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Gustavo de Arístegui dimite como embajador de España en La India

Nuevo escándalo en el PP: el embajador Arístegui y el diputado Gómez de la Serna cobraron comisiones por negocios privados

HECHOS

El 13.12.2015 D. Gustavo de Arístegui dimitió como Embajador de España en La India.

El 9 de diciembre de 2015 el periódico El Mundo desvela que el diputado del PP D. Pedro Gómez de la Serna Villacieros y el embajador de España en la India, D. Gustavo de Arístegui San Román mantenían de manera paralela a su labor política un negocia de cobro de comisiones por trabajos de intermediación y asesoría. Este escándalo se produce a pocas semanas de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 en las que D. Pedro Gómez de la Serna Villacieros vuelve a ser candidato a diputado por Segovia por el PP. Ambos son suspendidos de militancia por el PP.

El 13 de diciembre de 2015 el PP fuerza la dimisión de D. Gustavo de Arístegui San Román como embajador, pero no puede impedir, ante su negativa a renunciar, que D. Pedro Gómez de la Serna Villacieros sea reelegido diputado al ir en la lista cerrada del PP.

En la siguiente legislatura (diciembre 2015-mayo 2016), D. Pedro Gómez de la Serna Villacieros se pasa al grupo mixto como ‘no adscrito’ ante la negativa del PP a aceptarle en su grupo, aunque seguirá votando lo mismo que el resto de diputados populares.

GÓMEZ DE LA SERNA, AL GRUPO MIXTO

Transfuga_GómezdelaSerna El diputado D. Pedro Gómez de la Serna se ha negado a renunciar a su acta de diputado y se ha limitado a darse de baja como militante del Partido Popular, por lo que pasará a ser diputado en el Grupo Mixto, aunque seguirá votando lo mismo que el resto de diputados del PP.

12 Diciembre 2015

Un embajador y un diputado del PP cobran comisiones millonarias en el extranjero

Quico Alsedo / Pablo Herraiz

Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna reciben de contratistas españoles 15.000 euros al mes y hasta el 5% por obra colocada. Pactaron 2,5 millones por un negocio en Argelia. El político declara al Congreso que tiene una consultora y el diplomático, que la dejó pero siguen su hijo y su suegra

En apenas tres líneas manuscritas, con tachón incluido, el diputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna despachaba así su declaración de actividades: «Administrador único de la sociedad Scardovi SL, de la que tiene el 51% del capital social. Se trata de una empresa de consultoría».

Pero detrás de esa escueta declaración hay un entramado del que también forma parte el actual embajador de España en India, Gustavo de Arístegui, a través de su sociedad Karistia, por el que ambos miembros históricos del PP han cobrado comisiones millonarias gracias a su labor de lobby para empresas españolas en África y Latinoamérica, principalmente.

Arístegui y Gómez de la Serna, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, han ejercido como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países. Para ello se valían de agentes expatriados que conocen el terreno y que utilizaban sus influencias y contactos para conseguir esos grandes contratos a cambio de comisiones.

Este negocio se materializó en la consecución de dos grandes obras públicas para la constructora española Elecnor en Argelia, negocio por el que ingresaron al menos 737.000 euros de comisión más un canon de 15.000 euros mensuales, según ha podido documentar este diario a través de los contratos y facturas internos de Voltar Lassen.

Un ejemplo: según informó Elecnor a través de comunicados y según confirmaron a este diario desde la propia empresa, Voltar Lassen les ayudó a conseguir dos contratos, uno para construir un tranvía en la ciudad argelina de Ouarla por importe de 230 millones de euros, y otro por la canalización de aguas de Souk Tleta, valorado en 250 millones. Es decir, un total de 480 millones. La firma de ambos dirigentes del PP cobraba, de manera genérica, entre un 2% y un 5% del valor total de las adjudicaciones conseguidas, a repartir entre Arístegui, Gómez de la Serna y sus cazadores de negocio. Pero en el caso concreto de la canalización de aguas para Elecnor, sin embargo, se pactó un 1% del contrato; es decir, 2,5 millones de euros.

Esa comisión del 2% al 5% es la genérica que figura en todos los contratos de «agente» que las empresas del diputado y el embajador suscribían principalmente con sociedades españolas, como se puede comprobar en los numerosos contratos suscritos con empresas que obran en poder de este diario.

Los negocios de Arístegui y De la Serna se focalizaban en países como Ghana, Congo, Argelia, Jordania, Panamá o Perú, por poner sólo algunos ejemplos.

Los dos representantes públicos llegaban a ofrecer a sus clientes sus contactos y su conocimiento de países donde se abrían contratos de obras públicas para construir hospitales, tranvías y otras infraestructuras.

Ambos aseguran que obtuvieron el permiso del Congreso cuando eran diputados (Arístegui lo fue en las tres legislaturas anteriores a esta que termina), aunque de la explicación general de sus actividades a la realidad hay un abismo. Por ejemplo, De la Serna asegura, en su declaración de bienes, tener un salario como administrador de Scardovi de 67.409,13 euros anuales y otro como abogado de 47.134, pero al ver las cuentas de Scardovi en su primer año de vida se puede observar que su empresa ganó 137.817 euros tras pagar impuestos y el salario de sus empleados.

Arístegui explicó a este periódico: «El Congreso me autorizó asesoría jurídica e incluí en la declaración de actividades el objeto social de Karistia, que incluye la apertura de mercados internacionales». Cuando Arístegui creó su sociedad, era portavoz del PP en la comisión de Exteriores del Congreso.

Él justifica que su actividad era sobre todo de asesoramiento: «Intentamos hacer aperturas de mercado en algunos países, no tantos como parece. Se les asesoraba sobre usos y costumbres, es algo legal y legítimo. […] La asesoría era una cuestión muy técnica, mucho más que la redacción de un contrato. Hay que conocer la idiosincrasia de cada país, cómo funciona su gente…».

Pero más allá de la idiosincrasia de un país, Voltar Lassen se comprometía por contrato, y así consta en varios de estos documentos, a «presentar al personal de LA EMPRESA a los clientes potenciales tanto en el GOBIERNO como en las empresas PÚBLICAS o PRIVADAS en los países en que esté trabajando». Las mayúsculas proceden del textual y eso mismo se firmó en el caso de Elecnor.

De la Serna, por su parte, asegura: «Yo tenía mi despacho antes de entrar en política. Llegué y declaré mi actividad y mi consultora, Scardovi. Dije cuál era el objeto social: el asesoramiento jurídico y la consultoría internacional a empresas. Los contactos de que nos servimos son privados: en Argelia, un señor español que lleva 30 años allí; en Jordania, un empresario cervecero local; en Panamá, un empresario español…».

Tres meses antes de ser nombrado embajador en India, cosa que sucedió en abril de 2012, Arístegui abandonó la administración de Karistia S.L. Su hijo, Borja de Arístegui, pasó a desempeñar el cargo. Se firmó un documento privado ante notario porque el nombramiento de embajador era incompatible con la actividad, según explicó el diplomático, pero no se elevó ese cambio al Registro Mercantil «porque la sociedad sufría embargos» por impagos a la Seguridad Social. El padre, por tanto, sigue constando como administrador único. Su empresa, Karistia, recibía su porcentaje de las igualas y las comisiones desde Scardovi (la firma de Gómez de la Serna), aunque cuando a Arístegui le nombraron embajador los pagos se derivaron hacia una sociedad de Borja de Arístegui, Arroyo de Lagasca.

También facturó a Scardovi una firma marroquí llamada Kamaroc. Su administradora es la suegra del propio Arístegui, que cobró a razón de 6.750 euros mensuales de la firma de Gómez de la Serna durante los años 2013 y 2014.

«Mi hijo y mi suegra son dos grandes profesionales y no veo problema en que realicen labores de consultoría, informes que existen, en absoluto son humo», alegó Arístegui a este diario. Preguntado por el hecho de que su hijo continuara con las labores que él mismo dejó en Karistia S.L. al ser nombrado embajador, el político popular tampoco ve problema: «Algunas de las empresas con las que trabajábamos vieron lo capaz y formado que está, ha estudiado en algunas de las mejores universidades del mundo, y quisieron seguir contando con sus servicios».

Algo parecido sucedió con Gómez de la Serna, que comenzó estas actividades cuando no era diputado pero, al ser elegido en 2011 como número 2 por Segovia (este año repite puesto en las listas), declaró ser administrador de Scardovi S.L. y realizar labores de «asesoría jurídica» al Congreso.

En ambos casos, la Cámara Baja autorizó a estos políticos a tener actividad privada, aunque sin profundizar en si era un trabajo como lobbistas o sólo «el asesoramiento fiscal a todo tipo de personas físicas o jurídicas», como reza el objeto social de ambas empresas.

Un antiguo colaborador ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el negocio paralelo de Arístegui y Gómez de la Serna, las comisiones cobradas y la presunta ilegalidad de sus actividades a causa de la incompatibilidad con el ejercicio de sus cargos. La denuncia fue presentada el pasado 11 de noviembre.

10 Diciembre 2015

Atajo de patriotas

Antonio Lucas

Este periódico afea la conducta de un embajador y un diputado, ambos del PP, por comisionistas. (Comisario Renault: «¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega». Croupier: «Sus ganancias, señor»). Luego dicen algunos que si el descrétido de la política es peligroso. Que si la corrupción es un mal localizado. Pero lo temerario es esta bacanal de dinero que se reparten cargos públicos haciendo palanca en negocietes privados. Parece que la práctica no es ilegal, pero es fea de cojones. El PSOE impulsó un código ético para disimular este tocomocho, que no para evitarlo. Y aquí seguimos. Buena parte de sus señorías han hecho del Congreso de los Diputados una Cámara de Comercio particular y paralela donde además de trincar sueldo y dietas oficiales se ocupan de sus benéficos mamoneos. Qué lujazo de representantes. Qué arrojo.

Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, los señalados en la exclusiva de Quico Alsedo y Pablo Herraiz, forman parte de la cuota activísima de aquellos que se descojonan de usted y de mí con sus ñapas y jaculatorias. Una vez al año todos acuden al Hemiciclo a hacer algo de punch electoral con el de enfrente, pero el resto del tiempo andan en las mordidas que favorece el cargo, currándose esa Sociedad Anónima que es su España, la de sus clientes, la de sus colegas. Algunos se acusan minuciosamente en lo abstracto, pero sin afearse de más el tinglado ni culparse en el juego de manos. En las Cortes, como en Las sillas de Ionesco, sobran banquetas. Sobran tahúres. Sobran trajinantes legales. Sobra el milagro del pan y los peces blanqueado con votos.

Aceptarlo, ampararlo, entenderlo y mantenerlo es darle carta de naturaleza al trapicheo, al sisle, al pufo, al enchufe, al espadismo de aforado. Esto es corrupción. Es decir: caos. Y nunca tiende a ser igualitario. Le debemos pedir más a la democracia. Aunque sólo sea por no aceptar a esos maulas que en los debates fingen ojos de asombro y voz de ofensa, pero saben de la mierda que amparan en su casa. No les bastaba con tener el gin tonic a tres pavos en el bar del Congreso. Qué va. Atajo de patriotas.

10 Diciembre 2015

Erradicar ya el uso del cargo público para fines lucrativos

EL MUNDO (Director: David Jiménez)

EL ESCÁNDALO de dos políticos de primera fila que utilizan su cargo como conseguidores para cobrar comisiones, destapado ayer por este periódico, nos sitúa una vez más ante la necesidad de una profunda reforma de aspectos esenciales de nuestro sistema político. Es inaceptable que un parlamentario y un embajador se sirvan del cargo público que ocupan para enriquecerse personalmente, aprovechándose de la ambigüedad de unas normas que permiten casi cualquier comportamiento, aunque sea inmoral.

Nos referimos al diputado popular por Segovia Pedro Gómez de la Serna –repite en las listas del 20-D– y al actual embajador en la India y portavoz del PP en la Comisión de Exteriores en la anterior legislatura, Gustavo de Arístegui. Como informamos ayer, ambos han cobrado comisiones millonarias por conseguir contratos para empresas españolas de gobiernos de África y América Latina. Sólo por un contrato, el que firmó Elecnor con Argelia en 2010 para construir una canalización de aguas, pactaron embolsarse 2,5 millones de euros.

Ambos lo hicieron a través de sendas sociedades consultoras, incluidas en sus declaraciones de intereses. Es muy significativo, por ejemplo, la inclusión de Gómez de la Serna, escrita a mano, en el apartado Actividad privada por cuenta ajena: «Administrador único de la sociedad Scardovi S.L., de la que tiene el 51% del capital. Se trata de una empresa de consultoría». Lo que no añadió era la naturaleza de los ingresos que le reportaba esa sociedad.

Se trata, pues, de un asunto muy turbio que debe tratarse desde dos vertientes. La primera es delimitar la responsabilidad de Gómez de la Serna y de Arístegui que, como decimos, han utilizado sus cargos públicos para lucrarse personalmente mediante una actividad cuanto menos sospechosa. Desde luego, una de las labores de un embajador es abrir puertas a las empresas españolas y establecer contactos con las autoridades del país en el que está destinado, pero no es de recibo que por ello perciba ninguna comisión. Como tampoco se concibe que un diputado se valga de su cargo para gestionar intereses lucrativos privados.

José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, decía ayer que ambos políticos aportaban su know how a los empresarios. Hoy descubrimos que ese know how consistía en el inveterado trabajo del comisionista, una actividad legítima en el ámbito privado, pero reprochable cuando se mezcla con la actividad pública. Es una mofa a los españoles que Arístegui intentara defender lo indefendible al manifestar que el cobro de comisiones «fue nuestro grano de arena para sacar a nuestro país de la crisis».

Por eso, aunque Arístegui asegura que cedió a su hijo Borja la propiedad de su consultoría poco antes de ser nombrado embajador en India, debe dejar su cargo inmediatamente o tiene que ser cesado por el ministro, porque la legislación es taxativa respecto al régimen establecido para los altos cargos de la Administración: se les exige dedicación exclusiva, con la excepción de la administración del patrimonio familiar o su participación en actividades culturales o benéficas por las que «no perciban ningún tipo de retribución».

La segunda lección que nos da este episodio es la necesidad de modificar la legislación sobre incompatibilidades de los cargos públicos o los electos. En la teoría, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que los diputados lo serán «en régimen de dedicación exclusiva» y que su tarea «será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos… de cualquier forma». Pero ahí entran las excepciones, que se convierten en legales si lo aprueba la Comisión del Estatuto del Diputado, un coladero a través del cual Gómez de la Serna consiguió que se le reconociera su actividad como abogado y se le permitiera cobrar de su consultora. Aun así ni siquiera debería recoger su acta de diputado en el caso de que salga elegido el próximo 20 de diciembre.

Este periódico ha propuesto un cambio sustancial en el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los cargos públicos, incluidos los electos. Para ello consideramos imprescindible, en primer lugar, el establecimiento de sanciones de carácter pecuniario, sin perjuicio de las que supongan la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Después, es fundamental que la Oficina de Conflictos de Intereses deje de servir para un mero trámite administrativo y se convierta en un órgano con capacidad ejecutiva e independiente del Gobierno. Controlar de verdad las incompatibilidades sería un buen ejercicio de regeneración.

14 Diciembre 2015

Al dimitir, Arístegui hace lo correcto por higiene democrática

EL MUNDO (Director: David Jiménez)

LA DIMISIÓN irrevocable que presentó ayer Gustavo de Arístegui como embajador de España en la India es consecuencia lógica del escándalo destapado por EL MUNDO sobre sus labores de consultoría para empresas privadas a cambio de jugosas comisiones. Con este gesto, habitual en otros países de nuestro entorno cuando la sombra de la corrupción mancha a un cargo público, el diplomático vinculado al Partido Popular ha puesto de manifiesto que algo está cambiando en España, donde hasta hace muy poco tiempo se miraba hacia otro lado ante las conductas no ejemplares de nuestros representantes públicos.

En una misiva enviada al ministro de Exteriores, Arístegui –que niega haber cometido irregularidad alguna– explicó que ha tomado esta decisión para «no perjudicar ni al Gobierno ni a su presidente en plena campaña electoral». Lo cierto es que las informaciones publicadas por este periódico sobre el papel del ya ex embajador como comisionista y del número dos en las listas populares por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, habían desatado los nervios en el PP en los últimos días por miedo a las repercusiones electorales que el escándalo pudiera tener ante unos comicios en los que la corrupción está más presente que nunca en los debates. De hecho, el PP ya había abierto un expediente disciplinario a ambos y Hacienda también había iniciado un expediente para investigar lo ocurrido.

Tras el paso dado ayer por Arístegui, sería de esperar que De la Serna hiciera lo propio. Con las listas ya cerradas, el PP no puede arrebatarle el sillón de diputado si sale elegido, con lo que debe ser él quien renuncie a representar en el Congreso a una ciudadanía que ya no tolera la corrupción de sus representantes.

La dimisión de Arístegui era el único desenlace aceptable para un país que está luchando por renovar sus instituciones. Era necesario que se apartara de la vida pública por higiene democrática.

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