Nace la televisión pública de la Comunidad de Madrid: TELEMADRID, presidida por un hombre de consenso Javier García Fernández

EL CONSEJO de Administración del Ente Público Radio Televisión Madrid ha decidido «adoptar de inmediato las decisiones jurídicas y económicas necesarias para hacer efectiva la implantación, del tercer canal de televisión para el ámbito de la Comunidad autónoma de Madrid». Una vez iniciado el proceso correspondiente, el canal autonómico podría comenzar a emitir, según un estudio de viabilidad realizado por encargo de la propia comunidad, en un plazo de entre nueve y 18 meses. El estudio contempla la posibilidad de que el canal pueda ser autosuficiente en base a la publicidad contratada.La iniciativa debe ser considerada en el contexto preciso en que se produce. Es decir, cuando está pendiente de debate parlamentario el proyecto de ley de televisión privada presentado por el Gobierno, tras años de aplazamientos, el pasado mes de abril. Tanto el contenido de dicho proyecto, abusivamente intervencionista, como ciertas medidas adoptadas en los últimos tiempos por la televisión estatal iluminan retrospectivamente las causas de fondo de esos aplazamientos. El Gobierno, cuyos recelos ante el pluralismo televisivo no necesitan ser recordados, ha intentado atrasar cuanto ha podido la regulación legal de las televisiones privadas con el fin de tomar ventaja, tanto en relación a la audiencia como al mercado publicitario. Quienes ahora intentan acelerar la puesta en marcha del canal autonómico madrileño se mueven con idéntico objetivo.

El Consejo de Administración de RTVE aprobó recientemente un crédito extraordinario de 14.000 millones de pesetas destinado a financiar diversas iniciativas orientadas a incrementar su capacidad de producción, de un lado, y la compra de derechos de difusión de programas -telefilmes y largometrajes en particular-, de otro. En la exposición de motivos correspondiente se explicaba el verdadero objetivo de ese refuerzo presupuestario: «Las nuevas perspectivas ocasionadas por la próxima aparición de televisiones privadas aconsejan aumentar considerablemente el stock de programas, tanto en el ámbito de la producción propia como en el de la ajena, incrementando, asimismo, la calidad de los programas producidos, que permita mantener el nivel de audiencia deseado y facilite su comercialización a otras cadenas televisivas».

De lo que se trata es, en resumen, de aprovechar la actual posición monopolista de RTVE para adquirir ventaja de cara a la competencia que se establecerá cuando entren en liza las televisiones privadas. Al adquirir con tiempo los derechos de emisión de programas de éxito en otros países y producir otros con holgados presupuestos -tanto como sea necesario, pues puede permitírselo quien carece de competencia en la contratación de la publicidad-, RTVE conquista, sin lucha, unas inmejorables posiciones en el mercado. Eso, en otros ámbitos de la vida social, suele ser denominado competencia desleal.

Al mismo capítulo habría que adscribir la puesta en marcha de la televisión autonómica madrileña. Un proyecto que costará a los contribuyentes la no despreciable cifra de 4.000 millones de pesetas. Sólo para la puesta en marcha. Luego, ya se verá. Los estudios más solventes estiman que el mercado publicitario televisivo español da para sostener, en total, tres o cuatro canales de televisión de cobertura nacional. Ello está limitando ya las posibilidades de creación de canales privados, puesto que todos ellos deberán ser, según el proyecto de ley, de ámbito nacional, como las dos cadenas estatales. Si encima se añade una televisión con pretensiones de ser financiada por la publicidad y dirigida a una audiencia potencial de cuatro millones de habitantes, el objetivo de ahogar a las privadas antes de nacer resulta demasiado evidente.

El argumento según el cual la mayoría de los ciudadanos desean contar con un canal autonómico es tan cierto como engañoso. Naturalmente que los ciudadanos deseamos ampliar las posibilidades de elección a la hora de conectar el televisor, como se demuestra, por ejemplo, en la amplia mayoría de ciudadanos que se pronuncia, en todas las encuestas, en favor de la televisión privada. El problema es que si sólo se ofrece la posibilidad de ampliar la oferta con la TV autonómica se está falseando la cuestión. Por lo demás, las razones que determinaron la creación de canales autonómicos en Euskadi, Cataluña y Galicia, fundamentalmente sociolingúísticas, no son aplicables a comunidades como Madrid, y evocar ese antecedente sólo indica ignorancia o mala fe. El estudio encargado por la Comunidad de Madrid sobre la viabilidad de ese tercer canal define como primer objetivo del mismo «contribuir a la consolidación de la autonomía madrileña». Entramos así en el terreno de la tautología: Madrid necesita una televisión propia para convencer a los ciudadanos de la conveniencia de una autonomía tan consolidada que haga imprescindible contar con una televisión propia, como las autonomías llamadas históricas.