La división interna en el PNV causa la dimisión de Román Sodupe como presidente del EBB que es reemplazado por Jesús Insausti

LA ABRUMADORA victoria obtenida por los seguidores de Carlos Garaicoetxea en la asamblea convocada en Zarauz para renovar el comité ejecutivo de Guipúzcoa (el Gipuzko Buru Batzar) del PNV ha forzado a Román Sudupe -derrotado en esas elecciones- a abandonar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (el Euskadi Buru Batzar). Los puestos que ocupaban Sudupe y sus otros dos compañeros en el órgano supremo del PNV serán ahora desempeñados por Joseba Arregui, Gotzon Olarte y Paco Pozueta, a quienes los nacionalistas guipuzcoanos han dado sus votos. Aunque la incorporación a la dirección de esos tres nuevos miembros permitirá a la corriente partidaria de Garaikoetxea disponer de voz y voto en el Comité Ejecutivo Nacional, la tendencia política que obligó al antiguo lendakari a abandonar la presidencia del Gobierno vasco conserva todavía una desahogada mayoría.Las líneas divisorias entre las dos principales tendencias que se disputan la supremacía dentro del PNV carecen de la nitidez suficiente para formular diagnósticos seguros. Aunque sería poco realista descartar la influencia de los agravios individuales y de las incompatibilidades de carácter en la vida pública, la rivalidad entre Garaikoetxea y Arzallus no explica por completo y por sí sola las divisiones internas en el seno del PNV. La disputa entre el Gobierno presidido por Garaikoetxea, de un lado, y las diputaciones provinciales y el Comité Ejecutivo del PNV, del otro, acerca de la interpretación de la ley de Territorios Históricos y el reparto de las competencias y de los fondos presupuestarios fue demasiado técnica para suscitar pasiones políticas tan enconadas como las que enfrentan hoy a los nacionalistas.

El documento interno aprobado hace una semana por el Comité Ejecutivo del PNV, presidido aún por Román Sudupe, no hace sino confirmar el simplismo de quienes interpretaron la defenestración de Garaikoetxea como la remoción del único obstáculo existente para una reconversión ideológica del nacionalismo vasco. Ese texto doctrinal, dirigido a las bases del partido, reafirma el programa máximo del PNV, rechaza la idea de que se haya transformado «en una especie de partido regionalista» y sostiene que «si la defensa de la identidad del pueblo vasco aconsejara o exigiera de nuestro pueblo en una determinada circunstancia el ejercicio del derecho a la autodeterminación, con un planteamiento independentista, debe quedar claro que el PNV no vacilaría en asumir tal responsabilidad». Hasta la violencia sería permisible para la consecución de los objetivos políticos nacionalistas en un caso límite de legítima defensa. El principio de las nacionalidades elaborado por la teoría política del siglo XIX y los pactos internacionales legitimarían ese derecho a la autodeterminación que el PNV, sin embargo, no defendió a ultranza en los trabajos de las Cortes Constituyentes. La perspectiva a largo plazo de una nación vasca dentro de una Europa unida constituye la principal revisión doctrinal modernizadora del antiguo aranismo.

En el terreno ideológico, así pues, nada ha cambiado, ni para bien ni para mal, con la sustitución como lendakari de Garaikoetxea. Pero el rigorismo y el maximalismo doctrinales coexisten, como es habitual en los pronunciamientos del PNV, con el pragmatismo y la flexibilidad de sus planteamientos políticos. Porque el documento se apresura a señalar que la parte del pueblo vasco que habita a este lado de la frontera «está incardinado dentro del Estado español y en posesión de un Estatuto de autonomía con las limitaciones, los derechos y las responsabilidades que una situación así lleva implícitos». La necesidad de «asumir tanto lo bueno como lo malo» de la vía autonómica y de «ser coherentes con el estado legal en que nos encontramos» justifica la conveniencia de huir de «una política de gestos testimoniales y demagogias monzonianas, que la historia nos ha demostrado hasta la saciedad que tienen escasa utilidad en períodos de normalidad». La defensa de la identidad del pueblo vasco y de la asunción del poder político para llevarla a efecto «debe adaptarse a los tiempos y a las circunstancias, sin renuncia de nada, pero sin caer en la anquilosis de las formulaciones».

Las luchas internas en los partidos suelen exacerbar los planteamientos ideológicos y excitar las reacciones pasionales. Los esfuerzos de la corriente afin con Garaikoetxea para conquistar la mayoría dentro del PNV y la estrategia de la actual dirección para conservar su predominio son perfectamente legítimos en una organización democrática. Sin embargo, sería altamente lesivo para las instituciones de autogobierno y seriamente perjudicial para el propio nacionalismo que las dos tendencias en conflicto jugaran al alza en la subasta ideológica del ultranacionalismo y de las emociones independentistas. El pacto entre el lendakari Ardanza y los socialistas vascos constituye técnicamente un instrumento para la estabilidad del Gobierno monocolor del PNV, pero políticamente crea las bases para acordar entre todas las fuerzas democráticas el conjunto de reglas de juego y de valores que el funcionamiento de un sistema pluralista exige. El objetivo de «restaurar el consenso sobre la edificación institucional de la Comunidad autónoma», con la deseable colaboración de Euskadiko Ezkerra y Coalición Popular, es una aspiración tan ampliamente extendida en la sociedad vasca, incluidos los votantes del PNV, que no debería ser puesta en peligro por los conflictos intrapartidistas del nacionalismo moderado.