Julio Anguita González (Izquierda Unida) propone que por ley se prohíban los grandes Grupos de Comunicación privados empezando por el Grupo PRISA y el Grupo Correo (COMECOSA)

LA PROPUESTA arbitrista de Izquierda Unida (IU) para reglamentar los medios de comunicación pondría fuera de la ley prácticamente a todos los diarios y emisoras de este país. El engendro legislativo enviado al Parlamento, so pretexto de defender el pluralismo y proteger a la sociedad en su uso de la libertad de expresión, no es sino una burda amenaza al ejercicio de ese derecho constitucional. Tal es su sentido intervencionista y corporativista que el documento recuerda en su espíritu a la ley Fraga. Sólo que ésta pretendía abrir alguna ventana en plena oscuridad franquista, en tanto que Anguita inicia el viaje de vuelta.No puede existir sorpresa por que la tradición leninista («libertad, ¿para qué?») siga anidando en la confusa mente de los líderes del comunismo español. Pero es preciso señalar, una vez más, que el sector oficialista de IU no sólo continúa anclado en los rancios postulados del antiliberalismo a ultranza, sino que se empeña en un permanente viaje retro contra la modernidad.

He aquí algunas de sus memorables propuestas: límite del 25% en la propiedad de todos y cada uno de los medios; tope del 15% a la ocupación de cuotas de mercado (la ley española de defensa de la competencia establece con carácter general un 25%); autorización administrativa para la transmisión de acciones, que deben ser nominativas; instauración de un Consejo de Defensa de la Pluralidad y la Transparencia de los medios de información, con participaciones sindicales y corporativas y una amplia representación parlamentaria. En definitiva, una fronda de disposiciones que permitiría al Estado gobernar el comportamiento de los medios.

Hay ideas que parecen salidas del Frente de Juventudes (registros oficiales, organismos de control, autorizaciones previas) y buenas dosis de profundo anticapitalismo, en la mejor tradición de la izquierda garbancera. Sus propuestas imposibilitan tanto la existencia de empresas familiares como la formación de grupos multinacionales de matriz española.

Para desgracia de los comunistas y sus nunca mejor llamados compañeros de viaje, la libertad de expresión que la Constitución Española garantiza es un derecho de los ciudadanos, no una concesión de la autoridad. Ya está bastante mermado este derecho a través de toda suerte de disposiciones -sobre todo en los medios audiovisuales- como para aniquilarlo ahora, simple y llanamente, bajo el pretexto de esa transparencia que esgrime Anguita y todos deseamos.

La cuestión de fondo no es baladí: ¿está o no amenazada la libertad de prensa en España? La libertad es de siempre un bien escaso y contra ella se ciernen toda clase de peligros, de modo que es necesario defenderla, incluso en las democracias. Hay amenazas, pero no más graves que las existentes en otros países de arraigada tradición democrática.

Décadas y aun siglos de experiencia en la lucha por la libertad de expresión han servido para afianzar el convencimiento de que un exceso de reglamentación sobre la prensa, la existencia de leyes o tribunales especiales y una frondosa regulación administrativa terminan por ser sistemas encubiertos de censura. Las propuestas de IU se enmarcan así en las peores actitudes intervencionistas contra la libertad.

Tiene razón Anguita cuando reclama transparencia a los medios. Para su desgracia, no son los grupos señalados por Izquierda Unida (PRISA o Comecosa) ejemplos de opacidad. En el caso de PRISA, sociedad propietaria de la editora de EL PAÍS, las cuentas vienen siendo auditadas y publicadas desde la fundación del periódico, mucho antes de que las leyes obligaran a prácticas contables que eran ya habituales en esta casa. La información que PRISA ofrece a sus accionistas y a la opinión es muy superior a la que publican muchas de las sociedades que cotizan en bolsa, más amplia que la de cualquier otro medio de comunicación y, desde luego, muchísimo más transparente que la contabilidad de los partidos políticos, el comunista incluido.

Demandar transparencia contable a los medios de cornunicación es un sano ejercicio democrático, pero resultaría mucho más efectivo hacerlo desde instituciones menos opacas que los partidos. Cuando se han firmado recibos por trasvases de dinero del Partido Comunista de la antigua URSS, cuando el caso Filesa está ante los tribunales, igual que sucedió con los casos Naseiro y Casinos, pensamos que el señor Anguita debería mirar otras cuentas -incluidas las suyas- antes que las de los diarios.

En conclusión, es mejor entender esta ocurrencia de Anguita como un mal chiste que como lo que parece: un engendro totalitario amparado en objetivos deseables como la transparencia, el pluralismo y la libertad de expresión. Ya hay leyes que protegen tales bienes. Vele Anguita por que se cumplan.