La guerra de comisarios causa guerras internas en prensa: en el diario EL MUNDO chocan Esteban Urreiztieta (afín a Villarejo) y Fernando Lázaro (afín a Martín Blas y el CNI)

Es un comisario, pero no tiene comisaría. Es un mando policial, pero no tiene cargo orgánico dentro del estamento. José Villarejo es un veterano policía, que se encuentra en «servicios especiales». Adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, pero realmente no depende de nadie. Hace y deshace. Desde el siglo pasado, aparece relacionado con asuntos de lo más escabrosos, y todos con vinculaciones políticas.

Villarejo ha presentado una denuncia contra el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, al que acusa de fabricar pruebas falsas contra él en el caso del pequeño Nicolás y de realizar investigaciones ilegales para el PP sobre el ex tesorero Luis Bárcenas.

Para muchos, este comisario es un héroe que hace lo que nadie se atreve y tira «por la calle de enmedio». Para otros, el rey de la fontanería policial. «Es de los que es mejor estar lejos para que no te contamine». Las voces en el seno policial, dispares: los que le definen casi como el «hombre imprescindible», y los que lo consideran un hombre peligroso.

Para la opinión pública, el nombre de Villarejo irrumpe durante los años 90, adherido al polémico informe Veritas, encargado por los responsables policiales y políticos del Ministerio del Interior del momento con una sola finalidad: desacreditar al entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Hablamos de 1994.

Fue este periódico, EL MUNDO, quien destapó los feos asuntos que estaban poniendo en marcha para tratar de acabar con la carrera del magistrado, que ya empezaba a dar pasos serios para resolver la ecuación de los GAL, para situar en el terrorismo de Estado al Gobierno socialista. Como recuerdan fuentes policiales, se encargó a un grupo de agentes confeccionar el llamado informe Veritas. En él consta la investigación y seguimiento realizado durante bastantes meses a Garzón.

En estas investigaciones participaron 20 inspectores desplazados desde la Ciudad Condal y desde Zaragoza. El informe, en el que se aseguraba que el magistrado «tenía relaciones con miembros de una organización de narcotraficantes» y «había participado en orgías con mujeres», tenía como objetivo amedrentar y desacreditar al magistrado. Los funcionarios, además de a Garzón, investigaron también la vida privada de periodistas, empresarios y políticos del Partido Popular. Entre los empresarios afectados se encontraba también Javier de la Rosa.

Tras la publicación del informe por EL MUNDO, el que fuera en aquellas fechas director de la Policía, Angel Olivares (que trabajaba a las órdenes del biministro Juan Alberto Belloch) destituyó a tres inspectores jefes. Uno de ellos era Villarejo, que participó directamente en la elaboración de Veritas.

Desde entonces, su nombre siempre figura en ámbitos policiales relacionado con los asuntos más oscuros y que más implicaciones políticas tienen. «Ha sido un pata negra para el PSOE y ahora lo es para el PP», apuntan algunos mandos policiales que prefieren guardar el anonimato. «Es peligroso», se defiende.

Villarejo «trabaja» desde fuera, como un «agente encubierto». Se mueve con un esquema policial similar al de los agentes en la DEA. Obtiene información y la hace llegar adonde él considera oportuno. Para su labor, dispone de empresas y sociedades y de una página web desde la que, además, con formato periodístico, lleva a cabo campañas contra los que considera que pueden ser sus obstáculos.

Como apuntan fuentes policiales, su nombre apareció de nuevo vinculado a otro feo asunto: la operación Emperador, contra la trama de Gao Ping. En un informe policial figuraba una serie de nombres de agentes y mandos que podían tener relaciones oscuras con este empresario. Entre esos nombres, el de quien, durante lustros, había estado al frente de la comisaría del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca. Asuntos Internos elaboró un estudio más detallado sobre los posibles vínculos entre policías y la mafia china y lo remitió a la Fiscalía Anticorrupción, que entendía que había motivos para llamar a declarar a estos agentes. En dicho informe aparecía el apellido Villarejo y el nombre de empresas vinculadas con él. El autor del informe Veritas y Salamanca son grandes amigos.

El juez que instruía la causa, Fernando Andreu, se apartó de investigar esta trama tras admitir una relación de amistad con Salamanca. El caso pasó a otro magistrado que tomó declaración a los policías citados. La causa contra estos mandos quedó archivada por decisión de la Sala de la Audiencia Nacional. Pero aún no se ha cerrado la puerta a esclarecer por completo estos posibles vínculos, ya que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha elevado un recurso contra este archivo. Es probable que las pesquisas iniciadas por Asuntos Internos queden reabiertas.

Es en este momento donde se desatan las hostilidades de Villarejo y algunos de los policías salpicados en el caso Emperador contra el máximo responsable de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas. Villarejo y «sus hombres» entienden que está haciendo una cacería contra él y reclaman a los mandos del Ministerio del Interior que le destituyan. Utilizan también sus tentáculos mediáticos (esa web antes citada) para tratar de desprestigiar al comisario y de desautorizar sus pesquisas sobre los vínculos de Gao Ping con policías. Desde el Ministerio y desde la Policía se avala el trabajo de Asuntos Internos, trabajo que pasa los filtros de dos jueces de la Audiencia Nacional y cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción

Pero las armas están ya desenfundadas. La cacería está abierta. Y el siguiente choque (que tiene pinta de que no será el último) se ha producido con motivo de la operación Nicolay. De nuevo, el nombre de Villarejo aparece en otra causa con claros signos de desgaste político. Ya en su primera declaración ante la Policía, el pequeño Nicolás habla del comisario y relata que el empresario Javier de la Rosa le dijo que Villarejo le debe 200.000 euros.

Da la casualidad de que De la Rosa era uno de los empresarios investigados por el grupo de policías en los años 90 durante las actuaciones en el informe Veritas. De nuevo, desde Villarejo y su entorno se trasladó la presión a Interior y a la Policía. Acusaban de nuevo al comisario de Asuntos Internos de tratar de implicarle también en este caso.

Y de nuevo se reactivó la presión para tratar de destituirle, cuando el comisario aportó al juzgado que investiga el caso, las grabaciones realizadas por las cámaras del Canal en las que identificaba como «probable» a Villarejo, en un encuentro con Nicolás. Villarejo denuncia ahora que Martín-Blas es una falsificación, que ese no era él y que el comisario de Asuntos Internos está tratando de incriminarle en la causa. Además, acusa a este mando de hacer «trabajos para el PP» vinculados con el caso Bárcenas. Desde la Policía se indica que Villarejo no aporta datos ni pruebas. La guerra sigue abierta.

La Policía Judicial entregó ayer al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un nuevo pendrive con información sobre los Pujol. Sin embargo, esta entrega no fue ni ordinaria ni normal, teniendo en cuenta que el responsable policial que trasladó el dispositivo electrónico al magistrado explicó que, a su vez, se lo había hecho llegar un compañero suyo tras encontrárselo «ordenando diferentes cajones de su despacho». Así consta en la providencia -a la que ha tenido acceso EL MUNDO- dictada por De la Mata, quien también investiga el origen de un pendrive anterior que ha servido de base para los últimos informes de la Udef y que el juez sospecha que contiene información procedente del hackeo de los ordenadores del clan catalán. En realidad, fue un inspector quien halló el pendrive, precisamente, después de que la Udef fuera abroncada por la Audiencia por el dudoso origen de estas pruebas. En todo caso, esta sucesión de hechos y algunas filtraciones han puesto en evidencia la guerra interna larvada en el seno de la Policía, lo que no sólo compromete seriamente su imagen sino que amenaza con entorpecer el caso de los Pujol.

Este periódico siempre ha defendido la eficacia y la seriedad de la Policía Nacional. De ahí que consideremos inverosímil que un dispositivo con información sensible sobre la familia Pujol pueda aparecer de forma casual. Máxime teniendo en cuenta que esta investigación se remonta a varios años atrás. De la Mata ha emplazado a la Unidad de Investigación Tecnológica el próximo 14 de febrero para la «apertura, volcado y análisis del dispositivo». Además, esta aportación llega justo después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional citara al ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, y al comisario Marcelino Martín Blas, para que acrediten la procedencia de sus pruebas. Y cabe precisar que el origen desconocido de éstas puede provocar la nulidad parcial del procedimiento.

La pugna entre diferentes sectores revela que la Policía no siempre ha trabajado en la misma dirección. Ello constituye una anomalía gravísima que genera una lógica inquietud entre la ciudadanía. El combate contra la corrupción es una exigencia irrenunciable para el Estado, lo que pasa inexorablemente por la cohesión de la cúpula de las fuerzas de seguridad. No puede haber fisuras ni errores de bulto en este terreno, tal como advertimos tras el episodio de la detención a finales de diciembre de dos falsos islamistas en Madrid.

En consecuencia, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene la obligación de erradicar cualquier atisbo de división interna en la Policía, así como revisar los protocolos con el fin de intensificar la coordinación entre sus mandos y preservar la legalidad de sus actuaciones. En este sentido, resulta relevante el reciente nombramiento de Florentino Villabona como director adjunto operativo (DAO). Tanto para perseguir la corrupción como en la lucha antiterrorista, la labor de la Policía resulta clave. Y, precisamente, este compromiso es el que obliga a los responsables policiales a proceder con un respeto escrupuloso a los criterios de profesionalidad, eficacia y jerarquía que deben regir su trabajo.

En todo caso, y en aras de disipar cualquier sombra de sospecha, Zoido también debería difundir el contenido de tres informes que este Cuerpo mantiene en secreto sobre el 11-M, el caso Faisán y el crimen de Marta del Castillo. Éstos fueron encargados por Eugenio Pino, tal como él mismo desveló a este periódico. No hay razones para que la opinión pública no tenga acceso a sus conclusiones.Primero porque son causas juzgadas y, segundo, por su relevancia pública.

El padre de Marta pidió ayer al Gobierno que haga pública la investigación sobre su hija, asesinada en 2009 y cuyo cadáver sigue sin aparecer. Por otro lado, el informe sobre el 11-M podría arrojar luz sobre los fallos en la instrucción y las dudas que todavía persisten sobre la validez de algunas pruebas, como la mochila de Vallecas y la identificación de los explosivos, y los fundamentos de la sentencia.

Asimismo, el chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el bar Faisán, en Irún, en mayo de 2006 se saldó con la condena de un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación a Enrique Pamies, ex jefe superior de Policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros. Este periódico sostiene, ahora como entonces, que existen responsabilidades más altas en un caso que se cerró en falso. Urge, por tanto, que Interior haga público el contenido de estos dossieres.

Parece talmente un asunto calabrés de la más pura cepa. Todo es llamativo en este relato, pero especialmente algunas cosas. Por ejemplo, que sea cierto, cosa que está por demostrarse, que todo un presidente de la Comunidad de Madrid [comisario Villarejo] baje a la cafetería de abajo para entrevistarse con dos policías en lugar de recibirlos, como obliga su cargo y le exige su papel, en su despacho institucional. Si esto ha sido como lo cuenta el comisario Villarejo, no sólo es impresentable e injustificable sino que, además, es altamente sospechoso.

Pero también es asombroso que todo un comisario de Policía decida «contraatacar» al presidente de la Comunidad porque éste «no había calibrado bien» su ataque contra él al haberle acusado junto con otro compañero de un intento de chantaje. Éstas no son de ninguna manera las formas con las que están obligados a comportarse los miembros de las Fuerzas de Seguridad en un Estado de Derecho.

Todo el recorrido de la escena completa resulta inaudito. Desde luego, lo es que un comisario decida actuar no porque le obliga la ley que ha jurado respetar, sino porque el interlocutor de turno le ha incomodado. Y si no hubiera sido así, ¿tenemos que suponer que el comisario Villarejo no estaría contándole al juez lo que le está relatando ahora? Éste es uno de los escándalos de esta historia: el modo en que actúan unas personas que ocupan cargos de enorme responsabilidad pero que tienen actitudes completamente impropias de lo que se espera de ellas.

Dicho esto, hay que adentrarse en el meollo de la cuestión. Y lo que aparece nítidamente es que el asunto del famoso ático de Ignacio González ha incorporado aspectos hasta ahora desconocidos para el público que han oscurecido el panorama político del presidente de la Comunidad de Madrid hasta dejarlo de un negro zaino.

La aparición delegada de Enrique Cerezo, siempre presunta, pero ya posible o incluso probable, portando un mensaje aparentemente igual al lanzado por Ignacio González a los policías, esto es, que colaboren a detener la investigación sobre el ático a cambio de retirar las denuncias por investigación ilegal a los policías de Marbella, añade al asunto un aroma espantoso. El proceso de denuncias y acusaciones recíprocas seguirá su curso natural, pero es evidente que el candidato ya está tardando en retirar su pretendida candidatura.

Sea por maniobras de sus enemigos, sea porque la verdad del caso esté a punto de saltar a la luz, González ha dejado ya de estar en condiciones de competir por la Presidencia de la Comunidad. Esto lo ve hasta un ciego y Mariano Rajoy está muy bien de la vista. Descartado. Del todo.

Sr. Director:

En base al derecho de rectificación que me asiste y sin perjuicio de las acciones legales que me correspondan en defensa de mi Honor, desearía por favor que publicase esta carta de rectificación, respecto a los comentarios vertidos sobre mi persona, por parte de su directora adjunta, la señora Victoria Prego. Vaya por delante, que considero magnífico su impresionante trabajo de periodismo documentalista sobre la historia de nuestra Transición, la cual sigo con gran interés.

La Sra. Prego me atribuye, entiendo que de manera gratuita, el comentario por mi parte de que denuncio al Sr. González «porque este no había calibrado bien el ataque contra mí», frase, que salvo en sueños, no tengo constancia de haberla realizado y menos aún en el sentido vengativo que se me atribuye.

Apoyándose en dicha aseveración, la Sra. Prego continúa, que «de ser así, resultaría inaudito que un comisario, decida actuar, no porque le obliga la ley que ha jurado respetar, sino porque el interlocutor de turno le ha incomodado». Añadiendo como colofón de tal diatriba que ella misma se ha montado que: «Y si no hubiera sido así, ¿tenemos que suponer que el Sr. Villarejo no estaría contándole al juez lo que le está relatando ahora?».

Añadiendo finalmente, no sé si refiriéndose a mí o al Sr. González, que «Este es uno de los escándalos de esta historia, el modo que actúan algunas personas que ocupan cargos de enorme responsabilidad, pero que tienen actitudes completamente impropias de lo que se espera de ellas».

Las elucubraciones que la Sra. Prego se hace a partir de un comentario que repito no hice, me recuerda el chiste del que va a pedir un gato para cambiar una rueda a una casa en la lejanía y él sólo va hilvanando una historia hasta que al llegar, le dice al inquilino, sin mediar palabra, que se meta el gato donde le quepa. Puestos a elucubrar, le sugiero al Sr. director que le proponga a la Sra. Prego, otra. ¿Por qué el Sr. González contrató a su hermano, reputado Magistrado del Tribunal Supremo, ahora en excedencia, como abogado defensor en el asunto del ático? No podría ser porque además de su prestigio profesional, es hermano de la Sra. Prego y dado el importante puesto que ostenta en el medio que usted dirige, con ello trataba de blindarse ante futuras publicaciones de noticias?

Lamentablemente, de ser así, cosa que desconozco, creo que se equivocó quien piensa que puede acallar el medio que usted dirige, como se ha equivocado la Sra. Prego, al sustentar una duda sobre las razones que me llevan a actuar, fuera de la de ser un humilde servidor del Estado y por ende de la Justicia que representa.

Jose M. Villarejo. Comisario del CNP.

El Ministerio del Interior ha decidido realizar cambios en la estructura policial. Tenía un importante fuego abierto y ha tomado una decisión salomónica. De momento, denunciante y denunciado dejan de estar en sus destinos.

El que fuera hasta ayer comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, se incorpora al Consejo Asesor hasta agosto, donde actuará como asesor del director del Cuerpo, Ignacio Cosidó.

Por su parte, el comisario José Villarejo, quien se encontraba en «servicios especiales» dependiendo del Director Adjunto Operativo, ha pasado a la Subdirección de Recursos Humanos.

De esta manera, el Ministerio de Jorge Fernández Díaz trata de poner fin a un conflicto importante en el seno de la Policía.

Bajo la batuta del que fuera comisario de Asuntos Internos se habían llevado a cabo investigaciones sobre la mafia china (operación Emperador) o sobre el pequeño Nicolás. En ambos casos salió a relucir el nombre del comisario Villarejo. Esto provocó un enorme malestar por parte de este mando, que aseguró que había una campaña de Asuntos Internos contra él.

Elevó escritos de protesta a sus superiores y alertó de su intención de acudir a los tribunales contra Martín Blas para acusarle de que había fabricado pruebas contra él en ambos sumarios.

En el caso de la mafia china, el apellido Villarejo apareció en las pesquisas que se llevaban a cabo sobre funcionarios policiales sospechosos de haber recibido obsequios por parte de los dirigentes de la trama mafiosa.

En el caso del pequeño Nicolás, Villarejo aseguró que se habían colocado pruebas falsas y citó que Asuntos Internos había elaborado un informe en el que le identificaba en una foto. Finalmente, el que aparecía en la foto no era este comisario, como asimismo reconoció Asuntos Internos en un segundo informe.

Villarejo, quien se define como «agente encubierto», mantuvo una reunión con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Éste le acusó de intentar extorsionarle y el policía alegó que le pidió ayuda para solucionar «su problema» judicial con el ático. La Policía aún está pendiente de emitir un informe de conclusiones sobre las actividades privadas de Villarejo, después de que El País revelase que cuenta con 12 sociedades con un capital de 16 millones.

Sr. Director:

Me dirijo a usted en relación a la información publicada en elmundo.es el 8 de abril titulada «Interior releva a los comisarios Martín Blas y Villarejo».

Las manifestaciones contenidas en el citado artículo no son ciertas:

– No es cierto que el Ministerio del Interior me haya relevado de mi cargo. A día de hoy no he recibido notificación de ningún tipo en ese sentido.

– No es cierto que haya sido investigado en la Operación Emperador, ni yo ni ningún miembro de mi familia.

– Tampoco es cierto que se me haya vinculado, siquiera a título indicativo, con ningún acto ilícito, ilegal y mucho menos criminal. José Manuel Villarejo Perez. Comisario del Cuerpo Nacional de Policía.