Pasqüal Maragall se retira como líder del PSC y renuncia a reelección como Presidente de la Generalitat tras sentirse desautorizado por Zapatero y Montilla

PSOE y PSC son dos realidades políticas difíciles de deslindar. Se podría decir que son dos partidos con una sola naturaleza. Hasta la formación del tripartito catalán, su historia conjunta carecía de graves desencuentros. En última instancia, el partido grande -el PSOE- imponía su razón al pequeño, sin mayores problemas. De un tiempo a esta parte nos hemos ido acostumbrando a las trifulcas, agravadas por el factor humano: algo no funciona en lo personal entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall.

Consideraciones históricas y psicológicas aparte, hay una razón objetiva que explica el delicado momento que pasan las relaciones entre los socialistas catalanes y los del resto de España. Y la manzana de la discordia es CiU. El Gobierno español y el PSC tienen intereses distintos en relación con los nacionalistas conservadores catalanes. Zapatero ha apostado por la carta de Artur Mas, aun a riesgo de agravar los desencuentros con sus hermanos del PSC, porque es su socio ideal mientras no tenga mayoría absoluta.

Esquerra Republicana ha sido un aliado parlamentario fiel -en los hechos, es decir, a la hora de comprometer su voto, poco puede reprocharle el PSOE-, pero imprudente y demasiado ruidoso en sus declaraciones públicas, amplificadas y magnificadas por la oposición. En la coyuntura actual, para el presidente Zapatero la alianza preferencial con CiU es un bálsamo: aporta sensaciones de estabilidad, de centralidad y de gobernabilidad. Para el PSC, en cambio, CiU es el rival electoral natural. La pugna CiU-PSC ha presidido la vida política catalana desde la transición y es la base de cualquier alternancia en Cataluña. Además, el PSC tiene una alianza de gobierno con Esquerra que, a trompicones, sigue en pie, y sólo si los independentistas se decantaran definitivamente por el no al Estatuto estaría justificado romperla antes del final de legislatura.

La posición de Zapatero es comprensible. Marcar distancias con los independentistas y acercarse a un socio distinguido por su moderación no sólo es un alivio para la imagen del presidente, sino que tiene además la virtud de agrandar la soledad del Partido Popular. Si se ha llegado a esta situación es en buena parte por culpa de la propia Esquerra. Si, en vez de amagar permanentemente con el cambio de mayoría, Esquerra hubiese actuado con lealtad a sus socios del tripartito, hoy no habría este problema.

Pero sería injusto el Ejecutivo de Zapatero si no reconociera a Maragall y al PSC el mérito de haber incorporado a un partido como Esquerra Republicana a la normalidad institucional y contribuido a su conversión en partido de gobierno. En este momento, el problema es que Esquerra no se incorpore al pacto estatutario, lo que supondría el fin del tripartito. Sería difícil de entender para el PSC que desde el PSOE se trabajara para que la coalición se rompiera.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, formalizó solemnemente ayer su renuncia a repetir como candidato socialista a las elecciones autonómicas anticipadas del próximo otoño, tras casi tres años de funcionamiento de su Gobierno tripartito (hoy bipartito) y «catalanista de izquierdas». Para que pueda cerrarse el balance de su gestión quedan todavía dos meses de plena responsabilidad como jefe del Ejecutivo, aunque en minoría, y por tanto, con objetivos limitados, y otros dos como Gobierno en funciones, una vez fije en agosto la fecha de la convocatoria a las urnas. Es poco tiempo, pero algún margen tiene para mejorar una gestión hasta ahora con más sombras que luces.

Ahora toca sobre todo evaluar lo actual: la decisión de renuncia, que viene a reducir el clima de tensión política, y su momento. Como en otras ocasiones críticas y complejas, en el momento de pagar por sus errores ha aflorado el Maragall más auténtico. Renuncia cuando se ha superado satisfactoriamente el último trámite del referéndum, sin haber añadido tensiones innecesarias antes de su celebración. Y lo hace cuando las encuestas le califican como el líder catalán más valorado, algo no tan frecuente en una clase política poco inclinada a la renovación.

La decisión es consecuencia de la soterrada crisis de confianza suscitada en su partido, el PSC, respecto a su liderazgo, hasta el punto de que le apremiaba a cesar voluntariamente. También del progresivo desencuentro con Rodríguez Zapatero, con quien ha compartido complicidad en la plasmación de la España plural. Y, al cabo, de su convencimiento final de que, sin esos apoyos, y en la creencia de haber cubierto los objetivos trazados cuando volvió hace ocho años de Roma (promover la alternancia en la Generalitat tras 23 años de conservadurismo; construir un proyecto progresista; impulsar la federalización de España y lograr la hegemonía de su partido), eso era lo más útil para su partido y para su dignidad personal.

Maragall ha demostrado ser de los políticos que marcan época, sobre todo en su gestión municipal, como alcalde de la Barcelona olímpica, que transformó la ciudad y proyectó su imagen, con la de España y la de Cataluña, al mundo. Como primer presidente catalán de izquierdas e impulsor del nuevo Estatuto, ha visto con frecuencia cómo sus logros eran empañados por torpezas de procedimiento, un ejercicio zigzagueante de la autoridad, dispersión de apuestas y confusión y ruido innecesarios. Parte de estos pasivos del balance deben imputarse a la compleja situación y equilibrios de la política catalana, a las hipotecas originales del tripartito y a alguno de sus socios. Pero otra es la suya propia: ha habido genio e ingenio en algunos de sus proyectos e intuiciones, pero también genialidades perfectamente innecesarias.

La ejecutiva del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) propuso ayer a su primer secretario, José Montilla, como candidato a la presidencia de la Generalitat. La candidatura está pendiente de ratificación, en 15 días, por el Consejo Nacional. Es improbable que se vote entre dos candidatos alternativos, como sugirió Pasqual Maragall, que sin embargo dio su apoyo a Montilla.

El todavía ministro de Industria no es un candidato para ser conseller en cap de un posible Govern presidido por Artur Mas. Si se tratase de eso, el candidato sería otro. No es un candidato para medias tintas, sino para vencer o para dirigir la oposición. Pero las elecciones están a la vuelta de la esquina y los sondeos señalan una cuesta difícil de subir. Montilla es menos popular que Maragall, Artur Mas o Duran Lleida. A diferencia de las legislativas, en unas elecciones autonómicas pesa la persona y su carácter tanto como la lista, y a diferencia de las locales, también personalizadas, el grado de proximidad es inferior. El candidato a suceder a Maragall, un rostro de rasgos personales muy acusados, deberá realizar un sobreesfuerzo respecto de sus rivales en la fabricación de una imagen presidencial y en la demostración de voluntad integradora de los sectores sociales que han confiado en sus siglas, desde clases trabajadoras a élites culturales, desde los catalanistas hasta quienes se sienten más alejados de las emociones nacionalistas.

Tras la renuncia de Maragall, termina en Cataluña la era de los líderes con vocación de dejar huella histórica. Se avecina la de los gestores, a los que hay que juzgar por sus resultados: son ellos quienes deberán negociar el despliegue del nuevo Estatuto. En esta campaña, las reflexiones sobre la relación entre Cataluña y España bajarán de grado. Las cifras y las propuestas concretas se impondrán a las utopías y los sentimientos. Montilla, como sus rivales, de forma destacada el convergente Artur Mas, deberá convencer sobre su eficacia más que sobre sus ensoñaciones. Con todo, este duelo empieza a oscurecerse por una insidia de resonancias etnicistas: ¿puede ser presidente de la Generalitat una persona nacida fuera de Cataluña?

Claro que puede. Incluso Jordi Pujol, rectificando antiguos escritos, acabó proclamando que «es catalán quien vive y trabaja en Cataluña». CiU no ha hecho bandera contra ese azar de los orígenes cordobeses de Montilla, y ERC, por boca de Josep Lluís Carod Rovira, ha defendido con acierto que su candidatura representa, por ello mismo, la «normalización» de Cataluña; otra cosa es que recabe los apoyos suficientes. Ojalá todos respeten esa tesis evidente y nadie caiga en la ominosa tentación de sembrar cizaña, aunque sea con cínica sordina. Equivaldría a atentar contra el bien más preciado, esa cohesión social de la que todos los políticos catalanes se sienten, pese a las turbulencias de la coyuntura, legítimamente orgullosos.