19 abril 1987
Alfonsín obligado a una ley del 'Punto y Final' para hacer bajar la tensión
Intento de Golpe de Estado de Aldo Rico en Argentina: Aviso del descontento militar hacia el gobierno democrático de Raúl Alfonsín
Hechos
Entre el 16 y el 19 de abril de 1987 se produjo un alzamiento militar por parte del teniente coronel Aldo Rico.
19 Abril 1987
Golpismo sólo hay uno
EL EJÉRCITO argentino ha escrito otra lamentable página en la historia del golpismo militar con la intentona, en vía de sofocamiento en las últimas 48 horas, encaminad4, según sus delirantes pretensiones, no a derrocar el Gobierno democrático, sino a poner un inmediato punto final a las acciones legales contra los responsables de las atrocidades de la dictadura. Nada más absurdo que esa vanidad golpista de distinguir entre orden constitucional y persecución de los crímenes militares. La democracia es indivisible, y su asentamiento pasa por el cumplimiento de las leyes y el castigo de los culpables de la guerra sucia. En modo alguno puede haber gradualismo en una insurrección militar, que sólo puede entenderse como una tentativa de subversión del orden democrático.El Gobierno del presidente Alfonsín está tratando de acabar con el último foco de insurrección sin tener que recurrir a la fuerza, por temor sin duda a los efectos divisivos que pudiera producir en el Ejército un enfrentamiento entre leales y rebeldes. Pero para consolidar su posición ante el futuro ha de quedar bien claro que los responsables de la intentona serán ejemplarmente castigados aun cuando pudieran deponer su actitud. De esa forma se evitará que una operación que, aunque condenada al fracaso por falta de apoyos interiores y exteriores, se traduzca en un debilitamiento de la legalidad. De otro lado, el salto cualitativo de apoyo al sistema que ha supuesto la masiva congregación de la ciudadanía en la calle para salvar la democracia refuerza y obliga a Alfonsín a actuar con la máxima energía. En este sentido ha sido importante también la reacción de los regímenes occidentales, y en particular la celeridad con que se ha producido la del Gobierno español, para indicar cuál es el único futuro posible para la nación argentina.
El cuartelazo de los encerrados en- Campo de Mayo y en el regimiento de Córdoba encuentra sus raíces históricas en un Ejército que no ha digerido la necesidad de hacer frente a la responsabilidad por sus propios crímenes.
Lo sucedido estos días permite además un juicio retrospectivo sobre el reciente viaje del Papa a Argentina. Juan Pablo II marcó un fuerte contraste entre el trato que dispensó al presidente Pinochet, de Chile, para quien hubo bendiciones y saludos conjuntos a la multitud, y su relación con el presidente Alfonsín. Una y otra vez, el Papa desperdició las ocasiones para mostrar su apoyo a la nueva democracia argentina, al tiempo que exhortaba a los fieles al atrincheramiento ideológico en determinadas verdades -patria y religión- que han sido frecuente recurso de los movimientos de ultraderecha en el mundo entero. Todo ello en un contexto de apelaciones a la fidelidad a la Iglesia argentina, que no sólo no ha mostrado arrepentimiento alguno por sus relaciones con el antiguo régimen, sino que sigue predicando un evangelio civil de dudosa convicción democrática. La circunstancia de que en Argentina se esté discutiendo en estos momentos una ley de divorcio no vale como justificación de las reticencias papales ante un régimen al que además el calificativo de radical hace particularmente odioso para lo más oscurantista del pensamiento vaticano.
Los militares sublevados no han encontrado el apoyo que esperaban de sus compañeros de armas, pero sería ingenuo suponer que todos aquellos que no han secundado activamente la rebelión son leales al Gobierno democrático. Es creencia extendida en el Ejército, que no supo ganar más guerra que la que libró contra sus conciudadanos desarmados, que la reconciliación nacional ya se ha cumplido con la condena de sus más altos dirigentes y que el blanqueo universal del resto de la cadena de mando es el precio de su sumisión. Contrariamente, el Gobierno radical, sin pretender una purga a fondo de una institución en la que los inocentes brillaban por su ausencia, ha seguido una vía intermedia tratando a la vez de no destruir al Ejército y de dar satisfacción a las necesidades nacionales de retribución y justicia. Inevitablemente, ese curso de acción había de parecer insuficiente a víctimas y verdugos, pero es el que con su respaldo al sistema democrático apoya la gran mayoría de la nación argentina. Por ello, si hubo una cierta clemencia al adoptar esa terapéutica para cicatrizar el futuro, no puede haberla ahora para quienes con desprecio de la voluntad nacional quieren imponer criminales correcciones de rumbo.
El Análisis
El alzamiento de Semana Santa de 1987 ha demostrado que, tres años después de recuperar la democracia, Argentina todavía no ha conseguido que sus Fuerzas Armadas acepten plenamente la supremacía del poder civil. La chispa fue la negativa del mayor Ernesto Barreiro, acusado por su actuación represiva en el centro clandestino de La Perla, a comparecer ante la Justicia; la rebelión encontró rápidamente su figura principal en el teniente coronel Aldo Rico, veterano condecorado de las Malvinas, que se atrincheró con los llamados carapintadas en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. No parece exacto describir aquello como un golpe clásico destinado a colocar inmediatamente a Rico en la Casa Rosada: fue una insubordinación militar contra la autoridad constitucional, acompañada de una presión intolerable para conseguir una «solución política» que frenase los procesos por los crímenes de la dictadura, además del relevo de la cúpula del Ejército y garantías para los sublevados. El trasfondo era evidente. El histórico Juicio a las Juntas de 1985 había condenado, entre otros, a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a prisión perpetua, y numerosos oficiales rechazaban que las investigaciones descendieran desde los comandantes hasta quienes habían ejecutado materialmente secuestros, torturas y asesinatos; la Ley de Punto Final de Alfonsín, lejos de cerrar inmediatamente el problema, provocó una avalancha de citaciones antes de que vencieran sus plazos. A ello se añadía una economía deteriorada, que debilitaba políticamente al Gobierno, aunque la causa inmediata de la rebelión fue claramente militar y judicial, no económica. La respuesta popular fue formidable: multitudes salieron a las calles y prácticamente todo el arco político cerró filas en defensa del Gobierno constitucional. Más inquietante fue comprobar que las unidades enviadas contra los rebeldes no mostraban ninguna prisa por llegar a Campo de Mayo, revelando que Alfonsín podía contar con la ciudadanía bastante más que con la obediencia efectiva de todo el Ejército. Finalmente el propio presidente acudió a entrevistarse con Rico el domingo 19, los amotinados depusieron su actitud y Alfonsín regresó a una Plaza de Mayo abarrotada para anunciar que «la casa está en orden». No hubo indulto para Videla y Massera ni una amnistía general como reclamaban los sectores militares más duros, pero tampoco puede afirmarse que los carapintadas salieran simplemente derrotados: pocas semanas después el Congreso aprobaría la Ley de Obediencia Debida, que eximiría de responsabilidad penal a gran parte de los subordinados de la represión ilegal. Por eso la Semana Santa deja una victoria democrática incompleta: Rico no consiguió derribar a Alfonsín, pero consiguió demostrar que una parte del Ejército todavía podía amotinarse para condicionar hasta dónde estaba dispuesta a llegar la democracia cuando juzgaba los crímenes de la dictadura. Un país no puede funcionar sin ejército.
J. F.