Informe Crillón: Se acusa al Gobierno del PSOE de haber utilizado recursos del Estado para investigar al banquero Mario Conde por orden de Narcís Serra y García Vargas

LA ADMISIÓN a trámite por el Supremo de la denuncia de Luis Roldán sobre el informe Crillon abre, en principio, un nuevo frente judicial en el mismo núcleo del Gobierno. Dos de sus miembros han sido acusados por un antiguo subordinado, hoy encarcelado bajo acusación de numerosos delitos, de encargar y pagar con fondos reservados la elaboración de un informe sobre las actividades de Mario Conde.Se trata de dilucidar, en primer lugar, si existió tal encargo, como asegura el denunciante. Pero también de establecer si es un delito o no, si están o no los poderes públicos legitimados en un Estado democrático para investigar las actividades de ciudadanos sospechosos de poner en riesgo la economía, el sistema financiero o las instituciones políticas del país. Si pueden para ello utilizar empresas privadas al margen de los servicios de información. Y pagar a éstas con fondos reservados cuya finalidad es precisamente cubrir gastos de actividades cuya transparencia presupuestaria pueda poner en peligro sus objetivos.

En este caso se trata de Mario Conde con su aventura de Banesto. Desde ayer, otro ilustre acusado, Javier de la Rosa, tras sus andanías en Ercros, Grand Tibidabo y un largo etcétera, denuncia que también él ha sido objeto de un informe similar encargado por miembros del Gobierno. Ambos casos tienen en común sus innumerables irregularidades financieras, oscuras relaciones con centros de poder en el exterior y su nada disimulada ambición de ejercer influencia directa o por mediadores en la vida pública. Una mejor y más puntual información de los poderes públicos -no los espectaculares rumores que sobre estos personajes, durante estos años, han asediado la estabilidad política o financiera- sobre tales actividades hubiera paliado tal vez los daños causados tanto a las arcas del Estado como a un sinfín de particulares.

La admisión a trámite de esa denuncia supone la puesta en marcha de la maquinaria judicial que ha de establecer, primero, si los hechos denunciados son o no ciertos y, en su caso, si constituyen delito. Ni más, ni menos. Sí indica que el Supremo no considera ni ridículos, ni absurdos los términos de la denuncia. Pero no prejuzga nada, por mucho que algunos de nuestros exégetas mediáticos, vinculados en el pasado tanto a Conde como a De la Rosa, vociferen. casi una condena en curiosa identificación y defensa de la interesada denuncia de Roldán. Mal podría prejuzgar el Supremo cuando ni la propia existencia del informe Crillon está judicialmente verificada. En todo caso, el Supremo tiene que vérselas con una denuncia nada corriente. Las denuncias de gentes como Roldán o Amedo tienen poco que ver con lo que se entiende normalmente como colaboración con la justicia. Y en esas circunstancias es muy difícil distinguir la verdad de la mentira, la difamación de la autodefensa del denunciante. Porque está probado que Roldán ha mentido infinidad de veces. Tendrá que demostrar que dice la verdad ahora.

La cosa se complica todavía más cuando alguien como Mario Conde, incurso en un proceso por falsedad y estafa, se persona en la causa y pretende figurar en ella como víctima y presunto perjudicado. Ello explica el tacto con que ha actuado hasta ahora el Supremo y la prudente estrategia adoptada por el ministerio fiscal. Este último no ha solicitado la declaracion de los denunciados -Serra y García Vargas-, sino la de personas que podrían estar próximas a los hechos y, «como imputado», la de Roldán. Cualquiera que sea la última decisión judicial, Roldán ha denunciado unos hechos presuntamente delictivos en los que admite haber participado. Difícilmente puede declarar como testigo quien podría verse acusado de responsabilidades penales en el mismo caso. Roldán sólo podría, por tanto, declarar como imputado y en presencia de su abogado. Hoy por hoy, es en todo caso el que más riesgos corre con su denuncia.

Cualquiera que sea el desenlace del caso Crillon en el terreno judicial, el episodio debería servir para que el Parlamento busque la manera de controlar en cierta forma la actividad de los servicios de espionaje y de información del Estado, en la misma línea, de lo que sucede en países de tanta raigambre democrática como EE UU y el Reino Unido. En su comparecencia en el Congreso para desmentir la implicación del Cesid en intentos de involucrar a los Gobiernos de UCD en la guerra sucia contra ETA, el ministro de Defensa ha reconocido la dificultad que plantea el «control político» de los servicios secretos.

Es la ocasión de superar esa dificultad con un seguimiento parlamentario que sea compatible con la naturaleza de por sí secreta de tales actividades. Como ha sucedido con los fondos reservados. El mal uso de éstos ha propiciado que lo que parecía poco menos que contradictorio sea hoy una realidad: su control parlamentario. Lo mismo cabe exigir en el caso de los servicios de información del Estado. Y no es necesario crear ninguna nueva comisión parlamentaria. Ya existe la comisión de secretos oficiales que controla, con las debidas cautelas, el uso de los fondos reservados.

A MARIO Conde y a sus corifeos se les acaba de pinchar uno de los globos de colores -el caso Crillon el que pretendían distraer a la opinión pública y sobre todo a la justicia, del proceso que tiene abierto por estafa y apropiación indebida en cuantía de 7.000 millones de pesetas durante su etapa al frente de Banesto. La Sala Segunda del Supremo ha archivado las diligencias abiertas por este caso, en las que el ex presidente de Banesto intentó personarse sin éxito como presunto perjudicado. La estrategia de Conde era clara. Acusar a miembros del Gobierno de espionaje ilegal para conferir una fantasmagórica motivación política a la intervención de Banesto, y buscar así una posible nulidad del proceso penal que instruye contra él el juez Manuel García-Castellón y que le llevará a juicio ante la Audiencia Nacional.Para intentar evitar esto, ahora ya sólo le queda a Conde la baza de neutralizar al juez instructor, que está realizando una minuciosa y eficaz labor sumarial. En ello está Conde. Con la animosa colaboración del periódico El Mundo, hagiógrafo del ex banquero y principal divulgador de la tesis de la persecución política, bajo la cual Conde pretende disfrazar su desastrosa y presumiblemente delictiva gestión al frente de Banesto. Un día sí y otro también este medio cuestiona la legitimidad del juez García-Castellón para instruir el sumario por una supuesta apariencia de parcialidad objetiva que se derivaría de su nombramiento como juez. de apoyo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras. Es decir, los mismos argumentos que dicho periódico ha calificado como un intolerable ataque a la independencia judicial cuando alguno de los implicados en el caso GAL han intentado esgrimirlos, contra el juez Garzón a causa de su paso por el Ministerio del Interior y la supuesta rivalidad profesional o política entre los ex mandos encausados y su antiguo compañero.

El archivo del caso Crillon destruye también una maniobra de distracción más de Luis Roldán, que pretendió atenuar sus presuntas responsabilidades penales al frente de la Guardia Civil lanzando tinta de calamar hacia arriba. Y sólo un día después de que el Supremo desinflara su otra maniobra contra la supuesta ilegalidad de su captura y puesta a disposición judicial. Con esta táctica de acusar a los superiores -profusamente empleada en este y otros casos- Roldán buscó meter al ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y al ex ministro de Defensa Julián García Vargas en el mismo saco de la malversación de fondos reservados en el que está metido hasta las cejas el ex director de la Guardia Civil. Es importante, pues, que el Supremo haya evitado que dos personajes a los que se acusa de graves, delitos -Luis Roldán al frente de la Guardia Civil y Mario Conde al frente de una entidad financiera de la importancia de Banesto-, pudieran utilizar el caso Crillon como cortina de humo tras la que esconder sus personales e intransferibles responsabilidades.

También lo es la doctrina que el Supremo establece sobre la legitimidad del Estado democrático para realizar y financiar con fondos reservados informes tipo Crillon «en defensa de intereses públicos relevante que se pueden conectar perfectamente con la seguridad pública general». La relevancia es evidente en la investigación de actividades del entonces presidente de uno de los principales bancos ante el riesgo entonces posible, hoy evidente, de que irregularidades en su gestión pudieran causar graves daños al «sistema financiero nacional. Y eso sólo puede hacerse conociéndolas, y en el caso del anterior presidente de Banesto, prestando «una especial atención a las actividades que se desarrollaban en el extranjero».

Por supuesto que esta actuación de los poderes públicos, justificada en la defensa de los bienes colectivos, debe hacerse con sujeción estricta al marco legal y sin vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Pero el Supremo ha analizado el contenido del informe Crillon y no ha encontrado rastro de delito ni de vulneración de derechos cívicos. No ha existido, chantaje sobre Conde, no se le ha privado del ejercicio de sus derechos constitucionales ni se ha acreditado tampoco que fuera espiado ilegalmente mediante el pinchazo de su comunicaciones telefónicas. Si eso le preocupaba, Conde puede dormir tranquilo. No es víctima, ni siquiera presunta; sólo presunto delincuente.

El caso Crillon, como sucedió con los papeles de Laos, ha ocupado cientos de páginas de periódicos -incluido éste-, ha generado titulares de hasta cinco coIumnas en primera página y dado pie a virulentas acusaciones contra Serra, al que se ha llegado a calificar casi de delincuente. No está de más que alguna vez los periodistas reconozcamos nuestros errores. Es probable que mejore nuestra credibilidad.