Los tribunales anulan las candidatura de Aukera Guztiak por ser tapaderas de la ilegalizada de Batasuna y sus dirigentes pasan a pedir el voto al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK)

El Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad anular la agrupación de electores Aukera Guztiak (literalmente, Todas las Opciones) por considerar que se trata de una candidatura que de hecho viene a «continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal», según la formulación incluida en la Ley Electoral en aplicación de las previsiones de la Ley de Partidos. Lo que se juzgaba no es, por tanto, la relación de Aukera Guztiak con ETA, sino la de esa agrupación electoral con Batasuna, ilegalizada por su vinculación con ETA. El Supremo concluye que Aukera Guztiak ha nacido por impulso de Batasuna y con el fin de esquivar los efectos de su ilegalización.

Que esa agrupación nació a causa de la prohibición de Batasuna lo reconocen sus propios promotores, pero ello no implica forzosamente que sea una iniciativa del partido de Otegi. Podría no serlo, en teoría. Pero tanto, la fiscalia, como la Abogacía del Estado, han presentado indicios que en conjunto demostrarían que sí lo es. El principal es la conversación, grabada con autorización judicial, entre una dirigente de Batasuna y un preso de ETA en la cárcel de Huelva, en octubre pasado, en la que la primera describe la estratagema prevista para burlar la prohibición. Aukera Guztiak encaja milimétricamente en el diseño previsto: presentar una lista con dirigentes conocidos para que sea prohibida, y en el último momento, otra sin nombres comprometedores. La idea era hacer ver que si Batasuna ya había sido prohibida no podría prohibirse a la vez otra lista acusada de ser Batasuna.

La conversación grabada anula por sí misma el argumento. Pero además, el Supremo ha tenido ocasión de valorar otros indicios, que si bien aisladamente podrían no ser suficientes, en su conjunto refuerzan la evidencia de que ni siquiera se trata, como pudo haber ocurrido, de una iniciativa espontánea utilizada a posteriori interesadamente por el entramado de Batasuna, sino de una iniciativa de Batasuna siguiendo un plan destinado a defraudar la ley. Entre tales indicios complementarios es especialmente revelador el tono de la conversación grabada entre el dirigente de ese entramado Rafael Díez Usabiaga y uno de los promotores de la agrupación electoral, y la reunión de dirigentes de Batasuna con quienes se disponían a presentar, el mismo día, en otro lugar, la candidatura. A la luz de ese conjunto de indicios, adquiere significación el dato de que más de 6.000 de los 32.000 avalistas (el 19%) de la agrupación electoral tengan relación constatada con el complejo Batasuna.

La resolución del Supremo será probablemente recurrida en amparo ante el Constitucional, como ya hicieron sus promotores con la lista para las europeas de 2004. En la sentencia que desestimó ese recurso se incluía una reflexión sobre la fuerte «densidad significativa» que tendría una «declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena» de ETA; pero también se concede la misma importancia a la negativa a hacerlo cuando lo que está en cuestión es precisamente la «sospecha fundada de connivencia con el terror». Los portavoces de Aukera Guztiak han evitado una declaración clara al respecto, incluso en las alegaciones presentadas ante el Supremo, en las que hablan, en términos similares a los que suelen emplear los dirigentes de Batasuna, de su «rechazo de cualquier conculcación de los derechos humanos». Categoría abierta a diferentes interpretaciones, pero no equiparable a la simple y llana condena de ETA, y que de hecho ha sido interpretada durante años por el brazo político como compatible con los atentados del brazo militar.

Esa negativa a distanciarse inequívocamente de ETA resulta muy reveladora cuando acaban de ser detenidos, a ambos lados de la frontera, varios activistas dispuestos para actuar, es decir, para intentar condicionar con sus atentados la campaña electoral vasca a punto de iniciarse. La prohibición de candidaturas es una limitación al pluralismo, pero mucho más lo sería la presencia electoral de un partido que considera al asesinato de los candidatos de los demás partidos un efecto inevitable del «conflicto», o la presencia de una agrupación que pretenda dar continuidad fraudulentamente a ese partido en el terreno electoral.

Cualquiera que sea el desenlace del dilema planteado por la presencia electoral del grupuscular Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), los amigos de ETA ya han alcanzado un éxito notable: conseguir que los dos primeros partidos españoles se enzarcen en una pelea de mutua deslegitimación a cuenta de un asunto en el que es evidente que tienen un interés compartido en defensa del Estado de derecho. Ambas formaciones se acusaron ayer de supeditar los principios democráticos a intereses partidistas. Lo que más anhelaba escuchar Otegi.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ya había responsabilizado personalmente a Zapatero de la posible «presencia de ETA en el Parlamento vasco» por no haber impulsado la impugnación de esa lista. El ministro de Justicia informó ayer largamente a Acebes de los motivos de esta decisión: la ausencia de pruebas con peso suficiente como para que la impugnación pueda prosperar ante los tribunales, sobre todo a la vista de las consideraciones del Tribunal Constitucional en su reciente resolución sobre Aukera Guztiak. Es un argumento razonable: sin pruebas, se corre el peligro de hacer el ridículo y de dar a Batasuna la posibilidad de apuntarse un tanto.

¿No deberían haberse puesto de acuerdo PP y PSOE sobre esto? La actitud de Acebes, que llegó a insinuar que el Gobierno «oculta algo», hace pensar que el PP prefería la denuncia al acuerdo, según una estrategia largamente ensayada. La exigencia de convocar el Pacto Antiterrorista para discutir el asunto forma parte seguramente de esa misma estrategia: emplazar al Gobierno a que haga algo, para denunciar acto seguido que no ha atendido sus exigencias. Actitud incompatible, como recordó Zapatero, con la lealtad básica en que se fundamenta el Pacto.

Rajoy dijo ayer que la petición de voto por parte de Batasuna debería considerarse indicio suficiente. Sin embargo, no es lo mismo que ello ocurra en relación a un partido o agrupación creados expresamente como tapadera legal que instrumentalizando un partido ya existente. Para ilegalizar un partido político -que fue registrado cuando Acebes era ministro del Interior- hacen falta pruebas concluyentes de que es una criatura fraudulenta del entramado previamente ilegalizado. La sospecha de que el PCTV nunca se escindió realmente de Batasuna, como sugiere el informe de la Guardia Civil, es sugestiva, pero poco verosímil. No sólo porque los indicios aducidos carecen de fuerza probatoria, como argumenta el informe de la Abogacía del Estado, sino porque tal teoría implica atribuir a los amigos de ETA una anticipación extraordinaria. Incluso para prever años antes el desenlace de resoluciones del Supremo y el Constitucional como las que anularon anteriores candidaturas fraudulentas.

El juez Grande-Marlaska, sustituto de Garzón en la Audiencia Nacional, investiga la supuesta pertenencia a ETA de varios miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera). El Gobierno, que en su día desistió de instar la ilegalización de esa formación, por considerar insuficientes los indicios existentes, no ha cambiado de posición. Sin embargo, la admisión a trámite de una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha motivado la apertura de una investigación en virtud de la cual ya han comparecido como imputados miembros de EHAK y de Batasuna -estos últimos deberán pagar fuertes fianzas para eludir la prisión provisional-, y el lunes lo hará Rafael Díez Usabiaga, secretario general del sindicato abertzale LAB, en el que militaban varios de los candidatos que resultaron electos.

No tienen razón quienes sostienen que las medidas actuales del juez Marlaska dan retrospectivamente la razón a su exigencia de intervención del Gobierno. La suspensión de EHAK antes de las elecciones presentaba grandes dificultades. No era un caso comparable al de la agrupación electoral Aukera Guztiak, creada expresamente para sustituir a Batasuna. Bastaba demostrar esa voluntad de sustitución fraudulenta de una organización ilegal; mientras que EHAK era un partido preexistente, legal, por lo que su ilegalización hubiera requerido, de acuerdo con la Ley de Partidos, demostrar que había incurrido en actividades «reiteradas y graves» de apoyo, exculpación o legitimación del terrorismo. Algo difícil de hacer en el escaso tiempo que había entre la presentación de la candidatura y las elecciones. Una suspensión cautelar implicaba el riesgo de tener que repetir las elecciones si en su momento el Tribunal Constitucional rechazaba la suspensión.

La situación actual es diferente. La imputación lo es, según la querella, por un presunto delito de pertenencia a banda armada de los artículos 515 y siguientes del Código Penal: los que sirvieron a Garzón para decretar la disolución de Batasuna. Si, como afirma ahora el fiscal del caso, han aparecido nuevos elementos, deben investigarse de acuerdo con los requisitos propios del derecho penal, con todas las garantías legales. Lo que no resulta admisible es la pretensión de los dirigentes de Batasuna de que deje de aplicarse la ley para favorecer un clima de distensión.

Dos días después de que se conociera la nueva oleada de cartas de extorsión enviadas por ETA, y de que una docena de encapuchados tratase de abrasar vivos a los ertzainas del cuartel de Ondárroa, Díez Usabiaga protestaba de que se hable «tanto de la kale borroka» y tan poco del «apartheid» y la «caza política» de los dirigentes abertzales. Y Otegi advertía de que la decisión del juez había «colmado la paciencia» de su partido, al que «a partir de ahora» nadie podrá hacer responsable «de ningún tipo de enfrentamiento popular o armado que exista». Sin embargo, la ilegalización de Batasuna no es consecuencia de sus ideas independentistas, sino de su vinculación con ETA y de su incapacidad para desmarcarse del entramado coactivo montado por la banda.