El democristiano Álvarez de Miranda Torres es elegido nuevo Defensor del Pueblo con los votos de PP y PSOE tras un año de negociaciones

Se ha hecho esperar tanto el acuerdo alcanzado por los partidos sobre la renovación institucional (especialmente la del Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y Consejo de Administración de RTVE) y ha sido tan pródigo en disparates el proceso de negociación que ni siquiera es seguro que sea aplicable el principio de. que «nunca es tarde si la dicha es buena».El resultado no redime, en todo caso, a los partidos políticos, especialmente al PSOE y al PP, del nada edificante lastre que han dejado tras sí en el curso de unas negociaciones que han estado condicionadas más a sus intereses partidarios que a los del sistema democrático. Sólo cabe esperar que no sea esto el famoso impulso democrático.

Las culpas contraídas por el PSOE y el PP en relación con su deber constitucional de mantener en activo las instituciones del Estado son muchas y difícilmente superables en cuanto a gravedad: designación por el sistema de cuotas -tantos para ti, tantos para mí-, nulo y reiterado incumplimiento de los plazos que marcan las leyes para efectuar los relevos en tiempo y, forma debidos y, llegado el caso, irresponsable y descarada instrumentalización de ese deber constitucional al servicio de su particular y nada diplomática guerra de desgaste que libran en torno al poder.

Todo ello podría pasarse piadosamente por alto si el acuerdo alcanzado ahora supusiera una ruptura clara y definitiva respecto a los métodos del pasado. Pero no parece claro. La designación de candidatos a las seis vocalías vacantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha obviado, al menos formalmente, el denostado sistema de cuotas. El procedimiento empleado en esta ocasión ha sido el mucho más abierto y racional de presentación de ternas (un partido propone tres candidatos, pero es el otro quien elige entre ellos). Pero sería aventurado afirmar que siempre se ha tenido más en cuenta el criterio de idoneidad de los candidatos que el de su mayor o menor proximidad al partido que los propone. El empeño de CiU en proponer una terna de magistrados para cubrir una vocalía, del CGPJ correspondiente a un jurista de reconocido prestigio» no deja de proyectar alguna sombra al respecto, por más que los servicios jurídicos del Estado hayan considerado la propuesta válida. La Constitución establece expresamente la diversa procedencia de los vocales del CGPJ, a fin de garantizar su pluralismo social, profesional, e incluso jurídico. Ese pluralismo queda malparado si la vocalía en cuestión se cubre con un magistrado.

Pero esa línea divisoria entre el pasado y el presente aparece todavía más desdibujada en la forma en que el PSOE y el PP han designado al Defensor del Pueblo. Y no porque el candidato finalmente propuesto no cumpla los requisitos- exigibles al cargo. La probada profesionalidad de Fernando Alvarez de Miranda, su larga trayectoria democrática, su demostrada sensibilidad hacia los derechos humanos y su digno papel institucional en los primeros años del actual régimen democrático avalan esta candidatura. Pero esa línea divisoria ha quedado claramente desdibujada en el, proceso previo que llevó a. los partidos a utilizar sin ningún miramiento a candidatos tan válidos como Jiménez de Parga o Martín Pallín, para terminar rechazándolos por simple sectarismo o ventajismo. Esos comportamientos quedan en el debe del PSOE y del PP.

En todo caso, no es poco que concluya un periodo de deterioro institucional que tanto ha contribuido al pesimismo y al desentendimiento político de los españoles en los últimos tiempos. La designación del Defensor del Pueblo, la cobertura de las vacantes del CGPJ y el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración de RTVE acorde con la actual composición del Parlamento (a expensas de una reforma de su estatuto que homologue él régimen retributivo de sus consejeros al general de la empresa pública) cumplen, al menos, ese objetivo. Ya era hora.

S E dice, pero no es cierto: no siempre está bien todo lo que acaba bien. Fernando Alvarez de Miranda es un buen candidato para Defensor del Pueblo. Es uno de los «clásicos» de la política española que más fina sensibilidad ha demostrado hacia los derechos humanos. Democristiano honesto, fue represaliado por el franquismo por su presencia en el célebre «contubernio de Munich» -le valió el destierro- y participó al lado de Joaquín Ruiz-Giménez en la lucha contra la dictadura. Fue un discreto presidente del Congreso de los Diputados y, años más tarde, como embajador de España en El Salvador, jugó un papel destacado y constructivo en la búsqueda de una solución de paz para el largo y desgarrador conflicto civil de aquel país.

Cierto que, a fuer de ser un «clásico», tal vez lo es demasiado. Tiene 70 años y le espera un mandato de seis. No deja de resultar un punto incongruente que el mismo Gobierno que se creyó en la obligación de rebajar la edad de jubilación de los catedráticos a los 65 años, y que tanto mareó hace unos meses con la edad de Nicolás Redondo, supuestamente incompatible con cargos de primera línea, postule ahora a un septuagenario para cubrir un cargo tan agitado.

Pero no es ésa la objeción principal que suscita el episodio que ha desembocado en la designación de Fernando Alvarez de Miranda. A fin de cuentas, el propio Joaquín Ruiz-Giménez no era mucho más joven cuando se puso al frente de esa misma institución, y lo hizo bien.

Lo que más llama la atención -lo que más irrita, por decirlo francamente- es que Gobierno y oposición hayan podido ponerse de acuerdo en el vertiginoso plazo de ocho horas cuando no han tenido más remedio, después de haberse tomado más de un año para destilar la candidatura de Landelino Lavilla y de haber dejado por el camino otras candidaturas no menos válidas, como la de José Antonio Martín Pallín y la de Margarita Retuerto, que ya estaba desempeñando el cargo a satisfacción general. Tal cosa viene a demostrar que la prolongada tardanza ha sido fruto, en lo esencial, de marrullerías politiqueras inaceptables, que se han desvanecido como por arte de magia así que unos y otros se han visto en ridículo tras proclamar urbi et orbi un candidato cuando aún no sabían si el elegido quería serlo. Mal conocían la recta personalidad de Landelino Lavilla, al que pretendieron seducir a última hora con llamadas al máximo nivel.

De modo que, después de todo -y después de tanto-, vamos a tener un Defensor del Pueblo elegido por el muy conocido y muy celtibérico método de la improvisación. Confiemos en que el hado que vela para que las hispanas chapucerías no hundan del todo el país proteja a Alvarez de Miranda y le ayude a desempeñar el cargo con acierto.