La segunda manifestación convocada por las víctimas de ETA contra el terrorismo con Zapatero en el Gobierno convierte en un acto contra el PSOE y Peces-Barba

La manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo para expresar su rechazo a una eventual negociación entre el Gobierno y ETA, consigna que el PP ha convertido en el eje central de su más reciente oposición a Zapatero, tuvo ayer un seguimiento masivo. Es la primera vez que se celebra una movilización de esa naturaleza: no sólo contra ETA, sino contra quien dirige la contra ETA. En ese sentido sienta un precedente inquietante.

Pero sería un error que el Gobierno respondiera al desafío con iniciativas o gestos que ahondasen las divergencias entre los dos grandes partidos, cuya cooperación es necesaria para convertir la derrota política de ETA en su final definitivo. Fase en la que estamos, según opinión compartida por quienes creen que hay que mantener la política que ha provocado esa derrota y por quienes piensan que precisamente el éxito de esa política permite hoy explorar vías que faciliten y aceleren la disolución de la banda.

El Gobierno ha desmentido que existan contactos con ETA, e insistido en que el abandono de las armas sería condición en todo caso para iniciar un diálogo. Es exactamente eso lo que dice la moción parlamentaria aprobada con el único voto en contra del PP. Pero sin decirlo expresamente, se ha trasmitido el mensaje de que ese diálogo versaría sobre la concesión de medidas de gracia a los presos y activistas clandestinos. Esa posibilidad es rechazada por buena parte de las víctimas. Tiene lógica que se pronuncien, que exijan ser escuchadas. El Gobierno tendrá que tener en cuenta esa opinión; aunque no sólo esa.

También deberán tenerla en cuenta los valedores de la banda, que ayer se manifestaron en Bilbao en favor de la negociación política, presentada bajo diversos eufemismos. En ese mundo suele considerarse que la liberación de los presos es algo con lo que contarían de entrada. Es una fantasía sin fundamento, a la que se opondrían las víctimas, con el apoyo de una mayoría ciudadana, según reflejan hace años las encuestas y confirma la manifestación de Madrid. El diálogo posible lo sería sobre la forma de hacer compatible la exigencia de justicia de las víctimas y la posibilidad de reinserción paulatina de los terroristas, tras su derrota.

La iniciativa de adelantarse a ofrecer diálogo condicionado es arriesgada pero coherente con la valoración compartida sobre esa derrota política, efecto de la firmeza democrática. Partidos que en el pasado se han mostrado dispuestos a ofrecer contrapartidas a ETA han firmado una resolución en la que se excluye esa posibilidad y se condiciona cualquier diálogo, incluso sobre los presos, al compromiso previo de abandono definitivo de las armas, sin que baste una tregua. Es cierto que el Gobierno ha cometido errores en la forma de plantear el asunto y a veces ha dado la impresión de considerar secundario el apoyo del PP; pero la desconfianza de este partido, expresada en términos sumarísimos y mezclada con insinuaciones calumniosas o inverosímiles, como si la negociación fuera ya un hecho, ha trasmitido la idea de que no se encuentra especialmente incómodo en ese papel.

El PP puso a prueba ayer con éxito su capacidad de movilización, a sabiendas de que la causa de las víctimas suscita una solidaridad suprapartidaria. Pero resulta hipócrita reprochar al Ejecutivo y a los partidos que le apoyaron no acudir a una movilización que iba dirigida claramente contra ellos.

CON Gregorio Peces-Barba acaba de declarar, o de aclarar, que él no va a asistir a la manifestación del sábado organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ha escrito una carta para explicarlo, en la que dice que aunque no entiende que la manifestación se organice contra el Gobierno, sí pretende que el Gobierno rectifique una decisión aprobada por el Parlamento. Válgame Dios y San Cucufate bendito, y cómo es posible que haya alguien en este país que pretenda una rectificación de este Gobierno.

Pedir una rectificación a los ministros de Zapatero es pedir peras al olmo. Este Gobierno jamás ha rectificado, no rectifica ahora ni rectificará en el futuro. ¿Conocen ustedes, queridos lectores, alguna rectificación del Gobierno Zapatero? Ni siquiera ha rectificado en el caso del nombramiento de Peces-Barba como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. Nombrado fue, nombrado está y nombrado seguirá. Y a lo hecho, pecho.

Hace muy requetebién don Gregorio el Magnífico en no ir a la manifestación del sábado. Bien mirado, ¿qué pinta un Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en una manifestación de las Víctimas del Terrorismo? ¿Y si a las Víctimas se les ocurriera pedir que el Gobierno las ampare a ellas antes que a los verdugos? En ese caso, ¿qué tendría que hacer don Gregorio, que está donde está, oficialmente al lado de las Víctimas, porque allí lo ha puesto el Gobierno? Vamos a ver, reflexionemos un poco, señores. ¿Para qué fue nombrado don Gregorio Peces-Barba nada menos que Alto Comisionado: para apoyar a las Víctimas o para apoyar al Gobierno? Parece claro que para apoyar al Gobierno a manipular a las Víctimas. Pues si las Víctimas van a pedir una rectificación al Gobierno, el Alto Comisionado tendrá que dar media vuelta a la izquierda y dejar a las Víctimas solas en su audacia.

Porque desde que las Víctimas del Terrorismo tienen un Alto Comisionado para que las apoye, el Gobierno está mucho más preocupado y ocupado en hablar con los terroristas que en hablar con las víctimas de los terroristas. El interlocutor declarado del Gobierno no es Francisco José Alcaraz, que preside la Asociación de las Víctimas, sino Arnaldo Otegui, que preside a los recaderos de los terroristas. Por cierto, que el juez de la fianza a Arnaldo Otegui, el juez Grande-Marlaska, ha procesado ahora al personaje por pertenencia a «Eta». Nunca es tarde para acertar, porque la pertenencia de Otegui a la banda terrorista es cosa que sabían ya hasta los ertzainas.

De cualquier forma, la ausencia de la manifestación del sábado, declarada previamente y explicada por don Gregorio Peces-Barba, puede hacerla fracasar clamorosamente. Todas las víctimas del terrorismo estaban ansiosas por marchar en masa detrás de don Gregorio, con pancartas y eslóganes que digan: «Goyo, Goyo, Goyo, muchas gracias por tu apoyo», «De las Víctimas amado, que viva el Comisionado». Y ya no podrá ser. Manifestación fracasada.

Por primera vez en mi vida, a los sesenta y siete años, he oído en una manifestación contra la posición del Gobierno en la lucha antiterrorista gritos de «Peces-Barba dimisión». No eran unánimes pero sí se hacían oír y se repitieron por sectores de los asistentes a lo largo de la marcha. Desde la cuna aprendí de mis padres los valores de la democracia, del respeto a la voluntad popular y también aprendí que las personas somos seres dignos, que no tenemos precio, que somos seres de fines y que no podemos ser utilizados como medios. A lo largo de mi vida he ido enriqueciendo, racionalizando y completando esas ideas. He tenido buenos maestros como Joaquín Ruiz-Giménez, que influyó mucho en mi condición como profesor y como persona, igual que Elías Díaz, Felipe González Vicén, Norberto Bobbio, Renato Treves, o Hart. De todos ellos he aprendido respeto a los demás, tolerancia y amistad cívica como motor de la vida pública. Estas ideas han informado siempre mis enseñanzas en Filosofía del Derecho como pueden testimoniar los miles de alumnos que he tenido desde 1963 en que inicié mi trabajo universitario. Son ya 42 años de docencia y también de investigación y de publicaciones. En mis libros y en mis artículos, los valores de libertad, igualdad y solidaridad, los derechos fundamentales y los principios democráticos han inspirado siempre mis escritos, más de 30 libros y de 70 artículos científicos con esos contenidos difundidos en América y en Europa y traducidos al inglés, al italiano, al francés y al portugués.

En la vida política me comprometí en la lucha contra el franquismo, en la construcción de la democracia, con la Constitución, con la reforma de nuestro ordenamiento, con la presidencia del Congreso de los Diputados, entre otras experiencias en todo momento conformes y coherentes con los valores liberales, democráticos y socialistas. Siempre me he considerado y me considero un militante del PSOE, aunque siempre con el espíritu crítico y la distancia intelectual frente a la militancia ciega. Mi libro La Democracia en España es un signo y un ejemplo de ese talante que nunca he abandonado. He sido muy consciente de que ese sentido crítico ha sido utilizado torticeramente por los enemigos del socialismo y a veces sacado de su contexto y generalizado injustamente. Pero la indignidad moral no puede ser excusa para no decir lo que se piensa. En mi actividad política nunca he faltado al respeto a los adversarios; al contrario: he mantenido siempre una relación cordial y me he esforzado en reconocer sus aciertos y en estudiar sus críticas. El clima de comunicación con todos ha sido también uno de mis objetivos principales. Durante mi etapa política activa hasta 1986, todos los adversarios políticos de AP, UCD, de los comunistas o nacionalistas han sido siempre amigos o personas con las que he desarrollado una acción constructiva y eficaz. Desde 1989 he dedicado todo mi tiempo a crear una Universidad, la Carlos III de Madrid que, al cabo de los años, con el esfuerzo de todos (profesores, PAS y estudiantes) hemos convertido en una Universidad de prestigio y de calidad. Es el orgullo de mi vida.

En contraste con esta experiencia y con esas realizaciones, desde que el Presidente del Gobierno me nombró Alto Comisionado he sentido la hostilidad del Partido Popular y del Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Nada más empezar pidieron mi dimisión pese a los esfuerzos de aproximación que hice como, por ejemplo, con el nombramiento de la Directora de la Oficina de Apoyo al Alto Comisionado, Dña. Dolores de la Fuente o con mi entrevista, larga, en un hotel cercano a su sede, con Mariano Rajoy. No han tenido ningún interés en el contenido real del trabajo del Alto Comisionado y han repetido los mismos tópicos en las dos intervenciones de sus portavoces en el Congreso y en el Senado, durante mis dos comparecencias: que he venido a dividir a las víctimas, que no las represento, que estamos ante una figura innecesaria y que su actual titular no es el idóneo para el cargo; incluso algún senador del PP me ha calificado como defensor de los terroristas, infamia que otros han repetido en artículos de periódicos y en viñetas presuntamente de humor.

En contraste con esta imagen, el trabajo que hemos realizado en el Alto Comisionado en estos seis meses ha sido denso y eficaz. Hemos constatado, desde el primer día, la existencia de muchos problemas de desconfianza y de recelos entre las víctimas, de muchas fallas, de indefensiones y de lagunas en el funcionamiento del sistema pese al enorme esfuerzo de los gobiernos democráticos para atender a estas víctimas y a sus familiares. De ese estudio han salido soluciones puntuales a problemas de tratamiento psicológico, de trato igual en medallas y condecoraciones, cuidados y apoyos a víctimas estudiantes y a sus hijos, de rehabilitación de personas con discapacidad con un programa de un millón y medio de euros con MAPFRE que hemos acordado, de ascensos honoríficos a víctimas, de consideración de justicia gratuita para ellas, de créditos blandos en bancos y cajas, de facilidades de acceso a la vivienda y de rehabilitación de las mismas. Además, tenemos pendientes programas de ayudas para el empleo o de reserva de plazas en la Función Pública, entre otras muchas medidas. Asimismo cada día recibimos directamente a víctimas con problemas de distinta índole, o a quienes vienen recomendados por asociaciones o fundaciones de víctimas. El conocimiento directo de estas experiencias nos permite formular propuestas normativas generales, como las que acabo de mencionar.

El empeño principal del Alto Comisionado ha sido avanzar en la igualdad entre las víctimas, pese a las diferencias, e incluso, a las discriminaciones existentes. Las víctimas de ETA o del GRAPO son muy distintas entre sí: las hay famosas y anónimas, civiles, militares y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, periodistas, políticos, empresarios, concejales, obreros, niños o personas que pasaban por allí; las víctimas del 11 de Marzo son igualmente resultado de la irracionalidad porque han muerto por tomar un tren a las siete y media de la mañana un día aciago y siniestro. Por esta razón peleo para que monumentos y conmemoraciones sean unitarios y para que todas las

medidas que se tomen puedan favorecer a todas las víctimas. Asimismo he propiciado y defendido la apertura del plazo para solicitar los beneficios de la Ley de Solidaridad para todos los sectores que se habían quedado fuera. Igualmente estamos a punto de implantar un espacio virtual de comunicación informática entre víctimas para que puedan relacionarse fácilmente entre sí.

Por fin, el tema central del trabajo del Alto Comisionado es la revisión de la Ley de Solidaridad de 1999, para evitar alguna discriminación, para actualizar algunas cifras y para repasar algunos criterios de manera que tenga un carácter más integral y comprensivo. El tema ha sido discutido con la Vicepresidenta del Gobierno y lo planteamos en la reunión que mantuvimos con las Asociaciones de Víctimas, de la Guardia Civil y Sindicatos Policiales, los días 26 y 27 de mayo en Colmenarejo. El asunto está en marcha y esperamos que en las próximas semanas nos lleguen sugerencias para impulsar esta reforma. Por cierto que la reunión de esos días congregó a todas las asociaciones, fue unitaria y al final todos apoyaron el trabajo concreto que estamos haciendo. A esto lo llamo yo luchar por la unión de las víctimas.

En el entorno de la manifestación, comentarios desde los medios de comunicación afines al PP y propiedad de la Conferencia Episcopal Española han multiplicado su hostilidad, su desprecio, sus insultos y sus maledicencias. Es evidente que todo lo realizado les importa poco. Han construido en este tema, con el apoyo de víctimas y familiares, muchos de ellos de buena voluntad, una operación de acoso y derribo contra el Alto Comisionado. Según ellos, debe ser un Secretario de Estado que no represente al Gobierno sino a las víctimas, cuando de lo que se trata es de apoyar a las víctimas desde el Gobierno.

En este rosario de sofismas y de falacias que se encadenan en sucesivos momentos la convocatoria del Presidente del Gobierno a las asociaciones de víctimas la interpretan como una desautorización al Alto Comisionado y como una primera etapa para su destitución. Una vez más, su pasión y sus prejuicios les ciegan. El Presidente tiene siempre sobre la mesa mi dimisión y sabe que puede utilizarla en cualquier momento si piensa que soy más un problema que una solución.

Gregorio Peces-Barba Martínez

El portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, negó al presidente del Gobierno el voto de confianza que le pidió para su política antiterrorista. En su encuentro del martes, Zapatero había aludido a la existencia de informaciones concretas procedentes de los servicios de inteligencia que avalarían su iniciativa de buscar un final dialogado de la violencia si se dieran determinadas condiciones. Esas informaciones no podrían ser reveladas sin riesgo, y de ahí la petición de confianza; Alcaraz no sólo se la negó, sino que a la salida repitió sus habituales censuras y descalificaciones sumarias, y añadió una amenaza bastante insólita: la de convocar nuevas movilizaciones si no se hacía caso a su exigencia de que no se cierre la comisión del 11-M.

La presencia pública de los colectivos de víctimas, y otras organizaciones cívicas nacidas contra el terrorismo, tiene sentido en la medida en que su actuación no se limite a reproducir las posiciones de los partidos políticos y, por el contrario, sean capaces de suscitar la identificación de personas con opciones ideológicas diferentes. Así había ocurrido con la AVT durante años, lo que le proporcionó un amplio respaldo social. Desde que Alcaraz es su portavoz, sin embargo, la discreción ha dejado paso a excesos retóricos que no favorecen esa identificación suprapartidaria.

De la descalificación caprichosa del comisionado para las víctimas, Gregorio Peces-Barba, cuya dimisión pide en cuanto tiene un micrófono delante, a los juicios despectivos hacia quienes no secundaron la manifestación del pasado día 4, Alcaraz ha actuado como un político de partido: mejor dicho, como portavoz de la fracción más sectaria del PP, y de quienes tienen por objetivo evitar cualquier acuerdo entre los dos principales partidos nacionales.

Que ya se permita amenazar con movilizaciones si se cierra la comisión parlamentaria del 11-M indica que ha perdido el sentido de la medida. El respeto que suscitan las víctimas no otorga una cualificación especial a sus opiniones políticas. Sería torpe que cualquier Gobierno, y más si está dispuesto a explorar vías de diálogo con los terroristas, no contase con las opiniones de los colectivos de víctimas. Pero eso no significa que éstas tengan un derecho de veto sobre la política antiterrorista. A veces da la impresión de que lo primero es atacar al Gobierno y lo de menos es el motivo.

Si Zapatero no se reúne con la AVT es acusado de «hacer oídos sordos» a las demandas de las víctimas; si anuncia que va a reunirse con ella, se trata de «un golpe de efecto para silenciar el éxito de la manifestación». Poco se contribuye así a la recuperación de la unidad de los dos grandes partidos contra el terrorismo, objetivo que los colectivos cívicos nacidos contra ETA siempre habían considerado deseable.