive con información sobre los Pujol. Sin embargo, esta entrega no fue ni ordinaria ni normal, teniendo en cuenta que el responsable policial que trasladó el dispositivo electrónico al magistrado explicó que, a su vez, se lo había hecho llegar un compañero suyo tras encontrárselo «ordenando diferentes cajones de su despacho». Así consta en la providencia -a la que ha tenido acceso EL MUNDO- dictada por De la Mata, quien también investiga el origen de un pendrive anterior que ha servido de base para los últimos informes de la Udef y que el juez sospecha que contiene información procedente del hackeo de los ordenadores del clan catalán. En realidad, fue un inspector quien halló el pendrive, precisamente, después de que la Udef fuera abroncada por la Audiencia por el dudoso origen de estas pruebas. En todo caso, esta sucesión de hechos y algunas filtraciones han puesto en evidencia la guerra interna larvada en el seno de la Policía, lo que no sólo compromete seriamente su imagen sino que amenaza con entorpecer el caso de los Pujol.

Este periódico siempre ha defendido la eficacia y la seriedad de la Policía Nacional. De ahí que consideremos inverosímil que un dispositivo con información sensible sobre la familia Pujol pueda aparecer de forma casual. Máxime teniendo en cuenta que esta investigación se remonta a varios años atrás. De la Mata ha emplazado a la Unidad de Investigación Tecnológica el próximo 14 de febrero para la «apertura, volcado y análisis del dispositivo». Además, esta aportación llega justo después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional citara al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, y al comisario Marcelino Martín Blas, para que acrediten la procedencia de sus pruebas. Y cabe precisar que el origen desconocido de éstas puede provocar la nulidad parcial del procedimiento.

La pugna entre diferentes sectores revela que la Policía no siempre ha trabajado en la misma dirección. Ello constituye una anomalía gravísima que genera una lógica inquietud entre la ciudadanía. El combate contra la corrupción es una exigencia irrenunciable para el Estado, lo que pasa inexorablemente por la cohesión de la cúpula de las fuerzas de seguridad. No puede haber fisuras ni errores de bulto en este terreno, tal como advertimos tras el episodio de la detención a finales de diciembre de dos falsos islamistas en Madrid.

En consecuencia, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene la obligación de erradicar cualquier atisbo de división interna en la Policía, así como revisar los protocolos con el fin de intensificar la coordinación entre sus mandos y preservar la legalidad de sus actuaciones. En este sentido, resulta relevante el reciente nombramiento de Florentino Villabona como director adjunto operativo (DAO). Tanto para perseguir la corrupción como en la lucha antiterrorista, la labor de la Policía resulta clave. Y, precisamente, este compromiso es el que obliga a los responsables policiales a proceder con un respeto escrupuloso a los criterios de profesionalidad, eficacia y jerarquía que deben regir su trabajo.

En todo caso, y en aras de disipar cualquier sombra de sospecha, Zoido también debería difundir el contenido de tres informes que este Cuerpo mantiene en secreto sobre el 11-M, el caso Faisán y el crimen de Marta del Castillo. Éstos fueron encargados por Eugenio Pino, tal como él mismo desveló a este periódico. No hay razones para que la opinión pública no tenga acceso a sus conclusiones.Primero porque son causas juzgadas y, segundo, por su relevancia pública.

El padre de Marta pidió ayer al Gobierno que haga pública la investigación sobre su hija, asesinada en 2009 y cuyo cadáver sigue sin aparecer. Por otro lado, el informe sobre el 11-M podría arrojar luz sobre los fallos en la instrucción y las dudas que todavía persisten sobre la validez de algunas pruebas, como la mochila de Vallecas y la identificación de los explosivos, y los fundamentos de la sentencia.

Asimismo, el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán, en Irún, en mayo de 2006 se saldó con la condena de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación a Enrique Pamies, ex jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros. Este periódico sostiene, ahora como entonces, que existen responsabilidades más altas en un caso que se cerró en falso. Urge, por tanto, que Interior haga público el contenido de estos dossieres.

No va más. Pasado ya el primer aviso que está aireando un medio digital, la extorsión a las más altas instituciones del Estado ha tomado forma: o se detienen las investigaciones judiciales sobre la brigada política montada en la anterior cúpula del Ministerio del Interior o estallará un escándalo mediático sin precedentes que socavará a la mismísima Casa Real. Avisado está el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha podido confirmar Público en exclusiva de fuentes muy cercanas a esa trama de extorsión, cuyas voces se escuchan en los audios que hoy revelamos.

En realidad, la operación ya ha comenzado a través de las primeras filtraciones escandalosas sobre las supuestas relaciones sexuales del rey Juan Carlos con Bárbara Rey, un antiguo affaire que se conoce desde hace veinte años y que se ha resucitado inopinadamente. Pero la verdadera bomba de relojería se llama Corinna zu Sayn-Wittgenstein, aristócrata alemana de origen danés que mantuvo muchos años de intimidad con el monarca emérito.

Tal como han reconocido a Público diversas fuentes policiales y de la inteligencia, los más altos mandos policiales del círculo íntimo del exministro Jorge Fernández Díaz están chantajeando al CNI con desvelar interioridades inconfesables de la relación entre Corinna y Juan Carlos, así como detalles de los presuntos pagos que ella recibió a cambio de su silencio, si no se pone fin a las pesquisas por la que ya está imputado un comisario, José Manuel Villarejo Pérez, y se amplía esa investigación hasta el propio ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino.

El caso lo instruye el Juzgado Número 2 de Madrid que dirige el juez Arturo Zamarriego y en él se investiga una grabación ilegal de una reunión de agentes del CNI con el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y el inspector Rubén López, realizada en dependencias policiales, presuntamente, por esta cúpula de Interior que estaba a las órdenes del exministro Fernández Díaz. Los espías y jefes policiales trataban en ese encuentro sobre el sospechoso caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, quien se ha hecho famoso como «el pequeño Nicolás».

La extorsión que se está llevando ahora a cabo sería un salto en esta campaña de desprestigio que se ha desarrollado desde 2013, cuando algunos funcionarios policiales fueron procesados por colaborar con la trama de la mafia china de Gao Ping. El cénit de esa larga operación fue la citada grabación ilegal, que ponía en jaque a dos de los cuerpos de investigación más infranqueables y que presuntamente fue entregada al pequeño Nicolás por el tertuliano Eduardo Inda, quien está siendo el altavoz de este nuevo chantaje a las más altas instituciones del Estado.

La entrevista en Londres entre Corinna y Villarejo

Que el siguiente capítulo de este chantaje a la Casa Real y al CNI consistiría –en caso de que no se cediese a la extorsión– en airear los pagos de fondos reservados que supuestamente recibió Corinna, lo reconoce el comisario principal Enrique García Castaño, perteneciente a la Comisaría General de Información:
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COMISARIO: Entonces, siguiente paso, todo esto de las cuentas de Corinna; una cuenta que hay en Turquía, una cuenta que hay en Suiza, las comisiones, los pagos, los billetes, los cuadros, el no sé qué… no sé cuántos. Se lo ha dado todo a Cerdán [Villarejo]. Todo lo tiene Cerdán. Y en el momento en que a Villarejo se le cruce la locura o vea que le entra la paranoia de ‘van a por mí’, ¡pum!

García Castaño está hablando del material que Villarejo ha proporcionado a Manuel Cerdán, recién fichado por Inda para el digital que dirige, con el objetivo de que lo difunda en el caso de que el CNI no presione a la Justicia –específicamente al juez Zamarriego– para que dé carpetazo a la pieza separada sobre la grabación ilegal a los agentes que investigaban el caso Nicolás.

El comisario incluso especifica cómo ha logrado Villarejo enterarse de los secretos de Corinna:
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C: Porque Éste está obsesionado por el tema de Gao Ping. (05.04) Siguiente paso, Corinna. Corinna se ve con Villarejo en Londres y una de las veces le relata que ha estado Félix Sanz a verla y que Félix Sanz la ha medio amenazado.

PERIODISTA: Va a verla a través de su amigo Villalonga o César Alierta que es el que…

C: No, no Félix Sanz Roldán va a verla…

P: No, a Villarejo, se lo dice su amigo Villalonga, que es amigo de Corinna.

C:

El comisario se refiere al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y al expresidente de Telefónica, Juan Villalonga Navarro.

«Ésa es la jugada… ése es el chantaje»

En la conversación queda bien claro que el comisario está al corriente de la estrategia diseñada por Villarejo para que sus periodistas infiltrados difundan informaciones comprometedoras sobre el rey emérito si el CNI no se pliega a su «chantaje», tal como él mismo lo define:
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C: Y esa es la jugada, que tú no me haces caso.

P: Pregúntale. ¿Has comido con alguien la semana pasada, así, del otro lado?[refiriéndose al CNI]

C: Cállate. Te estoy contando todo cronológicamente lo que hay y quién tiene esa información. Ahora mismo la información la tiene Mauricio Casals, pero Mauricio Casals ya se ha quitado de en medio, ya también se junta poco con Villarejo… La información la tiene Cerdán.

P: Y Cerdán es otro de los sobaos de Villarejo.

C: Cerdán es tronco de Villarejo, es muy tronco, y Cerdán me imagino que…

P: Llámale.

C: Ahora, me imagino que según vaya la situación sacarán o no sacarán; porque, claro, sacarán o no sacarán cuando el otro le diga: «Tira palante». Si el otro considera que no se meten con él o considera que le dejan tranquilo, pues me imagino que parará. Ése es el chantaje… Espérate que voy a llamar a Pino.

Mauricio Casals es presidente de La Razón y adjunto al presidente del Grupo Antena 3.

«Si me llaman a declarar en el caso Nicolás… que sepas que yo sé…»

En ese momento, Público ya tenía conocimiento, por fuentes cercanas al ex número dos de la Policía, de que Pino se había reunido el viernes anterior –tres días antes de que Cerdán empezase a publicar sobre Bárbara Rey– con un alto mando del CNI para que trasladase a sus superiores esa amenaza. Cita que el comisario desconocía:
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C: ¿Comemos la semana que viene?

PINO: Sí, vale, cuando quieras.

C: Qué te iba a decir… ¿tú el viernes comiste con alguien del CNI?

PINO: ¿Si comí yo con alguien del CNI…?

C: El viernes, que si comiste…

PINO: A sí, sí, sí, sí, sí, sí.

C: Ah vale, vale, vale…

PINO: Sí, sí. He comido en Alcalá de Henares con un coronel, sí.

C: Ah, es que me lo dijeron, y yo quería saber si era verdad o mentira.

PINO: No, he comido con uno… es que… te lo cuento. Le dije: «Oye, si me llaman a declarar en el asunto del pequeño Nicolás que sepas que yo sé que tenéis el teléfono intervenido y que lo voy a decir, o sea, que no me llamen a declarar». Yo creo que es un [ininteligible] ¿No?

C: Vale, vale, no hagas ni puto caso de eso. No hagas ni puto caso.

PINO: Pues sí, estuve comiendo porque él es amigo mío. Éste es el que me dijo que me iba poniendo a caer de un burro el jefe [por Félix Sanz Roldán].

C: Ah, ya sé quién es.

PINO: Sí. Luego también me contó cosas ahí de Cara Huevo [Por el comisario general de Información, Enrique Barón] y bueno, no te puedes imaginar…

C: Cara Huevo es un hijo puta. Bueno, pues el domingo te llamo y preparamos la comida.

PINO: De acuerdo, muy bien.

C: Venga tronco, hasta luego.