Finaliza el mandato de Álvaro Gil-Robles Gil Delgado como Defensor del Pueblo sin que el PSOE y el PP hayan consensuado el nombre de su sucesor

ÁLVARO GIL-ROBLES, defensor del pueblo durante los últimos cinco años, ha dejado de serlo sin que el Parlamento haya iniciado el procedimiento para designar a su sucesor en un plazo no superior a un mes, como está previsto en la ley orgánica que regula la institución. 0 sea, que es previsible que se vulnere una vez más un principio elemental para el buen funcionamiento de las instituciones: que el relevo de quienes deben dirigirlas por mandato constitucional se haga en tiempo y en forma debidos.No es gratuito el que se respeten los plazos que marcan las leyes para efectuar los relevos. Su incumplimiento formal suele remitir a pugnas interpartidistas que fuerzan o desconocen los criterios constitucionales de elección y que colorean de parcialidad el comportamiento futuro del designado para formar parte o regir los destinos de la institución correspondiente. Los precedentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas o incluso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no dejan lugar a dudas sobre las malas artes que se han ido enseñoreando del procedimiento de designación parlamentaria de los altos cargos institucionales.

En el caso del cese y consiguiente relevo de Álvaro Gil-Robles, la entrada en liza de intereses específicamente electorales puede provocar que la institución entre en una prolongada y, paralizante interinidad hasta el día después de los comicios. El desempeño interino de funciones está contemplado en la ley como solución de emergencia en el intervalo sucesorio. De ahí que sea normal que la adjunta primera del defensor del pueblo, Margarita Rituerto -promovida a este cargo por el Partido Popular-, haya asumido tales funciones. Pero prolongar esta situación más allá del tiempo razonable para que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo sobre el candidato -la exigible mayoría cualificada de tres quintos, 210 parlamentarios, obliga a este pacto- sería un fraude de ley. Y un aprovechamiento interesado por parte del grupo parlamentario que pugnase por mantener esta situación.

Desgraciadamente, no existe indicio alguno -más bien la actual situación preelectoral los acrecienta- de que no vayan a reproducirse en la designación del nuevo defensor del pueblo los clichés ya conocidos: intercambio de candidatos políticamente próximos en un clima de mercadeo que deja en segundo lugar los rasgos del perfil exigible al mismo y el interés por asegurar la utilidad de la institución. En esta ocasión, el riesgo es mayor si, como pretende el PSOE, la candidatura para el defensor del pueblo se acumula a las de las dos vocalías que están vacantes en el CGPJ.

En todo caso, el ejemplo de Álvaro Gil-Robles muestra que los particulares designios que puedan tener los grupos políticos sobre sus candidatos no son óbice para que éstos cumplan con dignidad y firmeza sus tareas. Durante su mandato, la institución del Defensor del Pueblo se ha consolidado y convertido en vigilante engorroso de abusos y deficiencias de la Administración. También se ha mostrado sensible a los problemas que han ido apareciendo o agravándose en estos años en la sociedad española: brotes racistas o xenófobos, rechazo al emigrante, aumento de la marginación social. Es cierto que su decisión de no impugnar la Ley de Seguridad Ciudadada motivó el que ahora no le apoyen Izquierda Unida y el PP, como también fue criticado su antecesor en el cargo, Joaquín Ruiz-Giménez, por hacer lo propio con la ley antiterrorista. Pero ¿basta un posible error para borrar los aciertos de un mandato?

En suma, el futuro de la institución del Defensor del Pueblo depende del acierto en la designación de su nuevo titular, de su enraizamiento en la sociedad, de una mayor sensibilidad de la Administración a sus requerimientos, así como de medios legales que le doten de algo más que de fuerza moral. Asuntos de los que los partidos políticos apenas se han preocupado, atentos sólo a las periódicas batallas sucesorias o a la recepción protocolaria de los informes anuales. Si mostraran el mismo celo por el funcionamiento eficaz de la. institución que por la designación de su titular, a buen seguro que los ciudadanos se lo agradecerían.

HOY finaliza el mandato de Alvaro Gil-Robles en el puesto de Defensor del Pueblo y nos encontramos con que no existe acuerdo parlamentario -ni siquiera se han iniciado conversaciones entre los grupos- que permita su rápida renovación. Malo sería, por lo que supone de desprestigio para la institución, que se repitiera aquí lo que ya ocurrió con el Tribunal Constitucional, que permaneció más de cuatro meses en una situación de interinidad nada positiva. Pero igualmente malo sería que el PSOE quisiera imponer un candidato que, aun contando con el apoyo de los tres quintos del Congreso, no contara con el respaldo de los dos principales partidos de la oposición. Estas dos consideraciones deberían llevar a descartar sendas posibilidades, manejadas en los últimos días: por un lado que Margarita Retuerto asuma hasta pasadas las elecciones el puesto que. de forma provisional, ocupará desde mañana. Mientras el PSOE opina que el PP se beneficiaría de la presencia de la adjunta al Defensor, ya que se la considera cercana al partido conservador, lo cierto es que, la institución podría entrar en una situación de «impasse» que podría durar todo un año. Por otro lado, deberían excluirse los dos nombres que hasta ahora ha manejado el Partido Socialista: el del propio GilRobles y el de la directora general de Política Exterior para Europa, Mercedes Rico. Ni el PP ni IU desean la continuidad del hasta hoy titular. Sería deseable que quien ocupa un cargo público no se perpetuara en el puesto. Alvaro GilRobles ya lleva cinco años y fue otros cinco adjunto al Defensor; su reelección daría como resultado su permanencia en la institución el excesivo periodo de quince años. Además, GilRobles -un hombre gris y burocrático que supuso un fuerte contraste con la figura prestigiosa e independiente de su antecesor, Joaquín Ruiz-Giménez, ha contribuido a que la institución se erosione poco a poco (como demuestra la disminución del número de quejas) y la ha desprestigiado cuando se convirtió en asesor del Grupo Socialista en aquella burda maniobra que tenía como fin no recurrir ante el Constitucional la ley Corcuera, y cuando, posteriormente, ha permanecido impasible ante los 18.000 ciudadanos inocentes retenidos en aplicación de la citada ley. La opción de Mercedes Rico tiene aún más razones en contra. Para empezar rebajaría el nivel político y profesional; pero también supondría la consolidación de un nuevo brazo del pulpo del Gobierno en un órgano que debe ser escrupulosamente independiente, ya que por vez primera el puesto sería ocupado por alguien que tiene un alto cargo en la Administración socialista. Hay quien aboga por preservar la independencia del Defensor del Pueblo mediante su elección directa por los ciudadanos. Mientras esto no sea posible sería bueno que el Parlamento consultase a las Organizaciones No Gubernamentales y alcanzara un consenso casi unánime que alejara la institución de los avatares políticos.

HACE UN año que la adjunta primera al Defensor del Pueblo, Margarita Retuerto, se hizo cargo interinamente de dicha institución tras el cese, al término de su mandato, de su titular, Álvaro Gil-Robles. Salta a la vista lo anómalo de una situación que la ley contempla como una solución de emergencia, pero que dura ya un año y de la que, de momento, no se prevé el fin.Lo primero que hay que destacar, en justo reconocimiento a la labor de la defensora del pueblo en funciones, es que tan prolongado periodo de interinidad no ha supuesto ningún daño o quebranto al normal funcionamiento de la institución. Con su gran dedicación y experiencia, Margarita Retuerto -adjunta al Defensor del, Pueblo desde hace más de dos lustros a instancias del Partido Popular- ha superado con creces los inconvenientes de ejercer más allá de lo legalmente previsible y razonable, funciones a las que la propia Constitución asigna un cualificado respaldo parlamentario. El balance de su gestión es netamente positivo.

Pero este esfuerzo personal, por meritorio que sea, no resta un ápice de gravedad a la situación. En el plano político y en el institucional. De un lado, la incapacidad de los grupos parlamentarios para relevar en tiempo y forma debidos al Defensor del Pueblo muestra su enfeudamiento en tácticas de mercadeo partidista que dejan en segundo término los rasgos constitucionalmente exigibles al candidato y colorean de parcialidad el procedimiento de su designación. De otro, es manifiesta la situación de deterioro en que se coloca a una institución cuando se incumplen de manera tan flagrante los plazos legalmente previstos para designar a su titular. Responsables son, sin duda, los dos partidos mayoritarios.

La actuación de Retuerto como defensora en funciones durante un año basta para demostrar cómo las cualidades exigibles para desempeñar con eficacia y decoro responsabilidades institucionales al más alto nivel no pasan necesariamente por la criba de ninguna opción política determinada. Las fuerzas políticas deberían tomar buena nota de esta experiencia. Les ayudará, sin duda, a dejar a un lado sus reyertas y ambiciones cuando se trata del correcto funcionamiento y del buen nombre de las instituciones.