José María Aristrain, empresario del acero y gran fortuna, soportó durante 15 años una investigación por fraude fiscal con petición de 61 años de prisión, responsabilidad civil de 211 millones y multa de 1.600 millones. En enero de este año, la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió de los delitos que se le imputaban, señalando la absoluta carencia de pruebas, algo que no le salvó de los tres lustros de condena social. El 25 de abril de 2019, la Sección Primera de la AN había absuelto a Rosell de su calvario, al considerar que los supuestos delitos no habían sido probados y que debía prevalecer el principio in dubio pro reo. El afectado demandó al Estado reclamándole una indemnización de 29,7 millones por los 21 meses pasados a la sombra, cifra que el Ministerio de Justicia redujo a 28 euros por día de prisión, en total unos 18.000 euros. También procedió contra la jueza instructora, Carmen Lamela, en iniciativa rechazada por la justicia, porque es sabido que perro no come carne de perro. Los casos podrían alargarse ad infinitum.
Todas son macrocausas que suelen empezar con la imputación de una ristra de delitos entre los cuales hay dos que nunca faltan: blanqueo de capitales y organización criminal, algo que debería estar reservado, en principio, para delitos de terrorismo y narcotráfico. ¿Por qué? Porque son los que permiten al juez enviar al encausado a prisión incondicional sin fianza. Se inicia así la instrucción de un sumario sin un material incriminatorio claro, en general, de forma que el proceso se convierte de inicio en una investigación prospectiva, en la búsqueda de algo que justifique la detención y encarcelamiento. Se trata de llenar lo que está en principio vacío, de lograr que los supuestos delitos se conviertan en verdaderos mediante la investigación de la vida pasada del afectado y, además, de la de su familia, amigos y compañeros de trabajo. «Eso te destruye socialmente, porque todo tu entorno se siente amenazado y se esconde. La soledad te mata». ¿Y quién se encarga de instruir de verdad? La Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil (UCO) en funciones de Policía Judicial. UCO y UDEF se emplean con complejo de Perry Mason, resueltos a dotar a ese sumario de un arsenal de pruebas incriminatorias con la connivencia, en general, de un fiscal, responsable de dirigir la investigación, renuente a admitir las pruebas presentadas por las defensas que pueden desmontar las tesis de la acusación, con desprecio de ese «principio de defensa material» que cita el art. 2º de la LEC redactado por un eminente Alonso Martínez hace más de 125 años, que sigue vigente y obliga a fiscal e instructor a incluir en el sumario todo aquel material que incrimine al acusado pero también todo aquel que pueda favorecerle.
Las fallas del procedimiento penal han terminado por envalentonar a una policía judicial convencida, cual llanero solitario, de ser la auténtica defensora del Estado de Derecho. Hay que demostrar la culpabilidad de Fulano con pruebas reales o, si falta hiciere, fabricadas ex profeso. Son los burdos 50.000 euros encontrados en el bolso del abrigo de Marta Rosell. O la increíble historia del sirio que alquila un piso en Valencia en el que había vivido Eduardo Zaplana y que, oh casualidad, encuentra encima de un armario ropero el «plano del tesoro», una nota o diagrama en la que el ex político explicaba su modus operandi para delinquir con el cobro de comisiones por las ITV y la privatización de los parques eólicos. El verdadero riesgo para los acusados y sus defensas comienza cuando, pasado el tiempo, la UCO -en cuyo descargo cabe apuntar la introducción reciente de un sistema de ‘control de calidad’ de sus trabajos- se ve incapaz de aportar una sola prueba sólida, porque entonces la tentación es pactar con cualquier tipo de delincuente involucrado en el caso una declaración incriminatoria a cambio de ventajas carcelarias o judiciales. «Tiene usted que decir que vio a Fulano recoger una maleta llena de billetes en el despacho de Mengano, pongamos que un gran empresario», asegura un reputado penalista ducho en estos lances.
En octubre de 2015 se inicia el caso Lezo, una de cuyas piezas tiene que ver con la construcción del tren entre Móstoles y Navalcarnero. La UCO hace suya la denuncia de un ciudadano anónimo que no quiere ni formularla ni firmarla y que acusa a Ignacio González del cobro de una comisión de 1,4 millones en una cuenta en un banco suizo, al parecer pagados por OHL (Juan Miguel Villar Mir), empresa concesionaria de la obra. Seis meses después, abril de 2016, otro denunciante anónimo aporta un número de cuenta en el que se habría ingresado la mordida suiza. La cuenta resultó pertenecer a Adrián de la Joya, destacado miembro del cuerpo de baile del cabaret que regenta el ex comisario José Pepe Villarejo, un perejil presente en todos los escándalos judiciales ocurridos en este país en este siglo, incluidos los que han puesto contra las cuerdas a nombres como Francisco González, Isidro Fainé, Antonio Brufau o Ignacio Sánchez Galán. El caso ha seguido su curso (la UCO acusa a González de haber manejado «entre 300 y 1.000 millones» en Suiza) hasta que cuatro años después, en 2019, los abogados de Villar Mir, también imputado en el caso, piden al instructor, con la anuencia de la fiscal, la declaración de los denunciantes anónimos. Respuesta de la UCO: «Son confidentes acogidos a la Ley de Secretos Oficiales y por tanto protegidos, salvo declaración en contrario del Consejo de Ministros». El juez ha terminado desimputando a Villar Mir, pero no así al expresidente madrileño, a quien no se le ha permitido acceder a la causa Villarejo, en cuya agenda, seis meses antes de que apareciera el denunciante anónimo, aparecía ya el número de la supuesta cuenta bancaria en Suiza.
Y ¿quién sospechan las defensas que puede ser ese denunciante anónimo? Pues el ínclito Pepe Villarejo, el rey de las cloacas policiales, un hombre en el origen del cáncer que corroe a Policía y Guardia Civil desde hace décadas, con la anuencia culposa de Gobiernos de PSOE y PP. Villarejo, que se empleó a fondo en el caso del ático de Estepona propiedad de González, finalmente archivado, es conocido por su proximidad a los ex comisarios reconvertidos en jefes de seguridad de las grandes empresas del Ibex, a quienes se ofrecía para resolver los problemas de sus jefes. «Si no tiene, no importa; nosotros se lo creamos primero y luego se lo resolvemos», naturalmente a cuenta de una suculenta minuta. «Yo a los chicos de la UDEF me los cojo todos los meses, y les digo, tú qué quieres, a ti qué te falta… Y ahí es donde ellos se pierden, los del Ministerio, ahí no van a llegar nunca», se oye comentar a Villarejo en uno de los incontables audios que le han sido intervenidos. A veces UDEF y/o UCO desatascan la instrucción de un sumario filtrando una supuesta noticia a uno de sus periodistas de cámara, que corre a publicarla. La policía judicial tiene así argumentos para acudir de inmediato al juez con el consiguiente «hemos sabido de fuentes abiertas que…» Y la máquina se pone de nuevo en marcha.
No menos llamativo es que las pruebas incriminatorias aportadas por UCO y UEDF a las causas, convertidas, además, por las acusaciones populares en auténticos «jardines», estén a menudo plagadas de razonamientos alejados del más elemental sentido común, relaciones causa-efecto que solo existen en la mente de quien lo redacta, o incluso valoraciones jurídicas que caen fuera del ámbito de actuación de la policía judicial. Tanto el Constitucional como el Supremo se han manifestado en reiteradas ocasiones contra estas prácticas. El atestado no es lugar adecuado para valoraciones personales del agente que asume su confección. Así se desprende del art. 297 de la LEC y de modo especial, de la Instrucción 7/1997, 12 de mayo, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre elaboración de atestados, que en su apartado primero establece que «las exposiciones contenidas en los atestados tratarán de recoger todos aquellos hechos objetivos que evidencien la realidad, sin que las mismas vayan acompañadas de valoraciones o calificaciones jurídicas; por ello, deberá evitarse todo tipo de criterios subjetivos y cuestiones irrelevantes para el proceso penal», asegura una sentencia del Supremo.
Gran parte de la culpa recae sobre la Fiscalía Anticorrupción. «El fiscal tiene una labor esencial en el control de esos atestados y en su filtrado, cosa que a menudo no hacen, sobre todos los de la AN, en una clara dejación de funciones. En realidad, podría decirse que muchos fiscales, por pereza o exceso de trabajo, subcontratan la instrucción en la policía judicial -cuyo nivel, conviene decirlo, ha mejorado muchos gracias a la incorporación de titulados universitarios- y asumen después de forma acrítica ese atestado sin el mínimo filtro. El resultado es que cuando el proceso llega a la fase del juicio oral se ponen de manifiesto muchos de los graves errores cometidos en la instrucción que son causa de nulidad o de absoluciones muy controvertidas por la opinión pública», manifiesta un ex fiscal de esa AN. Son sumarios que acaban convertidos en una pila de decenas de miles de folios, algo humanamente imposible de leer y valorar. ¿Qué puede hacer un juez ante tamaña montaña de documentos? Respuesta: atenerse en exclusiva a la hora de dictar sentencia a los escritos de las partes, fiscalía y defensa.
En muchos de estos escándalos políticos-financieros de gran nivel se esconde la sombra de una venganza más que la realidad de un delito. Ajuste de cuentas puro y duro. El peligro de «los compañeros de partido» que resume la conocida cita. Al poco de ingresar en la cárcel de Soto del Real, Rosell lanzó una pregunta al antaño todopoderoso ministro de Economía del Gobierno Aznar:
– A ti, Rodrigo, ¿por qué te han metido aquí…?
– La pregunta está mal hecha, Sandro. La pregunta es quién me ha metido aquí.
El abogado Pau Molins cree que su cliente, Rosell, ha sido víctima de «un montaje de las cloacas del Estado a cuenta de sus supuestas conexiones con el independentismo». Absuelto de la acusación de blanqueo, la persecución ha continuado implacable a cargo de la Agencia Tributaria. Hasta 75 inspecciones con sus expedientes ha sufrido desde que en 2010 accedió a la presidencia del Barça. Su último juicio ganado tiene fecha de 20 de septiembre pasado. El fiscal le pedía 2 años y 9 meses de prisión por un supuesto fraude a Hacienda de 230.296 euros. Pero su calvario sigue. Zaplana y González sospechan que sus tribulaciones tienen que ver con su oposición a la entronización de Mariano Rajoy en el XVI Congreso del PP de Valencia, junio de 2008. En las anotaciones de Villarejo figura una mención a un supuesto encargo de Rajoy para «darles caña siguiendo el rastro del dinero». Esperanza Aguirre y González, como en cierta forma Zaplana en Valencia, cuentan, además, con el odio freudiano de un partido socialista a quien la Comunidad de Madrid se le resiste radicalmente. Razón por la que el «caso Púnica» no se acabará nunca, porque es el mejor negocio electoral del PSOE, mantener viva la imagen de un PP corrupto con la eficaz ayuda de sus terminales judiciales y mediáticas (las 25 portadas dedicadas por El País a los trajes de Camps, mucho más caros, dónde va a parar, que los 800 millones dilapidados en el caso de los ERE de Andalucía).
Jueces desbordados de trabajo y mal pagados, fiscales fanatizados, policías corruptos y muchas vidas arruinadas para siempre por las malas prácticas. «El proceso en sí mismo es la pena», que dijo el famoso jurista italiano Francesco Carnelutti. «El procesamiento te produce una condena anticipada sin juicio y sin defensa», afirma uno de los afectados. Es cierto que la absolución de no pocos procesados tras el correspondiente juicio oral podría considerarse un indicio de buena salud de la jurisdicción penal, pero ¿y si estos escándalos nunca fueron en realidad casos penales dignos de subir las escalinatas de la Audiencia Nacional? ¿Y si muchos de ellos no han pasado de ser más que simples «burbujas judiciales», como alguien las ha denominado? Parece una urgencia nacional abordar el saneamiento de la administración de Justicia, en línea con la exigencia de la UE, que tal vez debiera comenzar con la voladura de la Audiencia Nacional. Todos los jueces españoles están capacitados para perseguir la corrupción. Se trata de hacer realidad una Justicia independiente y digna de tal nombre, justa y rápida, como primer requisito para la prevalencia del Estado de Derecho.
