2 diciembre 1993

La muerte en tiroteo del capo colombiano Pablo Escobar acaba con el símbolo del narcotráfico

Hechos

Fue noticia el 2 de diciembre de 1993.

Lecturas

Pablo Emilio Escobar Gaviria murió el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, y dieciséis meses después de protagonizar una de las mayores humillaciones sufridas por el Estado colombiano: su fuga de La Catedral. Desde julio de 1992 había vuelto a ser un prófugo, pero ya no era el Escobar todopoderoso de finales de los ochenta. El Gobierno de César Gaviria había reorganizado el Bloque de Búsqueda, dirigido por el coronel Hugo Martínez; Estados Unidos aportaba asistencia técnica y de inteligencia, mientras alrededor del capo había aparecido otro enemigo mucho menos presentable: Los Pepes —Perseguidos por Pablo Escobar—, una alianza formada por antiguos socios y víctimas de Escobar, hombres relacionados con el cartel de Cali y los paramilitares Fidel y Carlos Castaño. Sus hombres asesinaron a colaboradores, abogados y testaferros de Escobar y destruyeron propiedades de su organización. Existen además abundantes evidencias posteriores de intercambios de información y colaboración entre miembros de organismos estatales y Los Pepes, aunque nunca se esclareció judicialmente toda la extensión de esos vínculos.

A finales de 1993 el imperio se estaba desmoronando. Muchos de sus principales sicarios habían muerto, habían sido detenidos o se habían entregado; su estructura financiera era atacada y su familia se había convertido en su mayor preocupación. Precisamente esa preocupación contribuyó a localizarlo. Escobar mantenía conversaciones telefónicas con su hijo Juan Pablo, mientras las autoridades rastreaban las emisiones. El 2 de diciembre una de esas llamadas se prolongó lo suficiente para permitir al Bloque de Búsqueda reducir el área hasta una vivienda del barrio Los Olivos de Medellín. Cuando los policías entraron, Escobar y su último guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, “El Limón”, intentaron escapar por los tejados. Hubo un intercambio de disparos. Ambos murieron. La imagen del cadáver descalzo de Escobar extendido sobre un tejado, rodeado de policías sonrientes, dio inmediatamente la vuelta al mundo.

Quedaría una controversia sobre quién efectuó el disparo mortal. La versión oficial sostiene que Escobar murió durante el enfrentamiento con el Bloque de Búsqueda; familiares suyos defenderían después que se suicidó con un disparo junto al oído, y han existido también versiones que atribuyen la muerte definitiva a miembros de las fuerzas que lo perseguían. Ninguna de esas alternativas ha desplazado de manera concluyente la reconstrucción oficial: fue localizado por el Bloque de Búsqueda, trató de escapar y murió durante el operativo. Lo indiscutible es que aquel hombre que había conseguido evadir durante dieciséis meses a todo el aparato del Estado terminó siendo localizado por aquello de lo que no había logrado desprenderse: la necesidad de hablar con su familia.

Con él desaparecía uno de los principales responsables de la etapa más sangrienta del narcoterrorismo colombiano. Resulta imposible elaborar una lista completa y judicialmente depurada de «las víctimas de Pablo Escobar», porque alrededor del cartel de Medellín actuaron numerosos sicarios y organizaciones asociadas y algunas responsabilidades concretas continuaron investigándose durante décadas. La propia Policía colombiana ha situado en unos 5.000 muertos el balance de la violencia atribuida a Escobar y su organización. Entre los nombres y atentados emblemáticos aparecen el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984; el director de El Espectador, Guillermo Cano, en 1986; el procurador general Carlos Mauro Hoyos, en 1988; el coronel de la Policía Valdemar Franklin Quintero y el candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinados en agosto de 1989; y el exministro de Justicia Enrique Low Murtra, muerto en 1991. La guerra contra la extradición convirtió además a policías, jueces, periodistas y funcionarios en objetivos sistemáticos.

Pero la dimensión de Escobar se entiende todavía mejor recordando a las víctimas que ni siquiera eran enemigos suyos. El 27 de noviembre de 1989, una bomba destruyó en vuelo el Avianca 203, Bogotá-Cali: murieron sus 107 ocupantes, en un atentado atribuido al cartel de Medellín que pretendía matar a César Gaviria, quien finalmente ni siquiera viajaba en el avión. Nueve días después, un camión bomba devastó la sede del DAS en Bogotá, causando decenas de muertos y centenares de heridos. El 2 de septiembre de aquel mismo año otro camión bomba había destruido parte de la sede de El Espectador y herido a 73 personas. A ello hay que sumar coches bomba, secuestros, asesinatos de policías y una política de terror cuyo objetivo era extraordinariamente sencillo: convencer a Colombia de que mantener la extradición resultaba más caro en vidas que aceptar las exigencias de los narcotraficantes.

Por eso el cadáver del tejado de Los Olivos significa bastante más que la muerte de otro capo. Pablo Escobar había intentado demostrar que un particular con suficiente dinero podía declarar la guerra a un Estado y obligarlo a negociar. Había comprado hombres, ordenado asesinatos, aterrorizado ciudades, conseguido prohibir constitucionalmente la extradición, negociado su entrega, vivido en una cárcel sometida en gran medida a sus condiciones y escapado cuando el Gobierno quiso recuperar su control. El 2 de diciembre la última imagen invirtió por fin el relato: ya no era el Estado buscando impotentemente a Pablo Escobar. Era Pablo Escobar muerto y el Estado todavía en pie.

04 Diciembre 1993

Muerte de traficante

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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LA FUGA de la cárcel, en 1991, de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín, muerto anteayer por la policía, convirtió a su país de rehén en perseguidor del narcotráfico. Hasta entonces, el presidente Gaviria había cedido al espejismo de la paz a cambio de garantizar a Escobar su inmunidad frente a la extradición a Estados Unidos. El encarcelamiento voluntario del capo fue acogido con júbilo por la ciudadanía. Pero la solución tenía trampa: ningún criminal puede ser encarcelado porque ésa sea la alternativa que él ofrece al estado de guerra. El cese de la contienda en tales condiciones es pura apariencia: en cuanto algo contraría al delincuente (la intención de cambiarle a una cárcel más segura), éste rompe el pacto -se escapa- y vuelve a tomar al país como rehén. Y lo que mayor mentís dio al canto de victoria del Ejecutivo colombiano fue que durante el breve encarcelamiento de Escobar el narcotráfico no se interrumpió, el capo siguió dirigiendo el cartel y el rosario de muertes no tuvo el fin que había sido acordado.En realidad, casi fue un alivio que Escobar escapara y volviera a la clandestinidad. De un atípico benefactor de la paz pública pasó a ser de nuevo el delincuente perseguido por la justicia. El narcotraficante empezó así una salvaje huida hacia adelante. Horroriza enumerar los muertos y destrozos causados. Durante los casi dos años y medio que ha durado la aventura final de Escobar, se le. ha oído declararse defensor de los derechos humanos, proclamarse libertador de la región de Antioquia y, ante la negativa del Gobierno a negociar los términos de una nueva rendición, declararle la guerra mediante la creación de un grupo armado, Antioquia Rebelde. Escobar combinó una especie de mística del terror con el mito de un Robín de los Bosques salvador de las gentes depauperadas de su provincia, cosa relativamente fácil si se piensa en los fondos que maneja el narcotráfico. Pero se trataba de cortinas de humo para huir de la persecución policial y de la decisión del Gobierno de no volver a ceder a sus pretensiones.

Claro que, después de su huida, habían aparecido pruebas de que Escobar no era el criminal relativamente menor que había querido creer la óptica gubernamental con tal de conseguir la paz y que había ingresado voluntariamente en la cárcel en junio de 1991. Ahora había evidencia de asesinato, incluso clara indicación de que era el autor de la muerte de un candidato presidencial y de innumerables actos de terrorismo. ¿Cómo negociar con él nada que no fuera su rendición? Al final, Escobar intentó defender a su familia: su indiscreción con el teléfono lo perdió. Fue más determinante en su localización la presión psicológica por su progresivo acorralamiento que la eficacia de los cuerpos policiales.

Su muerte resuelve pocas cosas mas que la desaparición de un violento asesino y de. uno de los mayores narcotraficantes de la historia. No es un golpe de muerte al narcotráfico. Si acaso, abre una guerra por la sucesión de uno de los clanes de la droga. Y al final queda poco más que la moral que el hecho puede insuflar a un Gobierno muy necesitado de victorias.

03 Diciembre 1993

Cuarenta y cuatro años y un día

John Müller

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«Al final, Pablito no era tan bueno para los tiros», comentaron ayer los miembros del Bloque de Búsqueda, una organización especial de policías y militares encargados de la operación en la que se dio muerte a Escobar. Nada más lejos de la realidad. Desde que en 1984 entró en la clandestinidad, tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Pablo Emilio Escobar Gaviria se convirtió en el azote del Gobierno colombiano, multiplicando los atentados de su organización, el archiconocido cartel de Medellín. Buscado en medio planeta y reclamado por la Justicia de EEUU y de Colombia, Escobar era, en los últimos meses, un fugitivo acorralado. Aunque el golpe de gracia se lo dieron ayer las fuerzas seguridad, los artífices de su caída han sido los «Pepes» (Perseguidos por Pablo Escobar), una organización paramilitar que, tras su fuga de la prisión de Envigado, en julio de 1992, se convirtió en el perro de presa que seguía las huellas del «capo». Los «Pepes», de quienes se sospecha que cuentan con el discreto apoyo del Gobierno colombiano y de la DEA (Agencia antinarcóticos de EEUU), usaron las mismas malas artes que utilizó Escobar para su peculiar «guerra sucia»: atacaron la casa de su madre, Herminia Gaviria de Escobar, asesinaron a varios de sus colaboradores, dinamitaron sus fincas, y se acercaban, cada vez más, a su esposa y sus hijos. Los últimos días de Escobar y su familia son una auténtica carrera contra el reloj. En mayo, cuando hizo su última oferta al Gobierno para volver a la cárcel, pidió expresamente que se protegiera a su esposa y a sus hijos de la jauría de los «Pepes». El fiscal les ofreció una protección que el «capo» juzgó ridícula y decidió enviarlos a todos a Chile. Descubiertos por las autoridades de Santiago, la familia de Escobar fue expulsada en julio y, tras la negativa de España a acogerlos, salió con destino a Alemania, donde fueron recibidos como turistas por tres meses. Cuando expiró el plazo volvieron a Colombia. La semana pasada, cuando el asedio de los «Pepes» se intensificó, María Victoria Henao, esposa de Escobar, y sus hijos Juan Pablo y Manuela, de 17 y 9 años de edad, intentaron de nuevo entrar en el país, pero el Gobierno de Bonn se lo impidió y volvieron a Bogotá el mismo día que el «capo» cumplía 44 años: el 1 de diciembre. Desde la clandestinidad y en el que sería su último golpe de efecto, Escobar criticó al Gobierno alemán y exigió que las Naciones Unidas garantizaran la vida de él y su familia a cambio de rendirse a las autoridades.

De nada le valieron sus ofertas. Después del engaño de «La Catedral», la lujosa cárcel de Envigado donde purgó la condena de su primera rendición y de la que se fugó hace más de un año, el Gobierno colombiano ya no se fiaba de Escobar que desde la cárcel siguió dirigiendo sus negocios. Lo peor es que, tras la fuga, sus rivales del cartel de Cali también querían vengarse de él, ya que pensaban, con razón, que Escobar había entregado información sobre las redes narcotraficantes a cambio de una generosa reducción de su condena. La carrera criminal de Escobar, nacido en 1949 en Rionegro (Antioquia), comenzó en 1970, cuando se dedicaba, como miles de «gamines», a buscarse la vida robando automóviles y lápidas de tumbas. Después comerció con objetos robados y se inició en la venta de marihuana. Su primera incursión en el negocio del contrabando de cocaína se remonta a 1976, cuando fue detenido junto a su primo, Gustavo Gaviria, muerto por las fuerzas de seguridad en 1991. Necesitado de una buena «tapadera», Escobar se dedicó a la política y llegó a ser elegido miembro suplente de la Cámara de Representantes. También se convirtió en un «mecenas» que regalaba polideportivos y casas a los pobres de Medellín donde los chavales le llamaban con cariño y admiración «Don Pablo». Entre tanto, fue amasando una fortuna que se ha cifrado en 3.000 millones de dólares. Según datos de la DEA, en 1985 Escobar era responsable del 80% de la cocaína consumida en EEUU. La guerra se desató tras la muerte de Lara Bonilla y Escobar popularizó el término «narcoterrorismo». El incorruptible diario El Espectador, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fueron puntos destacados de una sangrienta lista. Los peores crímenes se produjeron a finales de los años 80, cuando el ex presidente Virgilio Barco amenazó con extraditar a los narcotraficantes a EEUU. Los mafiosos, bautizados como «los extraditables», sembraron de cadáveres el país. En marzo de 1991, Escobar, en una entrevista exclusiva concedida a EL MUNDO, afirmaba que no quería «más guerra» y hasta se mostraba pedagógico: «Más que acabar con el negocio se debe pensar en la educación basada en la información médica y científica. Claro que no es lo mismo el crack que la cocaína. Tampoco es lo mismo la cocaína que la heroína. De la misma manera que no es lo mismo el vino que el whisky. Para mí no existen diferencias entre un alcohólico y un drogadicto». Ese mismo año, el presidente César Gaviria lanzó su política de «sometimiento» y diálogo que dio lugar a la gran fuga de «La Catedral». El último año fue una huida constante. Los «Pepes», por un lado, las Fuerzas de Seguridad, por otro, fueron estrechando el cerco. Separado de su familia desde hace dos años, sus ruegos a María Auxiliadora de nada le sirvieron: ayer, Pablo Escobar, el hombre más buscado de la Tierra, el delincuente que escapó a cinco cercos policiales y sobrevivió a un atentado de sus rivales, murió mientras intentaba huir de la Policía apenas cumplidos los 44 años y un día.

El Análisis

El Estado sobrevive al patrón

JF Lamata

Colombia tiene hoy motivos para sentir alivio, pero debería tener cuidado antes de convertirlo en orgullo sin matices. La muerte de Escobar destruye un símbolo poderosísimo. Después de la fuga de La Catedral había quedado instalada una imagen insoportable: el narcotraficante podía imponer las condiciones de su entrega, vivir en una prisión que parecía su finca particular y marcharse cuando el Gobierno intentaba trasladarlo. Durante dieciséis meses cada día que permaneció libre prolongó aquella humillación. Hoy esa leyenda recibe un golpe quizá definitivo. El hombre que parecía capaz de comprarlo todo, intimidarlo todo y escapar de todos ha terminado descalzo sobre un tejado de Medellín. La propia Policía interpreta su caída como el momento en que empezó a derrumbarse el mito de la invulnerabilidad de los grandes carteles. Y ésa puede ser la consecuencia más importante: demostrar a los próximos capos que una fortuna de miles de millones permite comprar políticos, policías, sicarios, mansiones y tiempo, pero no necesariamente permite comprar la victoria final contra un Estado que decide perseguirlos sin descanso.

Pero Colombia tampoco debería engañarse pensando que hoy ha derrotado al narcotráfico. Ha derrotado a Pablo Escobar. El cartel de Cali continúa funcionando y, de hecho, algunos de sus hombres participaron en el frente clandestino que contribuyó a debilitar a su rival; Los Pepes han combatido el crimen mediante asesinatos y terrorismo propios, y las conexiones de esa organización con sectores de los aparatos estatales dejan una sombra muy poco compatible con una celebración impecable del Estado de derecho. Ése es el balance incómodo: Colombia puede presumir de que Escobar no consiguió doblegar definitivamente a sus instituciones, pero debe avergonzarse de cuánto llegó a doblegarlas antes de morir. Un solo narcotraficante consiguió obligar durante años a toda una democracia a vivir pendiente de sus bombas, corrompió instituciones, asesinó a quienes se le enfrentaron y llegó a construir una cárcel en la que el prisionero parecía mandar más que sus guardianes. La victoria de Colombia no consiste simplemente en que Pablo Escobar haya muerto; consistirá en conseguir que nunca vuelva a existir un Pablo Escobar al que haya que derrotar de esta manera.

JF