Las Cortes Constituyentes anuncian la prohibición expresa de cualquier tipo de tortura en la nueva Constitución Española

SE ANUNCIA que la nueva Constitución prohibirá el uso de la tortura. ¿Acaso estaba autorizada en nuestro país? Oficialmente tolerada o no, una cosa es clara: la sevicia con los detenidos, culpables o no, fue práctica aislada, pero, sin duda, existente durante las décadas de paz que proporcionó a España la dictadura del general Franco.La tortura esgrimió entonces, como ocurre casi siempre, tres pretextos: la obtención de informaciones de los detenidos, la intimidación por medio del dolor físico y la simple barbarie de funcionarios con mal equilibrio síquico. Hay que añadir algunos casos, los menos, de venganza personal o represalia ideológica. Pero el hecho está ahí, motivado por uno y otro origen.

Si hay una frontera que separe los pueblos civilizados de los salvajes, es la existencia de la tortura, y es triste que la España contemporánea deba catalogarse, en este sentido, en la nómina de países bárbaros. Pero además. del problema de ética individual y colectiva que el tema sugiere -no hay vileza mayor que. la de maltratar al indefenso- hay un grave trasfondo de consecuencias sociales. La acumulación de odio, de radicalismo y de paso a la violencia generados por la tortura, convierte esta práctica en uno de los grandes riesgos de la sociedad moderna, en la que los torturadores deberían catalogarse en el primer renglón de la peligrosidad social. Es notorio que la tortura alimenta siempre la espiral violencia-represión-violencia. Los especialistas en la técnica del golpe de Estado no han menospreciado nunca ese hecho. Hombre y mujeres -muchachos y muchachas muchas veces- torturados hasta la sangre, toman luego en la primera ocasión la metralleta o los explosivos para plantear su lucha, en origen ideológica, por la vía armada, el terrorismo y él asesinato. No se trata aquí de justificar a los que matan; sino de denunciar a los torturadores, inductores directos de esa conducta social, equiparables, desde luego, a los terroristas. Porque quienes torturan, en muchos casos no se atreven a matar por razones burocráticas o por miedo a incumplir las normas administrativas. Pero matan, cuando torturan, la dignidad de la persona y, en muchos casos, matan también su integración en la sociedad.

Hay, por otra parte, un grave daño añadido: los cuerpos que tienen encomendado el orden público y la seguridad del Estado deben contar con el respaldo moral de la opinión pública. Los casos de tortura, aunque sean episódicos, comprometen el honor de las fuerzas policíales, que dejan de ser respetadas para ser sólo temidas.

Y existe, por último, una razón jurídica de fondo: el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, suscrita por España, establece que «nadie será sometido a la tortura ni a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes». El argumento hará sonreír a los ,pragmáticos, porque la declaración vincula a todos los países signatarios, empezando por las dos superpotencias del Este y del Oeste, y hay que decir que en las dos se utiliza hoy la tortura. Hace menos de un ano que el obispo de Arras, Francía, establecía una nómina inquietante, según la cual, los malos tratos resultaban ser práctica política en 112 países de los cinco continentes. La revista norteamericana Time explicaba, aquel mismo mes, cómo existía una subcultura del terror, con su propio ritual y su lenguaje.

Por supuesto que existen grados y proporciones en la aplicación de estos métodos. Pero la dignidad del hombre, como su libertad, son indivisibles, y lo cierto es que un solo atentado pone en cuestión la totalidad de su vigencia.

La tortura desaparece o queda reducida a aisladísimos casos cuando existe situación de transparencia informativa. Por eso fue preocupante la orden del Ministerio de la Gobernación, enjunio del año pasado, declarando materia reservada las actuaciones por supuestos malos tratos a detenidos.

La tortura no es un mal menor, ni una realidad inevitable. Países ejemplares, desde Suiza hasta Inglaterra, han logrado erradicarla. Todavía suenan los ecos del escándalo producido cuando unas fuerzas de choque, en el Ulster, en plena situación bélica, utilizaron métodos que, según el Parlamento, pudieran semejar a la tortura.

Con avances espectaculares, y también con terribles retrocesos, la sociedad liberal de Occidente parece progresar hacia un modelo de vida más humanitario, mejor dispuesto para controlar los abusos del poder. Las fuerzas de Orden Público en España se esfuerzan hoy en una modernización y perfeccionamiento técnico, libre de compromisos políticos y de excesos. Su nueva imagen encontrará, si es así, el respaldo y el respeto de los ciudadanos.