LA INFORMACIÓN publicada ayer por EL MUNDO acerca de los sobresueldos en dinero B que Bárcenas pagó a miembros de la cúpula del PP durante años ha producido una auténtica convulsión en el partido, en el Gobierno y en la sociedad española en general. No es para menos, dado que el escándalo viene precedido de otros muchos casos de corrupción -la condena a UDC, las andanzas de la familia Pujol, los falsos ERE, el caso Campeón- que están minando la ya escasa credibilidad de la clase política. Desde que se descubriera que el ex tesorero del PP tenía una cuenta en Suiza con hasta 22 millones de euros, este diario ha hecho lo que lleva haciendo desde que salió a la calle hace 23 años. Investigar e informar. Sin anteponer a nuestra obligación para con los lectores otro tipo de intereses -editoriales o económicos- por legítimos que estos sean. Y sean cuales fueren los protagonistas. Tanto si es la familia Pujol como un ex ministro socialista o el partido que en este momento gobierna en España.
No hay duda de que estamos ante un asunto extraordinariamente grave que afecta a los dirigentes políticos que ocupan altas responsabilidades, empezando por el presidente del Gobierno que es el líder del partido. El asunto pilló a la dirección del PP reunida en la Intermunicipal de Almería. Las reacciones fueron muchas y con matices distintos. Numerosos dirigentes que ocuparon cargos en la cúpula del PP durante los últimos 20 años negaron personalmente haber recibido dinero negro. Los ex secretarios generales, Ángel Acebes y Javier Arenas, señalaron que en su etapa no se pagaban sobresueldos de esta naturaleza. Pero la actual número dos del PP, María Dolores de Cospedal, utilizó una frase que puede dar lugar a interpretaciones. «No me consta». Y ante los asistentes a la Intermunicipal aseguró tajantemente: «Que cada uno aguante su vela». La vicepresidenta, después del Consejo de Ministros, fue más allá al asegurar que si le hubieran ofrecido este pago lo hubiera denunciado. También surgieron voces del pasado como la del ex secretario general con Fraga, Jorge Vestrynge, que señaló que el reparto de sobres empezó en el año 88. Mientras el PP fue un hervidero de declaraciones, Luis Bárcenas -el responsable del reparto de sobresueldos- guardó silencio, aunque habló por boca de su abogado. El penalista Miguel Bajo advirtió que el que entrega sobres con dinero no comete ninguna irregularidad «si el que lo recibe lo declara». Quien quiera entender que entienda.
Somos conscientes de que el PP se enfrenta a un dilema endiablado, pero creemos que Mariano Rajoy -del que hoy se espera una respuesta en Almería- no tiene otro camino que abrir una investigación interna, «caiga quien caiga», como dice Esperanza Aguirre. Eso es lo que han pedido los presidentes regionales del partido. En la primavera de 1990, cuando el caso Naseiro estuvo a punto de noquearle, el recién elegido presidente José María Aznar encargó a Gallardón una investigación que éste llevó a cabo con el celo de un fiscal, estableciendo responsabilidades políticas que después se depuraron. La indignación social que existe por la mezcla explosiva de crisis económica y corrupción obliga a Rajoy a estar a la altura de ese nivel de exigencia.
