La crisis económica obliga al Gobierno de Zapatero a dar un giro de 180 grados e iniciar ajustes y recortes sociales para ahorrar

El presidente Zapatero presentó ayer un recorte del gasto público que supone el mayor y más radical cambio de rumbo económico llevado a cabo por un Gobierno democrático en España. Sin duda, la extrema gravedad de la situación lo requería. Como también exigía la dureza de las medidas anunciadas, entre las que se encuentran algunas que eran inaplazables al menos desde finales de 2009.

El discurso del presidente estuvo a la altura de las circunstancias. Lo que, en sentido contrario, implica que no lo ha estado durante los dos últimos años. Sustituir las difíciles decisiones que requerían la economía española y la defensa del euro por una retórica maniquea, y no sin ribetes populistas, en defensa de políticas calificadas de sociales y de izquierda, aunque estuvieran lejos de serlo, ha hecho perder un tiempo que ahora hay que recuperar con urgencia y haber corrido riesgos sólo aplacados de momento.

El Zapatero que ayer tomó la palabra en el Congreso de los Diputados se desmintió a sí mismo con más contundencia que sus críticos, completando un giro copernicano en la plasmación de los principios ideológicos que invocaba. Resulta paradójico que el Gobierno promoviese en el palacio de Zurbano un pacto de Estado en torno a un heterogéneo listado de medidas de escasa trascendencia y que, apenas unas semanas después, afronte en solitario un duro ajuste del gasto público. Si algún paquete de medidas requería intentar un pacto era el anunciado ayer, y el Partido Popular corre el riesgo de erosionar su condición de alternativa si busca capitalizar desde el oportunismo, como dejó vislumbrar ayer, el inevitable coste político y social que acarreará una decisión que no admitía más aplazamientos.

El Gobierno ha optado por un recorte drástico, rápido y capaz de recuperar la credibilidad perdida. El mayor volumen de gasto en la estructura del Presupuesto español se concentra en los salarios de los empleados de la Administración y las pensiones y costes sociales, con especial mención a los directamente derivados del desempleo. Desde el momento en que el Gobierno se ha visto obligado a aplicar un ajuste profundo y rápido bajo presión internacional, le ha resultado imposible mantener inalteradas las partidas con las que pretendía marcar distancias con el PP. La salida de la crisis no se juega en las escaramuzas políticas internas, sino en un tablero mucho más amplio en el que España está bajo atenta observación.

Ninguna de las medidas anunciadas por Zapatero es injusta ni ilógica, incluyendo la no revalorización de las pensiones, a excepción de las mínimas y las no contributivas, o la bajada del sueldo de los funcionarios. La primera es una decisión dolorosa, pero tendrá menos impacto que una drástica rebaja, que sería necesaria si ahora no se aplica la congelación. En cuanto a la segunda, cabe explicarla porque los trabajadores del sector público no habían sufrido hasta el momento el peso de la crisis, que sí han experimentado los asalariados del sector privado.

Los agentes sociales, en especial los sindicatos, no deberían enturbiar el ajuste con suspensión de negociaciones, huelgas y protestas. Tampoco el PP puede desentenderse del esfuerzo al que, por fin, ha convocado el Gobierno. Una recesión tan profunda como la actual exige una pérdida global de rentas, y la anunciada ayer es el sacrificio mínimo necesario para mantener la solvencia en las finanzas públicas. Zapatero y su Gobierno han perdido desde 2007 muchas oportunidades de repartir el coste de la crisis; en esta ocasión, se trata, sin embargo, de no dilapidar una prosperidad lograda entre todos y de cuya salvaguarda todos debemos, hoy más que nunca, hacernos responsables. Que la rectificación llegue tarde no autoriza a nadie responsable a torpedear el esfuerzo.

El de ayer fue uno de los días más desoladores que se recuerdan en nuestro vigente sistema constitucional. Fue la constatación definitiva de un Gobierno noqueado, desbordado por la realidad que han generado su incapacidad manifiesta y sus mentiras. Fue la puesta en escena irrevocable de la distancia que separa al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero de la opinión pública de un país que avanza de la crisis al desastre. El clamor ha ido cobrando fuerza, ha ido tomando cuerpo: Zapatero debe dimitir.

Debe dimitir porque es una desgracia de ineficiencia para la vida nacional. Debe dimitir porque todo lo ha hecho tarde y todo lo ha hecho mal. Con el Gobierno en un nivel de descrédito subterráneo, hace mucho tiempo que Zapatero no es parte de la solución, sino el núcleo mismo y la causa del problema. Ayer asistimos a la ceremonia definitiva por la que este Gobierno ha terminado de enterrarse.

Si hay algún resquicio de patriotismo, de consideración, de responsabilidad en el todavía presidente Rodríguez Zapatero, urge con todo apremio el fin anticipado de la legislatura, la disolución de las Cortes y la convocatoria, a la mayor brevedad, de elecciones anticipadas. Por el bien de la Nación, y en el nombre de tantos y tantos españoles de bien: márchese, señor Rodríguez Zapatero. Sólo su abandono podrá limpiar en alguna medida su nombre para la historia nacional.

LA SESIÓN parlamentaria de ayer permanecerá en la memoria como una jornada histórica: ningún gobernante democrático desde la Transición había asumido una rectificación en su política como la que protagonizó Zapatero. Dijo que iba a hacer las cosas que siempre había dicho que jamás haría, algo difícil de «entender» para «muchos ciudadanos», como él mismo reconoció.

Lo que Zapatero anunció es el mayor recorte de derechos adquiridos desde el inicio de nuestra democracia, con medidas tales como la rebaja de los sueldos de los funcionarios y los altos cargos de la Administración, la congelación de las pensiones el año que viene y la supresión del cheque-bebé. La encuesta realizada ayer por Sigma Dos para nuestro periódico pone en evidencia que el 60% de los ciudadanos rechaza la vuelta de tuerca a los sueldos de los pensionistas, aunque un 46% está a favor de la reducción salarial a los funcionarios.

Veremos cómo reaccionan los sindicatos, pero hay que recordar que a Felipe González le montaron una huelga general en 1988 por un plan de empleo juvenil que, según UGT y CCOO, precarizaba las condiciones de trabajo de ese colectivo. Si un Gobierno del PP se hubiera atrevido a sacar adelante unas iniciativas similares, no es exagerado afirmar que España habría ardido por los cuatro costados. Dicho esto, hay que reconocer que ajustes como los anunciados por Zapatero son, en buena parte, necesarios e inevitables en una situación de profunda crisis como la que atravesamos. Lo que se le puede reprochar es haber llegado indolentemente a esta situación hasta tener que adoptar, como dijo ayer Rajoy, medidas «impuestas» e «improvisadas».

Impuestas porque son el resultado de la presión ejercida por los principales líderes de la UE y el propio Obama, que no han dejado a Zapatero otra alternativa que efectuar ese recorte del gasto al que se negaba el pasado miércoles en su cita con Rajoy.

E improvisadas porque han sido adoptadas tras la dura acometida de los mercados que obligó este pasado fin de semana a los ministros de Economía de la UE a adoptar un nuevo plan para sostener el euro y evitar el contagio de la crisis griega a España y Portugal.

Por ello, sería muy conveniente una nueva reunión entre Zapatero y Rajoy para afinar estas medidas y pactar nuevos recortes como las subvenciones a partidos, sindicatos y patronal, que el líder del PP propuso ayer. Parece también conveniente el consenso sobre una reforma laboral, vital para crear empleo. Ayer, Rajoy, de una manera un tanto desconcertante, pareció asumir postulados de la izquierda en su afán de demostrar que tiene política social, lo cual no debe conducirlo a la demagogia.

Es evidente que Zapatero estaba muy incómodo en su complicada comparecencia, pero las contradicciones de su política quedaron desnudas cuando aseguró que no era «previsible» lo que ha pasado en los últimos días en los mercados. Por el contrario, era totalmente previsible y así se lo habíamos avisado en tres editoriales consecutivos en los que advertíamos del altísimo riesgo que suponía no tomar medidas de recorte del gasto.

Zapatero ha reaccionado demasiado tarde y eso va a tener un enorme coste político para él, ya que ahora los sindicatos y un sector de la izquierda le pueden acusar de plegarse a los dictados de Angela Merkel y Obama. No faltó ayer quien le pidió que se someta a una moción de confianza o que, en su defecto, disuelva las Cámaras para convocar elecciones en otoño. Zapatero ha llegado al final de su escapada. Ahora le toca gestionar una durísima situación que él ha contribuido a crear con su irresponsabilidad. En el pecado lleva la penitencia de ese ajuste casi a la griega que tendrá que pilotar.