La Cámara de los Lores de Reino Unido autoriza la extradición de Augusto Pinochet a España para que sea juzgado por crímenes contra la humanidad

PARA MUCHOS demócratas de todo el mundo, ayer fue un día de fiesta. Cinco magistrados británicos de la Cámara de los Lores restablecieron el sentido de la justicia mediante una resolución que anula la inmunidad reconocida a Pinochet por el Tribunal Superior de Londres. El fallo de los lores, que se decidió por un apretado tres a dos, no estuvo exento de suspense. En un acto retransmitido en directo por televisión, primero se pronunciaron los dos magistrados que apoyaron la inmunidad del ex dictador chileno, de forma que la incertidumbre se mantuvo hasta que el quinto juez se definió en contra.El Tribunal Superior de Londres había invocado el principio de inmunidad soberana regulado en una ley británica de 1978 para establecer que la condición de jefe de Estado blindaba a Pinochet frente a un escrutinio judicial por actuaciones realizadas bajo esa condición y que, en consecuencia, no podía ser extraditado a España para ser juzgado por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas de los que le acusa el juez Garzón. Con una interpretación «innovadora» de la ley, los lores han decidido que el procedimiento de extradición puede seguir su curso.

Aún quedan muchos obstáculos para que el general Pinochet se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional de Madrid. Pero cualquiera que sea el desenlace, la decisión de los cinco jueces lores pone de relieve la existencia de una nueva justicia internacional, suma de leyes nacionales y acuerdos internacionales, a falta de un ordenamiento general. Cada país debe hacer sus transiciones desde la dictadura hasta la democracia en las mejores condiciones que pueda, pero desde ayer los dictadores que han perdido el poder ya no gozarán de libertad de movimientos fuera de su país. Tendrán que quedarse en casa, so pena de ser detenidos.

La puesta en libertad de Pinochet por inmunidad soberana hubiera constituido un acto de inmoralidad. En la defensa de su caso se ha argumentado que Hitler no hubiera podido ser detenido en el Reino Unido tras sus crímenes por haber sido jefe de Estado. Pero ¿quién que no disponga de todo el poder podría ser responsable de un delito de genocidio? Tranquiliza saber que no existe tal inmunidad autoconcedida. Sin duda, la singularidad del caso de Pinochet -un general que traicionó la confianza del Gobierno que le nombró y bombardeó el palacio presidencial antes de erigirse en despótico presidente- ha favorecido este paso de la justicia y esta interpretación de los lores.

Es pronto para dar por hecho que Pinochet vaya a ser juzgado. El procedimiento de extradición a España -o a Francia, Suiza o Alemania, que también han presentado peticiones en tal sentido- será largo y complejo. El ministro británico del Interior, Jack Straw, ha de decidir en una semana si cursa a los tribunales la petición recibida desde Madrid, que documenta 94 casos de genocidio -crimen que no prescribe en el derecho internacional-, terrorismo o tortura. Puede decidir no tramitar la petición o no conceder la extradición por razones humanitarias, aunque el Gobierno de Blair ha manifestado su intención de respetar la decisión de los jueces. Si así fuera, la justicia británica tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la demanda de Garzón y es muy probable que por vía de recursos termine nuevamente ante los lores. De momento, Pinochet debe prepararse para una larga estancia en Londres.

Pese a la agitación de los partidarios de Pinochet, la transición chilena puede salir reforzada de esta prueba. Esa transición se inició en 1990 bajo la condición impuesta de que el dictador -y, desde hace unos meses, senador vitalicio- era invulnerable. No lo es. El júbilo de tantos en Chile demuestra que los chilenos le han perdido el miedo y que los ciudadanos neutrales, ante el debate de estas semanas, se han pasado al bando de quienes se niegan a contemplar a Pinochet como un icono nacional. Todo un progreso, aunque no exento de dificultades que los chilenos sabrán superar. No parece buen camino para el Gobierno de Frei convocar a la cúpula militar. No tiene nada que decir ni enseñar a la justicia británica.

En España fueron muchos los que ayer festejaron la decisión de los lores. Es la hora de la vergüenza para Fungairiño y otros fiscales de la Audiencia Nacional que tan militantemente se han opuesto a las acciones de Garzón y que en un documento interno llegaron a calificar el golpe de Pinochet de 1973 de mera «interrupción temporal del orden constitucional» en aras de la paz interior. De momento, Garzón va ganando en su perseverante empeño, aunque los lores británicos no hayan entrado en el fondo de la cuestión. Simplemente han entregado a Pinochet a la justicia, en vez de librarle de ella. Oportunidad que Pinochet jamás dio a sus damnificados.

El Gobierno español -al que se le han oído pocas palabras de condena de los crímenes de Pinochet y pocas demostraciones de estar al lado de las víctimas- habrá de explicar su error al firmar en la Cumbre Iberoamericana de Oporto, el pasado 18 de octubre, pocas horas después de la detención de Pinochet, una declaración por la que los participantes rechazaban «enérgicamente la aplicación extraterritorial de las leyes nacionales». Quizá tal afirmación se refería más a algunas leyes de EE UU pensadas para impedir las inversiones de terceros en Cuba, Libia o Irán. Pero ha sido invocada contra el intento de juzgar al ex dictador. La sentencia de los lores ha sido un primer triunfo de una extraterritorialidad bien entendida, que nos muestra un mundo en el que los dictadores lo tendrán más difícil.

Ni para Massera

LOS FUERTES vientos contra la inveterada impunidad para los dictadores que corren en este 50º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos acaban de llevar en Argentina a prisión preventiva al ex almirante Emilio Massera, miembro de la junta presidida por Jorge Videla que encabezó el golpe de Estado en 1976. Un poder sanguinario que hizo desaparecer a más de 30.000 personas en siete años. Como Videla el pasado julio, procesado por el secuestro de menores nacidos en cautiverio durante su tiranía, Massera, el almirante Cero, ha sido acusado por la juez María Servini del secuestro y desaparición de dos recién nacidos en la maternidad clandestina que montaron los marinos en la Escuela de Mecánica de la Armada, su infame campo de concentración.Massera, como Videla, fue juzgado y condenado en 1985 a cadena perpetua por asesinatos, torturas y secuestros. Y amnistiado por el presidente Carlos Menem -en 1990 y contra la opinión mayoritaria de los argentinos- tras las leyes de «obediencia debida» y «punto final» promulgadas en 1987 por su antecesor, Raúl Alfonsín. Pero la sustracción de menores (las Abuelas de la Plaza de Mayo han denunciado la desaparición de más de 230 niños en centros de detención) es un aspecto de la dictadura no protegido por las leyes de amnistía. Es un delito de lesa humanidad, imprescriptible. En ese hueco hurgan la juez Servini y, en el caso de Videla, el juez Roberto Marquevich. Para satisfacción de los argentinos de buena fe y desmayo de los militares implicados en la barbarie de la junta, que se creían a salvo y que ahora ven impotentes cómo, en la estela de Pinochet, el cerco de la civilización se estrecha imparablemente sobre ellos. Y esta vez, en su propio país.