Imputado por falsedad documental Francisco Tomey, senador del PP y presidente de la Diputación de Guipuzcoa

El senador del Partido Popular y presidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomey, no podrá seguir negándose a entregar los documentos que la oposición socialista y la fiscalía de la provincia le vienen reclamando en relación con la aparente existencia de un déficit oculto en las cuentas de la Diputación. Ésa es la primera consecuencia de la decisión de la fiscalía del Supremo de pedir a ese tribunal que investigue la eventual existencia de un delito de falsedad. En las cuentas se hacían constar ciertos ingresos pendientes de cobro que hasta el momento no han sido acreditados. Sólo a la vista de los documentos reclamados podrá establecerse si hubo malversación de fondos públicos o cualquier otra actuación que explique la aparente irregularidad contable.Ante la negativa de la Diputación a entregar los documentos acreditativos de las deudas consignadas, los socialistas presentaron una demanda judicial, pero la Diputación siguió sin aportar lo que se le pedía. De la investigación preliminar realizada por la fiscalía de Guadalajara se deduce la inexistencia de soporte documental de algunos de los supuestos ingresos pendientes de cobro. El Estado, por ejemplo, adeudaría a la Diputación 1.000 millones de pesetas; sin embargo, el Gobierno ha negado oficialmente, en respuesta a una pregunta parlamentaria, tal deuda. La fiscalía apunta la hipótesis de «créditos inexistentes o ficticios» y la sospecha de que los responsables de las cuentas conocían la existencia de una «alteración de la verdad» en las mismas. Ello deberá ser en todo caso investigado por el Supremo, dada la condición de aforado de Tomey.

De los indicios conocidos parece deducirse la existencia de irregularidades contables y de un posible delito de falsificación de documento oficial; pero no podrá verificarse mientras no se conozcan los datos que Tomey se ha negado a aportar. Ahora no podrá dejar de hacerlo sin incurrir en delito de desobediencia a la justicia. Todavía quedaría por averiguar el motivo de la ocultación. Puede que se trate sólo de enmascarar el déficit por motivos políticos, pero también de encubrir una malversación. Tomey y su partido niegan enérgicamente «haberse llevado un duro» y dicen ser los más interesados en que se investigue el asunto. La experiencia, actualizada ahora por las condenas de Roldán y Conde, aconseja, sin embargo, desconfiar de los juramentos de honradez no acompañados de las aclaraciones solicitadas. Tal vez sea prematuro pedir dimisiones, pero es seguro que, en igualdad de condiciones, los del PP, cuando estaban en la oposición, ya habrían exigido tres o cuatro.

LA INVESTIGACIÓN interna realizada por el PP sobre la gestión del presidente de la Diputación de Guadalajara y senador por ese partido, Francisco Tomey, no ha encontrado indicios de «irregularidad», «corrupción» o «anomalía contable». La conclusión era de esperar si se tiene en cuenta la afición del PP a instrumentar aparatosas comisiones autoexculpatorias para distraer la atención sobre los casos de gestión dudosa o presuntas irregularidades de sus militantes. Pero mientras el informe del PP absolvía a Tomey de toda culpa y el comité ejecutivo del partido en Castilla-La Mancha avanzaba que no se tomarían medidas políticas contra él por la supuesta ocultación continuada de un déficit de 3.500 millones en los presupuestos de la Diputación -asunto que investiga el Supremo-, la Fiscalía Anticorrupción abría una indagatoria sobre el senador por supuesta prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en las empresas en las que participan su hermano y su esposa, agraciadas con subvenciones y adjudicatarias de contratos públicos.En el informe exculpatorio, obra del diputado autonómico Pedro Peral, el PP es juez y parte y la credibilidad que debe concedérsele es, al menos, limitada. Su contenido tampoco impresiona. Asegura que la Diputación cumplió el ordenamiento jurídico vigente, pero no explica por qué los presupuestos contabilizaron de forma «pertinaz» los créditos de dudoso cobro para ocultar un déficit presupuestario. Mención aparte merece la imputación de los apuntes contables irregulares al interventor fallecido, como si los interventores no trabajaran sobre decisiones ajenas a su control.

La utilidad principal del informe es la de aportar una coartada para librar a Tomey de las sanciones políticas y permitir que el propio PP no se vea obligado a imponerlas. El subterfugio es tosco. Aplicando al partido de Aznar la política de separación entre responsabilidades políticas y penales que con tanto empeño defendió antes de 1996, Tomey debería dimitir a la espera de los resultados de una investigación judicial que está en marcha y que establecerá las responsabilidades penales. No se trata de rumores o acusaciones infundadas que puedan ser despachadas alegremente con las conclusiones de una inspección entre correligionarios; se, trata de diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. En este momento preciso es donde se demuestra la voluntad de afrontar las responsabilidades políticas; si se demoran hasta que la justicia dé el siguiente paso -si llegara a hacerlo-, que es convertir a Tomey en imputado, ya no tendrán mérito político alguno.