Polémica comparecencia de Mario Conde en la Comisión del Congreso al responder sobre el destinatario de los pagos a Argentia que él ordenaba: «No tengo ni idea»

Cuando el pasado 30 de diciembre de 1993, el ministro de Economía, Sr. Solbes, en nombre del Gobierno, y el gobernador del Banco de España, Sr. Rojo, comparecían ante la Comisión de Economía del Congreso para explicar las razones del acto de intervención de Banesto, albergué la esperanza de que, con carácter más o menos inmediato, yo tendría la misma oportunidad.

Dada la transcendencia de la decisión de intervenir uno de los grandes bancos privados españoles, me parecía que el principio de contradicción -elemental en todo Estado de Derecho- exigía la presencia de quien, aparte de ser el máximo responsable de la institución, era, al mismo tiempo, uno de sus más caracterizados accionistas. Igualmente pensaba que sería el Partido Popular -además de Convergençia i Unió- quien, en defensa de la filosofía de empresa privada y economía de mercado, iba a demandar mi presencia, dado que la intervención sobre un gran banco privado había sido acordada por una institución que, al menos en teoría, debía prestar obediencia debida a un Gobierno del Partido Socialista.

Lo cierto es que me equivoqué. Esperé nueve meses a tener la oportunidad de ir al Parlamento y, cuando ésta se produce, se trata de abordar, según el texto de convocatoria, no la intervención de Banesto en cuanto tal, sino los aspectos concretos de «mi supuesta vinculación personal con el Grupo Oasis». Por ello escribí una carta al presidente del Congreso en la que, después de ponerme a disposición de los señores diputados de forma total y absoluta, en una o varias sesiones, con la duración y alcance que estimaran adecuadas, manifestaba, con todo respeto, que, en mi opinión, el orden lógico de los acontecimientos, sobre todo después del tiempo transcurrido y la notoriedad nacional e internacional del suceso, debería seguir el principio de descender de lo general a lo particular, que, en roman paladino, es tanto como decir empecemos por el principio.

Alguien quiso interpretar mi carta como una «intromisión en la soberanía popular». Nada más lejos de esta calificación. Se trataba de la simple opinión de un ciudadano, expresada con el mayor respeto y sin otro espíritu que el de contribuir al mejor esclarecimiento de la verdad. Podré estar o no equivocado, pero una opinión, en mi concepto de la libertad, nada tiene que ver con algún tipo de insumisión. La mejor prueba de ello -si es que esto necesita prueba- es que el pasado día 30 de septiembre, a pesar de que mi petición había sido denegada, acudí al Parlamento a debatir el asunto de la convocatoria, en una comparecencia que, como recordó el presidente de la Comisión, es voluntaria.

Casi cinco horas de debate -el tiempo inicialmente fijado eran dos- en las que, tengo que reconocerlo, gracias al sentido de la libertad del presidente, pudo tener lugar un diálogo fluido y directo en el que traté de responder a las preguntas con la contundencia de los datos y a los juicios de valor con otro tanto de la misma naturaleza. Creo honestamente que fueron abordadas todas las cuestiones concretas del caso y, a pesar de la dificultad de penetrar en el mundo de las relaciones financieras internacionales, con mayor o menor fortuna, pero en todo caso son sinceridad, fui contestando a los requerimientos de los miembros de la Comisión, cuyo esfuerzo e interés por el asunto, antes y durante el debate, quiero agradecer.

Cuando la sesión estaba a punto de concluir, en el turno de réplica -no sé si éste es el nombre técnicamente correcto- creo recordar que el representante del PNV vino a decir algo así: «Me preocupa que la sensación que pueda quedar entre los miembros de esta comisión en el día de hoy es que puede haber determinadas inexactitudes en las cifras originalmente proporcionadas por el Banco de España, por lo que yo quiero decirle que su gestión no me gusta en absoluto». Es una pena que en los momentos de redactar este artículo no disponga del Diario de Sesiones y espero, por mi bien, que las palabras que consten en el mismo no reflejen una idea sustancialmente distinta de la transcrita aunque estaría dispuesto a rectificar de forma inmediata si éste fuera el caso.

Partiendo ahora de lo que registra mi memoria, no me preocupa que el Sr. Zabalía formule un juicio de valor -«su gestión no me gusta»- porque cualquiera tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, me llama la atención que si después de mi intervención pudiera atisbarse algún punto de duda acerca de alguna cifra proporcionada inicialmente por el Banco de España en un asunto tan concreto, eso pueda desagradar o molestar a un miembro de una Comisión Parlamentaria cuyo objetivo es, precisamente, el esclarecimiento de los hechos.

Siempre he entendido -con derecho a error- que el problema radica en una ecuación: situación global de Banesto y respuesta del Banco de España, puesto que si hubiera desproporcionalidad, absoluta o relativa, entre una y otra, la pregunta de si existieron o no consideraciones políticas en el acto de intervención resulta, en mi opinión, inevitable. Creo que esta cuestión interesa y sigue viva, a pesar de que algunos creyeron que se trataba de un problema de días o, a lo sumo, semanas, dada la «autoridad moral» del Banco de España, cuyo nivel actual es sobradamente conocido.

Creo que un debate en profundidad de los comportamientos de los actores en el proceso resulta imprescindible en aras de la objetividad y de la aceptabilidad social del resultado. Como muy bien dijo el Sr. Espasa, la comisión representa a millones de votos y yo soy sólo un ciudadano, lo cual es absolutamente cierto, pero quizás por ello el principio de transparencia debe llevarse hasta sus últimas consecuencias y estoy seguro de que el representante de IU coincide conmigo en este punto.

El debate sobre el contenido político de la intervención me parece imprescindible, a la vista de los datos que conocemos, y no lo digo como ex-presidente de Banesto, sino como simple ciudadano. Este tipo de debate ya está en los medios de comunicación social -la «cámara paralela» según algunos- y, en mayor o menor medida en ciertos sectores de la opinión pública. Por ello me gustaría que quedara recogido, para la Historia, en el Diario de Sesiones porque, aceptando el precio que personalmente tenga que pagar, me parece una contribución a la democracia. Por ello agradezco al presidente de la Comisión que me garantizara una oportunidad de comparecer para el debate global sobre lo sucedido.

SIN duda alguna, el ex presidente del Banco Español de Crédito, don Mario Conde Conde, preparó su regreso a la vida pública con la misma minuciosidad y dedicación del opositor que fue a la abogacía del Estado, en aquella ocasión con excelentes resultados. Sabido es que en una oposición de esa envergadura lo esencial es recitar el inicio de los temas con gran aplomo y compostura, dando la sensación además de que se conocen y entienden al dedillo y no simplemente que se cacarean como pudiera hacerlo un papagayo.

Lo del inicio es importante, porque los examinadores no suelen tener ni ganas ni tiempo de escuchar la exposición completa y, como máximo, efectúan alguna apostilla para convencerse de que el examinando conoce los temas.

En este otoño de 1994, cuando han transcurrido casi diez meses de la intervención del Banesto, Mario Conde ha vuelto a la palestra voluntariamente -al amparo de un libro sobrado de presunta ciencia política y extremadamente parco en gestión bancaria- y, forzosamente, compareciendo ante el juez y ante las comisiones parlamentarias correspondientes.

Y el caso es que, una vez transmitido urbi et orbi el mensaje que a él le interesa transmitir -que fue víctima de una conspiración política, que el banco no estaba en peor situación que otros, que contaba hasta el último momento con el apoyo incondicional de J. P. Morgan, etc.-, acogido con escepticismo generalizado. Conde resulta cada vez menos convincente a medida que se desciende a los. detalles concretos.

En este sentido, su última comparecencia ante la comisión Banesto del Congreso de los Diputados fue patética. Acorralado por unos diputados que ya han buceado en los intrincados entresijos de la problemática financiera y contable de la entidad y que, por lo tanto, preguntan cada vez más atinadamente, Conde hizo gala de una memoria selectiva, que, en algunos casos, desafió el sentido común. ¿Cómo puede defenderse sin rubor, por ejemplo, que ordenó el pago de 600 millones de pesetas a una sociedad de la que manifestó desconocer su identidad?

Puede que Conde, que tan ansioso se manifestaba hace apenas algunas semanas por dar su particular visión a los representantes del pueblo, eche ahora de menos su prolongado ostracismo. A mayor abundamiento, la intervención del viernes ante la misma comisión de su sucesor en el cargo, Alfredo Sáenz, fue demoledora para Conde; el banquero vasco recalcó que no es que se hubiera perdido dinero, en el sentido contable del término, sino que, pura y simplemente, el dinero se había esfumado. Se puede decir más alto, pero no más claro.

La gran pregunta que se hace la opinión pública en el caso Mario Conde, cuya respuesta afirmativa propiciaría necesariamente la traslación del asunto al ámbito penal, es la de si el presunto enriquecimiento del empresario gallego está de alguna forma relacionado con el grave quebranto experimentado por el banco y por sus accionistas. Porque una cosa es la mala gestión y otra la comisión de un delito. A falta del pronunciamiento oficial de la comisión Banesto, los integrantes de la misma ya han expresado que observan indicios de conductas delictivas.