Juan María Bandrés Molet (Euskadiko Ezkerra) denuncia que las torturas policiales a terroristas de ETA se siguen manteniendo

He leído con decepción que, según usted -según el Gobierno, por tanto- son falsas las acusaciones de malos tratos a detenidos en Euskadi denunciadas por mí al ministro del Interior. Y, en lugar de adoptar medidas fulminantes, el ministro se limita a remitir los documentos al fiscal, probablemente para que inste el procesamiento de los denunciantes. Según usted y el Gobierno del que usted es portavoz, «oficialmente, se considera que las su puestas torturas con electrodos a uno de los detenidos son lesiones intencionadas producidas probablemente con dos monedas candentes aplicadas sobre la parte menos dolorosa de la pierna». Señor Meliá, usted tiene derecho a creer que los vascos estamos un poco locos, si ser loco es separarse algo de lo normal, de lo vulgar, pero lo que no tiene derecho es a hacernos creer que estamos tan locos como para llegar a aplicarnos monedas al rojo vivo en el interior de los muslos, donde, por cierto, los médicos me dicen que duele mucho, con el único objeto de desacreditar a la Guardia Civil.

Mi estupor alcanza límites increíbles cuando usted afirma que «de haber existido realmente las lesiones denunciadas se hubiesen agotado los plazos para tratar de que no fueran perceptibles en el exterior».

Siempre he defendido que la mera posibilidad de que una persona quede a disposición de la policía, incomunicado, incluso de su abogado, durante diez días equivale a la firma de un cheque en blanco a la tortura. Y ahora usted me acaba de dar la razón. Porque usted explica perfectamente lo que hay que hacer en el penoso caso de que las sevicias físicas dejen huella apreciable.

Pero usted, que es el responsable de la información oficial, está mal informado. Mikel Amilibia fue detenido el día 14 de octubre, a las doce horas. Fue torturado en la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián, durante tres o cuatro horas, para pasar a un calabozo de la comisaría de policía, donde continuaron las vejaciones hasta las 23.30 horas del día 20 de octubre. Es decir, permaneció incomunicado durante casi siete días en aplicación del plazo extraordinario que la legislación vigente permite en supuestos de actividad terrorista. Con Izaskuri Arrazola se agotó el plazo máximo de los diez días. Luego, Mlkel fue conducido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción, donde se le apreciaron las lesiones denunciadas y fue puesto en libertad porque, casualmente, Amilibia ni es terrorista ni tiene nada que ver con el terrorismo. A lo sumo, es víctima, al igual que Izaskun, de cierto terrorismo oficial. Ese terrorismo de Estado, principio de toda violencia, que hay que erradicar si ustedes quieren que desaparezca lo que ustedes llaman terrorismo.

Por supuesto, ni en la Comandancia de la Guardia Civil ni en la comisaría de policía, y mucho menos en el Juzgado, se le permitió a Mikel bromear con monedas candentes.

Probablemente, usted, señor Meliá, es de los que profesan el dogma de que ciertas instituciones son impecables, es decir, incapaces de pecar. Pues, no. En el mismo número de EL PAIS en que aparecen sus inefables declaraciones, todos hemos leído una noticia procedente de Oviedo que contrasta con sus palabras: «Dos guardias civiles detenidos por desvalijar vehículos.» Algunos guardias civiles pecan y delinquen, como pecan y delinquen algunos médicos, algunos abogados o algunos barrenderos, sin que ello nos permita abstraer y generalizar conductas elevándolas a comportamientos generales.

Estoy seguro de que las personas más interesadas en que se aclaren estos hechos, se castigue a sus autores, se les expulse del cuerpo y desaparezcan de una vez estas prácticas degradantes son los policías y guardias civiles que, no torturan, que no quieren torturar y que estarían resueltos a abandonar sus cargos si llegaran a la conclusión de que los mismos llevan aparejado el ejercicio de tal iniquidad.

Yo, un día, pude decir en el Senado -ahí está el Diario de Sesiones- que en Guipúzcoa la tortura había desaparecido, sin que pudiera decir lo mismo de Vizcaya. A mí me encantaría poder seguir diciendo de toda Euskadi lo que un día dije de Guipúzcoa. Pero no puedo.

Yo me he propuesto trabajar por la democracia y no se construye la democracia mintiendo. Y mucho menos, como usted y su Gobierno lo hacen, poniéndose del lado de los torturadores. Ocultar y disimular un delito es encubrir y el encubridor es igualmente delincuente. No hace falta que yo le recuerde que el delito de torturas ha sido tipificado recientemente en el Código Penal. Tampoco hace falta que yo le recuerde que la existencia de la tortura es el termómetro de la democracia de una sociedad y que el Gobierno español ha ratificado hace poco la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos que la desarrollan.

Afortunadamente para mí, no estoy solo en la denuncia. Uno de los vascos que más admiro, uno de los hombres más íntegros que conozco, don Manuel de Irujo, portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento navarro, ha alzado también, indignado, su voz autorizada para decir: «En Pamplona se practica el tormento en sus diversas formas. » (Seguramente don Manuel está recordando el «ni tormento ni amenaza se puede dar a ningún vizcaíno, ni en Vizcaya, ni fuera de ella», de la ley XII del Fuero de Vizcaya o su equivalente del Fuero de Navarra.)

Que nadie se atreva a tachar a don Manuel de mentiroso. Yo le aseguro que pronto nuestras voces -la de Irujo y la mía- serán solamente dos en medio del clamor de un, pueblo que ha soportado más de lo que puede creerse y que tiene conciencia de haber comenzado el día 25 de octubre, una vez más en su historia, el camino de su libertad. Libertad que no dejará que le arrebaten y que supone que no tolerará, pase lo que pase, y, pese a quien pese, que en sus comisarías y comandancias se siga torturando precisamente en vísperas de que entre en funcionamiento su propia policía autónoma.

Señor Meliá, tengo que decirle, finalmente, con pena, que usted ha cambiado mucho. Usted no es el demócrata que escribía aquellos artículos en Destino durante la dictadura. Al menos, a mí así me lo parece. A mí me dicen, en cambio, que he variado poco. Que sigo siendo el de siempre. Lo que han cambiado son las circunstancias y yo, desde luego, sigo pensando que «resignarse ante la injusticia sin protestar contra ella., sin luchar, no es digno de un horrible, ni de un cristiano » (cardenal Saliege). Y yo añadiría que ni de un revolucionario, y que con el mismo ardor con que protesto y voy a seguir protestando por estas torturas, protestaría en el supuesto de que usted fuera el torturado.

En relación con las informaciones difundidas a través de algunos medios de comunicación social, sobre supuestos malos tratos, torturas y vejaciones a presuntos miembros de la organización terrorista ETA, detenidos por la Guardia Civil, como consecuencia de la desarticulación del comando que intentó colocar un artefacto explosivo de 35 kilogramos de goma-2 en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Inchaurrondo (Guipúzcoa), el Ministerio del Interior hace las siguientes precisiones:

Primero, El diputado por la coalición Euskadiko Ezkerra, don Juan María Bandrés Molet, comunicó al Ministerio del Interior, inicialmente de forma verbal y con posterioridad por carta de 27 de octubre de 1979, que los detenidos Miguel Amilibia Urcelay e Izaskun Arrazola Mallona, aseguran haber sido torturados durante su estancia en la comandancia de la Guardia Civil y comisaría de policía de San Sebastián.

El contenido de la citada carta y el escrito sin firma que detallaba tales hechos han sido posteriormente difundidos en algunos medios de comunicación del País Vasco y de Madrid.

Segundo. En relación con tales denuncias, el Ministerio del Interior, a través’de la Dirección de la Seguridad del Estado y Dirección General de la Guardia Civil, ordenó la práctica de las informaciones preceptuadas en los reglamentos vigentes de sus respectivos Cuerpos, con el fin de proceder a la averiguación y total esclarecimiento de las denuncias formuladas.

Practicadas las informaciones correspondientes y demostrada la falsedad de tan graves acusaciones, el Ministerio del Interior se ha dirigido al fiscal general del Estado Para que inste de los órganos judiciales competentes las actuaciones precisas para la determinación de tal falsedad y, en su caso, consiguiente condena de los autores de las mismas.

Tercero. Finalmente, el Ministerio del Interior manifiesta sus fundadas sospechas de que tales denuncias forman parte de una campaña de desprestigio contra los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

EL GOBIERNO, a través de sus portavoces autorizados, ha enunciado la «teoría del residuo» para explicar la persistencia de la violencia en el País Vasco. Las medidas políticas, «que sólo servían para aislar a los terroristas y restarles apoyo popular», ya han sido adoptadas. Sólo quedaría, por tanto, la tarea de «eliminar esos residuos terroristas» mediante procedimientos policiales.En verdad, si la condición para lapidar esa teoría fuera no haberla compartido, al menos parcialmente, en algún momento anterior, este periódico tendría que guardar silencio. La tesis de que el terrorismo etarra había perdido todo apoyo popular en el País Vasco y era un fenómeno equiparable a la delincuencia fue mantenida desde estas columnas antes de que las elecciones de marzo de 1979 y el brusco ascenso de Herri Batasuna desmintieran ese diagnóstico. Tomar los deseos por realidades es una segura fuente de errores. Ni que decir tiene que el objetivo programático de aislar socialmente a ETA, no sólo nos parece correcto, sino que de su consecución depende, nada menos, que la pacificación del País Vasco y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas. El problema es cómo.

No obstante, desde las elecciones legislativas y municipales, se ha avanzado considerablemente en esa dirección. La negociación del Estatuto de Guernica después de la alarma despertada por los «motivos de desacuerdo» gubernamentales, la campaña en favor de la participación en el referéndum del PNV y Euskadiko Ezkerra, los resultados del 25 de octubre, la gran huelga general del día 29 para condenar el asesinato de Germán González y las actitudes reflexivas clue comienzan a abrirse paso en algunos sectores de Herri Batasuna, así lo demuestran. Sin embargo, nos encontramos todavía en ese incierto momento en que se debaten la pleamar del odio y de la violencia y la bajamar de la reconciliación y de la paz. Sería imperdonable que, precisamente ahora, nuevas torpezas o errores permitieran a los partidarios del terrorismo recuperar los apoyos que han perdido en las últimas semanas. Por todo ello, la nota oficial con que el Ministerio del Interior (véanse páginas de Opinión de hoy) responde a la denuncia formulada por el señor Bandrés por supuestas violaciones de los derechos humanos y del artículo 15 de la Constitución en Euskadi resulta, a este respecto, simplemente desoladora.

Desde luego que el ministerio fiscal tiene que tomar en consideración las denuncias formuladas por el señor Bandrés, y que los jueces competentes deben investigarlas. Pero no para orientar sus actuaciones contra el diputado -protegido por la inmunidad parlamentaria- que las formula, los clientes que como abogado se las comunican y los órganos de prensa que las divulgan, sino, más sencilla y jurídicamente, para comprobar si son o no ciertas. Cuando se recibe una mala noticia -pésima en este caso-, lo procedente no es agredir al cartero que la transmite, sino tratar de averiguar hasta qué punto es veraz o falsa. Y ningún código del mundo que se precie de respetar los principios mínimos de la equidad reconoce a nadie la facultad de ser a la vez, juez y parte. La pretensión de que las informaciones encomendadas por el señor Ibáñez Freire a sus subordinados han demostrado «la falsedad de tan graves acusaciones», es de tal forma peregrina, contemplada desde una perspectiva jurídica y desde el texto de la Constitución, que sería cosa de tomarla a chanza, si no implicara ominosas amenazas para el señor Bandrés, para sus testigos y para la prensa.

La reacción del Ministerio del Interior es tanto más lamentable cuanto que el señor Bandrés, elegido diputado en las listas de Euskadiko Ezkera, defiende en estos momentos una opción resueltamente comprometida con el Estatuto de Guernica, la pacificación de Euskadi y el abandono de la lucha armada por los terroristas. Si el parlamentario guipuzcoano denuncia presuntas torturas, no es para hostigar al Gobierno o hacer la apología del terrorismo, sino para impedir que se produzcan. Puede equivocarse o hallarse en lo cierto; estar mejor informado que el Gobierno o haber sido engañado. Pero su actitud política se halla por encima de toda sospecha.

En estos momentos, Euskadiko Ezkerra y el PNV tienen tanto o más interés que el Gobierno en que la reconciliación entre los vascos se produzca y la paz en libertad se instaure en Euskadi. Eso le consta al propio Gobierno de manera específica. Y tanto dicho sector de la izquierda abertzale como el nacionalismo moderado conocen, mucho mejor que UCD, los catastróficos efectos que podría tener para la causa de los autonomistas, y las beneficiosas consecuencias para la estrategia de ETA la reanudación de las condenables prácticas del pasado en la política de orden público. ¿Acaso ignora el Gobierno que buena parte de los apoyos sociales al terrorismo nacieron de la protesta contra la violación de los derechos humanos en el País Vasco, por parte de la policía franquista?

La palabra la tienen los magistrados. Entre tanto, agradeceríamos que los ministros se abstuvieran de tratar de influenciar al poder judicial, dando por resuelta, en sentido negativo, la denuncia del señor Bandrés, con el argumento que los denunciados se han investigado ya a sí mismos y se han encontrado inocentes.

La opinión pública de un país democrático exige información, no frases resonantes. Explicaciones y no arengas.