Meritxell Batet (PSC) elegida presidenta del Congreso de los Diputados con el desafío de tener que retirar su escaño a los diputados elector encarcelados por ‘El Procés’ como Oriol Junqueras

HUBO QUIEN pudo confundir ayer el Hemiciclo del palacio de la carrera de San Jerónimo con el escenario de un teatro en el que se representaba un esperpento valleinclanesco. Y no andaría muy desencaminado. No solo por el parecido físico con el escritor gallego del diputado Zamarrón, que ejerció como presidente de edad hasta la constitución de la Mesa, sino porque una parte de los diputados parecía más el espectro que refleja un espejo deformante que un responsable político.

La nueva presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se equivocó clamorosamente en su estreno, desbordada por la situación. Bordeando la complicidad, como señaló Pablo Casado, y permitiendo la vulneración del decoro parlamentario, como apuntó Albert Rivera, Batet consintió que los diputados de EH Bildu y los cuatro presos preventivos separatistas faltaran al respeto a la institución, y por extensión a todos los españoles, con unas fórmulas de juramento que no escondían la voluntad expresa de seguir desafiando a la Constitución. Porque ni España es una república ni en ella hay presos políticos, como dijo Junqueras, sino presuntos golpistas. Es cierto que los juramentos heterodoxos están permitidos desde que el Constitucional avalase la fórmula de los batasunos, pero nunca se habían traspasado las líneas rojas que se cruzaron ayer, sentando un peligroso precedente. Tampoco se debió haber permitido que los diputados de Vox golpeasen las mesas y abuchearan cada vez que uno de los independentistas pronunciaba su juramento. Eso ocurre cuando la autoridad no comparece. Batet no estuvo a la altura de su responsabilidad institucional, quizá más atenta a no disgustar a posibles socios de su partido que a defender la dignidad del Congreso.

Aunque es consecuencia de nuestro sistema garantista, supone una anomalía inédita en democracia que cuatro diputados electos que están siendo juzgados por el Supremo por rebelión, sedición y malversación decidieran presentarse a una institución que no reconocen, aun sabiendo que mientras dure el juicio y continúen en prisión estarán suspendidos para ejercer cargo público. Es obvio que su intención no es otra que la de deslegitimar y desestabilizar el normal funcionamiento del Poder Legislativo. Por eso no se entiende que la Mesa disolviera la sesión sin anunciar que los cuatro independentistas están ya, según el Reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, imposibilitados para desempeñar las funciones de diputado. No tiene Batet otra alternativa, si no quiere incurrir en prevaricación, que anunciar la suspensión de los cuatro diputados presos. Es el Congreso, por respeto a la separación de poderes, quien debe hacerlo, siguiendo las indicaciones del Supremo. Esperemos que el esperpento de ayer no sea anticipo de lo que viene.

EL ESPECTÁCULO de perjurio soez que vimos ayer en el Congreso de los Diputados mostró en toda su sórdida desnudez al Bloque social-comunista-separatista, que, si este domingo no lo remedian las urnas, piensa volvernos la cabeza del revés y poner a España patas arriba durante, al menos, cuatro años. Meritxell Batet dejó por embustero a Pedro Sánchez, que poco antes de empezar el grotesco pleno de constitución de las Cortes, en un discurso para desmemoriados, insultó llamando «grandes españoles» a la nacionalista Batet y a Cruz, ese Iceta desteñido que preside el Senado.

Ya sé que dejar por embustero a Sánchez es descubrir la luz del día, pero es que hace dos años el PSOE de Javier Fernández multó tres veces a Batet por alinearse con los separatistas y romper la disciplina de voto del partido, planteándose públicamente la ruptura con el PSC y la refundación del PSOE en Cataluña como solución contra el cáncer antiespañol del partido. Sánchez ya no recuerda cuando bailoteaba con Iceta delante una bandera española de catorce metros. Pero los grandes blanqueadores del golpismo catalán, los del PSC, sí. Y ayer mostraron que esta legislatura lo será a coces contra la soberanía nacional. Española, claro. Cualquier otra, si es hostil, estará protegida.

En su afán puerperal por abrazarse al delito, a Iglesias le faltó ayer aquel morreo con Doménech en mitad del Hemiciclo, homenaje al Muro de Berlín cuya voluntad de permanencia sellaron fotográficamente ante el mundo intercambiando fluidos bucales Breznev y Honecker, el jefe de la KGB de Andropov y el de la Stasi de Wolff. A Pablenin sólo le faltó babearle en la teñida tonsura al golpista Junqueras. Esa es la diferencia con el fallido golpe del 23-F: ningún diputado se abrazó a Tejero, e Iglesias se quedó con las ganas de sacar a hombros al Chávez catalán, otro «demócrata con agallas». Por eso el del 1-O no es un golpe fallido: lo mantienen vivo el PSOE y Podemos, el partido de los boligrandes ZP, Bono y Morodo y el de los bolichicos Iglesias y Monedero.

El juramento como representantes de la soberanía nacional está claro, aunque el Prostitucional lo enturbió y ayer lo disfrutó Batet: o juran la Constitución o perjuran. ¿No juran? Ni escaño, ni sueldo: a la cola del INEM. Si no prometen o juran, sin latiguillos, no nos representan. Y no cobran.

EN UNA maniobra orientada a retrasar la suspensión de los presos que tomaron posesión de su escaño en la sesión constitutiva de la legislatura, Meritxell Batet despreció al Tribunal Supremo y anunció ayer que esperará a recibir el informe de los letrados del Congreso para tomar una decisión. No hay precedente de una situación así por el empeño de la presidenta de la Cámara Baja en dilatar la asunción de su responsabilidad respecto de los políticos independentistas acusados de rebelión y encarcelados de forma preventiva. Su enroque solo puede deberse a la voluntad del Gobierno de aplazar la decisión hasta después de las elecciones del 26-M –algo que, presumiblemente, no logrará–, o bien al interés de Pedro Sánchez en escenificar una posición proclive a alcanzar eventuales alianzas en el futuro con los grupos separatistas. Además, necesita a Podemos para gobernar, y Podemos rechaza la suspensión. Las tácticas dilatorias de Batet, soldada a la estrategia partidista de Sánchez, constituye un pésimo arranque de su cargo y erosiona gravemente la acción del Estado de derecho. Tras recibir hoy el informe de los letrados, la Mesa del Congreso debe suspender de sus funciones a los procesados, tal como este periódico ha defendido. Lo contrario supondría una flagrante vulneración de la legislación.

El tacticismo de Batet, que ofrece síntomas de no haber asumido aún la exigencia institucional que acarrea su puesto, ha tensado las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo. No es de recibo que tratara de pasar la pelota al juez Manuel Marchena para adoptar una medida que corresponde al órgano rector del Congreso. Partiendo de que, con la ley en la mano, no cabe discusión en el hecho de que la suspensión es obligada, lo cierto es que el principio de autonomía parlamentaria, consagrado en el artículo 72 de la Constitución española, concede un margen de actuación a los parlamentos que, aunque residual, no puede ser obviado. La Fiscalía tiene razón cuando apela a la suspensión automática de los presos, pero el presidente de la Sala que juzga por rebelión a los golpistas del procés –un consumado especialista en derecho parlamentario– entiende que la decisión corresponde a la Mesa de la Cámara, al amparo del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.

En consecuencia, la reunión de ayer del órgano rector de la Cámara Baja debería haber servido para poner fin a este conflicto. Batet, en cambio, prefirió seguir alargando los plazos. No hay que llamarse a confusión en este pretendido entuerto. La irresponsable dejación de funciones en la que ha incurrido la tercera magistratura del Estado contrasta con el garantismo preservado hasta ahora en el juicio del 1-O. El cumplimiento de la ley no admite más demoras ni excusas. Los presos no pueden seguir ni un minuto más con sus funciones parlamentarias intactas.

SI YA era dudosa la legalidad de unas Cortes constituidas gracias a unos diputados cuyas credenciales no han sido obtenidas mediante el obligado juramento a las leyes, sino mediante el insulto a la soberanía nacional y a la legalidad constitucional, los días que lleva Meritxell Batet al frente de ese circo son un monumento a la más escandalosa prevaricación.

Empezó interpretando de forma deliberadamente torticera, es decir, prevaricando, una sentencia boba del Tribunal Constitucional que admite diversas formas de acatamiento legal, pero no tan boba como para admitir que se acata la Ley negándola, votando por la República, negando que España sea una democracia porque hay «presos políticos» y atacando la soberanía del pueblo que les paga. Lo que dice el TC es que se pude mantener el sentido de acatamiento a la Ley usando otra fórmula, nunca negándose a cumplirla. Pero con su típica fatuidad de nariz enhiesta aseguró muy campanuda que «hay jurisprudencia»… sin pedir consejo a los letrados de las Cortes.

Desde entonces viene prevaricando con subterfugios de rábula, apelando a cualquier instancia, desde los letrados que ignoró al Supremo que insultó, para incumplir su obligación: aplicar el Reglamento de las Cortes y respetar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dice el primero en su artículo 21.1.2: «El diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 384 bis: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión». Más claro, agua.

Es evidente que, a través de la prevaricación continuada y desde la presidencia de las Cortes, Batet quiere normalizar su golpe de Estado, imponer en toda España el modelo de Justicia en Cataluña: incumplir todas las sentencias y seguir cobrando ricos sueldos en nombre de la legalidad que se burla.

Debe promoverse de inmediato su inhabilitación.