Informe Semanal (TVE) entrevista en Paraguay a Emilio Hellín Moro, uno de los asesinos de Yolanda González Martín

NO tienen necesidad de ofender a nuestra inteligencia desmenuzándonos en el prólogo la maligna personalidad del villano de la película. Su trabajo debería de limitarse a ofrecemos datos constatables sobre el crimen del acusado y a formularle preguntas, permitiendo al espectador que forme su propia opinión sobre lo que ha visto y oído. Me refiero a un esquemático y tendencioso reportaje de Informe semanal sobre una mentalidad y una patología especialmente repugnantes que responden al nombre de Emilio Hellín Moro. Si prescindimos del prólogo, en el que una voz en «off» nos aclaraba que las respuestas de «este hombre frío y elocuente, suponen una mentira», de un epílogo barato con pretensiones concienciadamente líricas «Sucedió en Madrid en 1980. Todos teníamos diez años menos. Tambien Emilio Hellín. Yolanda era una mujer de cabello largo y oscuro, ojos verdes, cuerpo fragil, mujer de Deusto, mujer vasca. Este hombre le quitó su biografía», y descripciones geográficas de Paraguay, la entrevista revelaba abyecciones dignas de estudio. El entrevistador debe de sentir una desmedida admiración por el estilo comunicativo de Jesús Quintero y de Antonio Herrero. Del primero imitaba sus creativos silencios y del segundo la agresividad y las preguntas contundentes, aunque lo de «¿sabe cual es el quinto mandamiento?» pertenezca a un género entre episcopal y grotesco. Evidentemente no era grave el olvidamos de sus interrogantes justicieros y humanistas para centramos exclusivamente en las respuestas del hombre de orden. Sus gestos, análisis y justificaciones no tenía ningun inocente desperdicio. Emilio Hellín me recordó el lenguaje y la gestualidad de los políticos más previsibles y mediocres. Utiliza monotemáticamente esa dialéctica tan arrebatadora habitada por los «bueno, de alguna forma, la Constitución afirma, debido a que», y destroza con arrogancia satisfecha el academicismo de los diccionarios. Asegura: «Puedo dormir tranquilo porque han pasado diez años y lógicamente uno recupera su tranquilidad». Cree «en la reinserción social del recluso y preferiría cumplir la condena en Paraguay por razones laborales, ya que mis empresas están aquí». Piensa que le resultaría difícil iniciar un diálogo con los padres de su víctima, ya que deben de sentirse mal. Da gracias a Dios porque ya no existan bandas parapoliciales en España. «Yolanda intentó huir y murió en el cruce de disparos». Como cualquier «persona humana» ha tenido una evolución y ahora posee capacidad de análisis. No sigo. Mi asco racional hacia este hombre de orden puede convertir en un panfleto sanguinario una crítica de televisión.

A vuelto. Quienes, hace unos días, hayan visto su imagen en televisión, no la olvidarán fácilmente. Emilio Hellín Moro, ultraderechista condenado a 43 años de prisión por uno de los crímenes más horrendos de la transición, el asesinato de la militante trotskista Yolanda González en febrero de 1980, habla con la frialdad objetual de quien no se reconoce en cuadrícula moral alguna. Tan pronto dice que cumplió órdenes superiores, como puede describir los disparos a quemarropa que destrozaron el rostro de la joven, al borde de una cuneta, en aquella madrugada de hace diez años, con la simple naturalidad del ejecutor, y a continuación asegurar que entregó a la muchacha a unos inexistenes funcionarios policiales encargados de liquidarla. El personaje es odioso. Pero, más que eso, escalofría por lo previsible. Que un profesional de la judicatura juzgara razonable, en 1987, concederle un permiso carcelario de seis días, confiando en su «buen comportamiento» y su disposición «a aceptar la vigilancia policial» como garantía de retorno, es lo que más espeluzna de toda esta historia. Más aún si se consideran las circunstancias: la junta penitenciaria de la prisión de Zamora había negado el permiso, ante la falta de garantías que el recluso presentaba. Un juez de vigilancia de ideología ultraconservadora, José Donato Andrés, asumió, frente a ella, la concesión de ese permiso, negándose a admitir a trámite el recurso contrario del fiscal José Luis Sánchez. Al final, el expediente disciplinario abierto contra el juez no prosperó. Emilio Hellín fue sólo uno de los 15 «ultras» a quienes José Donato Andrés concedió permisos en el curso de aquel año. Huyó. Y, literalmente, se esfumó en el aire. Como en tantas otras ocasiones paralelas, las investigaciones policiales fueron estériles. Hubo de ser finalmente el buen hacer del equipo de la Revista «Interviú», lo que impidiese que este killer pasase a engrosar el número de los sicarios que han rehecho respetables vidas al abrigo de las dictaduras centro y sudamericanas. Otros fueron más afortunados. Lerdo de Tejada, uno de los autores de la matanza de Atocha, fugado en circunstancias similares, sigue gozando del permiso de fin de semana que otro juez, crédulo en la bondad humana, le otorgó hace años. Huídos siguen Messía Figueroa, Javier Anastasio o Francisco Palazón. La consecución de un espacio judicial internacional que permita acabar con la impunidad de que pueden gozar asesinos convictos y confesos como Hellín o Lerdo, es una reivindicación primera en un mundo internacionalmente comunicado como el nuestro. Pero un auténtico espacio judicial internacional exigiría romper definitivamente con un doble juego peligroso: el mismo que hace que el presunto GAL Georges Mendaille pueda pasear impunemente su intangibilidad amenazante en nuestro país, pasando por encima de una demanda francesa de extradición concedida por la Audiencia Nacional y pendiente sólo de ejecución por el Gobierno español. Los intereses de Estado en que ese doble juego no se rompa, parecen todavía -y el caso Paesa no hace sino confirmarlo- demasiado pesados.