La justicia confirma que la expulsión de Alonso Puerta como concejal de Madrid por parte de Tierno Galván fue ilegal

La satisfacción moral que la Audiencia Territorial acaba de dar al que fue segundo teniente alcalde del Ayuntamiento socialcomunista de Madrid, Alonso Puerta, reponiéndole de pleno derecho en su concejalía, aunque sea ya por pocos días, merece un comentario urgente, sobre todo ahora, cuando el PSOE nos amenaza después del invento del ‘cambio’, con lanzarse sobre ‘el pueblo’ y sobre ‘la tierra’ como dicen sus carteles.

A estas alturas Alonso Puerta sabe ya y en su propia carne, que el dogma del PSOE es éste: “Ninguna crítica del socialismo es una crítica de buena fe”. Para los socialistas todas las críticas son de derechas y, en consecuencia, no merecen la menor consideración. Ven en la oposición el origen de todos sus males, pasados, presentes y futuros. El origen único. Por eso no admiten amigos críticos. Sólo ven enemigos. Todo crítico se convierte, por definición, en un enemigo. Y el objetor  que les opone argumentos, en nombre de lo que piensa y de lo que él estima de interés para el partido, es asimilado inmediatamente al adversario que trata de destruirls. Esto es así, y no hay más vuelta que darle. La docilidad a la línea del partido en cada momento es la única “ética” permitida.

En buena ley y dentro de las coordinadas democráticas, lo que hizo Alonso Puerta al denunciar la adjudicación de contratas por parte del Ayuntamiento a empresas que pagaban comisiones al PSOE, debió ser encajado y aplaudido por los dirigentes de un partido que viene alardeando de cien años de honradez y que ha colocado a la ética en el frontispicio de todas su campañas. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Primero le presionaron para que firmase una carta, escrita por ellos mismos, en la que se quitaba gravedad al asunto: “Sosiéguese, Puerta – le decía el alcalde – porque vivimos en un momento de grave tensión”. Después suspendieron una reunión de los concejales socialistas convocada por Puerta para hablar del asunto y organizaron en la Casa del Pueblo  un verdadero ‘juicio popular’ concluido con la expulsión de Puerta del PSOE. Y por último se le prohibió el paso al salón de sesiones del Ayuntamiento y se le privó de cargo de concejal para el que había sido elegido por los ciudadanos, no por el partido. Se había repetido con distinto motivo, un espectáculo similar al juicio de Revilla.

Contra esta sucesión de dictados, tan lejanos a la democracia, se rebeló Puerta por las vías legales, a pesar de que en l mismo ayuntamiento le decían que era ‘un enorme error jurídico intentarlo”. Pero la Ley es la ley y la Audiencia Territorial acaba de fallar la disconformidad con el ordenamiento jurídico de la prohibición a Puerta del acceso a la sesión del Pleno de 9 de octubre de 1981, por parte del alcalde y el acuerdo de dicho pleno de aceptar la comunicación del PSOE de la baja de dicho concejal. Es decir, una condena inequívoca de lo decidido por el viejo profesor de Derecho en ejecución de la orden del partido.

Sin embargo, ni con estas podrá volver a sentarse de nuevo como concejal en la Casa de la Villa porque el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia de la Audiencia Territorial, sin importarle que en esta sentencia se recogía la jurisprudencia sentada sobre el caso por el Tribunal Constitucional. Lo importante es que Puerta aprenda de una vez y para siempre que quien critica al PSOE y se desvía de la línea oficial, no levanta ya cabeza, aunque tenga a la Ley de su parte y haya sido elegido por el pueblo.

Alonso Puerta tiene, como decía al comienzo, la satisfacción moral de la justicia de los Tribunales y la libertad de despacharse a gusto sobre la actitud del alcalde.

“Hago extensiva – ha dicho – la valoración negativa al alcalde, que se sometió a las órdenes de las direcciones federal y regional del PSOE, subordinando la dignidad del alcalde y socialista no a los grandes objetivos y a la ideología de un partido respetuoso de las indemnizaciones, sino al sectarismo y prepotencia de un aparato político que administra mal los votos otorgados por los ciudadanos y controla a la perfección la asignación de cargos públicos a los militantes más obedientes y hasta serviles. Es especialmente lamentable la actuación del alcalde, que en la democracia se siente obligado a ser el máximo ejecutor de unas actuaciones declaradas, además de inconstitucionales, contrarias al ordenamiento jurídico”.

Personalmente no puedo menos, como concejal y como ciudadano, de aplaudir la decisión de Alonso Puerta de invocar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución para tirar de la manta en otros Ayuntamientos (Santiago, Elche, Murcia, Palencia, Mérica, Lorca, etc.) en los que cree tener pruebas del a existencia de irregularidades administrativas, intentos de soborno e incluso de cohecho. Todo sea por conseguir Ayuntamientos más limpios en el futuro, sean del signo político que sean sus dirigentes.

José María Álvarez del Manzano