La policía aplasta a la agencia de investigación Método 3 por haber espiado una conversación de Alicia Sánchez Camacho (PP) y Victoria Álvarez (exnovia de Jordi Pujol Jr) en La Camarga

EL REGISTRO de clientes de la agencia de detectives que grabó a la ex novia de Jordi Pujol junior demuestra que el PSC encargó espiarla. La grabación sirvió, siquiera de rebote, para espiar a Alicia Sánchez-Camacho. La actitud hacia Victoria Álvarez, tanto del PSC como del PP, demuestra que ambos partidos querían hacer acopio de información embarazosa para CiU. La líder del PP en Cataluña, que ha anunciado una querella contra la agencia, debería querellarse también contra el PSC. De no hacerlo, ganaría consistencia la tesis de que estaba al tanto de todo. Quienes han oído la cinta aseguran que Sánchez-Camacho habla como si llevara una entrevista guionizada. Por otra parte, estamos ante un hecho sin precedentes en España: la constatación de que un partido encargó grabaciones secretas para obtener información sensible, lo cual debería tener consecuencias. PP y PSOE deben aclarar, además, por qué si tuvieron conocimiento de hechos delictivos no los dieron a conocer. Todo indica que prefirieron recoger munición para usarla en función de su estrategia partidista.

El ex secretario de organización del PSC -la marca catalana del PSOE- José Zaragoza encargó personalmente a la agencia de detectives Método 3 la grabación de la cita entre Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, la novia de Jordi Pujol Ferrusola.

Así lo demuestra la documentación que obra en poder de EL MUNDO y que se reproduce en esta misma página. El PSC negó ayer tajantemente, por boca de su portavoz, Jaume Collboni, ser el autor intelectual del pinchazo. «El PSC no utiliza ni ha utilizado nunca métodos ilegales para hacer política», sentenció el portavoz socialista, a la par que exigió a este diario «que rectifique» so pena de exponerse a «una demanda».

Las falsedades de Collboni apenas han sobrevivido unas horas. La hoja de encargo de Método 3 demuestra que fue personalmente el propio José Zaragoza el que el 26 de mayo de 2010 encargó a la agencia de detectives el trabajo, que se inició como «expediente 20718/1036».

La hoja de encargo deja meridianamente claro que el cliente es «el PSC», con dirección en «la calle Nicaragua 75». Y como «persona de contacto» se señala a «J. Zaragoza» que, obviamente, es la persona que en aquella época (2010) ocupaba la todopoderosa Secretaría de Organización del partido asociado al PSOE. Es más, era la mano derecha del a la sazón primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla. Actualmente, Zaragoza está a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba en su condición de diputado del Grupo Socialista en el Congreso.

El objetivo de Zaragoza era, según fuentes del propio PSC, mucho más amplio: «No se trataba sólo de grabar la conversación en el restaurante La Camarga entre Alicia Sánchez-Camacho [presidenta del PP de Cataluña] y Victoria Álvarez Martín. El objetivo era escudriñar las finanzas de Convergència i Unió. Es decir, que esto sólo era una parte del todo. Nuestra meta era demostrar la recurrente financiación ilegal de los nacionalistas».

La contratación de Método 3, una de las agencias de investigación más prestigiosas de España, se produjo el 26 de mayo, es decir, un mes y 12 días antes de que se instalasen los micrófonos en la mesa del restaurante La Camarga en el que almorzaron la presidenta del PP catalán y la mujer que compartió su vida con Jordi Pujol Ferrusola durante casi un lustro.

La grabación, que al parecer es de una altísima calidad, se efectuó mediante un sofisticado aparato instalado en los bajos de la mesa que compartieron Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez Martín.

Fuentes conocedoras de la charla aseveran que las dos horas y media de grabación recogen prácticamente todos los hechos denunciados en noviembre por la ex novia del primogénito de los Pujol. Primero, en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y luego, en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

Entre otras cosas, se habla de los constantes viajes de Jordi Pujol Ferrusola a Andorra, de donde volvía con sacos repletos de billetes de 500, del resort de superlujo de su propiedad en México, de sus negocios en Argentina, donde posee, entre otras cosas, el puerto de la ciudad de Rosario, de cómo lava el dinero a través de Liechtenstein y las Islas del Canal (Guernsey y Jersey) y de sus conexiones con José Mestre, empresario de contenedores del Puerto de Barcelona procesado por narcotráfico.

En la conversación, Victoria Álvarez Martín también le cuenta al parecer a Sánchez-Camacho el maltrato físico y psicológico sufrido a manos del hijo mayor del ex presidente autonómico catalán.

La regeneración de la política pasa por que personajes tan siniestros como José Zaragoza, ahora presuntamente implicado en un caso de escuchas ilegales, dejen de tener cualquier incidencia y protagonismo en la vida pública.

José Zaragoza ha vivido siempre de la política, explotando sus imperfecciones y sus grietas para medrar y conseguir poder con el único propósito de mantenerse en él y urdir su trama de favores y temores, de mediocridad y de intriga, sin ningún deseo de mundo mejor y manoseando la ilusión de centenares de miles de personas de buena fe para hacer cada vez más daño con la terrible maquinaria del aparato.

Hay una izquierda, la más mezquina y la más brutal, la más zafia, que tiene este letal instinto de poder por el poder, sin ninguna idea que vaya más allá de dar rienda suelta a su resentimiento social y controlar la vida de los demás.

Mientras personajes como Zaragoza -que no ha trabajado en su vida, que no ha pagado una nómina ni sabe lo que es bajarse del coche oficial- lo tengan tan fácil para trepar en los partidos, no tendremos una democracia sana ni limpia.

Ahora aparece como quien supuestamente encargó espiar a una amante del primogénito de Pujol, pero su trayectoria en el lado marrón es extensa y de una sordidez extrema. Ha perseguido a periodistas, amenazándoles y privándoles de trabajar en los medios públicos que el PSC controlaba y en los privados a los que subvencionaba. Su gusto por la discrepancia es de república soviética. Sus modos son de taco y navaja. Por todo ello, David Madí, mano derecha de Artur Mas hasta que éste llegó a presidente, definió a Zaragoza y a su tropa como «los quinquis del Baix Llobregat».

Su gran fiasco como estratega fue con La Vanguardia. Zaragoza le dijo a Montilla que él se encargaba de domar al diario del conde de Godó. José Antich, el director del diario, le hizo creer que de repente se habían hecho amigos, y Zaragoza, entre su primario instinto de poder y que conoció el lujo haciendo encuestas, se dejó seducir por uno que es más listo que él y que tiene un instinto de poder todavía más afilado. La farsa que desplegó Antich fue convincente: los matrimonios cenaban juntos cada viernes y pasaban juntos parte de las vacaciones, en la casa que los Antich poseen en La Seo de Urgel.

El tripartito, sin llegar al extremo de CiU, subvencionó de todos los modos posibles a La Vanguardia, de modo directo e indirecto, con toda clase de encartes y de publicidad institucional. El resultado fue que, llegado el momento, Antich se aseguró cobrar de Mas un importe muy superior a lo que el tripartito le ofrecía, dejó de lado al pobre Zaragoza y La Vanguardia empezó a practicar la más bochornosa propaganda a favor de un partido (CiU) que se recuerda en la Europa civilizada.

Aunque con su vergonzosa demagogia Zaragoza logró que el PSC obtuviera momentáneamente algunos buenos resultados, dejó el partido destrozado y, por primera vez en la historia de Cataluña desde la recuperación de la democracia, los socialistas, con 20 diputados sobre 135, no son ni la segunda fuerza en el Parlamento de Cataluña.

Su presencia en la política es un símbolo de lo que la denigra y la vuelve cínica. El único interés que ha servido es el de mantenerse en el poder para vivir de nuestros dineros, porque sabe que acabaría en la indigencia si algún día dependiera exclusivamente de sus medios para ganarse la vida.

ME parece imposible encontrar una escena que muestre mejor la corrupción desatada, masiva y generalizada de la casta política española, muy en especial la catalana, que la del espionaje a la maltratada novia del primogénito de Jordi Pujol, dueño político de Cataluña desde 1980, en el restaurante La Camarga. Victoria Álvarez, maîtresse en titre de Jordi Pujol Ferrusola, ha concertado una cita con la delegada del PP en Cataluña Alicia Sánchez-Camacho y le cuenta sus pesares -malos tratos, miedo a ser víctima de un crimen, conciencia de participar en varios delitos graves- esperando que el PP denuncie esa cumbre de la cordillera de la corrupción catalana, a cuyo lado El padrino es una anécdota delictiva, una epopeya con mucha sangre y poco dinero, y French connection, otra película de cuando Pujol llegó al poder y se lo quedó, solamente el tráiler de Catalonia corruption, cuya singularidad proclamó otro de los hijos de Pujol cuando colgó en Montjuich la pancarta «Catalonia is not Spain». Para orientar al turista, que desconoce la importancia de Guifré el Pilós, Prat de la Riba, Maciá, Companys, Cambó y los Cien Mil Hijos de Pujol, podría haber añadido esta otra: «You are in Chicago, Illinois. Enjoy the game!»

Pero lo pasmoso de la escena no es que Alicia ocultara a la Justicia la información de la amante de Pujol; o que la utilizara para instalarse en la mayoría parlamentaria que sustentó dos años el Gobierno de los Pujol y/o Mas. Eso es asqueroso. Lo tremendo es que mientras la del PP engañaba a la noia de Convergència, los espías del PSC las grababan con el mismo objetivo: reunir información delictiva para el cambalache político. O sea, que hace dos años PP y PSOE pudieron acabar con los Pujol y evitar la deriva separatista de Cataluña, pero sólo buscaban instalarse en la Catalonia Corruption de los Pujol, bien como socios, bien como alternativa de continuidad.

También recuerdo otra película: La conversación, oscura intriga de grabaciones, ilegalidades y traiciones. Y me pregunto cómo supieron en qué mesa iban a sentarse las espiadas. Y si a los espías del PSC, que espiaban a la espía del PP, los espiaban los mossos, y a éstos el CNI. Continuará. Continúa.

Está tan encantada de haberse conocido, que un día de estos hará como Olvido Hormgios y entrará en un reality. Dice que está agobiada con tanta fama, pero se pasa todo el día en los micrófonos explicando maldades de los Pujol, describiendo Catalunya como un barrizal y confesando que ella era muy pepera, pero ya no. Es lo que tiene don Mariano, que las desanima a todas… Se llama Victoria Álvarez, tuvo amoríos con el hijo mayor de Jordi Pujol y desde hace tiempo se ha convertido en el epicentro de una película de serie B con restaurantes, políticos, escuchas en floreros, espías del CNI y billetes de 500. Su historia está en los tribunales, aunque sabemos por las filtraciones que lo suyo es mucha labia y poca prueba. Su relato es alucinante: Catalunya sería una especie de Sicilia dominada por los Pujol, presentados como unos Corleone a la catalana. Por ello asegura vivir atermorizada, aunque curiosamente lo combate enseñando palmito en las televisiones. Para remate, dice que los Pujol son muy cobardes, pero hace extensivo tan simpático adjetivo a todos los catalanes que afirman lo del ‘España nos roba’, porque España es muy buena, Catalunya le debe mucho y ella, hasta que don Mariano la desanimó, era muy pepera. Por eso se reunió con doña Alicia, que es como una hermanista de los pobles, siempre dispuesta a escuchar a las examantes que hablan de bolsas con dinero. La doña lo escuchó y se lo guardó, que Alicia es muy de sus cosas. Por cierto y entre paréntesis, si a Bustos lo han imputado por no denunciar un delito a todas luces menor, ¿qué no deberían hacer con la señora Camacho? Pero bueno… Y así ha ido girando un ventilador que lleva semanas lanzando excrementos contra una familia entera, sin que sepamos qué hay de cierto, si todo, mucho o nada. En cualquier caso, la indefensión de los Pujol en esta situación es total, porque nadie sabe si existe alguna culpa, pero llevan semanas con titulares que destruyen el honor de sus miembros y masacran el legado de un presidente.

Algunas cosas por añadir. La primera, recordar que no hay nada más malvado que un amante despechado y sin duda la venganza de esta señora es de órdago. Si miente, el daño que hace es ingente. Y si no miente, la pregunta es simple: ¿no le parecía igual de perverso lo que cuenta cuando gozaba de las mieles de la riqueza? Lo segundo por decir es que su testimonio en un presunto caso de evasión de capitales es importante, si es cierto, pero de ahí a convertirse en una prima donna que da lecciones sobre Catalunya, distan muchos pueblos. ¿Será que aprovechando el Pisuerga de su reciente famoseo, se va a convertir en analista política? Puede, porque el PP anda escaso de tertulianos catalanes. En cualquier caso, que no enda responsabilidad ciudadana porque, diga medias verdades o mentiras, su comportamiento no parece precisamente motivado por fines honorables.

LA SOMBRA DE los espías sobrevuela Cataluña. No es una cuestión de sólo unas semanas. Ya escribí hace unos meses que comenzaba a existir la tensa sospecha de que todo el mundo escuchaba a todo el mundo. Hace aproximadamente un año, un empresario catalán imputado en una causa me obligó en una reunión a dejar el móvil en otra sala. Yo me extrañé y mostré una pequeña sonrisa de sorpresa que más me pareció la obsesión de alguien que ha tenido que vérselas con la Justicia. «Tú no sabes cómo están las cosas».

Le di una relativa importancia, aunque sus sospechas no iban contra detectives privados, sino contra los cuerpos policiales. Me explicó que los Mossos habían comprado tecnología punta para hacer seguimientos y hacer escuchas a larga distancia. Le respondí que ello está amparado por la ley y que existe un juez que cuida de la legalidad de todos estos procesos. No le di más importancia.

Sin embargo, en los últimos meses, cuando he tenido oportunidad de preguntar a diputados si las adquisiciones de material policial pasan por algún control público, las respuestas han sido diversas. Lo máximo que he arrancado fue el compromiso de preguntar sobre ello. En concreto los que pertenecen a la comisión de Interior.

Claro que esa angustia a ser espiado en la que está sumergida la política catalana no viene, en este caso, de los cuerpos de seguridad del Estado, sino de la investigación privada.

El encuentro entre Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola sobre las irregularidades de éste, ha puesto en marcha una puerta giratoria con efecto Hermanos Marx de alcance hasta el momento desconocidos. Me refiero a que cada información sobre el tema no es rechazada, sino devuelta como una estrategia que lo único que pretende es castigar.

Parece bastante claro que algunos hijos del matrimonio formado por Pujol y Ferrusola no han actuado dentro de la legalidad y que la impunidad los ha ido condenando cada día un poco más. La impunidad es un virus peligrosísimo que te hace alejar de la legalidad de todos para acercarte a una legalidad individual. Propia.

En eso estaba la diputada popular el día que la engancharon en la ya conocidísima Camarga. Los que han escuchado la famosa cinta aseguran que le contó con detalle sus viajes a Andorra con el hijo de Pujol a donde llevaba o extraía bolsas con billetes de 500 euros. Así la popular tenía una vía para denunciar, por fin, las tropelías de uno de los hijos del ex president.

Sin embargo, la puerta se gira contra ella cuando se descubre que esa reunión estaba siendo presumiblemente grabada para el secretario de Organización de un partido contrario. Por lo tanto, los socialistas también estaban detrás de desenmascarar los negocios de los nacionalistas a los que las encuestas en 2010 les daban una victoria asegurada.

Pero la puerta continúa su giro desenfrenado en el momento en que los convergentes denuncian un acoso contra el camino que han iniciado a la soberanía. Es la excusa perfecta. Las inmundicias salen a la luz para perjudicarlos.

Y sigue girando a una velocidad supersónica cuando la sociedad comienza a preguntarse por qué ni populares ni socialistas denunciaron en su momento las tropelías del primogénito. Pero hay más. Porque ahora que se sabe que presuntamente los propios convergentes se espiaron a sí mismos, según publicaba ayer El Periódico, utilizando a los mismos detectives que han trabajado para la clase política catalana desde hace años, es entonces cuando la puerta giratoria se convierte ella misma en un peligro para todos a causa del propio aire expansivo que genera su loca rotación.

¿Quién ha negociado con quién información? se preguntarán. Está claro que nos enfrentamos a un delicado momento. Hemos pasado de los billetes de 500 en una bolsa de basura para no pagar impuesto a una trama de espionaje que tenía como fin el negocio continuo de la información. Te cambio un fraude fiscal por un tráfico de influencias. Esto no es lampedusiano. Es mucho peor.

Atenor de las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hay que dar por hecho que la Jefatura Superior de Policía de Barcelona investiga cientos de informes elaborados a lo largo de los últimos años por una agencia de detectives que ha tenido como clientes a diversos partidos políticos e instituciones catalanes y que tuvo que cerrar hace seis meses. Al menos, el PSC ha reconocido que le hizo varios encargos de seguridad y, como hoy publica LA RAZÓN, miembros de Convergencia Democrática de Catalunya habrían contratado sus servicios para elaborar «hojas de buena conducta» de futuros candidatos a puestos de responsabilidad en el Gobierno. En ambos casos, es probable que no se haya vulnerado la Ley. No es ilegal encargar informes personales o rastrear supuestos micrófonos ocultos, aunque no sean unas prácticas, especialmente la primera, que se compadezcan con unas relaciones sociales y políticas sanas. El problema surge cuando se confirma que políticos y particulares han sido espiados y grabados subrepticiamente sin orden de la autoridad judicial, que es absolutamente preceptiva, y por personal ajeno a los Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que incluye a las policías autonómicas. Se trata de un delito grave, imputable no sólo al autor material de las grabaciones, sino, también, a quien hace el encargo. Es el caso de la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez–Camacho, y de una mujer, ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, grabadas contra su voluntad mientras almorzaban en un conocido restaurante barcelonés. Desde el Gobierno autonómico de Cataluña se intenta quitar hierro al asunto e, incluso, se pretende tender una cortina de humo en forma de «conspiración antinacionalista». No es el caso. Muchas de las investigaciones bajo sospecha fueron encargadas antes de que se consumara el «arrebato» separatista de CiU, y no sería extraño que hubiera diferencias políticas internas entre los sujetos investigados y quienes encargaron desde CDC los informes de buena conducta. De cualquier forma, intentar minimizar ciertos actos, indeseables en la convivencia social y democrática, no es el mejor camino que puede tomar un gobierno. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, llevó el asunto a un punto de sensatez. Sin exagerar la extensión de estas prácticas, Sáenz de Santamaría ha confirmado que la Policía está investigando a fondo todos los documentos facilitados por un ex empleado de la agencia de detectives y que el resultado de las pesquisas será elevado a la Justicia, que se encargará de establecer las responsabilidades penales en que se haya incurrido. Es el único camino posible para aclarar unas sospechas que tanto daño hacen a la imagen de unos políticos ya excesivamente cuestionados por la opinión pública.

El espionaje del Cataluñagate ha llegado hasta Can Barça. Ya se habían oído cosas pero el reconocimiento público del que fuera director general del club, Joan Oliver, deja claro que el Barça es más que un club. Básicamente un nido de víboras. Oliver se exculpa. Atribuye las órdenes a Ferran Soriano y hace una foto fija: el que encargaba los informes era Xavier Martorell, el actual Director General de Prisiones. A Martorell algunas informaciones le apuntan como responsable de encargar informes a dirigentes de CDC. Nadie ha probado nada pero ha quedado retratado.

Por si las cosas no estaban suficientemente aderezadas, Josep Antoni Duran Lleida parece que da pábulo al discurso de CDC. Según los nacionalistas, estos trapos sucios son consecuencia de un ataque en toda regla contra el proceso de transición nacional. Por eso, el líder de Unió apunta al CNI. E incluso disculpa al hoy diputado socialista José Zaragoza. La grabación de la entrevista de Sánchez-Camacho y la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola fue realizada a instancias de la UDEF. Por cierto, un apunte relevante. En una Cataluña independiente no habría ni corrupción ni espionaje. Nacionalistas varios dixit.

El Cataluñagate, con tintes de Mortadelo y Filemón, está poniendo de los nervios a todo el mundo. Ayer, cumbre policial para intentar controlar una situación que se antoja de difícil control. Hay nervios en el Ministerio. Nervios en los partidos. Nervios en la judicatura. Nervios en el mundo empresarial. Nervios en la Generalitat. El presidente catalán ha publicado su patrimonio. Buena acción, sin duda, pero seguimos sin saber cómo se lucró CDC a través del Palau de la Música y por qué una empresa beneficiada por Xavier Crespo –diputado de CiU y ex alcalde de Lloret implicado en la trama de la mafia rusa– pagó 100.000 euros a la Fundación Trias Fargas. Nos decían que las denuncias contra la familia Pujol eran mentiras. ¿Qué coño es la UDEF? Dijo el ex president Pujol en Antena 3-TV para dibujar su desprecio por las supuestas calumnias. Pues bien, primero Josep Pujol fue el que regularizó dos millones con Hacienda. Ahora lo ha emulado Oleguer Pujol acogiéndose a la amnistía fiscal. El juez ha pedido datos a Hacienda sobre Jordi Pujol Jr. –con gustos caros en forma de coches de colección– y Oriol Pujol tiene pendiente una imputación por las ITV. Con mentiras como éstas no hacen falta verdades.

España no merece quedarse a merced de grupos que actúan como policías privadas, al margen de los controles establecidos para las fuerzas y cuerpos de la seguridad pública. Los documentos difundidos ayer y hoy por este periódico indican que Método 3, teóricamente una agencia de detectives privados, se ha dedicado a las grabaciones ilegales, obtención de registros de llamadas o seguimientos de cargos públicos, empresarios y periodistas durante años. El escándalo se agranda al saber que los contratantes eran partidos políticos o empresas (una de ellas periodística) y que un mismo partido aparece a la vez como víctima y comprador de investigaciones sospechosas.

Así, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha denunciado la grabación de un almuerzo suyo con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat catalana; mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por su compañera de partido María Dolores de Cospedal, es supuesto cliente de Método 3. Otros documentos prueban que un teléfono proporcionado por el PP a su extesorero, Luis Bárcenas, también fue espiado, se ignora exactamente por quién.

Llueve sobre mojado. La Operación Pitiusa ya descubrió una trama compuesta por 135 personas que mercadeaba con declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas, historiales médicos (incluso de niños) y listados de llamadas telefónicas. Una de las personas presuntamente implicadas en esa operación trabajó también para Método 3. Los nuevos datos conocidos confirman la amplitud de las redes dedicadas a la obtención y explotación de datos confidenciales, y las fuertes sospechas de irregularidades que pesan sobre los métodos utilizados.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dice que se van a seguir más de cerca las investigaciones realizadas por las agencias de detectives. Parece una precaución insuficiente. De poco sirve regular la actividad de los detectives, como ya lo hace la ley, si no se controlan sus procedimientos ni quién encarga cada investigación. Hay que limitar el campo de trabajo de estos profesionales y penalizar con mayor dureza la violación del secreto de las comunicaciones, cuando se producen sin conocimiento del juez. Lo mismo que debe regularse la ósmosis entre policías públicas y privadas, porque si se acepta el principio de que los cuerpos policiales (o las Fuerzas Armadas) sean viveros de agentes para la seguridad privada, el Estado ha de encuadrar cuidadosamente las condiciones en que puede darse ese trasvase.

Lo sabido hasta ahora es suficiente como para temer que se hayan cometido atentados contra las libertades y los derechos constitucionales, muy lucrativos para los que se encargan de ejecutarlos y destructores de la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Qué democracia puede permitirse la actuación impune de policías paralelas?

Discúlpenme la autorreferencia, pero el pasado 15 de marzo sostuve aquí mismo, a propósito de la ya célebre comida del restaurante La Camarga entre la líder del PP catalán y una posible confidenta, que “generalmente las cosas que empiezan mal terminan peor”. Pues bien, aquel augurio se ha quedado corto, y es cada día más verosímil que el almuerzo de marras —del que pasado mañana se cumplen tres años— se convierta en la tumba política de Alicia Sánchez-Camacho.

Por un lado, han ido aumentando las sospechas —EL PAÍS aportaba anteayer nuevos indicios— de que la presunta víctima de la grabación del encuentro no era tal víctima, sino más bien cómplice de aquella burda operación de espionaje, aparentemente inspirada en los protocolos de la TIA, la agencia de Mortadelo y Filemón. Por otra parte, el acuerdo en virtud del cual, hace un par de semanas, Sánchez-Camacho otorgó a Método 3 su “más amplio perdón tanto civil como penal” a cambio de una problemática indemnización, ese acuerdo —desautorizado por la Fiscalía, por el PP catalán y por su central madrileña— induce a pensar que el máximo interés personal de doña Alicia no es aclarar los hechos sino, más bien al contrario, sepultarlos bajo paletadas de silencio y olvido.

En fin, la gradual e inexorable difusión del contenido de la charla entre las señoras Sánchez-Camacho y Álvarez está causando un daño irreparable a la imagen tanto interna como externa de la presidenta del PPC. Esta —según quienes han escuchado o leído aquel diálogo de sobremesa— aparece en él como una mezcla explosiva de frivolidad, imprudencia, arrogancia e irresponsabilidad; alguien capaz de atribuirse, por un lado, vara alta sobre ciertos policías y fiscales, y al mismo tiempo de formular gravísimas acusaciones contra algún correligionario hoy muy haut-placé en la estructura del poder estatal. Resumiendo: un perfil de indiscreción y ligereza que, en la séptima planta de la sede de Génova 13, se considera poco compatible con el liderazgo catalán del partido de Rajoy en unos tiempos tan cruciales como los que se avecinan.

Por otra parte, y a pesar de la vehemencia, de la agresividad verbal con que Sánchez-Camacho se ha empleado, a lo largo del curso político que ahora termina, en combatir todas las expresiones del proceso soberanista, no parece que esa sobreactuación, que el uso constante de términos tan enfáticos como “división”, “exclusión”, “sectarismo”, “intolerancia”, “ruptura”, “adoctrinamiento”, etcétera, le esté reportando grandes réditos demoscópicos.

En efecto, la encuesta de intención de voto divulgada por El Periódico a principios de junio atribuye al PPC, en unas próximas elecciones catalanas, una horquilla de escaños de 13-14 (5 ó 6 menos de los 19 que obtuvo el pasado noviembre), con Ciutadans pisándole los talones y en perspectiva de conseguir 12 ó 13 diputados. El más reciente barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió, por su parte, refuerza la hipótesis de un sorpasso en el seno del españolismo: la intención de voto directa a C’s más que dobla la del PP (5,1 % frente a 2,1 %), mientras que Albert Rivera es valorado casi un punto por encima de Sánchez-Camacho.

Sí, claro que en esos datos también inciden las impopulares políticas del Gobierno de Rajoy, las salpicaduras del caso Bárcenas, etcétera. Con todo, resulta espectacular que, en el actual contexto de máxima bipolarización soberanismo-unionismo, el partido español por excelencia, el que acumula más poder desde 1977, se vea amenazado en Cataluña por una joven formación local huérfana de reductos institucionales.

Y luego están las leyes no escritas que rigen la historia moderna de la derecha española en Cataluña, cuyo funcionamiento ha sido siempre el de una delegación férreamente sometida a Madrid. Ningún líder catalán de AP-PP ha cumplido más de seis años en el cargo: Jorge Fernández Díaz (1987-1991), Alejo Vidal-Quadras (1991-96), Alberto Fernández Díaz (1996-2002), Josep Piqué (2002-07)… Así las cosas, no estará de más recordar que mañana hace justamente cinco años desde que, al dictado de Rajoy, Alicia Sánchez-Camacho fue investida presidenta del PPC.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Las oscuras maniobras del Ministerio del Interior para acabar con los líderes nacionalistas de Catalunya, en la época de Jorge Fernández Díaz, pasaron por la utilización de empresas privadas pagadas con fondos públicos y reservados, como demuestran la imagen y los whatsapps obtenidos por Público en exclusiva, así como las notas informativas del comisario José Manuel Villarejo Pérez, autodenominado «agente encubierto» de la Policía y empresario de éxito.

La imagen que encabeza este artículo data de 2014, poco antes de que el ministro se reuniera con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para conspirar contra Xavier Trías, Francesc Homs, Oriol Junqueras y Artur Mas. En una terraza de Barcelona, sentados a la misma mesa, están los detectives Antonio Giménez Raso –además policía en segunda actividad a pesar de ser una profesión incompatible, según la Ley de Funcionarios de la Administración Pública– y los exempleados de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit.

Son ex compañeros de trabajo. Cuando Giménez Raso pidió el pase en segunda actividad de la Policía, a mediados de la década del 2000, creó una sociedad de investigación privada con María Férnández Lado, conocida como Marita y madre del exdirector de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco. Allí conoció a Peribáñez y Tamarit, de quienes se serviría años después, cuando abandonó Consultoría de Seguridad Avanzada S.L para ser socio –a partir de 2008– del comisario José Manuel Villarejo en Servicios de Investigación y Detección S.L.

Entre medias, El Bigotes –como se conoce a Giménez Raso en el mundo de la investigación privada según ha podido saber Público– estuvo en prisión preventiva por estar relacionado con una red de narcotráfico, aunque fue absuelto tanto por la Audiencia Provincial de Barcelona como por el Tribunal Supremo. Sorprendentemente, la Policía nunca le abrió un expediente a su todavía agente por esos hechos. Además, hasta al menos la jubilación del ex Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, siguió trabajando para la cúpula policial de manera privada, a través del entramado empresarial del funcionario Villarejo, y cobrando por sus servicios.

Pagos pendientes de Interior por ‘trabajos’ externos

En el momento que se toma esa imagen, la brigada política del Ministerio del Interior que dirigía el número dos de la Policía, el ya jubilado Eugenio Pino, estaba en plena actividad, aunque ya habían comenzado las tensiones entre dos personas de la confianza del DAO: el comisario Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos, y Villarejo, único miembro conocido de una supuesta unidad de inteligencia policial.

En las notas informativas que el agente encubierto ha entregado a los dueños de la Banca Privada d’Andorra, los hermanos Higini y Ramón Cierco –para que los presenten en su defensa y en una querella contra Martín Blas–, y que están fechadas entre julio de 2014 y enero de 2015, el propio Villarejo reconoce que ha puesto sus empresas al servicio de la Operación Cataluña y que aún no le han pagado los servicios.

En concreto, escribe (en tercera persona) en una nota informativa con fecha de 4 de julio de 2014 cuál es su situación como adscrito a la DAO: «No usa despacho en ninguna sede policial, menos aún en la DAO, empleando por medida de seguridad para el contacto con sus colaboradores, una minúscula oficina alquilada con documentación operativa, cuyos gastos por cierto, aún no se le han abonado, a pesar de que se articuló la misma por orden de la superioridad«.

Asegura también Villarejo que al no estar cumpliendo «la superioridad» como «unica ayuda» cuenta con la que «a nivel privado recibe de empleados de la estructura empresarial familiar, firmas a las que en la mayoría de las ocasiones utiliza como cobertura para sus actividades de interés policial, todo ello además, sin coste alguno para el erario público».

Sin embargo, diferentes fuentes tanto de la Policía como del mundo judicial y empresarial aseguran a Público que «son muchos los trabajos paralelos que esas empresas y Antonio Giménez Raso, socio de Villarejo, han hecho para la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal [UDEF], por ejemplo en el caso Gürtel, lo que motivó que en 2014 la Unidad de Asuntos Internos que dirigía el comisario Marcelino Martín Blas realizara una investigación que remitió a la Fiscalía Anticorrupción en la denominada Operación Colombo, en la que se relacionaban borradores de la UDEF con documentación hallada en el registro de la agencia de detectives Método 3 llevada a cabo en 2013″.

El contenido de los whatsapps incriminatorios

Una de las pruebas clave de que los detectives recibieron dinero de los fondos reservados está contenida en el listado de más de 800 mensajes de WhatsApp cruzados entre Peribáñez y su compañera sentimental en aquellas fechas, una mujer que reside en Miami y acaba de denunciar ante los Mossos d’Esquadra que está siendo amenazada –incluso con el secuestro de su hija– por haber facilitado ese material al exdirector de Método 3, Francisco Marco.

La mujer, que ruega enfáticamente no ser identificada, ha denunciado que Peribáñez trabajaba para la Policía y que ella lo vio reunirse, junto a su compañero Tamarit, con El Bigotes, un hombre al que identificó mucho después (al ver su foto) como Antonio Giménez Raso, quien presuntamente era el que les facilitaba el dinero de los fondos de Interior. Que este último era el enlace policial de los detectives queda bastante claro en el whatsapp que envía Peribáñez el 17 de enero de 2014:

“Reunión con ag, el bigotes»

A lo largo del largo historial de mensajes quedará bien claro que “ag” es Antonio Giménez, quien actúa con el sobrenombre de “Andrés” durante toda la Operación Cataluña.
Casi un año después de ese mensaje, Peribáñez dejará constancia por escrito, en conversación con su pareja, que está recibiendo dinero de Interior por sus labores de espionaje de políticos catalanes. Estos son los cuatro whatsapps:

1/12/14

P.– «He ido a buscar un regalito para mí”

Ella.– «Ah el dinero q te paga la gente esa verdad»

P.– «Ssssshhhh es un regalito»

Ella.– “Cuantos informes hicistes para ganar eso»

El diálogo no deja lugar a dudas, Peribáñez está cobrando en secreto por hacer informes sobre políticos catalanes para la cúpula de Interior con el fin de descarrilar el proceso soberanista. Otros de esos mensajes de WhatsApp, a los que Público ha tenido acceso en exclusiva, muestran claramente que es Antonio Giménez Raso, alias Andrés o El Bigotes, quien está repartiendo esos fondos, que no sólo los entrega a esos detectives sino también a otros colaboradores y testigos que participan en la llamada Operación Cataluña, según diversas fuentes coincidentes, policiales y judiciales, consultadas por este diario.

Del informe Pujol a las notas informativas a favor de los Cierco

Peribáñez y Tamarit llevaban tiempo colaborando con los Giménez Raso. Fuentes policiales y del sector de la investigación privada sitúan esta cooperación mucho antes, cuando en 2012 el agente Villarejo se hizo pasar por el periodista Javier Hidalgo y comunicó a la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que había sido grabada en el restaurante La Camarga en una trampa tendida por los líderes del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho y Jorge Moragas.

Según estas fuentes, a finales de verano de 2012 la UDEF que dirigía el comisario José Luis Olivera –hombre cercano al ministro Fernández Díaz, a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y a su esposo Ignacio López del Hierro– ya elabora una nota con parte de la información que aparece en la conversación de La Camarga, encargada a la agencia de detectives Método 3.

Sin embargo, no es hasta finales de 2012 cuando José Villarejo, haciéndose pasar por el periodista Javier Hidalgo, informa de esta grabación a Victoria Álvarez y consigue reunirse con ella gracias a que Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta le dijeron a la ex de Pujol Jr que confiara en el colaborador de sus informaciones.

Una vez convencida Vicky, Villarejo le presenta a Antonio Giménez Raso, a quien le hace pasar por el inspector jefe de la UDEF de Catalunya, Andrés García. No es a la única testigo de un caso de corrupción en la que el comisario en activo y el policía en segunda actividad les van con la misma coartada, según ha podido confirmar Público a través de otros testigos y denunciantes de corrupción.

El propio Villarejo delata otro dato importante de esta participación en los informes tóxicos de la Operación Cataluña de su socio Giménez Raso y de Tamarit y Peribañez en sus notas informativas entregadas a los dueños del BPA para su defensa –aunque están imputados no sólo en Andorra sino también en Madrid por blanqueo de capitales–.

En esta ocasión, fechada el 21 de diciembre de 2014 –cuando ya sabe que está siendo investigado por Asuntos Internos por la grabación de una reunión con el CNI en el caso del pequeño Nicolás– intenta acusar al comisario Martín Blas y al inspector Rubén López de actividades ilegales en la investigación de los Pujol y afirma que éstos se autoenviaron «el 13-4-2014 una carta certificada urgente desde la oficina 0827694 de Barcelona con el nombre de Andrés García como remitente, para así justificar una supuesta denuncia anónima».

Resulta curioso, «porque acreditar una denuncia anónima cuando hay un remitente, Andrés García que se llama igual que el alias que emplea Giménez Raso, y hasta se sabe la oficina de correos y el día, teniendo en cuenta que hay cámaras de seguridad en las oficinas de correos, parece que es algo sencillo», subrayan fuentes cercanas a la Dirección Adjunta Operativa, que además niegan que ningún anónimo llegase a Asuntos Internos en esas fechas.
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​Demasiados indicios de una conspiración que ya es evidencia.