31 julio 1981

Indignación de los Gobiernos de Catalunya (CiU) y Euskadi (PNV) que anuncian que presentarán un recurso al Tribunal Constitucional por considerar ilegal ese acuerdo

Pacto de la LOAPA: Leopoldo Calvo Sotelo (UCD) y Felipe González (PSOE) acuerdan reducir las competencias de las autonomías

Hechos

El 31.07.1981 D. Leopoldo Calvo Sotelo, presidente del Gobierno y D. Felipe González, secretario general del PSOE firmaron el ‘Pacto Autonómico’.

01 Agosto 1981

Acuerdos autonómicos

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

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El llamado pacto autonómico entre el Gobierno y el PSOE, en gestación desde abril de 1981, se ha salvado del aborto gracias a los fórceps empleados a última hora por Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo. Los acuerdos alcanzados en esta cumbre o cordillera denegociaciones se irán conociendo presumiblemente a medida que el Congreso ponga el marchamo oficial, mediante la disciplina de voto que vincula teóricamente a los miembros de los grupos parlamentarios, y eleve a rango legal el contenido de sus diversos puntos. De esta forma, los comentarios y los análisis sobre cuestiones específicas sólo podrán tener el melancólico tono post festum que acompaña siempre a las opiniones vertidas sobre los hechos irremediables.Como ya tuvimos ocasión de señalar, los acuerdos autonómicos entre UCD y PSOE, los dos partidos hegemónicos en el Congreso y en las regiones que carecen todavía de estatutos de autonomía, pueden ser en sí mismos positivos. Sólo las dos grandes formaciones políticas, que idearon primero el embrollo del título VIII, vacilaron después en sus respectivas estrategias autonómicas y utilizaron finalmente el pitagorismo del 143, el 151 y el 144 como arma arrojadiza para sus combates electorales, pueden arreglar el notable descalabro por ellas mismas creado. Un acuerdo sincero y honesto entre centristas y socialistas para no jugar con el fuego de los agravios comparativos y del ventajismo electoralista y para meter en cintura a sus baronías locales es el único procedimiento imaginable para evitar que la discusión de los estatutos pendientes de elaboración o de aprobación se convierta en una pelea suicida entre UCD y PSOE que arrastre en su desprestigio a las instituciones democráticas, produzca graves distorsiones en el funcionamiento del Estado y transforme en un puerto de arrebatacapas, para provecho de la clase política subalterna, la organización de las comunidades autónomas. Bienvenido sea, así pues, el pacto autonómico alcanzado por UCD y PSOE, y destinado a remediar, en lo que aún resulte posible, los estragos cometidos por centristas y socialistas desde 1978. Pero a la vez no hay más remedio que señalar que ni el procedimiento utilizado ni las apariencias con las que se está tratando de revestir esa concertacióninterpartidísta, elevada a la condición de política de Estado, merecen el aplauso.

Porque, una vez más, los ciudadanos y electores, incluidos los militantes de base de los partidos signatarios, no sólo han quedado marginados de la discusión, sino que, de añadidura, han sido mantenidos en la más absoluta ignorancia respecto al desarrollo de las discusiones. El estilo Suárez, justamente criticado en su día, de hurtar al Parlamento las grandes cuestiones políticas para darles hospedaje en el palacio de la Moncloa parece seguir inspirando, tras la defenestración del anterior presidente del Gobierno, las relaciones entre el poder ejecutivo y la oposición. La semejanza entre las conversaciones autonómicas de hoy y las negociaciones en torno a los pactos de la Moncloa y los estatutos catalán y vasco es tan asombrosa que se extiende también al carácter maratoniano de las conversaciones, las riñas y reconciliaciones entre las partes, la fijación de plazos improrrogables para los acuerdos, elsuspense sobre su desenlace, la alternancia entre la desesperación y la euforia, los regateos de última hora y la milagrosa intervención final del presidente del Gobierno y de sus interlocutores al más alto nivel para suavizar los ánimos y alcanzar la concordia.

De otro lado, la argucia de encomendar inicialmente a una comisión de profesores de Derecho Administrativo, elevada a la condición de tribunal salomónico, la revisión informal del título VIII de la Constitución, a fin de ahorrarse los problemas y las dificultades de la reforma legal por las Cortes de su articulado, sólo ha convencido o a los muy ingenuos o a quienes de antemano estaban dispuestos a comulgar con semejante ficción. La marginación desde el primer momento de los nacionalistas catalanes y vascos, convertidos en una especie de españoles de segunda, en abierta contraposición con los habituales reproches que se les suelen dirigir por su vocación particularista, mostró que los expertos no tenían otra misión que dar respuestas a la serie de preguntas, obviamente sesgadas en su planteamiento, formuladas por centristas y socialistas. Posteriormente, la desmesurada prolongación de unas interminables conversaciones, que no han hecho sino producir tedio en la opinión pública, y el atrancamiento de las negociaciones por culpa de las ventajas que trataba de obtener UCD en el ámbito de las diputaciones, pusieron de relieve que los acuerdos sobre cuestiones técnicas no anulaban las discrepancias sobre temas políticos. Finalmente, la expulsión de los comunistas en el último momento, pese a su expresa voluntad de firmar el pacto autonómico, visible en la prudencia de sus críticas al Gobierno y en su extraño silencio en torno al escándalo de los aceites homicidas, despejó cualquier duda sobre el alcance y la naturaleza de esa cumbre, que a última hora abandonaron también los aliancistas.

Pero lo más grave es que el acuerdo interpartidista entre UCD y PSOE para concertar sus estrategias autonómicas en las regiones carentes de estatuto, decisión perfectamente legítima, sea metido en el mismo saco de la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que afectará presumiblemente a las comunidades autónomas ya constituidas y con instituciones de autogobierno en pleno funcionamiento, y que puede ser fácilmente interpretada como una revisión constitucionalrealizada fuera de los procedimientos de reforma previstos por la norma fundamental. Porque UCD y PSOE acaban de inventar un procedimiento de iniciativa legislativa intermedio entre el proyecto de ley, cuya responsabilidad incumbe al poder ejecutivo, y la proposición de ley, que nace en las cámaras generalmente por presión de la oposición. La participación del principal partido de la oposición en la elaboración del proyecto de ley permite pronosticar que esta gran coalición provisional de centristas y socialistas va a actuar como una máquina apisonadora en la comisión y en el Congreso contra las minorías y a privar a los debates de sus funciones informativas y esclarecedoras para la opinión pública.

La dignidad del Parlamento queda siempre menoscabada por la condenable práctica de sacar fuera de su ámbito las negociaciones en torno a las grandes cuestiones políticas. Pero lo que resulta ya inadmisible es que el proceso de elaboración, debate y aprobación de las normas sea sustraído a las Cortes Generales hasta el punto de encomendar a un comité de expertos la primera redacción de unproyecto de ley y reservar a las cúpulas de los partidos, a extramuros del palacio del Congreso, la tarea de introducir enmiendas, regatear fórmulas transaccionales y dejar listo el texto para que, en su momento, las llaves de los diputados y senadores centristas y socialistas se limiten a girar obedientemente en el sentido de antemano ordenado por sus direcciones.

09 Octubre 1981

Segovia y la LOAPA

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera Cortázar)

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LOS ACUERDOS entre el Gobierno de UCD y el PSOE pare reconducir el proceso autonómico fueron elogiados por sus autores como un acontecimiento que trascendía las fronteras de la política partidista para instalarse en los ámbitos de las grandes decisiones de Estado. Esos nuevos pactos de la Moncloa se distinguieron por reducirse a un mano a mano o a un dúo entre el Gobierno y el PSOE. La instituciones autonómicas de Cataluña y el País Vasco o los partidos -Convergencia y PNV- que apoyan a sus Gobiernos monocolores no fueron invitados, de manera sincera y convincente, a participar en las negociacioes en la cumbre. Mayor humillación recibieron los dirigentes de Alianza Popular y del PCE, expulsados de las reuniones en vísperas de la firma de los acuerdos por atreverse a discrepar de aspectos parciales de su contenido.- Los pactos entre el Gobierno de UCD y el PSOE no se circunscribieron a establecer unas líneas programáticas generales, sino que se tradujeron en un bosquejo de ley orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico, condenada, como venganza » del destino, a ser conocida por sus siglas. La LOAPA es un extraño híbrido entre dos proyectos de ley, vía mediante la que se expresa la iniciativa legislativa del Gobierno, y las proposiciones de ley, habitualmente presentadas por la oposición parlamentaria. Nacida fuera de las Cortes Generales y apadrinada por dirigentes que controlan una abrumadora mayoría de ambas Cámaras, todo hacía suponer que en su camino parlamentario no encontraría más espinas que las protestas de los grupos minoritarios.

La LOAPA parece perseguir, sobre todo, dos objetivos, uno discretamente encubierto y otro abiertamente declarado. El primero sería aclarar las ambigüedades y reducir las holguras de los estatutos de Sau y de Guernica, propósito inimaginable, en términos prácticos, sin la activa participación de catalanes y vascos. El temor a que unos pactos histórico-político-cónstitucionales de la envergadura de los estatutos de Cataluña y del País Vasco, aprobados por abrumadora mayoría- en las Cortes Generales y refrendados en las urnas, pudieran ser alterados unilateralmente por UCD y por el PSOE hunde sus raíces en la marginación de la que fueron objeto Pujol y, Garaikoetxea, o Convergencia y el PNV, en las negociaciones que engendraron la LOAPA. Las posteriores entrevistas del presidente del Gobierno con el presidente de la Generalidad y con el presidente del Ejecutivo de Vitoria no han desvanecido por completo esas sospechas, pero han abierto, cuando menos, un cierto horizonte de esperanza. Porque la modificación por la LOAPA de los regímenes autonómicos ya existentes con el argumento de que UCD y el PSOE tienen la mayoría en las Cortes Generales constituiría un abuso político y jurídico que conculcaría el espíritu y la letra del ordenamiento constitucional, que prevé los mecanismos de reforma de los estatutos dentro del ámbito autonómico, y ese principio básico de un sistema pluralista Y democrático que es la garantía de los derechos de las minorías.Pero la LOAPA perseguía además el objetivo, diáfano y explícito, de acabar de una vez por todas con el embrollo autonómico causado o potenciado por el jugueteo con los agravios comparativos y las emociones regionalistas de centristas y socialistas. Ni que decir tiene que ese acuerdo cobra sentido tan sólo en aquellos territorios en los que UCD y PSOE representan a la mayoría de los electores, los cuales, de otro lado, tendrán ocasión de manifestar en próximas votaciones futuras sus opiniones al respecto. Dado que, excepto en los casos de Cataluña y el País Vasco, las elecciones de 1979 dieron a la estima de centristas y socialistas una holgada mayoría en toda España, esos dos partidos tienen legitimidad suficiente para concertar sus estrategias autonómicas. Para sorpresa de todos, sin embargo, sectores de la UCD segoviana, y tal vez también del PSOE, han torpedeado el cumplimiento de los pactos autonómicos antes de su plasmación legal, y han conseguido que Segovia, en vez de incorporarse a la comunidad autónoma de León-Castilla la Vieja, opte por la autonomía uniprovincial, vía reservada exclusivamente dentro de la Península, según los acuerdos entre UCD y PSOE, para Cantabria, la Rioja, Asturias y Murcia. Los adversarios de Castilla-León han ganado por un margen mínimo, pero han cumplimentado los requisitos que les permiten ejercer la iniciativa autonómica sólo para Segovia.

Los constituyentes reservaron la autonomía uniprovincial a las provincias con entidad regional histórica» y adoptaron la cautela, expresada en el artículo 144, de que las Cortes Generales autoricen la constitución de una comunidad autónoma «cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia» y no posea «entidad regional histórica». Cabe imaginar que la próxima batalla retórica y arqueológica enfrentará a quienes nieguen «entidad regional histórica» a Segovia, en cuyo caso deberían intervenir las Cortes Generales, y quienes se la reconozcan, lo que la homologaría con Cantabria y Asturias.

El mapa autonómico fue dibujado por el arbitrismo claverista desde su Ministerio preautonómico, pero no quedó incorporado a la Constitución, única fórmula que hubiera podido impedir el posterior desconcierto,’ ilustrado ahora por el independentismo segoviano. Para aumentar el barullo, el Gobierno y UCD, empeñados en potenciar el papel y las funciones de las provincias y de las diputaciones frente a las comunidades autonómicas, sembraron el texto constitucional de referencias a esos departamentos administrativos y alentaron el patriotismo provincial. No les va a resultar fácil» en verdad, calafatear, tras el alzamiento de Segovia, esa LOAPA que presenta ya tan aparatosas grietas antes de comenzar a navegar.