10 enero 2013

El partido asegura que usar fondos públicos para pagos de mobiliario o pago de nóminas no es 'financiar ilegalmente el partido'

La sentencia del caso ‘Pallerols’ acredita que Unió Democrática de Catalunya se apropió de 388.000 euros para pagar gastos del partido

Hechos

En enero de 2013 se hizo pública la resolución judicial del caso Pallerols.

Lecturas

El 8 de enero de 2013 finaliza el juicio por el caso de corrupción conocido como ‘caso Pallerols’, sobre financiación ilegal del partido político Unió Democrática de Catalunya (UDC, integrado en la coalición CiU), cuyo líder es el presidente de su comité de gobierno, D. Josep Antoni Durán Lleida, que además ocupa el cargo de secretario general de CiU. El juicio finaliza por la decisión de los cuatro acusados de reconocer su culpabilidad a cambio de recibir penas leves.

La trama consistió en que el empresario andorrano D. Fidel Pallerols, recibía subvenciones de fondos europeos (un total de 388.483 euros) que, oficialmente, era para organizar cursos de formación, cuando en la práctica era para pagar gastos del partido político Unió. Los otros implicados junto al Sr. Pallerols, son D. Lluís Gavalda (Director General de Empleo), D. Vicenç Gavalda (secretario de organización de Unió) y D. Santiago Vallvé Borrat (exmilitante de Unió) eran los otros implicados. El delito se produjo en 1994 y comenzó a investigarse en 1999.

⦁ D. Fidel Pallerols Montoya – 7 meses de cárcel.
⦁ D. Vicenç Gavaldà Casat – 7 meses de cárcel.
⦁ D. Lluís Gavaldà Casat – 1 año y medio de cárcel.

Aunque las defensas pidieron que la pena no se ejecutara por su levedad, la Audiencia de Barcelona confirma el 9 de abril el ingreso en prisión de los tres condenados.

Especialmente criticado es D. Josep Antoni Durán Lleida, a quien se reprocha haber prometido en una entrevista en la Cadena SER en el año 2000 que si se demostraba que había habido financiación ilegal de Unió, dimitiría como su líder. El 09 de enero de 2013 Unió pide disculpas por el caso Pallerols asegurando que la dirección del partido desconocía ese incidente y asegurando que el Sr. Durán Lleida no iba a dimitir.

07 Enero 2013

Pallerols, a juicio

Àlex Sàlmon

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EL MÁS QUE FAMOSO caso Pallerols llega a la Audiencia de Barcelona en medio de una serie de escándalos de corrupción que le dan mayor relevancia y lo hacen llamativo. Hay que recordar que el escándalo afecta al fraude en cursos de formación inexistentes convocados por la conselleria de Treball que siempre estaba dirigida, en los años 90, por dirigentes de Unió. Existe una realidad: quien más quien menos conoce a alguien que, o bien ha cursado alguna formación a la que jamás ha asistido, o ha firmado algún documento donde reconoce haberlo cursado aunque sea falso. Puede resultar extraño o paradójico, pero es exactamente así. Si además le añadimos unos toques de financiación irregular, tendremos un caso de alto interés informativo y sorprendente análisis jurídico, sobre todo por su tardanza. Hablamos de un caso de los 90. Sorprendente. El panorama es el siguiente: CiU está cazada en un bocadillo judicial. Por un lado CDC, con el caso Palau. Por otro UDC, con este procedimiento que llega a juicio. Si el futuro Estado que proyectan los nacionalistas lo construyen con este estilo, su anhelada sociedad tendrá poco arreglo.

09 Enero 2013

Una impunidad que escandaliza a los ciudadanos

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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NUEVAMENTE la corrupción de dirigentes políticos va a quedar impune porque eso es lo que supone el pacto suscrito ayer por la tarde entre la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona y las defensas de los acusados en el caso Pallerols, en el que se dilucidaba la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC).

Tras varios meses de negociaciones y justo el día en el que debía de comenzar el juicio que culminaba más de 13 años de instrucción, la Fiscalía llegó a un acuerdo con los abogados para formalizar una sentencia de conformidad, no recurrible, que supone que los tres principales acusados -Fidel Pallerols, Lluís Gavaldà y su hermano Vicenç- asumen penas que van desde los siete meses al año y medio de cárcel. Ello implica que no entrarán en prisión, dado que la Fiscalía aceptó una rebaja de las imputaciones, eliminando el delito de malversación. UDC acepta la responsabilidad civil de los hechos delictivos y se compromete a devolver a las arcas públicas 388.000 euros que obtuvo ilegalmente para su financiación.

Lo primero que sorprende en este pacto es la escasa cuantía de las penas, ya que el fiscal Rodríguez Rey pedía en su escrito de acusación de siete a 11 años de cárcel para las seis personas que se iban a sentar en el banquillo. Dos de ellas quedan exculpadas, pero lo más incomprensible es que Lluís Gavaldà, ex director general de Empleo de la Generalitat, vea su castigo reducido a año y medio de prisión a pesar de los abrumadores indicios que existían contra él de que desvió fondos de cursos de formación a la caja de UDC. Fidel Pallerols, el dueño de las empresas que servían de pantalla, salda su responsabilidad con una leve pena de siete meses.

Para que ninguno de los condenados tenga que pagar nada de su bolsillo, UDC se compromete a devolver 388.000 euros a la Generalitat. El fiscal había calculado que el dinero defraudado ascendía a más del doble, pero sólo estaba documentado el desvío de 200.000. Se trata de la primera vez que un partido reconoce en un proceso judicial que se ha financiado ilegalmente. La paradoja es que esa indemnización que va a desembolsar UDC saldrá de las subvenciones que recibe del Estado. Habría que cambiar la ley para privar de ayudas públicas a las formaciones que se financian ilegalmente, como en este caso. Buena parte del dinero defraudado, por cierto, provenía del Fondo Social Europeo, el principal perjudicado. Por tanto, la sentencia sólo puede contribuir a aumentar la desconfianza de las instituciones europeas hacia España.

Llama también la atención que la instrucción del caso haya durado 13 años, lo cual ha sido debido a una serie de vicisitudes legales como aforamientos, comisiones rogatorias, cambios de sede judicial y otras circunstancias que han beneficiado a los imputados.

Que la Fiscalía haya aceptado un acuerdo en estos términos supone un escándalo monumental, máxime tras el indulto de hace 11 meses de tres condenados por el caso Treball en el que también se financió ilegalmente UDC de forma similar. A la espera de una explicación de la Fiscalía, cabe sospechar que el Gobierno ha movido los hilos para echar una mano a este partido a cambio de futuros favores en el proceso soberanista de Cataluña. Su líder, Duran Lleida, se comprometió a dimitir si quedaba probada la financiación ilegal de UDC en este asunto. ¿Alguien cree que cumplirá su palabra?

07 Marzo 2013

Contra la impunidad

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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Nada hay más descorazonador, en tiempos azotados por el paro y los recortes, que la malversación de fondos públicos quede impune a los ojos de todos. Esta es la razón por la que la Audiencia de Barcelona ha decidido aplicar un severo correctivo al desenlace pactado del caso Pallerols denegando la suspensión de la pena de prisión para los tres condenados. Tras 14 años de azarosa instrucción y constantes tácticas dilatorias, la causa concluyó el pasado enero con un acuerdo entre fiscalía y acusados por el que estos admitían los cargos a cambio de una importante rebaja en las penas, que quedaron reducidas a siete meses de cárcel para dos de ellos y a año y medio para el tercero, por haber participado en una trama de financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya con fondos de la UE gestionados por la Generalitat. Pese a la legalidad del acuerdo, sorprendió que la fiscalía se aviniera a una rebaja tan sustancial de las penas.

El pacto tenía dos objetivos: evitar que el máximo dirigente de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, tuviera que declarar en el juicio, y eludir que los tres acusados entraran en prisión, en la confianza de que se aplicaría en este caso lo que es habitual cuando la pena es inferior a dos años y el condenado no tiene antecedentes. Pero la suspensión es una facultad del tribunal y en este caso, en una acertada decisión, ha roto los efectos enmascaradores del acuerdo, alegando que suspender el ingreso en prisión implicaría la “cuasi impunidad” de políticos y poderosos, algo “obsceno” en estos tiempos de crisis y corrupción.

El desenlace del caso Pallerols estaba teniendo un efecto muy corrosivo sobre la confianza de los ciudadanos en la justicia y en la política. Había quedado acreditado que un alto cargo de Unió —Lluís Gavaldà, director general de Ocupación—, en connivencia con un cargo del partido —su hermano Vicenç Gavaldà— y un militante propietario de academias, Fidel Pallerols, habían desviado hasta un 10% de las subvenciones, recibidas para la formación de parados, para pagar gastos y nóminas del partido. El que, pese al escándalo que ello supone, ninguno de los condenados ingresara en prisión no podía ser considerado sino una burla a la ciudadanía. Como lo es también que el máximo responsable de Unió, entonces y ahora, trate de eludir cualquier responsabilidad negando, pese a la sentencia, que se financió irregularmente. Con esta enmienda, la justicia ha hecho en este caso los deberes. La política todavía no.

09 Marzo 2013

Juzgar o linchar

Salvador Sostres

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La Justicia ejemplarizante no es Justicia: es un linchamiento. Que el juez diga en su auto que con su decisión pretende «intimidar» a futuros e hipotéticos delincuentes es un escándalo. Ni la vida del empresario Fidel Pallerols, ni la de nadie, se puede utilizar para la intimidación o el escarmiento de los demás, y son las leyes -y no el momento político o la alarma social- las que tienen que condenar o salvar a un hombre.

Si dejamos la noción de la justicia y la mesura del castigo en manos de la aclamación popular, y de la multitud siempre sedienta de circo y sangre, todos acabaremos pasando por la cárcel más temprano que tarde, porque la masa amontonada se escandaliza por cualquier cosa y cualquier logro individual y ajeno lo toma como un escarnio.

Que el empresario Pallerols haya tardado 14 años en ser juzgado es lo que debería producirnos alarma y escándalo, y que el juez se sume al run-rún de la calle es un insulto a la Justicia, a cualquier garantía procesal, y un ataque en toda regla a la línea de flotación de la democracia.

Las sentencias tienen que ser ejemplarizantes en ellas mismas y tienen que basarse en los hechos objetivos y en la ley; no en el capricho ideológico del juez ni mucho menos en la dirección que aquel día corra la turba envalentonada. La alarma social es casi siempre un pretexto del resentimiento social, y no hay nada más alejado de la Justicia, ni de la democracia, ni de las garantías más elementales, que el odio con que el deslumbrante ejército de los fracasados quiere redimir su incompetencia y su culpa linchando a los demás.

La democracia es importante, las leyes son importantes y la vida y la libertad y las garantías de cada cual son importantes, fundamentales, y el orden y su mantenimiento se basan en la seguridad de que serán escrupulosamente respetadas. El día que un juez tenga que juzgarme, que me juzgue. Y que me juzgue con la ley, y no con lo que en aquel momento se comente en el barrio. Mientras tanto, no tiene que escarmentarme por nada, ni mucho menos intimidarme.

La Justicia no puede ser como las cartas de los restaurantes, que cambian según la temporada. El empresario Pallerols ha tenido que esperar 14 años a ser juzgado, ha devuelto el dinero que se supone que fue desviado, y llegó a un acuerdo con el fiscal que resultó interesante para las dos partes. Que el asunto presentara implicaciones políticas no le tiene por qué perjudicar exactamente por el mismo motivo que no tendría que beneficiarle.

¿Qué estará de moda mañana? ¿A quién tendremos que escarmentar? Con autos como el que manda a Fidel Pallerols a la cárcel nadie te puede asegurar que tu actividad, hoy perfectamente lícita y bien vista, no vaya a crear mañana alarma social a cualquier grupo de exaltados y te encuentres con un juez social y solidario que quiera intimidarnos metiéndote en la cárcel.

Incluso la corrupción política es mucho más saludable y sin duda preferible a un juez que nos quiera intimidar y que ceda a la demagogia de la alarma social para justificar sus decisiones. Sin negar que la corrupción sea un problema, lo son mucho más la lentitud de la justicia y los jueces alarmados, y no por ello vamos a asaltar los palacios de la justicia hasta meterles en la cárcel.

25 Marzo 2013

Financiación política y delito

Carlos Jiménez Villarejo

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“No se entiende que el juez no investigase la relación de Duran con la corrupción de Unió”

En la reciente Ley de Financiación de partidos políticos (LO 5/2012) se dice que en el sistema de obtención de ingresos por los mismos se combinen “suficiencia y austeridad”, se mejoren los mecanismos de control y la responsabilidad contable de quienes tienen a su cargo el manejo de fondos públicos. Y asegura que dichas medidas son “el mejor antídoto contra la financiación irregular”. Nada nuevo y, en todo caso, un cumplimiento solo parcial del Acuerdo del Congreso de 27 de octubre de 2009 sobre la profundización de los “mecanismos de transparencia y control de la conducta de los representantes políticos e institucionales”.

El Parlamento, bajo el control de los partidos mayoritarios, continúa cerrando los ojos ante las consecuencias del actual coste económico del ejercicio de la política que hace tiempo está provocando un flujo oculto e ilícito de dinero hacia los partidos. Primero, las donaciones anónimas, luego las donaciones a sus fundaciones y asociaciones que, mayoritariamente, constituyen una tapadera para conseguir fondos irregularmente y, sobre todo, el endeudamiento financiero, el mantenimiento de las condonaciones del capital e intereses de esas deudas y así sucesivamente. Y sigue vigente un sistema que no persigue penalmente a los partidos y sus responsables que obtienen fondos de modo ilícito o de origen ilícito, sobre todo si se obtienen fraudulentamente aprovechándose del gobierno de las instituciones públicas.

La condena del caso Pallerols muestra claramente las graves insuficiencias del sistema aún vigente. Como es sabido, Unió Democràtica de Catalunya fue condenada civilmente como “partícipe a título lucrativo” por la cuantía que fija la sentencia. La condena está determinada porque, según los hechos probados, el partido, como tal, no participó en las conductas criminales de los culpables, pero se benefició de ellas.

Representa un enriquecimiento injusto, pues se funda en el principio de que nadie debe enriquecerse a costa de otro, en este caso, a costa de los fondos públicos que fueron desviados por los culpables de los delitos por los que fueron condenados. La condena parte del presupuesto de que Unió Democrática no solo no participó en la comisión del delito sino que ni siquiera conocía su existencia. Presupuesto ciertamente forzado dadas las circunstancias concurrentes en los hechos. Es muy difícil admitir que la dirección del partido desconociera los siguientes hechos. La trama corrupta de desvío de recursos públicos actuó durante seis años consecutivos, bajo el control durante cierto tiempo del que era secretario de organización de Unió. Y los fondos destinados a engrosar las arcas del partido se dedicaron, parcialmente, al pago de retribuciones a cuatro destacados cuadros del partido por importes de 15, ocho, dos y un millón de pesetas, respectivamente. Una de esas personas era o había sido consejera nacional y dirigente del comité ejecutivo de Barcelona. Además, parte de dichos recursos públicos, recordamos que durante seis años, se habían dedicado a “mobiliario y material informático y de oficina” de varias sedes, incluyendo Barcelona. La conducta descrita es una forma continuada y organizada —el tribunal la califica de “trama”— de financiación ilegal de UDC. No puede entenderse que el juez no investigase la relación consciente del presidente del partido, Josep Antoni Duran Lleida, con esa trama y cuesta admitir que desconociera su existencia, sobre todo cuando uno de los acusados fue en esas fechas secretario de organización de Unió.

Una vez más, los partidos y sus dirigentes son destinatarios de un trato complaciente, cuando no reverencial, de ciertos jueces que, sencillamente, no se atreven a investigarlos y confirman el carácter desigual del Derecho Penal.

Ante un caso evidente, como pocos, de financiación ilícita de un partido gobernante, que hoy sigue gobernando como si nada hubiera pasado, las leyes vigentes no contemplan ni siquiera una sanción administrativa que cumpliera, al menos, una función ejemplarizante. Todo parece estar permitido y las consecuencias de tanta impunidad están a la vista.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal jefe anticorrupción de 1995 a 2003.