El socialista Enrique Múgica es nombrado nuevo Defensor del Pueblo a propuesto del Gobierno Aznar para reemplazar a Álvarez de Miranda Torres

En honor a la verdad, Aznar ha hecho intentos por nombrar director general de Radiotelevisión a alguien que no marque el paso partidario, pero el Ente devora sus propias cabezas como la de Mónica Ridruejo, y, quizá habría hecho lo propio con la de Pío Cabanillas, ya debelado como sicario por el PSOE aunque le absuelva la Junta Electoral. Cuando Gobierno y oposición ocupan tu teléfono pidiendo más minutaje y el mejor perfil del jefe sólo queda la melancolía y el ensoñamiento de unos nuevos estatutos y el flaco consuelo de que más sufren los dos directores de informativos de RTVE. La nueva mayoría absoluta nos dirá si el presidente prefiere tener el medio como Napoleón la artillería (al cabo era del oficio), a mano como una pistola y a sus órdenes directas. Pero ha hecho un ejercicio de imaginación, proponiendo a Enrique Múgica como Defensor del Pueblo, a lo que el PSOE no se puede negar sin que se les vean las vergüenzas del cambalache de otros nombramientos institucionales, en especial los relativos al gobierno de la Justicia.

Múgica es un referente del socialismo en nuestra democracia y precisamente noticioso en esta semana funeral. Múgica comenzó militando en el comunismo y a sus filas llevó al vilmente asesinado López de Lacalle. Creo recordar fue en la cárcel donde, camino de Damasco, cayó del caballo, uniéndose a los cuatro gatos que entonces formaban el socialismo del interior. Siempre le quedará la horrible duda de si a su hermano Fernando lo mataron los nazi-onalistas por serlo o sólo por socialista y presa fácil de cobrar. Como ministro de Justicia tuvo el coraje, arropado por Antonio Asunción desde Instituciones Penitenciarias, de dispersar a los presos etarras, no para inflingirles penas añadidas sino por extraerles de la doble cárcel que habitaban: la del Estado y la de ETA. Gracias a aquella dispersión veteranos asesinos pudieron reinsertarse, viviendo hoy pacíficamente en sus pueblos, y la medida fue saludada hasta por aquel PNV que aún no había decidido dejarse devorar por el tigre. Necesitado de servicios jurídicos menos escrupulosos, no le dejó Felipe González seguir mucho de ministro y acabar el Código Penal que resolvió Belloch con más agujeros que la bandera de Nápoles, y en estos días su fotografía luce como la de un criminal en búsqueda bajo el apellido de su madre, Herzog, sobreviviente de un campo de concentración nazi. El racismo del nacionalismo vasco, incluido el que aún denominamos democrático (¿por cuánto tiempo?) no para en los maketos y hasta se destila en el antisemitismo. Así Enrique Múgica abarca todo lo exigible a un Defensor del Pueblo: jurista, con experiencia política en la administración de Justicia y una ya amarillenta hoja de servicios a la democracia. Y, además, es vasco, judío y de la oposición. Es él.