La RTVE de García Candau sanciona a los trabajadores Bernardo Fuentes Bobo y Luis Conde Martín por publicar un artículo acusando a los directivos de «corruptos» y «sanguijuelas»

Once años después de haber tomado el poder, ni el Gobierno, ni el PSOE han cumplido una sola de aquellas promesas de democratizar, dignificar y potenciar la radiotelevisión pública. Por el contrario, los directivos, puestos por ellos en RTVE, han logrado que sus antecesores parezcan menos nocivos.

La escandalosa situación actual es la lógica consecuencia de un proceso interesadamente destructivo que inició en el año 1982 José María Calviño, primer director general de RTVE nombrado por el PSOE. Este autoproclamado defensor de la TV pública y pionero de la TV privada, comenzó la subrepticia privatización de RTVE renunciando a percibir dinero de los Presupuestos Generales del Estado y encargando programas a productoras privadas que, ‘casualmente’, pertenecían a personas con carnet del PSOE o muy afines. Sus tres sucesores no hicieron sino aumentar y acelerar el proceso de deterioro interno y privatización de RTVE.

El actual director general Jordi García Candau y su equipo directivo están culminando, descaradamente, el proceso de desmantelamiento y privatización de RTVE. Pero, en esta fase del destructivo proceso, han añadido acciones y situaciones que es muy probablemente sean delictivas: no sólo están descapitalizando profesional y económicamente TVE, sino que, además, están transvasando un patrimonio de todos los españoles a empresas privadas situadas en la competencia.

La fuga de altos directivos/ejecutivos de TVE a ANTENA 3 TV y TELECINCO, llevándose consigo información privilegiada sobre situación y proyectos de producción de TVE, son muy significativos. La recontratación en nombre de TVE de determinados profesionales que previamente solicitan y consiguen la excedencia temporal para volver a ejercer las mismas funciones con un sueldo muy superior; numerosos encargos de producción de programas fuera de TVE, a personas interpuestas, pero que se siguen produciendo con equipos y parte del personal de TVE, son algunos, de los muchos y cotidianos ejemplos, que marcan un abismo entre lo prometido y lo cumplido.

Mientras ordenan la producción de programas fuera de la casa, Jordi García Candau, Ramón Colom, María Antonia Iglesias y Soledad Sanz (directora de personal) han convertido los edificios y dependencias de la radiotelevisión de todos los españoles en un campo de concentración en el que practican con total impunidad un terrorismo laboral: cada vez más trabajadores fijos de TVE son obligados a no realizar trabajo alguno y a no tener siquiera ubicación, aunque se les obliga a fichar. Simultáneamente, el director general y sus colaboradores mantienen en alto las espadas de despidos y jubilaciones anticipadas. Todo esto lo vienen haciendo para ‘justificar’ la gran falacia de que en RTVE sobran trabajadores, cuando los que realmente sobran en RTVE y en el país, son directivos incompetentes y corruptos como ellos.

Esgrimiendo la falacia ‘al público hay que darle lo que quiere’ (como si sólo hubiera un público en todo el país), y silenciando los negocios fáciles que proporciona la telebasura, los directivos de TVE, en su lucha por la audiencia, están utilizando un patrimonio público en beneficio de determinados intereses privados y sectarios. El pueblo español es el gran perjudicado de esta guerra con las privadas por la audiencia: se derrocha y roba su dinero y no se compite en calidad, sino en bazofia, abandonando deliberadamente los objetivos que justificarían la existencia de una televisión pública.

El proceso de descapitalización y transvase entregando la producción a empresas privadas, ha llegado a unos límites en los que TVE está a punto de quedar reducido a un mero centro emisor de productos ajenos, con escaso o nulo porcentaje en las producciones y sin control democrático. La responsabilidad histórica de la sociedad española, el Parlamento, el Gobierno y de los propios trabajadores de RTVE, es evidente en estos cruciales momentos: “Lo que realmente está en juego es que exista o no la televisión pública en España”.

RTVE puede llegar a ser un servicio público si la sociedad y los trabajadores nos empeñamos en ello. Lo que ahora existe es una perversión, fabricada y mantenida por individuos con nombres, apellidos y cargos concretos, que están malversando, expoliando y transvasando, un patrimonio de toda la sociedad.

• Bernardo Fuentes Bobo, programador de programas culturales de TVE.
• Luis Conde Martín, redactor de Informativos y programas culturales de TVE.

La dirección de personal de TVE ha abierto un expediente disciplinario con amenaza de despido a nuestros compañeros Luis Conde y Bernardo Fuentes por el artículo ‘RTVE: Expolio de un buen público’, incluido en la edición de este periódico del 30 de octubre. DIARIO16 citaba el 25 de noviembre a un portavoz de RTVE justificando el expediente porque acusar gratuitamente e injuriar no es ‘libertad de expresión’. Ante la gravedad de este proceso de intimidación queremos aclarar lo siguiente:

Conde y Fuentes denunciaron en su artículo lo mismo que el Comité General Intercentros de RTVE en su nota del 23 de septiembre: que la dirección de RTVE está desmantelando un servicio público esencial, privatizándolo y dejando sin trabajo al os profesionales de la plantilla.

Si la dirección se considera injuriada por el artículo publicado en DIARIO16 que acuda a los tribunales. Lo que resulta inaceptable es que pretenda intimidar a los trabajadores en el ejercicio constitucional de su libertad de expresión utilizando para ello el ámbito laboral. Una más grave consideración injuriosa – porque afecta a los representantes de todos los trabajadores de RTVE – puede aplicarse a la actitud del director general de RTVE, el 24 de noviembre en la comisión de control parlamentario, cuando aseguró que los sindicatos reconocen en privado que en RTVE sobran trabajadores. CCOO ha emplazado a García Candau para que ‘diga qué sindicatos y cuáles de sus dirigentes le han dicho en privado lo contrario de lo que hemos defendido en público y por escrito’. ¿Le abrirán un expediente disciplinario a García Candau?

Y lo fundamental: la Magistratura de Trabajo número de Madrid reconoció – en una sentencia de 1986, que anulaba una sanción impuesta a otro compañero de TVE – el derecho de los trabajadores de un servicio público a denunciar sus deficiencias o la desviación de sus fines y el papel de la Prensa como medio para que los ciudadanos expongan hechos merecedores de corrección. ‘El trabajador – dice la sentencia – se convierte en un ciudadano especialmente informado y el divulgar la información satisface el designio de facilitar la transparencia social ineludible de un servicio público.

• José Manuel Martín Medem – Maxi González Chacón
• Comités de Empresa de CCOO en RNE y TVE.

Si la dirección de TVE puede despedir a un trabajador por denunciar la mala gestión, el incumplimiento de la obligación de mantener la neutralidad informativa y una inadecuada política de personal, los ciudadanos que pagan el servicio público esencial de RTVE se verán privados – por la intimidación sobre el resto de los profesionales – del testimonio de quienes mejor sabemos lo que ocurre en la empresa: los trabajadores que conocemos el funcionamiento de las cocinas de TVE y RNE. Además, no parece la mejor forma de garantizar la libertad de expresión.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado ‘procedente’ el despido de mi compañero Bernardo Fuentes que el Juzgado de los Social Número 4 había considerado nulo. TVE le castigó con el despido por sus denuncias en un artículo publicado en este periódico hace dos años, que, posteriormente, amplió en declaraciones emitidas por COPE.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el despido es ‘procedente’ por que en los términos utilizados por el trabajador en sus denuncias hubo ‘una intencionalidad claramente ofensiva’ y un ‘animo injurioso’. Añade la sentencia que ‘se podría comprender un exceso dialéctico si hubiera descripción de actuaciones graves, acompañadas de un mínimo de prueba’. Escribir que en TVE “están utilizando un patrimonio público en beneficio de determinados intereses privados y sectarios” o decir que “hay enorme cantidad de graves irregularidades, secretismos y ocultamientos de datos por parte de los directivos” no creo que tenga “una intencionalidad claramente ofensiva” cuando se trata, fundamentalmente de alertar a los ciudadanos sobre realidades que han sido denunciadas desde el Consejo de Administración de RTVE y el Tribunal de Cuentas. Ahí están las pruebas.

Si los directivos mencionados consideran injurias expresiones como ‘corruptos’ o ‘sanguijuelas’ – y es lógico que así reaccionen- que denuncian al responsable ante los tribunales ordinarios y no recurran a la disciplina laboral, donde son juez y parte como reconocía la sentencia del Juzgado de lo Social ahora revocada.

Los trabajadores de RTVE tenemos que reaccionar en defensa propia ante el desenlace de este proceso porque supone una amenaza para todos los que consideramos que tenemos obligación de denunciar lo que se hace en contra de los intereses colectivos en las empresas públicas.

En un ambiente de crispación política, como el que padecemos, y con el lenguaje de acusaciones que se intercambia a través de los medios de comunicación, parece por lo menos excesivo este castigo para un trabajador que sólo ha escrito y dicho lo que con expresiones más correctas puede encontrarse  en una buena cantidad de los editoriales sobre RTVE de la Prensa de Madrid de los últimos dos años.

El Tribunal Superior de Justicia esgrime “el deber de consideración y respeto que el trabajador debe guardar a sus superiores”, pero me parece más importante el deber de consideración y respeto que los directivos de RTVE deben guardar hacia los superiores intereses del conjunto de la sociedad, respetando la legislación que les obliga a realizar una buena gestión de los recursos públicos para servir a los ciudadanos con una información neutral y pluralista. Sin olvidar el respeto al que también tienen derecho los trabajadores.

José Manuel Martín Medem