Matanza en El Salvador: Asesinado el jesuita Ignacio Ellacuría y otros cuatro españoles por tropas gubernamentales

LA TORTURA y posterior asesinato en San Salvador de seis jesuitas -entre ellos Ignacio Ellacuría, rector de la universidad de Centroamérica, y otros cuatro españoles- muestra hasta donde puede llegar la barbarie humana. Nacido en Portugalete, amigo y colaborador de Xabier Zubiri, Ellacuría era una figura intelectual y humana de talla excepcional. Se había ganado respeto y admiración, tanto en España como en América Latina, por el altísimo nivel de sus estudios filosóficos y por su combate incesante en defensa de los derechos humanos. Trabajó con todas sus fuerzas para lograr una negociación entre el Gobierno y las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); hizo todo para tender puentes de paz, y por eso ha sido asesinado. Sabía que contra él apuntaban las armas de los que siembran la muerte. Interrogado el verano pasado en El Escorial sobre los peligros que le acechaban, respondió: «MÍ peligro se encuentra en los escuadrones de la muerte, lo que llamo terrorismo de clase (…). Me pueden matar, pero estoy tranquilo».El asesinato fue cometido por un grupo paramilitar en las condiciones más horribles, y de ninguna manera puede ser considerado una consecuencia indirecta de los combates que tienen lugar en la capital salvadoreña. Fue un crimen premeditado y con el objetivo de acabar con personas cuyo papel podría ser decisivo, en estos momentos de lucha encarnizada, para contribuir a una negociación. No erraba Ellacuría al hablar de escuadrones de la muerte, ya que el asesinato de ayer se inscribe en una larga serie de crímenes cometidos en los últimos años por grupos paramilitares, amparados por altos mandos del Ejército y por un sector del partido del presidente Cristiani, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), contra sindicalistas, estudiantes, religiosos, activistas del movimiento de derechos humanos, etcétera. Estos crímenes, que han impedido el retorno a la normalidad y el funcionamiento de la democracia, reflejan la existencia de un segundo poder autónomo, militar y vinculado a sectores civiles ultras, que hipoteca al poder legal y le impide actuar teniendo en cuenta los intereses nacionales. Una situación que es, además, la causa natural del fracaso de las diversas negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla. El asesinato de Ellacuría trae inevitablemente a la memoria el del que fuera su amigo, el arzobispo óscar Romero, en 1980. Han transcurrido casi 10 años, pero siguen actuando grupos criminales con idénticos fines.

El Salvador atraviesa la fase más dura y cruenta de una guerra civil que se prolonga desde hace 10 años. Cientos de muertes entre la población civil han sido causadas estos días por los combates en las calles y los ataques de la aviación. En estas muertes tiene también responsabilidad el FMLN, que ha lanzado una ofensiva militar masiva, justificándola por la necesidad de obligar al Gobierno del presidente Cristiani a negociar. El camino de las armas es costoso y equivocado. La solución tendrá que lograrse en la mesa de negociación, como tantas veces afirmó Ellacuría, incluso a los propios jefes del FMLN.

Para ayudar al restablecinúento de la paz en El Salvador, no sólo hace falta hacer llamamientos a la negociación, por necesarios que éstos sean. Urge una reacción clara ante el asesinato de que acaban de ser víctimas cinco religiosos españoles en unas condiciones en que la responsabilidad del Ejército salvadoreño no ofrece duda. Está bien que el Gobierno español haya manifestado su consternación. Pero no basta. Ante un crimen de estas proporciones contra ciudadanos españoles, la presión del Gobierno de Madrid debe mantenerse, al menos hasta que el Gobierno del presidente Cristiani garantice que los culpables han sido detenidos y serán juzgados. Cabe esperar que asimismo el Vaticano, tan sensible en otros casos de represiones contra eclesiásticos, pronuncie una condena inequívoca. Sería inexplicable que la posición progresista de Ellacuría diese lugar a tibieza en la reacción del Papa en esta trágica circunstancia.

EN EL juicio por el asesinato de seis jesuitas y dos sirvientes en la Universidad Centroamericana de San Salvador no sólo no se han desvelado los aspectos más siniestros de la trama de la cúpula militar y política en la que se originó la decisión de proceder a la matanza; ni siquiera han sido castigados todos los autores materiales y confesos del hecho. Los aspectos formales de la vista, caracterizados por el más ridículo histrionismo, han sido un buen ejemplo de hasta dónde puede llegarse en la exhibición de la hipocresía colectiva.Pero, aparte de sus ribetes de bufonada, la sentencia es reveladora del estado moral en que se encuentra la sociedad salvadoreña. Un país tradicionalmente controlado por unas cuantas familias (14, en este caso) que se apoyan en el Ejército para defender sus privilegios escudándose en el hecho de ser «un bastión anticomunista» no puede tolerar que en su seno funcionen impunemente unos sacerdotes que propalan un mensaje de justicia y reivindicación. Nada hace pensar que el axioma no siga vigente hoy.

Murió en 1980 Óscar Romero, el arzobispo de San Salvador, de un disparo en el corazón mientras celebraba misa; las mismas manos ordenaron y ejecutaron la matanza de Ignacio Ellacuría y sus compañeros. El Ejército salvadoreño es culpable, y lo son quienes amparan sus desmanes. Lamentablemente, 12 años de guerra civil no parecen haber alterado estos presupuestos. Es notable que el principal observador español en el juicio haya sido el subsecretario de Asuntos Exteriores, Máximo Cajal, que, como embajador de España en Guatemala, fue, en la quema de su embajada en 1980, víctima de la misma mentalidad y violencia.

El desarrollo del juicio en El Salvador y la posterior sentencia son la prueba más clara de las intenciones verdaderas de un Ejército que acaba de firmar el final de una guerra civil con el compromiso solemne de reducir sus privilegios y avanzar por la senda de la democracia y de la pacificación del país. El Gobierno de Washington (del que depende la reanudación de una ayuda que ha hecho posible tantos horrores) hará bien en tomar buena nota de todo ello.