La ciudad catalana de Arenys de Munt convoca un referendum consultivo para ‘votar’ la independencia de Catalunya

Arenys de Munt, una población barcelonesa de apenas 8.000 habitantes, escenificó el domingo una votación que, aunque puramente testimonial, invita a extraer algunas conclusiones. Los organizadores de la consulta sobre la independencia de Cataluña fueron respaldados desde el principio por el Ayuntamiento, que primero prestó apoyo material y luego, aunque formalmente hubo de retirarlo por orden judicial, no renunció a seguir jaleando la iniciativa. La naturaleza de la convocatoria, que ahuyentaba de las urnas a los votantes contrarios a la autodeterminación, explica la contundencia del resultado: el 96% de los participantes apoyó la secesión. Eso sí, la participación fue inferior a la registrada en el referéndum del Estatuto, pese a que la imposibilidad de usar el censo electoral -con la consiguiente ausencia de controles democráticos- y la arbitraria concesión del derecho de sufragio a los mayores de 16 años hubieran podido propiciar una afluencia a las urnas más abultada.

La consulta, surgida de entidades privadas a las que no se puede limitar el derecho a celebrarlas, carece de validez jurídica alguna, pero se ha convertido en un alarde soberanista, gracias entre otras cosas al efecto multiplicador del recurso presentado por la Abogacía del Estado. Redactado, por cierto, por un antiguo candidato de la Falange, partido que pudo manifestarse el domingo en Arenys sin ningún impedimento oficial. Para evitar que el Ayuntamiento secundara la consulta bastaba con exigir el cumplimiento de la ley; la retórica del abogado del Estado, que atribuía a esta votación el poder de comprometer «la soberanía nacional y la integridad de la nación española», no hizo sino espolear a sus promotores. Quienes magnifican las consecuencias de la iniciativa también ayudan a alentar un victimismo en el que el separatismo halla su mejor abono.

Con este caldo de cultivo, no tardaron en sumarse al festejo dirigentes de Esquerra Republicana y Convergència, prestos a rentabilizar el seudorreferéndum en su disputa electoral por el voto soberanista. Visto el éxito propagandístico de la convocatoria, ambos partidos apuestan ahora por repetir la experiencia en otros municipios, confiando en encontrar esta oposición alentadora.

Proclamas al margen, la amenaza secesionista no parece inminente. Según las encuestas oficiales, el porcentaje de catalanes que se confiesan partidarios de la independencia no alcanza el 20%, si bien es cierto que en los últimos cuatro años han crecido más de cinco puntos. Una de las razones de este auge independentista hay que buscarla en la crisis en que se hallan las relaciones entre Cataluña y el conjunto de España: el Estatuto que elaboró el Parlamento catalán, pulido en las Cortes y refrendado en las urnas, no acaba de aplicarse, y el Constitucional lleva tres años manteniendo la incertidumbre sobre su futuro. Valiosa munición para aquellos que en Cataluña apuestan por enterrar la vía estatutaria.

En la consulta sobre la independencia de Cataluña celebrada el domingo en Arenys de Munt (8.000 habitantes), el 40% de los mayores de 16 años votó a favor. Es un porcentaje similar al que sumaron en las últimas elecciones municipales los partidos nacionalistas ERC (21,5%) y CiU (18,8%). De esas cifras se deducen dos conclusiones: 1) si la opción se presenta en términos de sí o no, todos los nacionalistas, se consideren o no independentistas, votan como si lo fueran; 2) aún así, los que votan suponen bastante menos de la mitad de la población.

Hay una parábola (atribuida a Jaume Miratvilles) para explicar la actitud de los catalanes ante la independencia. Alguien pregunta: «¿Es usted partidario de la independencia?» Y el otro: «por supuesto». «Entonces tiene que apretar este botón durante 10 minutos». Y el catalán: «Pero oiga, yo tengo otras cosas que hacer, no puedo estarme aquí 10 minutos perdiendo el tiempo». Las encuestas indican que los catalanes explícitamente independentistas no superan el 20%. Pero es probable que en una consulta demostrativa, sin consecuencias políticas o económicas, un porcentaje bastante mayor vote a favor: porque hacerlo da sensación de importancia y porque el saldo coste-beneficio siempre saldrá favorable (dado que el coste es cero).

Por eso, cuando el referéndum se plantea en serio (con consecuencias) suelen establecerse cautelas para garantizar que la voluntad ciudadana se exprese con nitidez. Es el objetivo, por ejemplo, de la Ley de Claridad aprobada por el Parlamento de Canadá en 1995 en relación a Quebec. Entre nosotros, el PNV de Imaz aprobó en octubre de 2005 una declaración en la que se condicionaba la validez de la consulta soberanista propuesta por Ibarretxe a que lograra «una adhesión mayor que la obtenida por el Estatuto de Gernika», que fue del 53,1% del censo (y 90% de votos válidos). Y el propio Ibarretxe admitió en su momento que su plan debería ser refrendado no sólo en el conjunto de Euskadi sino en cada una de las provincias vascas.

Es lógico que un cambio tan importante exija una mayoría cualificada: por ejemplo, la mitad más uno de los electores censados en cada provincia. Contra lo que generalmente se da por supuesto, nunca la suma de los partidos nacionalistas, en las más de 30 elecciones celebradas én Euskadi desde 1977, alcanzó esa mitad del censo en ninguna de las provincias. Fue Guipúzcoa la que más se acercó, con el 49,8% en las elecciones forales de 1987. El compromiso de Ibarretxe era obligado porque ni los más fanáticos preferirían una Euskadi independiente pero amputada de Álava (seguro) y Vizcaya (probable), que una autonomía política que comprenda los tres territorios.

De estos temas se habló mucho a comienzos de los noventa, tras la independencia de las repúblicas bálticas. Poco antes de la Diada de 1991, el Ayuntamiento de Palafrugell (Girona) aprobó una moción a favor de la independencia. El Pujol de entonces dijo que no cabía establecer una «relación gradual» entre el modelo autonomista defendido por CiU y el independentista de Esquerra, y el episodio no tuvo mayores repercusiones.

Excepto en Euskadi: en los días siguientes varios ayuntamientos con mayoría nacionalista aprobaron mociones independentistas con los votos de Herri Batasuna y Eusko Alkartasuna (EA). Este último partido formaba parte del Gobierno tripartito (PNV-EA-EE), constituido poco antes. El PNV de entonces, encabezado por el Arzalluz de entonces, advirtió a EA de que al promover o secundar esas mociones estaba cuestionando la autoridad del lehendakari (Ardanza) y la cohesión de su Gobierno; admitía que EA, actuando como partido, proclamase su independentismo; pero no que lo hiciera una institución, obligada a respetar la legalidad. Ardanza dio un ultimátum a EA para que retirase las mociones y, como no lo hizo de inmediato, le expulsó del Gobierno.

Aunque Puigcercós ha anunciado que ERC presentará mociones en decenas de ayuntamientos, no parece que Montilla vaya a imitar a Ardanza. El acuerdo tácito es que, para salvar su legalidad, esas mociones trasladen a entidades privadas, como en Arenys de Munt, la organización de la consulta. Ibarretxe intentó a la vez banalizar el alcance de la consulta (la comparó con una encuesta) y considerarla decisiva para el futuro del pueblo vasco. El pragmatismo catalán es más sutil: lo trascendental para el futuro de Cataluña es que el Constitucional no recorte el Estatut, pero adviertiendo con las mociones de que, si lo hace, el independentismo se extenderá como una ola.

En el País Vasco, el Constitucional anuló la convocatoria del referéndum de Ibarretxe hace justo un año, pero parece un siglo. El ex lehendakari imparte clases en Puerto Rico mientras que los socialistas gobiernan desde Ajuria Enea; y el discurso del derecho a decidir ha desaparecido de las portadas y de las preocupaciones de la gente, ocupada en asuntos menos gaseosos.