Pedro Sánchez anuncia oficialmente que impulsará la amnistía contra todos los independentistas procesados por ‘el procés’ y logra el apoyo de Junts en su investidura

El anuncio en defensa de la amnistía que Pedro Sánchez hizo, por fin, el pasado sábado en el comité federal del PSOE cuenta con dos virtudes políticas, la de cambiar el foco de la conversación —hasta ahora al albur de la especulación— y la de enviar un mensaje constructivo: es el paso decisivo para salir del bloqueo político en el que en estos momentos se encuentra España y evitar un Gobierno de la derecha con la extrema derecha. Sánchez se enfrentaba al reto de construir una explicación verosímil ante el cambio de criterio sobre una medida que hasta antes de las elecciones del 23-J era inaceptable para él y para muchos dirigentes socialistas que el sábado lo aplaudieron, y que ahora pasa por la razón política de “hacer de la necesidad virtud”. Mirar esa contradicción de frente era inexcusable por un ejercicio de responsabilidad política que no solo implica valentía, sino tratar a la ciudadanía con la madurez y transparencia que merece.

La rendición de cuentas obliga a la presentación y justificación de las decisiones tomadas y a una evaluación de sus posibles costes. Más aún cuando lo que está en juego como moneda de cambio de una investidura es una medida de gracia como una amnistía que deberá tener un encaje constitucional y desarrollarse con un absoluto rigor legislativo. Sánchez habló sobre todo esto con claridad y sin eufemismos, mostrando que una negociación nunca se hace en un laboratorio: siempre depende del contexto y eso no implica renunciar a las convicciones. Si en la legislatura anterior las circunstancias llevaron al PSOE al entendimiento y colaboración con Podemos —ante el posible coste político de una repetición electoral y la subida de la ultraderecha—, en esta ocasión lo empujan al entendimiento con las fuerzas independentistas, y es imprescindible que esto se diga. En política siempre se negocia sobre la base de unas consecuencias que dependen del contexto, determinado hoy por la pura aritmética parlamentaria que obliga a contar con la abstención de Junts. En la anterior legislatura exigió acuerdos con Esquerra, con resultados palpables que la ciudadanía ya conoce. El contexto, según Sánchez, también obliga a no aislar su decisión de la voluntad de evitar un Gobierno que incluya a la extrema derecha. De la misma manera que el candidato socialista asume riesgos en cada una de las mayorías que busca, hoy se sabe que Alberto Núñez Feijóo está dispuesto asumir el riesgo de gobernar con Vox si los números le hubieran dado o le dan en el futuro.

Estas son las variables que el presidente expuso abiertamente, dejando claro que toda decisión política implica costes y que ahorrar a los ciudadanos los dilemas y los riesgos de elegir entre políticas alternativas sería infantil e irresponsable. Sánchez defendió la coherencia de las medidas de gracia con la doctrina histórica del PSOE en relación con Cataluña: diálogo, normalización institucional y acuerdos que encaucen la crisis de 2017 hacia un marco de convivencia, que además han sido refrendados por su electorado. Sobre la base de estas coordenadas se llamará a la militancia a pronunciarse en una consulta que sería conveniente formular con la misma claridad con la que el sábado habló el presidente.

Hay otra variable importante que la ciudadanía tendrá que valorar. El pacto de investidura abrirá un importante desafío en el sector independentista. Entrar en la negociación implica admitir que tanto Junts como Esquerra renuncian a la estrategia del “cuanto peor, mejor”, y se enfrentan a la elección decisiva de escoger entre reforzar el nacionalpopulismo españolista que abrazan Vox y un PP empujado por la agenda ultra —y persistir, por tanto, en el nacionalpopulismo catalán— o bien iniciar una salida política para Cataluña que también es buena para Europa y para España.

NADIE podrá decir que no lo advirtió ante su partido, nadie podrá alegar que lo apoyó sin saber qué iba a hacer y nadie en los medios de comunicación ni en los partidos de la oposición podrá esperar pacto alguno. Ante el PSOE, Sánchez ha dicho, con absoluta claridad, la que se niega a emplear con el resto de los españoles, que sin consultar en las urnas una amnistía que destroza irreversiblemente el orden constitucional, piensa proclamarla ya. No por la convivencia, de la que excluye a 11,5 millones de ciudadanos, 173 escaños frente a los siete golpistas que dicen que volverán a intentarlo y que la amnistía y el referéndum son un punto de partida, no de llegada. Ni por la convivencia, ni por la paz social, robada para siempre a la media Cataluña castellanohablante y no separatista. Sólo y exclusivamente para seguir en el poder e, insisto, para no consultar al pueblo sobre la condición: amnistía y referéndum para la independencia.

Para que conste: seguro de la interesada sumisión de los suyos, Sánchez lo ha dicho nítidamente: la amnistía es «la condición» para hacerlo presidente. ¿Presidente de qué? De un nuevo régimen que, al modo bolivariano, van a alfombrarle Pumpido, el partido de la ETA, los comunistas de Hamas-País y, naturalmente, los golpistas de 2017, que por la amnistía se convertirán en acreedores de un Estado que un día osó pretender que pagaran por sus delitos. Terroristas y golpistas, blanqueados y recompensados. Pero él, presidente.

Mañana jura la Constitución la Princesa de Asturias. Anteayer, el presidente en funciones se proclamó fuera de la ley, empezando por la Constitución, cuya base es la nación española «única e indivisible», «de la que emanan todos los poderes del Estado». Para Sánchez, la izquierda y los separatistas que apoyan su proyecto golpista, lo único e indivisible es el poder, por encima de la ley y de lo que haga falta. ¿Amnistía? Pues amnistía. Pumpido proveerá y diremos que es para la convivencia. ¿Referéndum separatista? Pues referéndum. Pumpido dirá que es consulta y que mejora la democracia.

Repetirán mil veces que el poder lo ganaron en las urnas y que la oposición perdió las elecciones. ¿Elegíamos un cambio de régimen? No. Sánchez niega a los españoles el derecho a votar, por si unos van a la calle y otros vuelven a la cárcel.

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió este lunes en Bruselas con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont como parte de las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Más allá del protocolario subrayado de que las negociaciones avanzan “en la buena dirección”, la fotografía de los dos políticos en el Parlamento Europeo supone el reconocimiento explícito por parte del Partido Socialista del líder de Junts como interlocutor.

Poco o nada ha trascendido de las citadas negociaciones desde que el 5 de septiembre Puigdemont leyera en ese mismo Parlamento sus condiciones —un programa de máximos del que había eliminado la celebración de un referéndum de autodeterminación— para que los siete diputados de su partido faciliten en el Congreso la reelección de Sánchez. Su encuentro con el número tres del PSOE deja entrever que el acuerdo político está cerca.

Una imagen como la de este lunes es algo más que simbólica porque se produce 48 horas después de que el presidente del Gobierno apoyara por primera vez abiertamente la amnistía demandada por Puigdemont. Lo hizo el sábado ante el comité federal de su partido, reconociendo que le tocaba hacer virtud política (apagar los rescoldos del procés) de la necesidad parlamentaria (los siete votos de Junts), pese a que hasta el 23-J se había negado a esa posibilidad.

En el encuentro en Bruselas no se aludió a la situación procesal del expresident, huido de la justicia española desde noviembre de 2017 tras proclamar ilegalmente la independencia de Cataluña. Todo quedó en un emplazamiento a “seguir hablando en los próximos días”. Tampoco Pedro Sánchez aclaró en su discurso del sábado los términos de la amnistía. Solo volvió a subrayar una obviedad: que estaría dentro de la Constitución. A medida que pasan las semanas hábiles para el debate de investidura —aún sin fecha, pero con límite en el 27 de noviembre—, esos términos concretos de la proposición de ley son imprescindibles para valorar la trascendencia de esta operación para España más allá de la histeria política que agitan la oposición y sus portavoces. Urge conocer los detalles y los límites del texto que se ha pactado aunque su aprobación no se produzca antes de la presumible investidura.

A estas alturas de la negociación ya sabemos que el PSOE ha cedido a las demandas de Junts sobre el uso de las lenguas oficiales en el Congreso y en intentarlo en las instituciones europeas. También en el reconocimiento de Puigdemont como interlocutor y, desde que el sábado lo anunció y argumento el candidato socialista, en su disposición a conceder la amnistía a los que aún tienen causas pendientes con la justicia por el procés.

La gran incógnita es lo que Puigdemont está dispuesto a ceder además de los votos de su partido. Recibir a Santos Cerdán bajo una foto del referéndum ilegal del 1-O demuestra lo lejos que está hoy el expresident de la mayoría de los catalanes. La delegación socialista cometió un error al no negarse a la foto con esa puesta en escena. Porque lo sustancial es admitir el marco legal, lo que significa que la independencia no puede plantearse de forma unilateral. Si la ley renuncia a perseguir sus delitos en nombre del bien mayor de la concordia, Puigdemont debe renunciar a cometerlos de nuevo.

Para que el pacto en ciernes sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición tenga éxito conviene que sus promotores se ajusten a dos premisas. La primera es el carácter estrictamente constitucional de todo lo que se acuerde; la segunda, que tenga un horizonte de cuatro años. En suma, que constituya un esbozo de pacto de legislatura. Un Gobierno efímero no resolvería los grandes retos que España tiene por delante. Las tareas domésticas pendientes —en medio de una posible crisis económica continental y de la incertidumbre del escenario geopolítico mundial con sendas guerras en Israel y Ucrania— no pueden abordarse en un escenario legislativo breve.

El acuerdo alcanzado el jueves entre el PSOE y Esquerra Republicana, a la espera de los pactos con Junts, el PNV y el BNG, entra dentro de esas coordenadas. Las principales conclusiones políticas se enmarcan adecuadamente en el contexto constitucional y autonómico. A expensas de conocer su articulado completo, la ley de amnistía recogida en el pacto afirma su voluntad de atenerse a los límites de la Constitución según han sido interpretados durante cuatro décadas en una veintena de sentencias del Tribunal Constitucional. También el “reconocimiento nacional” de Cataluña se inserta en la Ley Fundamental, en el Estatut de 2006 y en la sentencia del Constitucional que lo recortó en 2010. Además, apuesta por que los acuerdos que se alcancen por consenso en la mesa de diálogo sobre el marco político sean refrendados en las urnas, lo que nada tiene que ver necesariamente con un referéndum de autodeterminación porque el mismo trámite necesita una nueva reforma estatutaria.

Los pactos en el terreno económico, siempre más pragmáticos, añaden connotaciones novedosas, aunque inicialmente pudieran parecer el elemento residual del acuerdo. El hecho de que ERC haya comprometido su apoyo a la estabilidad de la legislatura, también en lo que se refiere a la aprobación de los Presupuestos, supone un salto cualitativo con respecto al cuatrienio anterior, estable pero ruidoso por parte de los aliados del Gobierno de coalición.

De ahí que asuntos como la reducción de la deuda o la cesión de competencias ferroviarias, entre otros, sean indicios de una ambición de normalidad institucional. La quita de un 20% en la deuda autonómica con el Estado no perjudica la igualdad con las demás autonomías, que pueden aspirar a similares beneficios si entran en una vía equivalente de diálogo. Como en tantas ocasiones en nuestra democracia, un acuerdo bilateral acaba en un “café para todos”.

Por su parte, el compromiso de una inversión pública en consonancia con el peso de la economía catalana en el PIB español figura ya en el Estatut como posibilidad voluntaria, una vez acabado el periodo de siete años en que fue obligatoria, según la sentencia del Constitucional de 2010. Finalmente, las cesiones adicionales de competencias sobre los ferrocarriles de cercanías, de momento limitadas a las líneas interiores de la comunidad autónoma, quedan a expensas de estudios técnicos y jurídicos más pausados.

El futuro dirá si prima la lectura pragmática del acuerdo o la esencialista. La vida cotidiana de los ciudadanos depende sobre todo de la primera. La pregunta pertinente hoy no es qué es España o qué es Cataluña como una de sus partes, sino cómo deben ser gobernadas.

A los primeros que denunciaron la «dictadura blanca» que Tarradellas advirtió en su sucesor. A los que informaron de la naciente corrupción sistémica mientras les dejaron. A los que jamás se avergonzaron de sus raíces extremeñas o andaluzas o aragonesas, aunque hablaran catalán mejor que los señoritos con ocho apellidos. A los que apoyaron a la izquierda catalana creyendo de buena fe que la guiaba el principio de igualdad, pero ni un minuto después de descubrir su síndrome incurable de charnego acomplejado o pijoprogre xenófobo. A los que se negaron a identificar lo español con lo franquista sin dejar de recordar el prolongado éxito del falangismo catalán. A los que asumieron el coste personal de meterse en política en Cataluña para romper la espiral de silencio. A los que siguieron opinando cuando opinar significa significarse. A los padres que se sobrepusieron al señalamiento y la marginación por defender una educación bilingüe para sus hijos. A los comerciantes que pagaron atónitos una multa por rotular en la lengua que compartían con sus clientes. A los escritores y artistas que se respetaron lo suficiente como para discrepar del discurso establecido y renunciar a la subvención que perseguía estabularlos. A los que dijeron su verdad sin cálculo y sin red, sencillamente porque no soportaron seguir callados. Al corresponsal que imprimió la verdad y no la leyenda. Al juez y a los fiscales que murieron persiguiendo una rebelión: Juan Antonio Ramírez Sunyer, José Manuel Maza y José María Romero de Tejada. Al instructor Llarena, expulsado de su Barcelona de adopción por proteger nuestro derecho a no ser extranjeros en nuestra patria. Al juez Marchena, que encarnó la autoridad enhiesta del Derecho frente a la tiranía horizontal del populismo. Al fiscal Zaragoza, que identificó con Kelsen la naturaleza jurídica de un golpe de Estado. A Bermúdez de Castro, que ejecutó plácidamente el 155. A Paz Esteban, a quien una ministra indigna cortó la cabeza para no entregar la suya. A los agentes que aguantaron a pie firme en Vía Laietana mientras llovían adoquines. A Iván, el policía que cayó inconsciente cuando una piedra (amnistiable) le atravesó el casco y lo jubiló a los 40 años por incapacidad permanente. A los cientos de miles que salieron del armario rojigualda un 8 de octubre. A los que quitaron lazos. A los que limpiaron amenazas de su portal. A cada funcionario que resistió la venenosa sugerencia de plegarse a la conveniencia política por seguir cumpliendo con su vocación. Y por supuesto a Felipe VI, por decirnos que no estábamos solos cuando -como ahora- nos sentimos solos.

A todos, gracias. No olvidamos. No cejaremos.

A falta de cerrar el acuerdo con el PNV, Pedro Sánchez ha asegurado su mayoría de investidura, cuyo debate se celebrará la semana próxima. No ha sido fácil para el PSOE obtener los votos de los siete diputados de Junts, controlados por alguien tan personalista como Carles Puigdemont, el expresidente catalán y ahora eurodiputado huido a Bélgica. El pacto no se limita a garantizar los votos necesarios para la investidura, sino que pretende dar estabilidad a la legislatura, condicionado al cumplimiento de los compromisos adoptados.

Los dos documentos firmados por el PSOE con ERC y Junts no sirven solo para asegurar la continuidad del Gobierno de coalición, sino que constituyen sendos acuerdos para la convivencia con las fuerzas independentistas catalanas que protagonizaron la intentona secesionista de 2017. El suscrito con Esquerra supone una prolongación del diálogo que presidió la anterior legislatura y permitió apaciguar el clima político en Cataluña gracias a los indultos y el respeto a la legalidad. En cambio, el alcanzado por los socialistas con Junts —una formación empeñada en su particular subasta con Esquerra— consiste básicamente en la descripción de los desacuerdos entre ambas formaciones, pero con el compromiso de negociarlos dentro del marco legal vigente. Esa convivencia de los dos relatos permite a Junts subrayar una retórica que se compadece mal con la realidad del independentismo hoy.

El combate por el relato es la especialidad de Puigdemont, que, en una evidente concesión del PSOE, ha conseguido dejar su huella personal en dos sentidos. Por un lado, la identificación de Cataluña exclusivamente con su parte nacionalista. Por otro, una muy discutible narración histórica llena de tics esencialistas sobre las relaciones entre Cataluña y España y, sobre todo, su presentación del actual conflicto como una querella bilateral histórica necesitada de una mediación internacional. Es la mejor munición con la que podían contar el PP y Vox para reaccionar con un torrente de palabrería apocalíptica sobre el futuro de España e incluso de la democracia, de la que no está ausente la habitual estrategia de deslegitimación del Gobierno. Hablar de humillación, de atentados a la dignidad y de vulneración de la división de poderes y del Estado de derecho no es solo una mentirosa hipérbole, sino también un abuso irresponsable del lenguaje que polariza y degrada peligrosamente la vida política, llevándola incluso al acoso sostenido de los rivales políticos.

La única realidad tangible es que Junts está regresando con enorme desconfianza a los cauces legales que nunca debió abandonar, siguiendo así la misma pista que ya marcó Esquerra, y que no sabe o no puede hacerlo sin ocultarlo ni acompañarlo de gran alharaca victimista y reivindicativa. En ninguno de los dos acuerdos se recoge compromiso alguno del PSOE que desborde la Constitución. En ambos se subraya que todo se hará atendiendo escrupulosamente al marco legal. El resto es, de nuevo, la enumeración de una discrepancia. Respecto al pasado reciente, Junts considera legítimo el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia, y el PSOE les niega toda legalidad y validez. Respecto al futuro, los independentistas reclaman un nuevo referéndum de autodeterminación —esta vez pactado— y la cesión del 100% de los impuestos, mientras los socialistas defienden el desarrollo del Estatut y apuestan por un diálogo “singular” sobre el modelo de financiación de Cataluña.

Sin embargo, la alarmante alusión al lawfare —el uso ilegítimo de la justicia para combatir a los rivales políticos que constituye una de las obsesiones de Puigdemont— está redactada con tal ambigüedad que da pie a interpretar que se podría dictaminar una prevaricación judicial desde el Congreso, algo inconcebible en un régimen de separación de poderes. En un comunicado posterior al acuerdo, el Partido Socialista tuvo que aclarar que este no prevé la creación de comisiones de investigación para detectar casos de supuesta judicialización de la política y que el Parlamento no revisará ninguna sentencia o resolución judicial.

No se conoce todavía el detalle del elemento decisivo del pacto —el texto de la ley de amnistía— ni la justificación de la medida, que se incluirá en el preámbulo, pero está claro que no colmará las aspiraciones más genuinas del independentismo porque no conduce a un referéndum unilateral, al que Junts y Esquerra han renunciado en los hechos. Buen ejemplo de ello es la votación de ambos, ayer mismo en el Parlamento de Cataluña, contra la propuesta de la CUP de impulsar ahora una consulta en ese sentido. Se demuestra así que el marco tácitamente aceptado por ambas formaciones es el de la Constitución española, invocada incluso en su artículo 92 por Junts a la hora de recoger su propósito de celebrar legalmente un referéndum, que solo podría ser consultivo y exigiría el acuerdo del Gobierno y la autorización del Congreso.

Estos pactos para la convivencia recién firmados contienen concesiones por ambas partes, por mucho que quienes vienen de la excitación del pasado pretendan disimularlo. Pero conviene que los acompañe la pedagogía política, no la exageración de la propaganda. Todo lo que se proponen puede tener sentido, sobre todo si se hace bien, se explica mejor y recibe luego la ratificación de los resultados. Se trata de habilitar de nuevo la política y el diálogo como únicas armas para la resolución de los conflictos. También de recuperar la senda de los grandes acuerdos autonómicos con los nacionalistas catalanes —es el caso de las Rodalies, las lenguas en el Congreso o la quita de parte de la deuda— que todos los presidentes han practicado y a los que luego se han acogido el resto de las autonomías. Es el camino plenamente constitucional y acorde con la mejor tradición pactista de la Transición el que se abre de nuevo, después de que, desgraciadamente, llevara clausurado más de una década.

Los acuerdos de investidura a los que ha llegado esta semana el PSOE con Junts, PNV y Coalición Canaria configuran un bloque que se traduce en la mayoría más transversal de apoyo a un Gobierno que España ha tenido en la historia de esta democracia. La carrera final de las negociaciones asegura a Pedro Sánchez el respaldo de 179 de los 350 diputados del Congreso, diputados que van desde el centroderecha periférico español pasando por el centroizquierda hasta la izquierda a secas. El PSOE debe explicar el proyecto de país que gestionará a partir de todos estos acuerdos tan dispares.

El pacto entre PSOE y Junts se ha producido tras una semana de tensas negociaciones y preocupaciones generalizadas sobre la ley de amnistía que se presentará ante el Parlamento, con críticas del Consejo General del Poder Judicial, pero también de todas las asociaciones de jueces —unánimes contra un punto concreto del acuerdo, la mención del lawfare— y de otras corporaciones del mundo económico, la Iglesia católica, o el aparato del Estado que incluyen a empresarios, obispos, abogados, inspectores de Hacienda, de Trabajo, e incluso, insólitamente, a la Guardia Civil. El acoso a las sedes del PSOE ha contado con la presencia de ciudadanos anónimos alentados por miembros de Vox y con la presencia de grupos neofascistas que han provocado altercados entre los manifestantes y la policía antidisturbios. Aunque en democracia solo cabe el respeto escrupuloso a toda reacción de protesta, son preocupantes algunas imágenes en las que se ve a los manifestantes —a veces con actitudes violentas— llamando a Sánchez “dictador”. Y lo son en parte porque reproducen una música muy parecida a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso al afirmar que con el pacto entre el PSOE y Junts habían “colado una dictadura por la puerta de atrás”, sin ninguna desautorización por parte de la dirección de Alberto Núñez Feijóo. En democracia los discursos políticos tienen consecuencias: pueden alentar y legitimar la polarización política y estados emocionales de fanatismo. Pero más problemática aún es la tentación de aprovechar la ola de protestas y disturbios para activar el lema de la ilegitimidad del futuro Gobierno, como hizo este pasado viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegurando que la investidura de Pedro Sánchez será “un fraude electoral”.

El mensaje que ha adoptado el PP tras las elecciones del 23-J introduce una perversión sobre las reglas de juego en una democracia parlamentaria, donde es perfectamente normal que un Ejecutivo en funciones sea capaz de articular una mayoría para gobernar. Usar expresiones como “acuerdo vergonzoso y humillante” o “traición a su historia y sus principios” supone adoptar deliberadamente una retórica que dibuja un escenario catastrofista y de excepcionalidad para poder presentarse como restauradores del orden constitucional aunque en realidad lo están erosionando. El PP no solo trata así de opacar la oportunidad política, social y económica que representa devolver a todas las fuerzas independentistas al perímetro constitucional —con los riesgos que conlleva toda apuesta apurada por la necesidad de unos votos— sino esconder una realidad más incómoda: Feijóo no logró reunir el apoyo que necesitaba para formar Gobierno con Vox, y eso dejó el camino libre para el PSOE y su capacidad para conseguir aliados. El resultado de las negociaciones deja al PP peligrosamente solo con la extrema derecha. No es una buena noticia para España. La nación que aseguran defender no puede ignorar a los españoles que representan los 179 sobre 350 diputados que darán la investidura a Pedro Sánchez.

En vez de ser la palanca de normalización democrática que se espera de un partido con vocación de gobierno, el PP ha optado por una barbarización retórica que presenta los pactos del PSOE como un punto de no retorno en nuestra democracia. Su narrativa rima con las declaraciones de un poder judicial con mandato caducado y con una mayoría de jueces conservadores que afirman que la ley de amnistía —que aún no conocen— podría conducir “a la degradación, si no a la abolición, del Estado de derecho en España”. Cuando la crítica y la libertad de expresión se mezclan desde cargos institucionales con relatos apocalípticos, se invalida la función que están llamados a ejercer como actores de una crítica racional a los acuerdos del candidato a la investidura. Forma parte de su responsabilidad que los debates de estos días transcurran con la normalidad democrática que merecen. Y que lo hagan con normalidad es lo que exige el respeto a la Constitución de 1978 bajo cuyo marco se celebran.

Distinguido Secretario General:

No puedo dilatar por más tiempo expresarte y expresaros a los miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y a los integrantes de ese mudo y servicial Comité Federal mi discrepancia con los pactos políticos que estáis suscribiendo con ERC, JUNTS, BILDU, SUMAR, BNG así comocon las declaraciones supuestamente justificativas que estáis realizando, tú como Presidentedel Gobierno de España en funciones, la Comisión ejecutiva alentando y apoyando estas erróneas actuaciones y el Comité Federal aplaudiendo.

La política de pactos que estáis construyendo y al parecer consolidando están afectando severamente a la convivencia; estáis combatiendo la posibilidad de llegar a acuerdos con la derecha democrática de España, que representa, os guste o no, a media España. En realidados estáis apartando de los valores que caracterizaban al PSOE, estáis propiciando un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones, promoviendo una ley de amnistía que os coloca en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionarioy desintegrador. Con vuestros actos políticos insensatos poneis en riesgo el modelo de Estado que nos dimos en la Constitución y rechazáis la posibilidad de acuerdos, pactos y voluntad deentendimiento con la derecha, actitud que nada bueno propicia para nuestro futuro colectivo.Veis el abrazo de un oso en los pactos internos de la derecha y, podemizados, no alcanzáis aver al otro oso que nos está apresando.

El modelo de estado definido en la Constitución se encuentra en riesgo, y la posibilidadde que los españoles alcancemos grandes acuerdos y reformas necesarias se hace imposible. Me pregunto con fundamento cuáles son vuestras convicciones democráticas.

Ante ello, tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos,no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza. Protesto por vuestros actos políticos.

Es muy triste para mí, habiendo sido presidente y portavoz de los socialistas en el Parlamento, diputado constituyente y ministro de obras públicas y urbanismo, llegar a estasconclusiones y tener que pediros que cejéis en el empeño y convoquéis elecciones para salirdel actual marasmo.