Josep María Álvarez es elegido nuevo Secretario General de la UGT sucediendo a Cándido Méndez

La sucesión de Cándido Méndez en la Secretaría General de UGT se zanjó ayer con elección de Josep María Álvarez, líder del sindicato en Cataluña, por una ventaja muy corta (306 votos, el 51%, frente a 289 de Miguel Ángel Cilleros, el 48,9%). La escasa diferencia de 17 votos alienta el temor a una ruptura interna en la organización, agudizado por la polémica en torno a la defensa del derecho a decidir en Cataluña proclamada por el nuevo secretario general. La primera tarea, la más urgente para la supervivencia de UGT, consiste en garantizar la unidad de la organización; y esa unidad solo puede conseguirla Álvarez si implica a Cilleros y a su equipo en la tarea renovadora.

UGT, como como cualquier otro sindicato u organización patronal, tiene deberes para con la sociedad; uno de ellos es la defensa de las instituciones e instrumentos que sustentan el bienestar colectivo. Entre estas instituciones figuran la caja única de la Seguridad Social, la unidad fiscal, la de mercado y la aplicación de leyes laborales iguales para todos. Álvarez cometerá un grave error si introduce factores de confrontación territorial ajenos a la gestión sindical. Por eso, su declaración de que “es la primera vez en España que la catalanofobia no ha ganado en este país” es desafortunada e indica un desenfoque inicial en su concepción del sindicato.

UGT (como CC OO) tiene pendiente una durísima renovación. Debe diagnosticar (y corregir, si puede) males endémicos como la caída de la afiliación —especialmente entre los jóvenes y en las empresas privadas—, el descrédito de los sindicatos en la sociedad, su papel irrelevante en la economía actual y las debilidades de financiación que están detrás de las irregularidades detectadas en los cursos de formación o en casos concretos de corrupción. A esos problemas tienen que hacer frente Álvarez y la nueva dirección de UGT; distraerse con el derecho a decidir y sus consecuencias sería un engaño a los militantes.

El debate abierto con motivo del reciente congreso de la UGT se enmarca en una discusión más amplia sobre el papel histórico de los socialistas en nuestro país y la socialdemocracia europea, aparentemente en crisis. Desde su fundación, el Partido Socialista Obrero Español adoptó una política centralizadora, fruto tanto de sus orígenes marxistas como del jacobinismo de sus dirigentes. Convivieron en él, a veces con extrema dificultad, las dos almas del partido, la ortodoxa y la socialdemócrata. G.D.H. Cole, en el libro arriba citado, pone de manifiesto que los conflictos sociales de principios del pasado siglo condujeron a un protagonismo arrollador de los sindicatos de estirpe anarquista, cuya autonomía de acción local puso en jaque a los gobiernos de la República Española desde el primer día de su instauración. No es difícil encontrar en la CUP y en movimientos como el de Izquierda Anticapitalista resabios parecidos que pueden generar problemas de igual índole en nuestro actual régimen democrático.

La influencia del movimiento sindical en los partidos de izquierda hizo coincidir el liderazgo de la UGT con el del PSOE en el caso de Largo Caballero y décadas más tarde tendría su contrapartida en la estrecha relación entre Comisiones Obreras y el Partido Comunista. Tras la transición española, y desaparecidos sus líderes históricos, se debilitaron los lazos entre las fuerzas políticas y las sindicales, al tiempo que estas perdían liderazgo en amplios sectores de la empresa privada, mientras mantenían su capacidad de movilización en la administración y la empresa públicas.

La construcción del modelo social europeo se basó en un pacto entre la socialdemocracia y la democracia cristiana que contó con el aval de las fuerzas sindicales de la época. Ello explica algunas peculiaridades del capitalismo alemán, que acoge en el seno de los consejos de administración (por inspiración de la doctrina social cristiana) a representantes laborales. La contribución de los sindicatos de clase al establecimiento del nuevo contrato social emanado de la posguerra mundial fue decisiva, como lo fue también en España con ocasión de los Pactos de la Moncloa. El posterior fraccionamiento del movimiento obrero, sustituido en parte por agrupaciones gremiales (controladores, pilotos, transportistas…), ha contribuido a desfigurar el papel del sindicalismo en la esfera pública y en el devenir de la izquierda.

Los gobernantes socialistas adoptaron con demasiada frecuencia una actitud equidistante entre sindicatos y organizaciones empresariales, confundiendo los roles de cada una y rindiéndose a una onírica autorregulación de las relaciones industriales. Mientras las patronales suelen representar intereses concretos de quienes en ella se agrupan, lo mismo que los sindicatos o gremios sectoriales, el movimiento sindical forma parte del sistema democrático en pie de igualdad con los partidos políticos o el ejercicio de la libertad de expresión. Esto lo comprenden bien algunos voceros del populismo a la moda que no hacen distingos a la hora de entonar el “no nos representan”, envolviendo en su protesta a todo el entramado institucional, sindicatos incluidos. Pero sin el protagonismo de estos será imposible garantizar el futuro del Estado de bienestar europeo y elaborar un nuevo pacto social.

La necesidad de ese nuevo contrato social en la Europa desarrollada viene determinada por la globalización y falta de regulación del sistema capitalista —que provocó la crisis financiera—, el envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y la baja productividad por hora trabajada en muchos de los países centrales. De todas estas cosas se habla abierta y públicamente por parte de los líderes de la socialdemocracia y de no pocos dirigentes sindicales europeos. Sin embargo, en nuestro país, los reclamos de renovación de la izquierda, incluida la izquierda sindical, tienden con facilidad pasmosa a refugiarse en eslóganes y frases de campaña, sin ofrecer soluciones o políticas alternativas.

Una cosa es la política suicida de austeridad hasta la muerte impuesta por la cazurrería de las burocracias comunitaria o germana y otra el reconocimiento de que algunas de las medidas que los Gobiernos europeos se han visto obligados a tomar no son coyunturales y responden a la necesidad de modificar el Estado del bienestar si queremos garantizarlo. La prolongación de la edad de jubilación, una flexibilidad de las leyes laborales que no amenace la seguridad del empleo, y el establecimiento de un sistema dual de pensiones públicas y privadas responden no tanto a la lucha a corto plazo contra el déficit público como a la búsqueda de un nuevo paradigma que haga sostenible el modelo tradicional al tiempo que impulse políticas de crecimiento.

Es responsabilidad de los políticos, del Gobierno y de los líderes de la izquierda abordar un debate público sobre estas cuestiones al margen de la dramática coyuntura por la que atravesamos, y será imposible hacerlo sin la colaboración activa de las centrales sindicales. La sensación de que estas han sido relegadas en sus funciones de representación social, vilipendiadas y estigmatizadas por fenómenos puntuales de corrupción, y empujadas a ocupar la calle, dificulta en mucho la elaboración de ese nuevo modelo. Los sindicatos han cometido excesos y algunos de sus dirigentes abusan del doble lenguaje, pero la descalificación global que de ellos se hace desde los medios de la derecha y las posiciones neoliberales de algunos cabecillas políticos, aparte de ser injusta, contribuye a deteriorar la cohesión social y a desestabilizar el sistema democrático.

Los sindicatos mayoritarios han de ocupar el lugar que les corresponde en el diseño de la futura sociedad. De otra manera se verán desbordados, como en muchos casos puede ya observarse, por las tendencias demagógicas y localistas que en su día contribuyeron de manera funesta a la fragmentación de la izquierda igual que amenazan con hacerlo hoy.

La victoria por los pelos de Josep Maria Álvarez al frente de la UGT (306 votos contra los 289 de Miguel Ángel Cilleros) no significa una renovación del sindicato, sino tan solo un cambio en la nomenclatura que va a provocar tensiones internas y que, al mismo tiempo, va a complicarle la vida al PSC y al PSOE.

No sólo es una cuestión de edad (Álvarez cumple ahora 60 años, sólo cuatro menos de los que tiene su antecesor, Cándido Méndez), sino, lo que es más importante, de concepción del papel que debe jugar un sindicato en el siglo XXI.

El ex líder de la UGT en Cataluña, cargo que ha ocupado durante casi 26 años, mantiene una idea esencialmente política de la actividad de la organización, que, teóricamente, debería defender los intereses de los trabajadores. Lo más relevante de su discurso, tras ser elegido secretario general, fueron las críticas «al capital y los poderosos» por la supuesta «criminalización» del sindicalismo y su llamada a la unidad de la izquierda para que «se deje de tonterías» en el Congreso y actúe contra la reforma laboral.

Álvarez pasó de puntillas sobre los graves casos de corrupción que han afectado al sindicato (ERE, cursos de formación, etc.) y se comprometió a una genérica mejora de la transparencia (los sindicatos son las únicas organizaciones que reciben fondos públicos y no son auditados por el Tribunal de Cuentas). Curiosamente, además de Cataluña, para su triunfo en el 42º Congreso, contó con el respaldo de la unión territorial de Andalucía.

El nuevo líder de la UGT enmarcó su triunfo en «la derrota de la catalanofobia» y presumió de que ésta había sido la primera vez que esa supuesta actitud anticatalana no había triunfado en España.

Álvarez, que está prejubilado por la empresa a la que se incorporó cuando llegó como emigrante desde Asturias a Barcelona (antes La Maquinista, después Alstom), y que forma parte del consejo asesor de Endesa en Cataluña (¿puertas giratorias?), es miembro del PSC y firme defensor del «derecho a decidir».

La UGT tiene situados a algunos de sus líderes en el gobierno independentista de la Generalitat: Neus Munté (consejera de Presidencia) y Dolors Bassa (consejera de Empleo y Asuntos Sociales). El ex jefe de prensa de Álvarez, Miguel Ángel Escobar (que acudió a las elecciones del 27-S en las listas de Junts pel Sí), es ahora delegado del Gobierno catalán en Barcelona.

El PSOE ha mantenido históricos lazos con la UGT. De hecho, durante muchos años, fue el núcleo de su base social y su fuerza de choque entre los trabajadores.

Tras unos años de relaciones frías entre el partido y el sindicato (la huelga general del 14-D de 1988 contra las políticas de Felipe González marcó un punto de inflexión en la fraternidad de la familia socialista), Rodríguez Zapatero recuperó la buena sintonía y convirtió a Cándido Méndez en un vicepresidente en la sombra (como recordaba en estas páginas Francisco Núñez). El ex presidente del Gobierno necesitaba su respaldo y mimó al sindicato, con el que negoció diversas reformas y al que proporcionó jugosas vías de financiación (aumentando el presupuesto de las políticas activas de empleo: formación).

Pero los días de vino y rosas terminaron con la victoria del PP. La UGT ha perdido casi 300.000 afiliados desde 2011 (aunque sigue manteniendo la hegemonía sindical con 928.846 carnets) y ello no ha sido debido al ataque de los poderosos, sino, fundamentalmente, a la corrupción y al hecho de que los sindicatos han dejado de atraer a sus filas a los jóvenes.

La UGT ha perdido una gran oportunidad para romper con el pasado y modernizarse como organización. Insistir en su carácter de clase, en lugar de profundizar en la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, es volver a situar al sindicato en un papel que no le corresponde y que aquí en España se justificó durante una época porque las organizaciones obreras fueron la punta de lanza de la lucha contra el franquismo.

Abril Martorell (vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suárez), preocupado por consolidar la democracia, dio tanto a la UGT como a CCOO y la CEOE un enorme poder al establecer la capacidad de negociación de los convenios por encima de las empresas. Ese modelo ya no se corresponde con la realidad social y económica y si la UGT no lo entiende, su futuro será muy negro, por mucho que se aferre a las alianzas políticas.

Para Pedro Sánchez, el triunfo de Álvarez supone la apertura de un nuevo frente que, hasta ahora, se circunscribía sólo a Cataluña. La defensa del derecho a decidir va contra las resoluciones del Comité Federal del PSOE y ahora es toda la UGT quien defenderá esa política. El nuevo secretario general no sólo es aliado estratégico de Junts Pel Sí, sino que va a hacer todo lo posible para torpedear el pacto del PSOE con Ciudadanos (por ejemplo, cuestionando sus acuerdos en materia laboral y exigiendo la derogación completa de la reforma laboral).

Álvarez, que llevaba años clamando por «nuevos liderazgos», cuando le tocó el turno, ha decidido no predicar con el ejemplo.